La Jornada
La reivindicación apresurada de triunfos
por parte de la mayor parte de los partidos y aspirantes a gubernaturas
tras el cierre de las casillas el pasado domingo generó confusión y
descrédito en la ciudadanía y fue criticada por el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello. No
debe omitirse, sin embargo, que fue el mal desempeño de las autoridades
electorales el que creó un espacio propicio para la rebatinga de
declaraciones entre institutos políticos y candidatos: por increíble que
parezca –dado el desmesurado presupuesto del organismo electoral–
el sistemase cayó en varias ocasiones y los programas de resultados electorales preliminares (preps) de diversas entidades operaron con lentitud inexplicable, interrupciones insólitas y otros comportamientos erráticos que alimentaron múltiples sospechas. Por lo demás, en el curso de la jornada electoral menudearon las irregularidades de toda suerte y, una vez más, los encargados de organizar y supervisar los comicios fueron incapaces de observar adecuadamente, poner orden y controlar de manera efectiva las muchas trampas documentadas.
La normalización de la opacidad, los fallos técnicos y el desaseo en
los comicios nacionales es un dato por demás desalentador y exasperante
que contrasta con la autocomplacencia de las autoridades electorales
federales y estatales, las cuales se felicitan elección tras elección
por
jornadas ejemplaresy
blancasque en realidad están plagadas de actos de acarreo, compra y coacción de votos y hasta agresiones contra candidatos, funcionarios, militantes partidistas y ciudadanos, por no mencionar las guerras de lodo y la programada difusión de rumores para confundir al electorado. Para colmo, los comicios del domingo estuvieron precedidos en Veracruz por la difusión, mediante mensajes de celular y WhatsApp, de amenazas e intimidaciones masivas a los votantes. Lo cierto es que las instituciones oficiales –el INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)– no dan muestras de voluntad y capacidad para impedir o sancionar tales prácticas y éstas parecen destinadas a permanecer, en su gran mayoría y como ha ocurrido siempre, en total impunidad.
Con ese telón de fondo ha de destacarse la caída experimentada
por el partido en el gobierno, el Revolucionario Institucional, el
cual, según los resultados conocidos hasta ahora (aún provisionales),
perdería siete de las 12 gubernaturas en juego, mientras Acción Nacional
(PAN) repuntó solo o en alianza con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y se beneficiaría de las derrotas priístas. Pero si el
blanquiazul se recupera –más por el desgaste del PRI
gobernante que por méritos propios– de la catástrofe que experimentó en
2012, cuando pasó de detentar la Presidencia de la República a ocupar el
tercer lugar en votos, el sol azteca prosigue su declive, ratifica su
derrota de 2015 en la capital del país, que hasta 2012 fue su principal
bastión, y no es capaz de ganar en solitario ninguna posición de
relevancia.
Otro aspecto a resaltar de los comicios del 5 de junio es el avance
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en distintas entidades. Si
bien es cierto que el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador
no habría ganado ninguna de las gubernaturas en juego, logró en cambio
colocarse como segunda o tercera fuerza política en varios estados, un
dato por demás relevante si se considera que es el único instituto
político que acudió en solitario –es decir, sin aliarse con otros
partidos registrados– a las 12 elecciones que tuvieron lugar.
Tales fenómenos deben tomarse en cuenta para prefigurar los posibles
escenarios en la elección presidencial programada para 2018, la cual se
encuentra ya a sólo dos años de distancia, lo que en tiempos políticos
significa que está, por así decirlo, a la vuelta de la esquina.
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