Así lo considera James Golston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, quien este martes presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, en presencia de decenas de familiares de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el expresidente Felipe Calderón.
Se trata de un compendio pormenorizado de violaciones a derechos humanos, analizados bajo los estándares del Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad perseguidos por la Corte Penal Internacional (CPI).

El informe, realizado durante cuatro años, analiza la política de militarización lanzada desde el sexenio pasado y continuada por Enrique Peña Nieto, con un saldo de al menos 150 mil muertos y aproximadamente 26 mil desaparecidos, con la consecuente tortura a miles de personas durante la persecución de los delitos, casos de los cuales la Procuraduría General de la República tiene abiertas cerca de cinco mil denuncias.
Son crímenes atroces causados tanto por la acción del narcotráfico como por el uso indiscriminado de la fuerza militar.
En entrevista con Apro al término de la presentación del informe, Goldston reconoce que los casos y cifras citadas no son son nuevos, pues entidades de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como diversas organizaciones sociales, han hecho serios señalamientos.
Lo “nuevo es que el informe habla desde la perspectiva del derecho internacional penal, que está enfocado en la responsabilidad individual, y esto implica que el gobierno tiene la obligación de hacer algo para resolver la situación, tiene que actuar, tiene que investigar, enjuiciar, y hemos visto que el gobierno ha tomado pasos parciales”, apunta.
El documento desmenuza lo obstáculos en las oficinas gubernamentales para esclarecer los crímenes atroces, y ante las deficiencias y corruptelas que subsisten, en muchos casos para proteger a agentes del Estado involucrados, Goldston y las organizaciones que acompañan a Open Society consideran que “después de tantos asesinatos, de tantas desapariciones forzadas, de tanta tortura y tan poca rendición de cuentas, es el momento de hacer algo distinto, porque lo que hemos visto es que la diferencia entre la escala de violencia y la poca determinación de responsabilidad, no hay correspondencia. Los crímenes no están disminuyendo hasta la fecha”.
James Goldston habla en nombre de sus colegas mexicanos y funda sus esperanzas en que los tiempos cambian y que México está admitiendo la participación de instancias foráneas, como es el caso de del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Hace algún tiempo, tal vez tres o cinco años, muchas personas habrían dicho que no era posible que el gobierno iba a pedir asistencia internacional en la forma que lo hizo a la CIDH. Después de algún tiempo las circunstancias han cambiado y lo hizo, a pesar de que el GIEl no dio todos los resultados que se quería, siendo que su trabajo fue excelente”, subraya Golston.
Tomando la experiencia del caso Ayotzinapa, donde los expertos independientes hicieron aportaciones al expediente de la PGR, Goldston señala que “lo cambios tienen que venir desde dentro, pero aceptando la colaboración internacional”.
Añade: “Yo creo que la solución de estos problemas tiene que venir desde adentro, se tiene que crear la voluntad política desde la fuerza de las organizaciones de derechos humanos, desde la fuerza de las organizaciones de víctimas y de la buena gente que está trabajando dentro de las agencias de los gobiernos federal y estatal, porque hay buena gente ahí que está tratando de hacer bien las cosas”.
El director ejecutivo de Open Society Justice Initiative insiste que ante la crisis de derechos humanos en México “se requieren medidas extraordinarias, y la posibilidad de ( crear) una entidad compuesta por personal nacional e internacional es una de las opciones que el gobierno debe considerar para resolver esta situación”.
Goldston reconoce que la propuesta central presentada por Open Society empezó a comentarse meses atrás, tomando en cuenta experiencias de otros países como Guatemala, Honduras y Colombia, en América Latina, así como en Europa y Asia, que han solicitado asistencia internacional.
Para el defensor, por el panorama mexicano lo ideal sería que se presentara una “propuesta del Estado, una invitación a la comunidad internacional, al sistema interamericano y a la ONU, para ayuda técnica, no solamente personas que solo vienen por unos días o en un corto plazo, tienen que ser personas que tienen mucha experiencia como investigadores, como fiscales, como policía, que pueden trabajar junto con sus contrapartes mexicanos en casos particulares, muy graves, y eso no ha pasado todavía, y la invitación va a tener que venir del Estado”.
Luego de reconocer que no es nada sencillo que el gobierno mexicano pida ayuda internacional, Goldston considera que dependerá también de la labor de organismos nacionales e internacionales para presionar en la creación de un mecanismo que permita dar cauce legal a algunos de los casos más graves.
Al señalar que los miembros de su organización están en espera de una respuesta del gobierno federal, Goldston destaca que la entidad de expertos internacionales propuesta “podría tomar años en crearse, pero una vez que la decisión política está tomada para hacerlo tiene que buscar los fondos, discutir el mandato específico, el papel del personal. Tal vez habrá que hacer algunas modificaciones en las regulaciones de México, va a tomar tiempo, pero la cuestión fundamental es si hay la voluntad para hacerlo”.