Ciudad de México. Aunque el presidente Andrés Manuel
López Obrador afirma que una prioridad de su gobierno son los pueblos
indígenas, en los hechos impulsa obras de infraestructura y proyectos
extractivos que impiden a los pueblos y comunidades vivir en paz,
coincidieron defensoras de la tierra, el territorio y los bienes
comunes.
A un año de la toma de protesta de López Obrador, representantes de
comunidades afectadas por proyectos de infraestructura acusaron que el
mandatario sigue la misma política de despojo que otros gobernantes e
incluso aseguraron ésta se puede agravar.
En conferencia de prensa, la mañana de este viernes, personas
defensoras de nueve estados aseguraron que de los 560 conflictos
socioambientales reconocidos por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), 15 afectan directamente sus territorios.
Entre ellos, expusieron, tres de los más mediatizados por la nueva
administración: el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía en el
Estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec,
en Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos en las faldas del volcán
Popocatépetl.
La integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Miryam Vargas Teutle, explicó que
aumentó el grado de magnitud de la violencia contra personas defensoras,
como demostró el asesinato de Samir Flores, defensor de Morelos, el 20
de febrero de 2019.
La activista mencionó que, en muchos de los proyectos, las consultas
ciudadanas están mal planteadas porque se consulta a grandes poblaciones
y no a las comunidades afectadas, como sucedió con el Proyecto Integral
Morelos (PIM).
El presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos
aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente
hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de
México ya que se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la
Cuenca del Valle de México, misma que abastece a los capitalinos.
El Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, se pretende imponer por
medio de simuladas consultas que no cumplen con los parámetros mínimos
del derecho a la consulta previa, libre e informada. Los pueblos ya han
desconocido estas prácticas que violentan sus tiempos, formas y espacios
de toma de decisiones, dijeron las y los defensores.
A decir de Mario
Castillo Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa
de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), se pretende
convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso
desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de
organización comunitarias.
Las y los defensores llamaron a los pueblos, comunidades,
organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones
públicas y sociedad en general a construir y defender el futuro de las
próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas.
Foto: Cortesía OSC
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