La defensora ha denunciado la esterilización forzada de indígenas, la
masacre del Charco, Guerrero, en 1998, y tuvo un rol importante como
traductora y acompañante de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández
Ortega, mujeres indígenas violadas por militares, quienes en ganaron su caso contra el Estado Mexicano
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Por lo mismo,
Eugenio Manuel ha recibido amenazas, fue víctima de dos atentados y
sobrevivió un secuestro, junto con el también integrante de Opim,
Hilario Cornelio, en febrero de 2019.
En sus palabras ante periodistas, invitados e invitadas, durante la
conferencia del presidente en Palacio Nacional, Eugenio Manuel narró
como fue su camino para ser defensora. Proviene de una pequeña
comunidad, de 300 habitantes, llamada Barranca Guadalupe en el Municipio
Ayutla de los Libres, en Guerrero. Desde niña, dijo, “sentí gran dolor
en mi corazón; en mis brazos murieron mis dos hermanos pequeños; los
mató el sarampión. Nunca nos vacunaban, no teníamos caminos, ni
escuelas, esos gobiernos nos olvidaron, creo que por ser indígenas.”
A los seis años,
presenció el maltrato de un hombre de la comunidad hacia su esposa,
entonces embarazada: “La golpeó, la señora se sangró, y poco
después, esa señora se murió, por el golpe que le dio su marido. Y
no le hicieron nada a ese señor.” En ese momento, su padre le
habría inculcado ir a aprender español: “Viste a esa señora, que
no habló? Tu vas a ir a aprender español, y escribir, para que
puedas regresar y ayudar a tu comunidad, porque aquí no participan
las mujeres.”
Así fue que Eugenio Manuel, a los 12 años, migró al municipio de
Ayutla para aprender y atender la secundaria. Sin embargo, la familia
donde se quedaba también la maltrató, y no pudo terminar su
bachillerato, por falta de dinero. Contó como a partir de 1994, con el
levantamiento zapatista, llegaban al ayuntamiento militares, acusando a
las y los habitantes de ser zapatistas. “Entraban a las casas y mataban
gallinas y chivos, pero ni se los comían, ahí los dejaban tirados.” En
ese mismo años, narró, violaron a cuatro mujeres de su pueblo. Pero
ellas no se atrevieron a denunciar y el crimen quedó en la impunidad.
En 2002, la defensora junto con otras personas fundó Opim, A.C., para
promover el derecho a la educación, la salud y la vivienda. “Pero para
ellos, que tu conoces a tus derechos, eres una persona de alta
peligrosidad, entonces, nos matan, nos asesinan.” Contó como hasta el
día de hoy, personas de su comunidad han sido asesinadas, injustamente
encarceladas y criminalizadas, por realizar la labor de defensa de
Derechos Humanos.
“Recibir este reconocimiento vale mucho para mí”, continuó, pero
también sería una gran responsabilidad de ser mujer, por ser indígena:
“Mi conciencia me dice que debo seguir luchando por los derechos
humanos”. No podría quedar callada, al conocer a diaro muchas mujeres
que son acosadas, atacadas, asesinadas.
Por eso, pidió que “la violencia contra las mujeres, en los pueblos,
las montañas, sierras, ciudades, calles, transportes, en fábricas,
oficinas, escuelas, y universidades, ¡se acabe de una vez por todas! ¡Ya
no queremos ni un violador más en nuestro camino!”, exclamó Eugenio
Manuel. Recordó al presidente que siempre pone enfasis en “primero los
pobres”, y “los pueblos originarios, somos los más pobres”.
También, pidió apoyo para policías comunitarios, y que el gobierno
federal entregue las obras públicas de manera directa a los municipios, o
mediante el comité nombrado por la Asamblea, para evitar la corrupción
en el ámbito local. Sus denuncias sobre irregularidades en la asignación
de obras fueron lo que probablemente detonó su secuestro, en febrero de 2019.
Estos días, habrían sido el tiempo más duro en su vida, confesó la
defensora, quien fue golpeada y amenazada, sin embargo, decidió
denunciar el crimen. “Por eso estoy viva. Porque si otras organizaciones
no conocieran mi trabajo, no estuviera yo aquí”, concluyó. Actualmente
cuenta con medidas del Mecanismo de Protección de Personas defensoras de
derechos humanos y periodistas.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo en su discurso que “nosotros llegamos
aquí a este Palacio después de luchar muchos años por la justicia
y por los derechos humanos. Y ahora que estamos como autoridad, no
podemos olvidar de dónde venimos y cuales son las causas que siempre
hemos defendido.”
Destacó que la participación de las Fuerzas Armadas en las
tareas de seguridad pública tiene como premisa actuar con respeto a
los derechos humanos. “Antes, el principal violador de derechos
humanos era el Estado. Ahora, no es así. Porque no se permite la
violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las
desapariciones, la impunidad. Y si algún servidor público viola
derechos humanos, es castigado.”
El jefe del Ejecutivo también otorgó la Mención Honorífica post
mortem a Modesta Chávez de la Rosa, viuda de Margarito Díaz González,
defensor del pueblo Wixárika, asesinado en Nayarit el 8 de septiembre,
2018. López Obrador se comprometió a reunirse con las comunidades de las
galardonadas con el acompañamiento del subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Ciudad de México.
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