Iván Restrepo
Por décadas,
investigadores y grupos defensores del medio ambiente y la salud han
insistido ante las autoridades mexicanas sobre la necesidad de reducir
y/o eliminar el uso de numerosos agroquímicos que por su alta
peligrosidad están prohibidos en otros países. En lograr lo anterior, se
caminó a paso de tortuga, pese a las pruebas que existen mundialmente
sobre los males que ocasionan dichos productos.
En especial la lucha se centró en eliminar los que integraban la
docena sucia. Entre ellos, uno de origen industrial (policlorobifenilos
con más de 200 congéneres), dos subproductos industriales (dioxinas y
furanos) y nueve plaguicidas. Todos tóxicos, persistentes y
bioacumulables que se encuentran en el aire, el suelo y el agua en
cantidades que ocasionan efectos adversos en la salud y el ambiente. A
ellos se agregan otros igualmente tóxicos utilizados en el agro
mexicano. Con el agravante de que entran de contrabando por la frontera
sur: DDT, aldrin, clordano, dieldrín, endrín,
heptacloro,hexaclorobenceno, mirex, toxafeno, lindano, alaclor,
paraquat, metamsodio y metamidofos, bromuro de metilo, endosulfán.
Además, el glifosato, herbicida elaborado por la empresa alemana Bayer y
al que tantas veces me he referido aquí.
Hace unos días el gobierno mexicano negó el ingreso de mil toneladas
de dicho compuesto y prohibió otros que por su peligrosidad debieron
cancelarse en 2015. Corrieron igual suerte otros 220 elaborados por
empresas trasnacionales y locales.Todo indica que las actuales
autoridades al fin van a proteger la salud pública y el medio ambiente
con la prohibición del uso de numerosas sustancias químicas en el agro.
Eso informó en septiembre pasado Víctor Manuel Toledo, secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aseguró que ahora la prioridad es obtener alimentos agroecológicos
donde se eviten tales sustancias. En el medio rural del país se utilizan
alrededor de 360 compuestos químicos.
Hace un año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la
recomendación relativa a la violación a las garantías de una sana
alimentación, al agua salubre, a un ambiente sano y a la salud, por el
incumplimiento del Estado de no restringir el uso de plaguicidas de alta
peligrosidad en perjuicio de la población. Esta recomendación dio como
fruto que el gobierno federal integrara una mesa de trabajo de la que
hacen parte la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica), así como investigadoresy organizaciones
sociales.
De lo que se trata es de aprobar una legislación de avanzada sobre
los agroquímicos, tal y como la tienen los países que integran la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)y no
ser más patio trasero de las trasnacionales que los elaboran. En todos
estos logros han jugado un papel clave las organizaciones y los
especialistas que llevan décadas luchando por un ambiente libre de
sustancias tóxicas y peligrosas.
En 1988 la editorial Océano, de don Andrés León Quintanar, publicó Naturaleza muerta,
obra donde mostré con datos muy precisos lo que pasaba con los
plaguicidas en México y el daño que estaban causando. Lo reditó luego la
CNDH en tiempos de los doctores Jorge Carpizo y Fernando Cano Valle.
Mas lo ignoraron los funcionarios.Por fortuna, se sumaron a esa labor
pionera organizaciones como Ambiente y Salud, de la doctora Lilia
Albert; Fronteras Comunes, de Marisa Jacott; Greenpeace; La Red de
Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, Guadalupe Ponce y la
Red Temática de Toxicología de Plaguicidas y Elena Kahn, de Guerreros
Verdes.
Después de más de 10 años de trabajo, el actual Consejo de Salubridad General anunció la elaboración de una
política nacional integral para la gestión de sustancias químicas, a fin de acabar con su manejo inadecuado y evitar impacto a la salud y al ambiente. Elaborar una nueva legislación sobre el tema es tarea de dicho consejo, otras instancias públicas y legislativas, el sector privado y laboral, los especialistas y las organizaciones sociales. Ojalá no quede en promesa.
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