Editorial La Jornada
El arresto de Genaro García Luna por
cargos de narcotráfico, realizado ayer por autoridades de Estados
Unidos, en ese territorio, da actualidad a los innumerables
señalamientos que advirtieron que en el sexenio de Felipe Calderón,
cuando el detenido fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y era operador central de la
guerra contra la delincuencia, se protegió al cártel de Sinaloa desde los niveles de gobierno más altos; que se hundió a México en un baño de sangre sin un propósito claro –o sin que el objetivo real coincidiera con el que se esgrimía desde Los Pinos– y que la corrupción de los altos mandos hacía inútiles los mortíferos empeños del poder público contra sectores de la criminalidad organizada.
Investigadores, periodistas y activistas documentaron durante años
los nexos de quien Calderón consideraba un funcionario sin mácula con el
grupo delictivo mencionado, y varios antiguos cabecillas del trasiego
de estupefacientes afirmaron en sus testimonios que García Luna había
recibido durante su gestión millones de dólares a cambio de dar
protección a criminales.
Ante la abundancia de tales informaciones, resulta obligado
preguntarse por qúe Calderón se empecinó en defender a capa y espada a
su colaborador, y ni siquiera consideró someterlo a investigación tras
la detención de varios de los principales funcionarios de la
desaparecida SSP, ni ante actos de corrupción tan evidentes como la
adquisición masiva de los tristemente célebres
detectores moleculares.
La detención de García Luna debe llevar también a revisar su
trayectoria como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)
en el sexenio de Vicente Fox, en cuyas postrimerías llevó a cabo el
montaje televisivo de la detención de los supuestos secuestradores
Florence Cassez e Israel Vallarta.
Pero, sobre todo, debe reflexionarse sobre la extraña y
contradictoria relación del ex secretario de Seguridad Pública con las
autoridades de Estados Unidos, las cuales con certeza desconfiaban de
él, como está ampliamente documentado en los despachos diplomáticos
enviados por la embajada de ese país al Departamento de Estado, que
fueron entregados a La Jornada por WikiLeaks y difundidos en estas páginas en el curso de 2011.
Más aún, datos creíbles indican que el gobierno del país vecino tenía
desde hace años un voluminoso expediente sobre actividades sospechosas
del ahora acusado, en cuya gestión no sólo fueron asesinados decenas de
miles de mexicanos –presuntos delincuentes, pero también soldados,
marinos, policías y personas manifiestamente inocentes–, sino también
agentes de corporaciones de Estados Unidos, como la DEA y la CIA, que
operaban en México.
Por otra parte, García Luna fue la pieza fundamental en la aplicación
en México de las devastadoras políticas diseñadas en Washington y
delineadas en la Iniciativa Mérida; la obsecuencia del ex
funcionario llegó al extremo de ofrecer toda la información de seguridad
del país a quien entonces fungía de secretario de Seguridad Interior de
Estados Unidos, Michael Chertoff; más aún, García Luna no movió un dedo
cuando la oficina estadunidense de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
(ATF, por sus siglas en inglés) envió al cártel de Sinaloa
cargamentos de fusiles de asalto de alto poder, en lo que, al margen de
intenciones declaradas, contribuyó al fortalecimiento del poder de fuego
de ese grupo delictivo. Lo cierto es que, pese a todo, García Luna
vivió desde 2012 en la nación vecina, recibió el permiso para residir en
ella, ostentó una riqueza difícilmente explicable y abrió un despacho
de consultoría en asuntos de seguridad sin que nadie lo molestara.
Es deplorable, sin duda, que con frecuencia los episodios de
corrupción y violencia delictiva que tienen lugar en México acaben
siendo juzgados en tribunales estadunidenses, como ocurrió en el caso de
Joaquín El Chapo Guzmán, de quien había suficientes motivos
para un juicio en instancias mexicanas pero fue extraditado al país
vecino en enero de 2017 por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora resulta a todas luces necesario que la Fiscalía General de la
República pida la entrega de García Luna para que sea procesado en
nuestro país conforme a derecho. No debe permitirse que la soberanía
judicial de México siga siendo anulada por casos como el que se comenta.
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