Editorial La Jornada
La firma del Tratado
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que remplaza al de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), parece encaminarse a una pronta
ratificación luego del acuerdo preliminar alcanzado ayer entre las
bancadas demócratas del Legislativo de Estados Unidos, las centrales
sindicales de ese país, así como la Casa Blanca.
El instrumento referido fue resultado de difíciles y largas
negociaciones que comenzaron poco después de que Donald Trump asumió el
gobierno de Estados Unidos, quien basó uno de los ejes de su campaña
electoral en la crítica al documento anterior, porque –según él–
resultaba desventajoso para Washington.
México y su vecino del norte lograron un preacuerdo a finales de
agosto del año pasado; Washington y Ottawa consiguieron resolver sus
diferencias un mes más tarde y el 30 de noviembre, el día en que Enrique
Peña Nieto concluyó su gestión, los representantes de los tres países
firmaron el documento en una reunión anexa a la cumbre del G-20 en
Buenos Aires, Argentina.
Aunque el nuevo convenio introduce algunas mejoras respecto de su
antecesor, la razón principal para reformular el marco legal del
comercio en la región fue la obstinación de Trump en presentarse ante
sus electores como un mandatario triunfante en la defensa de los
intereses estadunidenses frente a México y Canadá.
El escenario político de la superpotencia es hoy radicalmente
diferente: el presidente republicano se encuentra acorralado por
diversos procesos legales y legislativos y en los prolegómenos de un
juicio político en su contra en el Capitolio.
En ese contexto, uno de los pocos temas en los que Trump y la
oposición demócrata –mayoritaria en la Cámara de Representantes, no así
en el Senado– aún pueden ponerse de acuerdo es en la pertinencia de
ratificar el T-MEC, con el fin de que entre en vigor a la brevedad
posible.
Ambas partes tienen claro que no hay mucho margen para modificar el
texto firmado en Buenos Aires, habida cuenta que ello rompería el
consenso tan difícilmente logrado con México y Canadá.
De hecho, según informó el canciller Marcelo Ebrard en horas recientes, nuestro país ha establecido
líneas rojas; es decir, asuntos en los cuales el gobierno mexicano no va a aceptar modificaciones.
En tales circunstancias, para los demócratas no es fácil impulsar
alteraciones mayores a lo ya acordado, porque si lo hicieran tendrían
que cargar con el costo político de un fracaso del largo proceso
negociador.
Trump, por su parte, ya obtuvo el beneficio propagandístico que
esperaba y no tendría sentido que lo echara por la borda a último
minuto.
Respecto de nuestro país, el T-MEC ya fue ratificado por el Senado de
la República y el difícil trance de la renegociación del marco
comercial con sus socios de América del Norte ha sido encarado desde el
inicio en un espíritu de colaboración y cohesión interna, primero
durante la transición entre las administraciones de Peña Nieto y de
Andrés Manuel López Obrador y, después, entre el gobierno de la Cuarta
Transformación y las oposiciones políticas.
Cabe esperar, pues, que el instrumento trilateral sea puesto en
operación a la brevedad, lo que será sin duda un hecho bené-fico para
las economías de los tres socioscomerciales.
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