Abril Pérez es tan sólo un ejemplo
de mujeres violentadas que acuden a pedir ayuda a un sistema que no las
mira, que desestima sus dichos y las coloca en riesgo, hasta que son
asesinadas
Mientras el pasado 25 de noviembre se celebraba el
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril
Pérez
Sagaón fue asesinada mientras viajaba en su auto en Coyoacán.
Acababa de salir de un juzgado donde peleaba la custodia de sus hijas contra su
exmarido, Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México.
Abril, al igual que Mireya Agraz Cortés
y Emma Gabriela Molina Canto, sobrevivieron años de violencia intrafamiliar,
estaban en procesos de divorcio, pelearon por la custodia de sus hijas e hijos,
y se enfrentaron no sólo a un juez machista, sino a una cadena de juezas,
jueces, magistrados y personal jurídico que desestimó sus testimonios, sus
pruebas, que no creyeron que su vida corría peligro y favorecieron a sus ex parejas,
en los tres casos, hombres con poder.
ABRIL
De acuerdo con los relatos de
sus hijos Ana Cecilia y Javier, Abril tenía años de “vivir un infierno”. Sobrevivió un intento de
feminicidio el 4 de enero pasado, del cual Ana Cecilia escribió en Twitter:
“imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita
por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre
ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste papá”. García
había golpeado a su esposa con un bate de beisbol mientras dormía, existen
fotos y testimonios.
A pesar de las pruebas que se
presentaron, el
juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX), Federico Mosco González, estimó que
este acto violento, no era una tentativa de feminicidio, como señaló la Fiscalía.
Para él eran únicamente lesiones y violencia familiar, por lo
que el agresor fue liberado de la prisión preventiva, 17 días antes del
feminicidio de Abril.
Este caso fue muy mediático y tuvo
consecuencias, como que el magistrado presidente del Tribunal y del Consejo de
la Judicatura, Rafael Guerra Álvarez, anunciara que se inició una profusa
investigación sobre la actuación de los jueces y hasta que termine estarán
suspendidos.
MIREYA
Pero en otros casos, no hay sanciones
para las personas juzgadoras. La abogada feminista, Patricia Olamendi Torres,
recordó el caso de Mireya Agraz Cortés quien en 2011 interpuso la primera de 3
denuncias por abuso sexual infantil contra sus hijos cometida por su entonces
esposo, L. Olvera.
Pese a los peritajes y testimonios de
los menores de edad que confirmaban el abuso, dos juezas del Juzgado Familiar
del Tribunal , fallaron en contra de Mireya y le otorgaron la guarda y custodia
al padre, argumentando la figura de “alienación
parental”. El 7 de junio de 2017, la policía
encontró los cuerpos de Mireya, su hijo e hijas, así como de sus padres, quienes
al parecer, optaron por suicidarse antes de que ocurrieran más abusos sexuales
contra los menores de edad.
EMMA GABRIELA
Emma Gabriela vivió por más de 10 años
violencia intrafamiliar. Cuando decidió divorciarse, su ex pareja, un alto
funcionario tabasqueño, Alberto Medina Sonda, la acusó de maltrato.
Emma Gabriela fue detenida, golpeada y
encarcelada por autoridades tabasqueñas sin motivo alguno, ocasión que su ex
esposo aprovechó para sustraer a sus tres hijos. Molina Canto comprobó su
inocencia y señaló a Medina Sonda y a su familia como responsables, sin
embargo, su lucha para recuperar a los menores de edad duró más de 2 años. El
27 de marzo 2017, fue asesinada por dos sicarios contratados por quien fuera su
esposo.
A pesar de la jurisprudencia 22/2016 de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a impartidores de justicia
de todos los niveles a identificar situaciones de poder entre las partes
involucradas, y valorar pruebas desechando estereotipos y prejuicios, lo
que se observa en estos casos es una nula aplicación de este criterio. En
opinión de Olamendi Torres, el Poder Judicial, en cualquier parte del mundo,
está obligado a cumplir con la ley. “Es
el garante de la ley. Aquí tienes un poder judicial que cuestiona la Ley”.
La directora ejecutiva de Orientación
Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal capitalino, María Elena Lugo del Castillo,
reconoció en entrevista con Cimacnoticias que “ha habido un poco de reticencia, por los temas culturales,
para capacitar al personal en perspectiva de género”.
Una reticencia que la abogada especialista en materia familiar, Rocío
Corral Espinosa Monsiváis, puso en otras palabras: “¡No les entra! ” y
advirtió que si desde los juzgados familiares no se aplica la
perspectiva de género habrá casos que deriven en penales, como los de
Abril, Mireya y Emma Gabriela. Fueron muertes anunciadas que la justicia
pudo haber evitado.
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.
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