El foco del ejercicio de percepción y de información de experiencia social relacionada con la violencia y/o la conflictividad a la que estamos expuestos, se concentra en las 51 ciudades más importantes del país (cobertura de la encuesta). Sus resultados, sin embargo, se pueden extrapolar de un modo general al país considerando la concentración poblacional y la representatividad del ejercicio demoscópico. El balance es desalentador, por mucho que se pretenda verlo con el optimismo tecnocrático del Inegi, un poco a tono del gobierno federal, que en diversas partes de su anuncio de la Ensu señala disminuciones en la percepción de la inseguridad en varias ciudades del país.

Inseguridad, al alza
Un primer dato que se destaca de observar los números de la Ensu es la elevada percepción de inseguridad en la población ciudadana del país: siempre muy por arriba de la mitad desde que se empezaron a realizar estas mediciones en 2013 (14 desde entonces) que van de 68 al actual 74.1% de diciembre pasado. En los años de gobierno de Enrique Peña Nieto no hemos dejado de sentirnos inseguros, e incluso aumenta en la sociedad dicha percepción.
Con la lente particular de la percepción por ciudad y comparando la encuesta del tercer trimestre de 2016, los datos no son menos alentadores. Del universo de las 51 ciudades que comprende la Ensu, sólo nueve tienen cifras de percepción menores a 50%. De hecho, como destaca la nota del Inegi, algunas de estas ciudades (Durango, Puerto Vallarta, Tepic, Saltillo y Mérida) muestran tendencia al alza en dicha percepción, como si se tratara de alcanzar el promedio nacional que, de suyo, es elevado en forma alarmante.
Las variaciones a la baja que muestran 21 ciudades, en realidad, salvo en siete casos (donde destacan La Paz, Chihuahua, Juárez o Neza, cuyas cifras siguen siendo altas), son de diferencias menores de dos puntos porcentuales, lo que hace irrelevante la disminución.
Un segundo dato importante en el comparativo es el hecho de que 23 de los 32, incluyendo a la Ciudad de México (poco más de las dos terceras partes), muestran una percepción creciente de inseguridad. Si consideramos en términos gruesos esta proporción, podemos hacer coincidir la percepción de inseguridad con el mapa de la violencia que nos muestran los datos de incidencia delictiva que proporciona la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de su secretariado.
Esta apreciación desmiente en buena parte el cliché gubernamental de que la inseguridad del país es una mera cuestión de percepción y de falla en la comunicación de las políticas de prevención y combate al delito. O bien, que la alta criminalidad se concentra en medio centenar de municipios del país.
Futuro cierto: peor
En la línea de tiempo que se traza desde que se inician estas mediciones en cuanto a la expectativa de la “delincuencia” en nuestras ciudades por los próximos 12 meses, los resultados son de una creciente desesperanza: pasan de 60.8% en 2013 a 72.1% en 2016 las respuestas que conjuntan que “seguirá igual” con las de que “empeorará”.

En este punto vale la pena acotar el dato de que el levantamiento de la última encuesta de la que nos da razón el Inegi ocurrió en diciembre pasado, y que es posterior a la elección presidencial de Estados Unidos. Es obvio que este no es un factor definido en el ejercicio pero se puede plantear como hipótesis que el ánimo social que se refleja en la encuesta, suma nuestra endeble expectativa de solucionar la crisis de seguridad con el preámbulo de la era Trump. Este argumento podrá confirmarse cuando se realice, en marzo, el primer ejercicio de la Ensu este año.

Percepción versus conflictividad
Una de las cualidades de la Ensu es la medición de experiencia o exposición ya sea de conductas delictivas o la mera conflictividad derivada de la violencia en el entorno en que vive la población. Esto va de la mera problemática con vecinos o los conflictos en la calle hasta la presencia o conocimiento de la comisión de ciertos delitos. La diferencia es sustantiva porque no se trata de la subjetividad del sentimiento de inseguridad que tienen las personas sino su contacto con la inseguridad en sí. En principio, estas mediciones diferenciadas pueden ser indicativas sobre la naturaleza originaria de nuestros temores: apuntan a la degradación del tejido social o al sometimiento de nuestro entorno a criminalidad exógena.
Por ejemplo, la Ensu de diciembre señala a Fresnillo como una ciudad donde la población tiene una mayor percepción de inseguridad (90.7%), pero que en el apartado de “conflictos y conductas antisociales” aparece con uno de los menores porcentajes de conflictos entre la población (11.4%).
La explicación no es fácil y eso no se desprende de la encuesta. La ausencia o baja tasa de “conflictividad” como la caracteriza el Inegi no está aparejada con menos inseguridad. El análisis de la percepción debe contemplarse con datos de incidencia delictiva y con el señalamiento de su naturaleza. En el caso de Fresnillo puede aventurarse la hipótesis que la percepción de inseguridad se debe a factores ajenos a una dinámica de deterioro de convivencia social o de ausencia (de ahí que no exista conflictividad); el crimen organizado, por ejemplo.
Vivir con miedo
La lectura integral de las mediciones comprende el espacio físico en el que nos sentimos más seguros, donde el transporte público y los cajeros son los sitios con el primer lugar de vulnerabilidad (74.2 y 82%, respectivamente). Llama la atención de la encuesta que, aun en hogares o en la escuela, casi una tercera parte de la población encuestada se siente insegura (29.7 y 28.9%, respectivamente).
La variable sobre “experiencia” o los comportamientos personales respecto de ciertos hábitos nos muestra una compleja y triste degradación de nuestra vida social, familiar y de relación con nuestro entorno: más de la mitad de la población es renuente a caminar de noche cerca de casa (52.3%) o de permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda (57.9%), en tanto que más de la tercera parte es renuente a visitar a parientes o amigos (35.5%). La conclusión es clara, la crisis de inseguridad de estos años ha mutilado los motores de la confianza y la convivencia sociales.
Colofón: confianza institucional en la eficacia… de papel
La Ensu describe una categoría que busca reflejar la confianza ciudadana en las instituciones del sector seguridad. Los resultados pueden ser engañosos porque no queda clara la intención que busca la medición cuando, por ejemplo, los entrevistados no se sabe si distinguen la competencia de cada organismo o nivel.
Las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, todas ellas instituciones de tipo federal, en promedio tienen altos niveles de consideración de eficacia en su actuación. Los niveles más bajos o reprobatorios apuntan hacia las policías estatales y las municipales.
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial”Muy o algo efectivo”.
Los datos así presentados dan pauta a la manipulación sobre la verdadera percepción de los organismos de seguridad del Estado o bien para orientar cierta predisposición a favorecer a instituciones que no están preparadas a desempeñarse como policías. La opinión favorable, en el caso de las fuerzas armadas y de las policías federales, tiene un componente de ignorancia o de confusión social que no se aclara en la encuesta.
En principio, la calificación ciudadana sobre el desempeño de las instituciones en papel de seguridad pública debe hacerse siempre que haya habido, en el caso de las federales, dicha actuación previa al levantamiento de la encuesta. Este dato no es claro. De ahí que el resultado es sesgado cuando se vierte sobre las policías con las que se tiene conocimiento permanente de su actividad en nuestro entorno, como son las estatales y las municipales.