Jesús Cantú
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto y
los miembros de su gabinete sabían con mucha anticipación el incremento
de precios a la gasolina que se aplicaría el primero de enero de 2017,
no hicieron nada para atenuar sus efectos ni mucho menos previeron la
indignación que provocaría. Pensaron que anunciarlo a mitad del periodo
vacacional (como los gobiernos priistas solían hacer las primeras
devaluaciones y anuncios dolorosos) y aplicarlo el primer día del año
–cuando muchos mexicanos todavía no terminaban la fiesta– aminoraría las
protestas.
Dedicaron más tiempo a intentar que pasara inadvertido
que a buscar la mejor forma y momento de instaurarlo. Por supuesto, ni
siquiera pensaron en medidas para aminorar su impacto negativo. Lo
evidencian el titubeante discurso presidencial el mismo día que anunció
el cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin argumentos ni
datos, simplemente apelando tímidamente a la comprensión; su posterior
mensaje en cadena nacional, al día siguiente, lleno de manipulaciones y
falsedades; y, desde luego, la firma de un documento cargado de buenas
intenciones, pero sin acciones específicas nuevas ni compromisos
concretos.
En noviembre de 2016 el Congreso de la Unión aprobó la
modificación al artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos (que
formó parte de las legislaciones secundarias incluidas en la reforma
energética en diciembre de 2013) para adelantar la liberalización de los
precios de las gasolinas y el dísel, del primero de enero de 2018 al
mismo día de 2017, así que desde ese momento sabían que venía el
gasolinazo.
No se necesita ser muy suspicaz para saber que la
modificación se hizo para tratar de evitar el impacto que el incremento
tendría en las elecciones presidenciales de 2018, así que sí sabían de
sus consecuencias negativas, pero en lugar de buscar mitigar los daños a
la economía familiar, prefirieron contener el impacto negativo en la
sucesión presidencial.
La manipulación de los datos es muy burda;
no se requieren especialistas para detectarla. Una de las más evidentes
es que el gobierno recauda vía el Impuesto Especial a Productos y
Servicios que aplica a las gasolinas y el dísel 50% más de lo que le
costaría el supuesto subsidio a la misma. En su segundo mensaje, el
jueves 5, Peña Nieto afirmó que el subsidio a la gasolina representaría
en 2017 aproximadamente 200 mil millones de pesos, pero de acuerdo con
la Ley de Ingresos de la Federación, el IEPS a las gasolinas le
reportará un mínimo de 280 mil millones de pesos, con lo cual si no se
hubiese movido el precio de las gasolinas, en realidad no habría ningún
subsidio al consumo, pues en el precio integral el propio consumidor lo
estaría pagando.
Así, con el aumento al precio del combustible, el
gobierno lo que hace en realidad es transferir la carga fiscal que
antes le cargaba a Pemex (que explica las precarias condiciones
financieras en las que se encuentra la empresa) al consumidor final.
Esta es la razón por la cual el precio de la gasolina en el vecino país
del norte cuesta 68 centavos de dólar, es decir, 15 centavos menos que
los 83 centavos que cuesta en México. El precio de la gasolina sí está
alineado internacionalmente, pero no los impuestos, así, la diferencia
en el precio la explican los 3.52 pesos de IEPS en la gasolina Magna;
los 4.16 en la Premium y los 4.58 en el dísel.
Otra joya es la
aseveración presidencial de que antes de decidir la eliminación del
subsidio habían recortado el gasto público en 190 mil millones de pesos,
cuando en 2015 (de acuerdo con un análisis difundido por el portal
Animal Político) gastaron 185.8 mil millones más de lo presupuestado; y
en 2016, hasta septiembre, ya llevaban 174.5 mil millones. En estos dos
años, sólo en los excedentes del presupuesto, gastaron un monto similar
al supuesto subsidio a las gasolinas.
Y para evidenciar la
manipulación de los datos es interesante revisar las cifras que dio Peña
Nieto al argüir que el aumento perjudica más a los más ricos que a los
más pobres, Según sus datos, el 50% de las familias mexicanas con
ingresos más bajos (60 millones de personas) consumen 15% de las
gasolinas; y el 10% más rico, 40%. Pero se le olvidó el otro 40% de la
población, que en México no puede considerarse de clase media y consume
el restante 45% de las gasolinas. Así que este segmento será en realidad
el más afectado. También es falso que el impuesto a las gasolinas sea
tan progresivo como pretendió hacer creer Peña Nieto.
Igualmente
es falsa su disyuntiva de subsidiar la gasolina o reducir los programas
sociales, pues las posibilidades de obtener ahorros importantes en el
gasto público son múltiples y no se limitan a los programas sociales,
como dejó en claro la Coparmex en su propuesta de plan de acción. O
bien, como señaló Luis Pérez de Acha, en un comentario en Animal
Político, mientras el subsidio a la gasolina representó en años
anteriores 1.8% del PIB, el costo de la corrupción representa entre 2% y
10% del PIB y la evasión fiscal, 2.6% del PIB. Así que la disyuntiva no
es real.
Pero el mayor descaro ocurrió el jueves 12, cuando en
forma impersonal señaló: “La gallina de los huevos de oro se fue
secando, se fue acabando”, al referirse a Cantarell, como si las
autoridades mexicanas fuesen totalmente ajenas al saqueo a Pemex, desde
que el entonces presidente José López Portillo afirmó: “Tenemos que
acostumbrarnos a administrar la abundancia”, dado lo cuantioso de los
yacimientos de petróleo que estaban en explotación y el alto precio
internacional del hidrocarburo.
Peña Nieto y los presidentes que
lo precedieron son responsables de haberse acabado la gallina de los
huevos de oro, al aprovechar los recursos que generaba la paraestatal
para financiar la costosa administración pública mexicana y, con ello,
impedir que se dedicasen recursos a la exploración, explotación y
refinación del petróleo. Las advertencias fueran muchas y lo que hoy
vivimos no es ninguna sorpresa. Es su responsabilidad.
Lo más
paradójico es que todavía en 2016 se culpaba a los bajos precios del
petróleo de las vicisitudes económicas nacionales y los pobres
resultados de las reformas estructurales; y en este primer mes de 2017
resulta que el incremento en los precios internacionales del petróleo es
la causa del gasolinazo que tanto perjudica a la economía de las
familias mexicanas.
Nuevamente son el mismo presidente y su equipo
los que provocan sus propias crisis con políticas públicas inoportunas,
mal diseñadas y peor comunicadas. Parecen empeñados en superar las
calamidades que sus antecesores provocaron en el fatídico tramo final
del sexenio (los últimos dos años, que en este caso ya se convirtieron
en cuatro).
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