En
medio del estancamiento, dos factores vuelven casi inviable la economía
mexicana para lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto: el
llamado gasolinazo –impulsado por la administración federal– y
las políticas en contra de México que promueve Donald Trump, presidente
de Estados Unidos.
Ambos factores se insertan en un contexto nacional de deterioro de las condiciones económicas, explica a Contralínea
la doctora en economía María de la Luz Arriaga Lemus. También,
condicionan los próximos 2 años a una crisis que resentirán los
bolsillos de las mayorías.
“Realmente no hay crecimiento
económico: estamos en alrededor de un 2 por ciento, cuando la población
crece más; tenemos un gran desempleo; una pérdida del poder adquisitivo
no sólo en términos del salario directo, sino del salario social, con
restricciones en los gastos en salud, educación, etcétera; además de una
creciente concentración de la riqueza y una gran desigualdad.”
La
tendencia regresiva en México es preocupante, pues se conduce hacia
niveles de desigualdad e inequidad similares a los de 1935, “cuando
alrededor del 75 por ciento del ingreso nacional le correspondía a los
ingresos por capital, mientras que el restante 25 por ciento era
repartido entre la población trabajadora”, indica el Informe anual del Observatorio de Salarios 2016. Los salarios y la desigualdad en México, de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
Según
el análisis, de 1976 a la fecha el salario mínimo ha perdido el 80 por
ciento de su poder de compra impactando a toda la estructura de
trabajadores. Además, de 2005 a 2016, la población asalariada mostró una
tendencia a adquirir menos canastas alimentarias.
La doctora
Arriaga Lemus explica que la actual crisis se debe a que quienes han
gobernado el país promueven políticas para que la economía sea más
vulnerable y dependiente de la de Estados Unidos.
Para la
investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) e integrante del Centro de Análisis de
Coyuntura Económica, Política y Social, “la apertura de la economía ha
sido intencional: darle facilidades al capital trasnacional para que
entre irrestrictamente en cualquier rama de la industria, en cualquier
servicio e incluso en la educación y la salud. Eso es intencional”.
Así
es como se explica la tendencia a profundizar el modelo neoliberal con
políticas públicas dañinas para la mayoría de los mexicanos, como el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las llamadas
reformas estructurales, en particular la energética.
Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía, explica a Contralínea
que la subordinación de México a Estados Unidos es resultado de un
proceso que se inició a fines del siglo XX: “una integración subordinada
que terminó convirtiéndose en una dependencia increíble: hemos perdido
la capacidad de ser autosuficientes en elementos muy importantes para
cualquier país, como en los alimentos (el campo está devastado; los
únicos que han ganado son pequeños núcleos de agroexportadores, en los
cuales están metidas las corporaciones extranjeras), la energía, el
mercado laboral (bajos salarios y una expulsión enorme de fuerza de
trabajo al extranjero) y el sector financiero”.
De
este último punto, advierte que los destinos del uso de los flujos de
capital están determinados casi en 90 por ciento por bancos extranjeros,
que cobran altas utilidades porque aseguran que tienen un gran riesgo, a
pesar de que están subsidiados. “La banca se extranjerizó, se remató y,
con todo y eso, se sigue pagando el famoso rescate”.
El gasolinazo
A
este deterioro de las condiciones económicas se suman los efectos
negativos del alza al precio de los combustibles –producto de la
anticipada liberalización– y de las políticas de Trump.
“El gasolinazo es la gota que derrama el vaso.
Es el ejemplo claro de cómo deprimieron la producción de gasolinas: las
refinerías están funcionando al 40 por ciento de su capacidad en un
momento en el cual estamos importando [la mayoría del consumo]. Eso es
carísimo”, señala en entrevista la doctora Arriaga Lemus.
En su ensayo El gasolinazo: atraco al pueblo en plena luz del día,
el doctor en economía Alejandro Álvarez Béjar señala que el adelanto de
la liberalización del precio de los energéticos es el primer paso para
la apertura al capital privado, nacional y extranjero, del mercado
interno de petrolíferos. El negocio ronda los 70 mil millones de dólares
anuales.
Para el investigador y académico de la UNAM, con este
nuevo esquema de alza de precios, el gobierno recaudará –a través de los
impuestos especial a la producción y los servicios y al valor
agregado–casi 300 mil millones de pesos, además de beneficiar a grandes
grupos monopólicos privados, nacionales y extranjeros.
El alza de
los precios de los combustibles afecta directamente el mercado interno,
al alterar los precios de productos –en especial los de primera
necesidad: canasta básica y medicamentos– y servicios. La afectación es
para los consumidores finales, que además tienen un salario pulverizado.
A
la par de la liberalización del mercado de combustibles, el académico
Juan José Dávalos observa que hay una problemática vinculada a los
créditos que propició la reforma energética. “El mayor error estuvo en
que auguraron que ese modelo de reforma energética, además de darles
ingresos a los privados, daría recursos al gobierno y, optimistamente,
se pusieron a contratar deuda e inflaron las expectativas. Y la realidad
es que ese modelo fracasó”.
Trump quebrará el neoliberalismo mexicano
Vigente
desde 1982, el modelo neoliberal aplicado en el país –que sólo ha
beneficiado entre el 3 y el 5 por ciento de la población– tiene efectos
desastrosos, como el hecho de que el trabajo informal se acerca a un 60
por ciento del total de la población económicamente activa, observa el
doctor en estudios sociales José Valenzuela Feijóo, académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En su ensayo Unidad nacional: ¿para qué y entre quiénes?, advierte que “las perspectivas [económicas] para los próximos 2 años [los últimos del gobierno de Peña Nieto] son aún peores”.
Ello,
porque a partir de la política proteccionista y de reestructuración del
TLCAN, el triunfo de Trump en Estados Unidos podría provocar un serio
quebranto en el funcionamiento del neoliberalismo mexicano. Para el
académico de la UAM, la política económica del presidente estadunidense
dañará seriamente ese modelo económico que tanto ha beneficiado a la
cúpula neoliberal mexicana.
En lo que resta de este gobierno, “no
vamos a crecer, no va a haber más riqueza, no va a haber mejores
pensiones ni mayor intervención del Estado, a menos que los mexicanos
peleemos y tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra economía, en
una integración respetable para México y un replanteamiento del
desarrollo en América del Norte”, dice en entrevista, el economista Juan
José Dávalos.
“Lo que viene es una situación de abuso: es la
precariedad de dos terceras partes de la población mexicana”. Para los
próximos meses se espera un empeoramiento de la economía, advierte. “Eso
ya lo estamos viendo con el ahorcamiento presupuestal del gasto del
Estado para el presupuesto 2017, que tiene que ver en gran medida con el
pago de deudas al extranjero”.
La doctora María de la Luz Arriaga
considera que “lo que nos espera en los próximos 2 años va a ser un
periodo muy difícil: va a prevalecer la incertidumbre de hasta dónde
Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio, que ya era adverso
para México y que ahora va a ser peor”.
Y es que, explica, en vez
de crear muchos empleos, el Tratado “nos hizo más dependientes. Muchas
de las empresas productoras se convirtieron en comercializadoras: ya no
hay fábricas y eso nos hace más dependientes. El campo mexicano está
igual: dependemos mucho de la compra de alimentos”. Actualmente, el
gobierno admite que el 94 por ciento de las semillas que se consumen en
México son importadas.
“El TLCAN abrió totalmente nuestra economía
buscando que hubiera mayor exportación de manufacturas a Estados Unidos
pero, por las asimetrías que hay entre la economía mexicana,
estadunidense y canadiense, lo que hizo fue que las pocas empresas
mexicanas que fabricaban con niveles de alta productividad empezaran a
quebrar, y lo que hubo fue fusiones con las grandes empresas
trasnacionales. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Las trasnacionales,
como la industria automotriz”.
Profundización del abuso, ruta que escoge el gobierno
Ante
este panorama crítico, el gobierno federal tendría dos salidas: la
primera de ellas, que es hacia la cual se está inclinando, desfavorece
al pueblo al profundizar el neoliberalismo por la vía autoritaria; la
segunda, es abandonar el actual modelo económico para incentivar el
mercado interno.
Para
la doctora Arriaga Lemus, la salida totalmente autoritaria se daría en
un contexto en el cual aumenta la protesta social. Esta vía podría
propiciar una reactivación de la política neoliberal mucho más agresiva.
“Es decir, que nos deje en peores condiciones de dominio sobre nuestros
recursos frente a economías como Estados Unidos. Y hacia eso están
caminando [los representantes del gobierno federal]”.
La académica
advierte que la nueva Ley de Seguridad Interior –que aún se discute en
el Congreso–, que busca justificar que el Ejército esté en las calles,
es parte de esa ruta autoritaria.
“Si siguen apostando a un mayor despojo, pues la gente ya no está en condiciones de soportarlo. Las protestas frente al gasolinazo
fueron una llamada de atención fuerte. Porque ni siquiera con las
protestas de los maestros los últimos 3 años se vieron tan preocupados.
Ahora sí era la población en general y en todo el país.”
Para
México, la otra salida –que está siendo ignorada por el gobierno–
consiste en una reformulación del modelo que apueste al mercado interno
en el desarrollo económico, y debe estar empujada desde los sectores
populares, indica la doctora en economía.
“Tiene que cambiar el
modelo económico. No es fácil: modificar la estructura productiva que se
tenía para hacernos más vulnerables, hoy dependientes, tomó 25 años.
Regresar o mover el modelo para que haya una producción para el mercado
interno, pues va a tardar; no es una solución de corto, sino de mediano
plazo. Puede ser menos de 25-30 años, y hay medidas inmediatas que
ayudarían a cambiar el modelo, como invertir en la industria de la
refinación de petróleo.”
La doctora Arriaga Lemus indica que la
inversión debe ser pública, porque la privada no genera empleos ni hace
más productiva la economía mexicana: “llega nada más a fusionar, a comerse a las empresas que ya están establecidas. No crea nuevas empresas”. Además, recorta personal.
“El
mercado interno no quiere decir sólo que haya más producción, sino que
para que el mercado interno funcione tiene que haber consumo y para eso
debe haber poder adquisitivo: aumentos salariales, empleo. Y para que
haya empleo tiene que haber inversión: es un círculo y no va a venir
del sector privado, tiene que venir del público.”
Para que eso
pase, dice, “tienen que dejar de mentir, dejar de decir que no hay
dinero, porque sí hay: México genera mucha riqueza. Pero, dónde está:
tenemos una deuda pública externa e interna que se lleva la riqueza al
extranjero o a la especulación financiera. Quienes han ganado son
precisamente los capitalistas que están en esos sectores; esto es muy
importante, porque sí hay dinero”.
Ante
la crisis que se avecina, la preocupación que muchos tienen es qué
hacer, detalla la doctora Arriaga Lemus. “Hay que luchar. No hay de
otra. Hay que organizarse, porque en lo individual puedes encontrar
algunas salidas –no endeudarte en dólares, no aceptar créditos en
dólares o con tasas movibles de interés; comprar dólares o divisas;
invertir en bienes raíces por la volatilidad–, pero estas soluciones
tienen un límite muy acotado y no son suficientes porque este problema
nos rebasa”.
Gobierno recorta 118 mil millones a programas prioritarios de desarrollo social
Los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación y
otros subsidios destinados a los mexicanos más pobres sufrieron un
severo recorte en el Presupuesto de Egresos 2017. Entre éstos, destaca
el Seguro Popular, que tiene como principal objetivo dar cobertura en
salud a los millones de personas en situación de miseria.
Pese a ser considerado como fuertemente prioritario por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a
dicho programa se le destinará un presupuesto 6 mil 734.7 millones de
pesos menor al de 2016, revela el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la Cámara de Diputados.
También catalogados como prioritarios, otros programas afectados por
la “austeridad” gubernamental son: Agua Potable, Drenaje y Tratamiento,
al que se le aprobaron 6 mil 567.7 millones menos que el año pasado;
Tratamiento de Aguas Residuales, al que definitivamente no se le
asignaron recursos directos para 2017, pues fue fusionado con el
primero.
A la lista de programas altamente prioritarios que registran
reducciones en sus asignaciones presupuestales se suman los programas de
Infraestructura, con 5 mil 300 millones de pesos; Seguro Médico Siglo
XXI, con una reducción de 729.9 millones de pesos; de Apoyo a la
Vivienda, con un presupuesto menor en 500 millones; Pensión para Adultos
Mayores, con un déficit de 486 millones; PROSPERA Programa de Inclusión
Social, con un recorte de 143.2 millones; y Comedores Comunitarios, con
una merma de 91 millones de pesos.
Para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, destaca la
reducción al Programa de Infraestructura Indígena –catalogado por
Coneval como ligeramente prioritario–, al que se le recortaron 5 mil
326.5 millones de pesos. La importante contracción presupuestal se da a
pesar de su contribución a la creación de infraestructura básica,
considera el análisis, “pues su objetivo es brindar apoyos para la
construcción de obras de infraestructura, principalmente de agua
potable, drenaje y saneamiento en comunidades indígenas”.
De acuerdo con el análisis, los recursos de 2017 para desarrollo
social prácticamente se mantuvieron igual que los de 2016, “pues el
monto aprobado se redujo sólo en 0.1 por ciento en términos reales”. No
obstante, los recursos aprobados para pensiones y jubilaciones
aumentaron a tasa real 16.1 por ciento y los recursos para los programas
sujetos a reglas de operación y otros subsidios cayeron, en términos
reales, 18.1 y 35.6 por ciento, respectivamente.
Estos últimos pasaron de un presupuesto de 478 mil 735.9 millones de
pesos en 2016, a uno de 360 mil 602.4 millones en 2017, esto es que se
redujeron sus recursos en 118 mil 133.5 millones, lo que en términos
reales significa una caída del 27.1 por ciento.
Nancy Flores
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CAPITALES]
Contralínea 527 / del 19 al 25 de Febrero 2017
