Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia.
En realidad, quienes están en la cárcel son personas acusadas de pequeños robos o de narcomenudeo, que fueron enviadas a prisión mientras termina la investigación y se le enjuicia.
Los detenidos, además, son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio que lleva hasta 300 casos al mismo tiempo. Son, según datos del Inegi, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, como chofer de taxi o en trabajo artesanal; y que debían trabajar toda la semana, sin descanso, para mantenerse.
El aumento de la población penitenciaria se debe fundamentalmente a las reformas que presentó en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fueron aprobadas por legisladores de todos los partidos.
La reforma al artículo 19 de la Constitución permitió el encarcelamiento ‘preventivo’ automático por una veintena de delitos, más del doble de los que se permitían antes. Hoy la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con solo una denuncia por robo. El resultado: 130 mil detenidos en dos años en 21 estados que aceptaron hacer públicas sus estadísticas, de acuerdo a una investigación realizada por Intersecta y Animal Político.
Estas 130 mil personas son inocentes ante la ley, pero la autoridad las detuvo y ha usado la figura de prisión preventiva para mantenerlas en la cárcel sin juicio y sin que se haya probado alguna acusación en su contra.
El pretexto para aprobar la prisión preventiva oficiosa era que se combatiría la impunidad, pero hasta el momento nada ha cambiado. El 95% de los delitos siguen impunes, como dicen los propios datos oficiales.
También se dijo que frenaría la violencia, pero la mayoría de los detenidos están acusados de delitos menores. En la CDMX, por ejemplo, al 60% de los imputados se les señala por supuestos robos o narcomenudeo.
El resultado de los dos primeros años del endurecimiento de la prisión preventiva automática es que hay estados como Oaxaca o Ciudad de México con el 100% de las personas encarceladas en 2020 que ingresaron a la cárcel como presuntas culpables, sin juicio, ni sentencia.
Las mujeres, por si fuera poco, han sido las más afectadas: el encarcelamiento de mujeres ha crecido al doble del ritmo de lo que ocurre con los hombres. Hoy ya es mayor la cifra de mujeres presas sin sentencia, que la de aquellas que se probó que eran culpables y cuentan con una condena.
Meter a la cárcel antes de probar los delitos es una medida que debería ser solo la excepción.
Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa hoy es la regla.
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/
Cárcel a las personas más pobres y sin defensa adecuada: cada abogado de oficio lleva 300 casos
Lo primero que el abogado de oficio le dijo a July Raquel, tras su detención y traslado a una cárcel en Veracruz, fue que se quedara callada en la audiencia ante el juez. Le explicó que no había tenido tiempo de estudiar su expediente, que tenía una larga lista de casos en espera y que para evitar que las cosas se pusieran peor, lo ideal era el silencio.
“Como yo nunca había estado en una situación así, y además estaba muerta de miedo y en shock, pues le hice caso y me quedé callada”, dice July Raquel en entrevista desde el penal.
El juez decretó la vinculación a proceso por la acusación de homicidio, pese a que July podía argumentar y mostrar que cuando ocurrió el delito ella estaba trabajando con su papá en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Pero se quedó callada y desde ese noviembre de 2020, está en prisión preventiva.
En México, son una minoría las personas que tienen recursos suficientes para tener acceso a una abogada o abogado privado que les brinde atención oportuna cuando por una denuncia, sin una investigación de por medio y mucho menos un juicio y sentencia, terminan en prisión preventiva.
Hasta el 80% de las personas que hoy están en prisión en el país no pudieron costear una defensa particular y, como en el caso de July Raquel, tuvieron que enfrentar al menos una parte del proceso con la de oficio. Esto, según los datos recabados en el estudio ‘El servicio profesional de carrera en Defensoría Pública en México’, elaborado por los investigadores Alberto Abad Suárez y Héctor Fix-Figuero.
Y los abogados de oficio pueden llevar hasta 330 casos al mismo tiempo.
Que no se tenga acceso a una defensa adecuada responde a dos factores. Primero, a que la mayoría de la población que está en prisión son personas pobres, con condiciones de vulnerabilidad económica y niveles educativos bajos, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Inegi.
Según esa encuesta, el 71% de la población en México que permanece en prisión sin una sentencia, no es profesionista, ni empresaria, ni funcionaria pública, sino que se dedican al comercio informal o el trabajo artesanal.
Antes de su encarcelamiento, el 70% de esa misma población aseguró que debe trabajar los siete días de la semana, sin descanso, para mantenerse.
Los datos del Inegi también arrojan que 6 de cada 10 personas en prisión no lograron tener acceso a estudios superiores a la secundaria por dificultades económicas, o porque tuvieron que cambiar el tiempo de escuela por trabajo, para llevar comida a casa. Más de la mitad de ellas están acusadas, ahora, de haber cometido un robo o de poseer pequeñas cantidades de droga para venderla.
Y si además de tener este perfil socioeconómico, la persona detenida es una mujer, como en el caso de July, entonces las probabilidades de que una detención derive casi en automático en una prisión preventiva se multiplican, como se detallará en la siguiente entrega de este reportaje.
Por ello, la mayoría no tiene más opción que recurrir a una defensa de oficio. Y las condiciones del sistema de Defensoría Pública, que está saturado y rebasado, son el segundo factor que lleva a que las cada vez más personas encarceladas en prisión preventiva no tengan acceso a una defensa adecuada.
Más de 300 casos para cada abogado y abogada de oficio
Martín Flores, papá de July Raquel, en cuanto se enteró de la situación de su hija viajó con lo puesto de la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo. De inmediato fue al encuentro del abogado de oficio para decirle que todo tenía que ser un error, que el día del homicidio él había estado trabajando con su hija y que había otros testigos que así lo acreditaban.
“Mire, yo no voy a poder defender a su hija. Busque un abogado particular”, cuenta que fue la respuesta que recibió.
Casi tres meses después, y solo tras pedir prestado, vender lo que pudo y buscar horas de trabajo extra, a Martín le alcanzó para contratar a un abogado particular que se enfocó en revertir lo hecho por el defensor de oficio y solicitó al juez que July pudiera declarar.
Que ella pudiera defenderse y negar su responsabilidad y participación en el homicidio ocurrió nueve meses después de haber sido encarcelada en prisión preventiva. “El abogado de oficio me perjudicó mucho”, lamenta July desde la cárcel. “Siento que nunca quiso defenderme. Más bien parecía que estaba en contra de mí”.
En Veracruz, en donde ella está en prisión, hay 42 abogadas y abogados de oficio para unos 7 mil 700 casos activos. Cada quien tiene, en promedio, 183 juicios simultáneos que atender y dar seguimiento, según datos oficiales.
Y Veracruz no es el peor, según información recabada en 16 entidades que cumplieron con entregar datos en solicitudes de información pública.
En Jalisco, por ejemplo, una abogada o abogado de oficio puede llevar 336 juicios simultáneos; en Nayarit, la cifra para un solo defensor o defensora es de 279 casos; en Puebla, 272; o en Baja California, 171.
En contraste, en Querétaro hay 53 defensoras y defensores públicos para 374 casos; un promedio de siete casos por persona.
Las cifras también reflejan que en ninguna de las 16 entidades que respondieron las solicitudes creció de manera significativa el número de personas defensoras, pese a que en 2020 la tasa de personas en prisión creció al ritmo más alto de los últimos 15 años, y a que en un solo año sumaron 14 mil nuevas personas privadas de la libertad, como te contamos en la primera parte de este reportaje.
De hecho, el número de abogadas y abogados públicos se ha mantenido igual en Veracruz —42, desde 2019— y en Guerrero —57, desde 2015—.
Mientras que la cantidad de defensoras y defensores públicos disponibles ha disminuido en estados como Yucatán —81 en 2017 y 66 este año—; Ciudad de México —de 527 en 2017 a 439 este año—; o Nuevo León —154 en 2015 contra 149 este año—.
Para Ángela Frías, experta penalista, el Sistema de Defensoría Pública enfrenta una grave crisis estructural. Ante la inmensa cantidad de casos acumulados, muchos abogados y abogadas de oficio optan por aplicar “defensas muy pasivas”, que consisten en recomendarle a la persona imputada que no declare, pues no tienen el tiempo para investigar y preparar un caso que acaban de recibir horas antes de la audiencia inicial, y que se suma a la inmensa fila de casos pendientes.
“Un defensor particular lleva dos o tres casos al mes”, plantea Frías. “Uno público recibe cinco o seis… en un solo día”.
En cuanto al presupuesto con el que operan las defensorías públicas, de las siete entidades que transparentaron esta información, en ningún caso hubo aumento de recursos. Por el contrario, mantuvieron igual los presupuestos, e incluso hubo casos como el de Nuevo León que aplicaron recortes: de 287 millones en 2020 a 281 este año.
El informe “Hallazgos: 2020. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, de la organización México Evalúa, identificó que del presupuesto anual que se destina para los operadores del sistema de justicia apenas 2% toca a las defensorías públicas: 3.9 mil millones de una bolsa de 177 mil millones.
Y algo similar sucede con los salarios de las y los abogados de oficio. De los trece estados que cumplieron con sus obligaciones de transparencia y entregaron la información a Intersecta y Animal Político, hay entidades como Baja California donde su sueldo neto en 2015 era de 20 mil 420 pesos, y seis años después sigue siendo exactamente el mismo. Mientras que en Puebla el salario era de 20 mil pesos en 2015 y ahora es incluso menor, 19 mil.
Además, hay enormes diferencias en lo que cobra un defensor o defensora pública dependiendo la entidad. En Guanajuato cobra 45 mil 647 pesos netos mensuales, y en Nayarit son 6 mil 221 pesos, casi siete veces menos.
Sobre este tema de los salarios, la investigación ‘El servicio profesional de carrera en Defensoría Pública en México’ apunta que en el 65% de los estados, estos profesionistas ganan menos que los agentes del Ministerio Público, pese a que la Constitución dice que deberían de ganar lo mismo. O que solo el 20% de ellos y ellas han recibido algún tipo de promoción o ascenso; solo el 36% tienen apoyos de jubilación o retiro, y solo el 37% hacen antigüedad.
La especialista Layla Gabriela Almaraz Olivares, señala que un defensor público es, antes que nada, un defensor de derechos humanos de todos los ciudadanos, y de ahí deriva la importancia de contar con un sistema de Defensoría Pública mucho más robusto.
“La prisión preventiva en personas que han sido víctimas de tortura tiene efectos terribles. Por eso las defensorías públicas son clave. Cuando una persona es detenida y más aún cuando es torturada y se enfrenta al poder punitivo del Estado necesita un aliado y esos son los defensores públicos. Más allá de las funciones que la ley marca los defensores somos, por naturaleza, defensores de derechos humanos”, dice Almaraz Olivarez, directora de Área de la Secretaría Técnica de combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
La penalista Ángela Frías, por su parte, plantea que una alternativa podría ser pedirle a los colegios y a las barras de abogados privadas que tengan un papel mucho más activo en la defensa de casos pro-bono, de manera gratuita y como un servicio a la sociedad.
El investigador Alberto Abad propone que las barras fijen porcentajes de este tipo de trabajo para sus abogados y abogadas. “Oye, ¿tú quieres ser miembro de la barra? Muy bien, pero tienes que dar el 20% de tu tiempo a casos pro-bono. Hasta ahora, la mayoría de barras no funcionan así”.
Además, la investigación de Alberto Abad arroja que también hay desorden administrativo en las defensorías públicas. Por ejemplo, en dos estados, la defensoría pública depende del poder judicial local; en cuatro, son organismos públicos desconcentrados; en cinco, son dependencias del gobierno local; en ocho son organismos desconcentrados, pero sectorizados en las secretarías de Gobernación locales; y solo en un caso dependen de la Consejería jurídica local.
Declararse culpable, una salida
A Gabriela la acusaron de robar 100 pesos. Su abogado de oficio le sugirió declararse culpable para hacer más corto el proceso y recibir una sentencia mínima. Ella se dice inocente, y quería que se revisaran las cámaras de videovigilancia para probarlo, pero aceptó la recomendación de su defensor.
Muchas personas como Gabriela, que no pueden pagar una defensa y llevan meses en prisión, optan por la recomendación de procedimientos abreviados, que se ha convertido en una salida cada vez más común para personas que están en prisión preventiva.
De acuerdo con datos de 21 estados que entregaron información pública, de 2019 a la fecha se resolvieron 161 mil 90 casos, pero de esos solo el 15% fueron por juicio. En el caso de Gabriela optó por declararse culpable y tener así un procedimiento abreviado.
El estudio “Hallazgos 2020: Seguimiento y Evaluación del Sistema Penal en México” realizado por México Evalúa muestra que, en 2020, en los estados 6 de cada 10 casos fueron cerrados con procedimientos abreviados, un número similar a lo que ocurre a nivel federal, de acuerdo con el censo de Impartición de Justicia Federal.
“Llama la atención el incremento en el uso del procedimiento abreviado, pues sin mecanismos de supervisión y control puede convertirse en una salida que incentive la fabricación de culpables”, alerta el estudio de México Evalúa.
Para las personas que escogen pelear por su inocencia, el costo es muy alto: mantenerse en prisión por meses o años, esperando que al final la resolución sea favorable.
Los datos oficiales obtenidos por Intersecta y Animal Político para esta investigación revelan que la proporción de personas que salieron absueltas de prisión en 2019 y 2020 por falta de pruebas supera en todos los casos —robos, narcomenudeo, secuestros y hasta homicidios— a aquellas que cumplieron con una condena. A nivel federal, 1 de cada 3 sentencias dictadas en un juicio son de total absolución.
Probar que no se cometió un delito es posible, pero implica años que hay que sobrevivir tras las rejas, muchas veces con una abogada o abogado que no tiene tiempo suficiente para seguir el proceso, y con los retos que implica la vulnerabilidad económica de las familias.
“Esta situación no solo destroza la vida de la persona que está presa. También destroza la vida de los demás, de toda la familia”, lamenta Martín, padre de July Raquel; que cada noche duerme pensando qué otras chambas pueden hacer él y su familia para sacar el dinero suficiente que le permita afrontar los gastos de la prisión preventiva de su hija y pelear para defender su inocencia.
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/pobreza.html
La cárcel es la regla: se acabaron los inocentes, van a prisión 85% de los detenidos sin probar el delito
Gabriela pasó seis meses en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de robar 100 pesos. En el Ministerio Público le dijeron a ella y a su entonces pareja —a quien también detuvieron— que los mandarían a prisión porque habían cometido un robo con violencia. Su abogado de oficio, con cientos de casos más por atender, le sugirió declararse culpable para recibir una sentencia mínima, aunque el denunciante nunca volvió a presentarse y ella asegura que es inocente. Todavía le faltan dos años más de ir a firmar cada mes al reclusorio, y aún hoy le debe a su hermano los 5 mil pesos que le prestó para la multa que le impusieron.
Viridiana tuvo peor suerte. Pasó 4 años y seis meses en penales federales señalada de tráfico de personas, dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos que ameritan prisión preventiva automática. También detuvieron a su mamá. Las dos fueron declaradas inocentes.
Guadalupe estuvo dos años y dos meses en prisión preventiva, acusada de ser cómplice de la violación de su propia hija. Cuenta que tuvo que aprender de leyes mientras estuvo en la cárcel, porque después de pagar un abogado particular que nada resolvió, turnaron su expediente a uno de oficio que no conocía el caso y poco hizo para defenderla. Enfrentaba una posible pena de 40 años, así que ella misma diseñó su defensa y recopiló pruebas, hasta que demostró su inocencia. Fue absuelta.
La cárcel es la regla
Aunque estos casos pudieran parecer extremos o únicos, las estadísticas oficiales muestran que no lo son: de las 108 mil 655 personas encarceladas el año pasado, al 85% no se les había probado que hubieran cometido algún delito. Solo se les aplicó la prisión preventiva: vas a la cárcel mientras termina la investigación y ocurre el juicio.
Como a Gabriela, Viridiana, Guadalupe.
Si al final se te declara inocente, ganas un “usted disculpe”.
Es decir, en México, hoy se puede encarcelar a cualquiera, aunque no se haya comprobado que cometió un ilícito. Basta una denuncia, una indagatoria inconclusa, un arma en supuesta posesión del imputado y pruebas mínimas para que un juez decrete prisión preventiva.
Y en este gobierno, la cifra de personas que así terminan en la cárcel se ha disparado.
En 2020 la tasa de personas privadas de su libertad en México creció 3.1%, que equivale a 14 mil internos más en comparación con los que había un año antes.
Es el mayor crecimiento anual de población penitenciaria en 15 años, impulsado por ese encarcelamiento sin investigación, juicio, ni sentencia.
La prisión preventiva oficiosa como medida cautelar ya existía en México, pero en 2019 una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada en el Congreso por una oposición dividida, pero por legisladores de todos los partidos, sirvió para ampliar a 20 los delitos por los que se puede aplicar.
Es decir, se puede encarcelar a alguien de forma automática al ser señalado de haber cometido uno de los delitos de la lista.
El costo de la reforma en Ciudad de México, por ejemplo, es que el 100% de las personas recluidas en prisión durante 2020 no tuvieron un juicio, ni se les probaron los delitos. Solo prisión preventiva.
En Oaxaca es aún más crítico, porque van dos años —2019 y 2020— en los que solo han sido recluidos en la cárcel presuntos culpables, ninguna persona que haya cometido un delito probado.
La prisión preventiva, que debería ser la última de las 14 excepciones que la ley contempla para limitar el movimiento de una persona inocente que enfrenta un proceso, en realidad se ha convertido en la regla: en todos los estados se encarcela cada vez más con este pretexto.
Y la autoridad lo celebra. Apenas el 14 de octubre pasado, la fiscalía de la CDMX presumió que cada día 63 personas van a la cárcel gracias a la prisión preventiva. Esas 63 personas permanecerán encarceladas mientras se realiza el juicio. Y si tienen la mala suerte de Viridiana podrán pasar 4 años y medio en prisión y al final recibir un “usted disculpe”.
Crecimiento acelerado
Las cifras de los poderes judiciales de 21 estados —el resto se negó a entregar información— muestran que las prisiones preventivas dictadas en 2019 y 2020 crecieron 25.5% respecto a las de dos años antes de la reforma.
Y a nivel federal el disparo fue del 26.4%.
¿La primera consecuencia? El crecimiento sostenido de la población penitenciaria. En 2019, por primera vez en cinco años, se encarceló a más personas de las que se liberó. Y lo mismo pasó en 2020, con todo y crisis sanitaria por COVID-19.
Al revisar a detalle los datos del aumento en población penitenciaria, resulta que el crecimiento ocurrió solo en las personas recluidas sin sentencia, con una tasa que pasó de 86.9 personas presas por cada 100 mil adultos en enero de 2019, a 106.4 al corte de agosto pasado, 22.4% más.
En contraste, la tasa de personas privadas con sentencia —es decir, a quienes ya se les probó que cometieron un delito— se mantuvo estable pasando de 141.6 a 141.7 durante este mismo periodo.
Y no solo eso. Los datos de esos 21 poderes judiciales permiten estimar que entre enero 2019 y julio de este año, apenas el 18.2% de las personas que están en la cárcel tienen un juicio, pues hubo 24 mil 957 condenas tras juicios orales, contra 136 mil 918 prisiones preventivas.
Si lo vemos a nivel federal, con los datos del Consejo de la Judicatura Federal, la situación es mucho más alarmante. De 2017 a la fecha se han dictado 18 mil 153 prisiones preventivas y solo 753 han recibido una sentencia en juicio: apenas el 4.2%.
“En su momento distintas colectivas, personas e incluso autoridades internacionales advirtieron que la reforma no reduciría la violencia y no reduciría la impunidad, solo aumentaría el número de personas en prisión preventiva. O sea, ni aumentó el número de personas condenadas, ni empezamos a mejorar el trabajo de las fiscalías”, subraya Estefanía Vela, directora de Intersecta.
Ni se reduce la violencia ni baja la impunidad, lo confirman los datos.
Prisión a destajo, evidencia sembrada
Araceli, originaria de Hidalgo, fue detenida y puesta en prisión preventiva durante 2 años y 10 meses, señalada de pertenecer a una banda de tratantes de mujeres.
La detuvieron una madrugada mientras trabajaba como cajera en un centro nocturno en la zona centro de la CDMX. Además de ella, se detuvo a 30 personas más: entre meseros, lavadores de losa y baños, seguridad y conserjes.
Una noche, después de haber sobrevivido una jornada más en prisión, recibió la llamada de su entonces abogada de oficio que le dijo que se preparara porque saldría libre. Y así fue. Sin más.
“Te vas libre. En el amparo al auto de formal prisión sale que te vas libre por falta de elementos para procesar”, narra Araceli. “Como si nada hubiera pasado durante casi tres años… ‘firma que ya te notificamos y te vas libre’”.
A Araceli la acusaron de delitos que son considerados “graves” y que, por lo tanto, ameritan prisión preventiva sí o sí. Pero los datos obtenidos para esta investigación muestran que la prisión preventiva va en ascenso aún cuando no entren en esa categoría. En el caso de robo, lesiones, portación de arma o de drogas al menudeo, la cifra de personas encarceladas sin que se les haya probado el ilícito supera a la de condenados.
Gabriela, a dos años de distancia de su encarcelamiento por un robo de 100 pesos, explica que una parte fundamental que originó la pesadilla que vivieron ella y su entonces pareja fue que policías los acusaron de que el supuesto robo se cometió con un cuchillo.
Cuenta que se sintió impotente, que poco importó que en la audiencia inicial del caso negara ante el juez que el arma fuera suya, o que pidiera que le mostraran pruebas. Nadie la escuchó.
“Yo pedía que presentaran las cámaras de videovigilancia, porque sabía que con eso me iba absuelta para mi casa. Pero nunca llegaron esas pruebas”, reprocha Gabriela.
Datos del Poder Judicial de la Ciudad de México —en dónde el año pasado solo se encarceló a presuntos culpables—, muestran que 6 de cada 10 personas a las que se les dictó prisión preventiva fue por acusaciones de robo, principalmente a transeúnte, y por narcomenudeo.
Pero aún cuando son delitos menores, hay testimonios —como el de Gabriela— que acusan a los policías de ‘agravar el delito’ sembrando un arma para decir que lo hicieron con violencia.
De esta forma ya no hay necesidad de probar mucho más. Van directo al reclusorio.
Los datos obtenidos con solicitudes de información pública muestran que la prisión preventiva no era a principios de 2019 la medida cautelar que más se aplicaba en delitos de drogas o robo. De hecho, representaban apenas el 25% de las medidas cautelares para las personas procesadas por esos delitos.
Pero al cierre del año pasado, este porcentaje ya se había duplicado.
La experta penalista Ángela Frías Acevedo, que ha litigado activamente en el actual sistema penal, advierte que, si bien la Constitución avala la prisión preventiva incluso automática, aplicarla a destajo resulta violatorio de convenciones internacionales de derechos humanos, pues, en los hechos, se está encarcelando a inocentes por millares sin un juicio.
Los datos del Poder Judicial de la Ciudad de México, la segunda entidad con la mayor cantidad de personas presas en el país, muestran que en 2018 los jueces dictaron 7 mil 781 prisiones preventivas, pero para 2020 ya fueron 10 mil 081.
Y de las 14 mil prisiones preventivas extra, el 60% corresponden a robos y narcomenudeo.
Los encarcelamientos por robo aumentaron de 6 mil 217 a 9 mil 928. Y en el caso de los presuntos culpables que terminaron en prisión por traer drogas, el crecimiento es mucho más dramático: de 597 casos se pasó a 4 mil 927; un disparo del 725%.
“Muchas veces se cree que si tenemos 20 carpetas de investigación y tenemos 20 detenidos, entonces hay efectividad y no hay impunidad, cosa que evidentemente no ocurre así”, explica la penalista Ángela Frías.
Ella reitera que la prisión preventiva no es más que una medida cautelar para garantizar que una persona que sigue siendo inocente esté presente en un proceso y que no represente un riesgo para las víctimas.
Por eso debería usarse solo en casos extremos, cuando haya un riesgo real de fuga, por ejemplo. Pero las autoridades, hoy lo venden como si fuera sinónimo de justicia.
Hoy en la cárcel son más las mujeres inocentes que las condenadas, un efecto de la prisión preventiva
Araceli recuerda los días en el penal de Santa Martha Acatitla como los peores de su vida.
Si tenía suerte, había noches que dormía en un rincón del cuarto que compartía con más de una decena de mujeres; otras lo hacía afuera, en una especie de patio trasero en donde el frío pegaba fuerte y los animales campaban a sus anchas.
“Había chinches por todas partes”, recuerda en entrevista.
Se bañaban con agua fría y turbia que a veces estaba llena de gusanos. Si quería hacerlo con agua limpia y caliente debía pagar 10 pesos por un bote de 20 litros. Y la comida era peor: “estaba cruda o echada a perder”, dice.
Los peores días de su vida sumaron dos años y diez meses.
Tiempo que pasó en el penal, aún cuando no estaba condenada.
Su caso inició cuando policías encapuchados entraron con violencia al centro nocturno donde trabajaba como cajera. Se la llevaron junto con otras 30 personas, acusada de ser parte de una red de tráfico de mujeres.
El delito de trata, por el que fue acusada Araceli, es uno de los que tienen prisión preventiva oficiosa, una medida que lleva al encarcelamiento automático de las personas mientras son investigadas.
En estos casos, ni siquiera es necesario que las fiscalías tengan concluidas sus investigaciones y estén listas para acusar. Encarcelan primero, y supuestamente investigan después, sin que las personas puedan exigir una alternativa para llevar sus procesos en libertad.
Dos años y 10 meses después de que le dictaron la prisión preventiva, Araceli recibió una llamada de su abogada de oficio. “Hoy mismo sales libre”, le dijo.
Esa noche le ordenaron firmar el amparo contra el auto de formal prisión que indicaba que dejaría la cárcel por falta de pruebas. No le dieron mayor explicación. “Y ya. Eso fue todo. Parecía como si nada hubiera pasado durante casi tres años. Solo me dijeron ‘firma aquí, y aquí, y vete. Eres libre’”.
La prisión preventiva oficiosa ha sido condenada a nivel internacional por violar derechos humanos. Pero en 2019, en lugar de buscar su eliminación, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Esta reforma ha tenido un resultado desigual y ha afectado más a las mujeres.
En proporción, son más las mujeres que los hombres que están en la cárcel acusadas de cometer delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de “delitos graves”, como los llama el presidente. Para el fin de 2019, por ejemplo, de las mujeres en prisión preventiva, las que estaban acusadas por estos delitos ascendió ya al 50%, seis puntos por encima de los hombres.
Así como más mujeres entran a prisión sin haber sido condenadas que hombres, también son más las que acaban saliendo sin que se les haya podido comprobar el delito, como Araceli.
Por ejemplo, según el Censo del Sistema Penitenciario, el año pasado, 4 de cada 10 hombres que salieron de prisión lo hicieron habiendo sido condenados. En mujeres, apenas 2 de cada 10 estaban en esta circunstancia. El resto fue absuelta, accedió a soluciones alternativas o simplemente fue liberada, sin más.
Con la reforma de 2019, las mujeres se quedan sin opciones
Las mujeres siguen representando menos del 10% de toda la población penitenciaria, pero lo que ha sucedido con ellas es especialmente grave si se compara la proporción de las que están en la cárcel con condena, frente a las que son inocentes en prisión preventiva.
Para empezar, desde que se aprobó la reforma sobre prisión preventiva oficiosa, en abril de 2019, y hasta agosto de este año, que es el último mes para el cual hay datos, el número de mujeres que está en la cárcel con una condena apenas ha crecido en un 2.4%. Pero el número de mujeres en prisión preventiva ha crecido en un 37%. Si bien en los hombres se ve una tendencia similar, el aumento de aquellos en prisión preventiva apenas ha sido del 21%. La rapidez, en otras palabras, con la que las mujeres en prisión preventiva han crecido ha sido de casi el doble que los hombres.
El resultado es que hoy en la cárcel son más las mujeres inocentes que las condenadas. Algo que no ocurre con la población penitenciaria de hombres. Por ejemplo: para agosto de este año, del total de hombres privados de la libertad, el 42.3% estaban ahí sin haber sido condenados. ¿En el caso de las mujeres? El porcentaje asciende a 52.3%.
Tomando agosto de este año como referencia, esta disparidad puede verse en 31 de los 32 estado del país y nivel federal: siempre, en proporción, hay más mujeres en prisión preventiva que en hombres. Hay entidades en las que la brecha es inmensa, como es el caso de Baja California Sur, en donde de las mujeres encarceladas, el 70.6% no tenían condena, en comparación con el 44.4% de los hombres.
¿Cómo se explica esto? La clave está en los niveles de encarcelamiento de mujeres por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que son justamente los que se ampliaron en la reforma aprobada en 2019.
Un cálculo hecho por Intersecta, a partir de los datos de los censos nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios de Inegi, arroja que en 2019 la proporción de los delitos atribuidos a las personas en prisión acusadas por conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa alcanzó el 44.3%, siete puntos porcentuales más que el año anterior a la reforma.
Pero al revisar sólo los casos de mujeres, el crecimiento es mucho mayor: el universo de las que están en prisión preventiva automática llegó al 50.3% en 2019, cuando cuatro años antes, por ejemplo, era de 36.2%. Es una diferencia de 14 puntos. El doble.
Esto incluye a mujeres como Araceli, acusadas de trata.
También incluye a mujeres como Guadalupe, encarcelada preventivamente por que se le estaba investigando por ser cómplice de la violación de su propia hija.
O mujeres como Viridiana, que fue enviada a prisión preventiva por actos de tráfico de personas sin documentos, dinero de procedencia ilícita y hasta delincuencia organizada.
En los tres casos, las mujeres fueron absueltas.
“Lo que estamos viendo una y otra vez es que, cuando hay una opción entre ir o no a prisión, las mujeres son más beneficiadas: tienen más acceso a salidas alternativas, por ejemplo, o son más absueltas. Pero la prisión preventiva oficiosa justo impide que haya una opción. Te vas a la cárcel, porque te vas a la cárcel, sin importar tu contexto. Impide que se juzgue con perspectiva de género,” dice Estefanía Vela, directora de Intersecta.
“Las mujeres son el ejemplo perfecto de un sistema que, al final, te va a absolver, que no te va a poder probar un delito porque la impunidad prevalece; pero que, en lo que te absuelve, ya pasaste seis meses, un año, dos o más en la cárcel”, apunta.
Falsos resultados, la impunidad sigue
Viridiana estuvo encarcelada durante dos años en un penal de Tepic, Nayarit y después la trasladaron a Morelos, en donde permaneció dos años y un par de meses. Cuenta que cuando le notificaron que había sido absuelta y que sería puesta en libertad, le entregaron un tríptico del Instituto de Reinserción Social de la CDMX. En este lugar la ayudarían para recuperar su vida y encontrar un empleo, le dijeron.
“Cuando salgo me doy cuenta de que había perdido mi casa, que el gobierno aplicó la extinción de dominio sin que yo hubiera sido sentenciada. Lo perdí todo”, lamenta.
Uno de sus hermanos le prestó dinero para el pasaje y que pudiera ir al Instituto de Reinserción Social de la CDMX.
“Llego y me dicen: ‘sí, fíjate que sí te podemos apoyar, ¿en cuál reclusorio estuviste, en Santa Martha?’, cuenta que le preguntaron. “No, sí soy de la Ciudad de México, pero estuve en una prisión federal, en Morelos”. Entonces le negaron el apoyo, pues, le explicaron, el programa se enfoca solo en personas que salen de penales de la capital del país.
En ese momento solo sintió que, para ella, habría pocas oportunidades para salir adelante. Fueron más de cuatro años en prisión, la absolvieron, la declararon inocente, pero el daño estaba hecho.
“Empecé a ver la forma de buscar trabajo, pero tenía delincuencia organizada. Los antecedentes nunca se quitan. Aunque salgas absuelta, vas a traer esa marca”, dice Viridiana.
Ángela Frías, experta penalista, dice que el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa es para dar un falso mensaje de “buenos resultados”.
“Es la medida cautelar más usada, un poco en este afán de decir estoy dando buenos resultados: ‘todos miren, todos están en la cárcel’. Entonces, la sociedad percibe que si la gente está en prisión, ah, entonces ya se acabó la corrupción, ya se acabaron los delitos, ya está encerrado, ya está pagando. Y la verdad es que esto no ocurre así, porque muchas personas que están siendo investigadas y fueron vinculadas a proceso, ni siquiera llegan a sentencias condenatorias”, explica.
La reforma para ampliar los delitos de prisión preventiva fue promovida por el presidente López Obrador como una solución para disminuir los crímenes en el país y acabar con la impunidad.
Los datos muestran una realidad muy distinta: una mayoría de personas sin condena son las que llenan las cárceles y, en el caso específico de las mujeres, muchas de las que pudieran llevar su proceso en libertad, ahora tienen que sobrevivir meses o años en prisión antes de ser absueltas.
Pero, además, la impunidad prevalece. Según información pública que entregaron 21 estados, de enero de 2019 a junio de 2021 se iniciaron 3 millones 767 mil 423 carpetas de investigación por delitos denunciados ante las Fiscalías. Pero en el mismo periodo se resolvieron 177 mil 514 casos en juzgados, ya sea con sentencias o salidas alternas.
Apenas el 4.7% de los casos.
Aún con el encarcelamiento acelerado de presuntas culpables, el histórico 95% en niveles de impunidad continúa.
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/mujeres-inocentes.html
Morir en la cárcel: uno de cada tres fallecidos en prisión en 2020 era inocente
Uno de cada tres internos que fallecieron eran personas presas a las que no se les había probado un delito. Es decir, murieron siendo legalmente inocentes.
El 2020 fue un año letal para las personas encarceladas en México. El número de personas en prisiones aumentó y el de egresos fue el más bajo en una década, lo que provocó que se aumentaran también los decesos de internos.
En 2020 la pandemia del coronavirus disparó la muerte en todo el país, dentro de las cárceles la letalidad también se incrementó. Ese año, 870 internos fallecieron en las cárceles del país, lo que significa un aumento de más de 131% respecto a lo registrado apenas un año antes, cuando habían perdido la vida 376 personas, según datos de los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria.
A nivel nacional el incremento de muertes fue de 45%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunque los datos mensuales que publica el organismo responsable de la política penitenciaria no permiten identificar las razones de los decesos, los números revelan que 2020 fue, por mucho, el año más mortífero para las personas presas en el país en el siglo XXI.
La segunda cifra anual más alta de decesos se registró en 2011, cuando se reportaron 610 personas privadas de la libertad fallecidas, que son más de 250 muertes por debajo de lo que se registró el año pasado.
Por estado, en 24 de las 32 entidades las tasas de decesos de internos en los penales son las más altas de los últimos 14 años. Los penales de la Ciudad de México acumulan la mayor proporción de los decesos registrados: el 21% del total ocurrieron justamente en la capital.
En el primer año de la pandemia - entre marzo de 2020 y abril de 2021 - murieron mil 44 personas encarceladas. De ellos, 326 fallecidos estaban en prisión preventiva, lo que revela que prácticamente 1 de cada 3 personas muertas en la cárcel durante la pandemia era inocente, pues no les habían probado todavía que habían cometido un delito.
La ecuación al revés
Contrario a lo ocurrido en otros países donde se implementaron acciones para despresurizar sus cárceles ante el alto riesgo de contagio de COVID-19, en México la estrategia fue la contraria: más de 100 mil personas ingresaron en 2020 a las prisiones, la mayoría sin probar que eran culpables. Al mismo tiempo los egresos disminuyeron casi 11%.
Este aumento en la población penitenciaria comenzó en 2019 con la aprobación de las reformas que ampliaron los delitos de prisión preventiva automática, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El año pasado ingresaron a todas las cárceles federales y locales del país 108 mil 655 personas, mientras que los egresos fueron apenas 91 mil 635, según datos del Inegi, la cifra más baja en lo que va del siglo. Esto provocó que la brecha entre ingresos y egresos fuera de 17 mil 20 internos en total.
De acuerdo con especialistas de Intersecta, uno de los fenómenos que explica la diferencia entre ingresos y egresos fueron las decisiones políticas que se tomaron durante la pandemia: se mantuvieron funcionando casi en total normalidad los juzgados de control responsables de dictar las prisiones preventivas, pero se pararon actividades por varias semanas de los juzgados de ejecución que son los que dan luz verde a las liberaciones.
“Esto te dice muy claro cuales eran las prioridades aun en la pandemia. Era mantener funcionando el sistema responsable de meter a la cárcel a personas en prisión preventiva, pero no así a la otra parte que eran los encargados de liberar a los internos” dice Estefanía Vela, directora de Intersecta.
Aunque se buscaron soluciones como la ley de Amnistía resultaron un fracaso: para diciembre de 2020 no se había conseguido liberar con ella a ninguna persona presa, pero la cifra total de personas privadas de la libertad ya traía un incremento de más de 14 mil respecto a lo registrado en enero.
Con esta ley solo se ha logrado liberar a cinco personas, ninguna de ellas en 2020.
Este aumento terminó con la tendencia que se había logrado mantener por cuatro años. Entre 2015 y 2018 salieron de las cárceles más personas al año de las que ingresaron, lo que permitió ir aliviando los niveles de hacinamiento y sobrepoblación que había en las prisiones del país.
El problema fundamental, reconoce Vela, es que disposiciones como la Ley de Amnistía u otros anuncios que se han hecho para liberar personas no pueden beneficiar a aquellas detenidas por delitos de prisión preventiva oficiosa, los cuales a iniciativa del gobierno y con el apoyo del Congreso cada vez son más amplios. En consecuencia, son medidas que resultan inútiles para frenar los crecientes encarcelamientos.
Prisiones sin datos ni planes ante COVID
Entre abril y noviembre de 2020 murieron por COVID 143 personas privadas de su libertad en penales locales y federales de 23 estados. 60 de esos decesos, que equivalen a más del 40%, se registraron solo en las cárceles de Ciudad de México, uno de los estados con mayores tasas de muertes y contagios.
Casi el 50% de los internos fallecidos por este virus tenían más de 60 años de edad; un 30.5% eran de 50 a 59 años. Le siguen los de 30 a 39 que acumularon el 8.5% de los decesos, según información entregada por 23 estados a través de solicitudes de información.
De acuerdo con Intersecta estos datos, aunque dan algunas pistas del perfil y sitios de ocurrencia de los decesos, resultan incompletos para presentar una radiografía completa del impacto del COVID-19 en las cárceles.
Aunque se solicitó vía transparencia, a todos los estados y la Federación, el número de personas en prisión que murieron por la COVID, 10 no respondieron: Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco, Tabasco y Zacatecas.
En cuanto a contagios, los datos proporcionados por las entidades permiten estimar que a lo largo de 2020 hubo cuando menos tres mil contagios de esta enfermedad dentro de las cárceles del país. “Considerando las tasas bajas de pruebas en la mayoría de los estados, es muy probable que esta cifra sea más alta”, advierte Intersecta.
También se solicitó a todos los estados conocer sus planes, estrategias y/o fechas de vacunación. Hubo siete estados que no respondieron nada, entre ellos nuevamente el estado de México, Puebla e Hidalgo.
El común denominador de los que sí respondieron fue la falta de cualquier estrategia específica de vacunación al interior de los centros penitenciarios y de información en general. No se obtuvo ninguna estimación, cálculo, certeza plan concreto relacionado con la inmunización de las personas presas.
“Lo que podemos afirmar con esta investigación es que, a pesar del impacto de la pandemia en las personas privadas de la libertad, no se consideró, en ningún momento, que ameritaban una política de vacunación urgente y específica. Y que, como sea que haya ocurrido el proceso de vacunación, este no fue parte de un plan detallado. Ocurrió como se pudo, cuando se pudo”, concluyó el análisis de Intersecta.
Datos viejos, contradictorios, inexistentes: la opacidad que satura las prisiones en México
Se carece de información completa y actualizada que permita conocer los delitos por los que las personas están en prisión, y cuál es el estatus de cada caso. La mayoría de los estados no responde pese a sus obligaciones de transparencia en información pública.
Conocer la situación en la que están las personas en las cárceles en México –desde los delitos por los cuales se le acusa o si ya fueron sentenciados, hasta si padecen alguna enfermedad o se han contagiado de COVID-19—, es una tarea prácticamente imposible en el país.
Datos incompletos o contradictorios, estadísticas disponibles solo con meses o años de retraso; falta de metodología sobre cómo se registran y se procesan los conceptos; o de plano que no existen porque no se miden, son el común denominador de la información sobre prisiones que debería ser pública.
La investigación que Intersecta y Animal Político realizaron para conocer el efecto de la prisión preventiva, se encontró con este tipo de obstáculos que impiden mostrar una fotografía completa y actual de las condiciones en que se encuentran el 100% de las personas encarceladas en el país.
Los datos más completos son los que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus censos y encuestas, sin embargo, con meses o años de retraso. Por ejemplo, el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2021 apenas se presentó esta semana, pero con datos que corresponden a 2020. O la Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad que se presentará en diciembre, cinco años después de la última edición que fue en 2016.
El Inegi se apoya en la información que entregan los mismos estados. Sin embargo, en el desarrollo de este reportaje destacó que los datos que se entregan en respuesta a solicitudes de transparencia difieren de los que se reportan ante el Inegi, pese a que la fuente es la misma.
Y hay casos extremos como el del Estado de México, que no dio respuesta a ninguna de las 11 solicitudes de información que Intersecta le envió a su poder judicial, a su autoridad penitenciaria y a su dependencia de salud. Otros estados sí responden, pero predominan los datos incompletos o en formatos que no permiten procesarlos.
“Ninguno de los mecanismos al alcance de la ciudadanía fue suficiente para conocer la situación de las personas en prisión. Ni la transparencia activa (la obligación que de por sí tienen las autoridades de informar), ni la proactiva (la responsabilidad de hacerlo frente a una situación de crisis), ni la reactiva (nuestro derecho a preguntar y su obligación de responder) nos permite lograr este objetivo”, se concluye en el informe "Sin datos, ni derechos" de Intersecta y el Programa de Política de Drogas del CIDE.
Preguntas sin respuesta
Para conocer la situación jurídica en la que se encuentran las personas encarceladas en México, Animal Político envió 32 solicitudes de información a los poderes judiciales de los estados y una más al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Se pidió información desglosada sobre vinculaciones a proceso, prisiones preventivas otorgadas y por qué delitos, salidas alternas y procedimientos abreviados, sentencias condenatorias y absolutorias, entre otros.
Solamente 21 de las entidades federativas y el CJF respondieron con datos que fue posible procesar. El resto de las entidades o no respondieron la solicitud, o entregaron informes distintos a los que se les requirieron.
Pero, además, entre los estados que sí entregaron información hubo varios que no lo hicieron de manera completa. Por ejemplo, solo doce entregaron algún desglose de los delitos por los cuales ampliaron prisiones preventivas o se dictaron sentencias. Y sólo cinco entidades diferenciaron entre prisiones preventivas justificadas y las oficiosas.
El Poder Judicial de Ciudad de México es el que entregó las bases más amplias y detalladas de información, aunque se identificaron errores e incongruencias. Por ejemplo, los datos de prisión preventiva que entregó triplican en algunos casos a las personas que realmente están en esa situación en cárceles de la ciudad.
El organismo explicó que los datos pertenecen a casos y no personas —y que una persona puede tener varias prisiones preventivas—. Aun así, y gracias a un número de identificador que se le asignó a cada caso, se pudo advertir que hay muchos registros repetidos.
Por otro lado, se enviaron solicitudes a los 32 estados requiriendo diversos datos sobre sus defensorías públicas, desde presupuestos y salarios, hasta el número de defensores y los asuntos que atienden. Esto de 2016 a la fecha. En todos los casos se trata de información de carácter público y comprendido dentro de las obligaciones de transparencia.
Pero sólo 16 entidades, la mitad, entregaron los datos que se solicitaron, aunque la mayoría de ellos incompletos. Por ejemplo, nueve defensorías no proporcionaron datos sobre sus presupuestos, y cuatro estados tampoco respondieron sobre los salarios de sus defensores de oficio.
Intersecta envió 364 solicitudes de información a todos los estados y a nivel federal para conocer desde la situación jurídica de las personas en prisión, hasta las medidas implementadas por la pandemia de COVID-19, la vacunación en los centros, los decesos, entre otros. En promedio fueron hasta 11 solicitudes por cada una de las entidades federativas.
La conclusión es la misma: la mayoría de los estados no entregaron la información completa. Muchas entidades, aunque sí aportaron datos, no lo hicieron en formato abierto, por ejemplo, lo que impide procesar los datos y compararlos.
El Estado de México es el foco rojo, al no haber contestado ni una de las once solicitudes que se enviaron. En cambio, Sonora fue el único estado que atendió todos los requerimientos. Los organismos federales como el Poder Judicial o la Secretaría de Salud atendieron diez de las once solicitudes. Oaxaca, Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí entregaron datos en un promedio de 6 a 8 solicitudes.
“El resto de las entidades federativas, que suman 21, fueron incapaces de responder completamente a cinco o más solicitudes. Entre ellas destacan Hidalgo, que de las tres solicitudes a las que dio respuesta, las tres fueron respuestas incompletas, y Querétaro, que únicamente ofreció la información de manera completa para una de las siete solicitudes a las que respondió”, destaca el informe de Intersecta.
La organización también identificó que aún dentro de la misma entidad existen contradicciones o datos incompletos entre lo que, por ejemplo, informaba el poder judicial, de lo que reportaba la fiscalía o la autoridad responsable de los centros penitenciarios.
A todo ello se añade que debido a la pandemia sanitaria hubo suspensiones de plazos para responder solicitudes. Y mientras hubo estados donde dichas suspensiones se extendieron hasta por seis meses, en otros como Oaxaca las restricciones continuaron hasta entrado el 2021.
“El ejercicio del derecho de acceso a la información pública a través de la realización de solicitudes no es consistente, ni siquiera, dentro de las entidades federativas. Es decir, en un mismo estado, es posible que haya ciertas autoridades que sean capaces de procesar las solicitudes de acceso a la información pública de una manera expedita y adecuada, mientras que otras autoridades no cuenten con la capacidad técnica para darles seguimiento”, añade Intersecta.
Informes públicos… pero lentos e incompletos
Diversas instancias federales y locales publican proactivamente datos relacionados con las personas en prisión y la situación en las cárceles, sin necesidad de que haya solicitudes previas. Esto en cumplimiento con disposiciones y obligaciones de las leyes de transparencia. No obstante, dicha información también presenta diversas deficiencias.
Por ejemplo, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social elabora el cuaderno mensual de estadística penitenciaria donde se incluyen datos relacionados con la cantidad de personas presas, si cuentan o no con sentencia, en que centros penitenciarios se ubican, entre otros. También se revela cuántos incidentes hay en cárceles y la cifra de reos que fallecieron.
Sin embargo, con frecuencia no se publican con la oportunidad suficiente o se hace con dos a tres meses de retraso. Los documentos tampoco incluyen, por ejemplo, información de los delitos por los cuales las personas están presas, o la causa de muerte de los internos.
El Inegi cuenta con la Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad (ENPOL) para conocer diversas situaciones de las personas presas, como el trato recibido. Pero la única edición disponible corresponde a 2016 y será hasta diciembre de este año cuando se actualicen los datos.
“Desde hace al menos una década contamos con datos sobre los centros penitenciarios y sobre las personas privadas de la libertad en nuestro país. Esta información, sin embargo, no es suficiente para conocer a detalle quiénes son las personas privadas de la libertad o por qué razón se encuentran en prisión”, dice Intersecta.
Animal Político también identificó deficiencias en los datos que los órganos penitenciarios, las fiscalías y las defensorías públicas deben de dar a conocer en la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque existen categorías para identificarlos fácilmente, los vínculos a los que se redirige a la persona generalmente no sirven o cuenta con información obsoleta.
¿Y los datos de la emergencia?
Luego de la irrupción de la crisis sanitaria por COVID-19 diversas instancias y dependencias oficiales impulsaron iniciativas para generar información en torno a la velocidad de los contagios y su impacto. En dichos esfuerzos las cárceles quedaron, de nueva cuenta, en un segundo plano.
Por ejemplo, aunque el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) diseñó desde el año pasado un micrositio para dar a conocer datos de interés sobre la pandemia y respuestas a solicitudes realizadas, no se ofreció información sobre los centros penitenciarios ni las personas. Como tampoco lo hizo ningún gobierno.
Quien sí comenzó a generar información periódicamente fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través del “Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios”. Periódicamente se comenzó a informar sobre casos sospechosos y confirmados, así como riñas y decesos.
Sin embargo, los datos presentan problemas y deficiencias que no permiten un análisis más completo. Por ejemplo, no se difunden a través de datos abiertos, y ni siquiera como un informe en la página de la CNDH. Por el contrario, se da a conocer a través de redes sociales solo con imágenes cuyas variables, en ocasiones, sufren modificaciones.
Intersecta además identifica que a esos datos les hace falta mayor nivel de desagregación. Por ejemplo, en lo relacionado con contagios, decesos y vacunas los datos solo se presentan en informes por estado, pero no por centro penitenciario, lo que impide a su vez ver la posible correlación del fenómeno con los niveles de hacinamiento en ciertas prisiones.
“Ante una situación de emergencia, el derecho de acceso a la información se vuelve fundamental para conocer qué está pasando y cómo está impactando de manera desproporcionada, o no, a ciertas personas. Por ello, era crucial que el Estado informe sobre los efectos de la pandemia dentro de los centros penitenciarios, espacios que desde un inicio se alertó contaban con condiciones que podrían ser mortales para las personas en situación de reclusión”, indica el informe de Intersecta.
Fuentes y metodología de los datos presentados en el reportaje
Esta investigación realizada por Intersecta y Animal Político se sustenta en datos oficiales de instituciones federales y estatales, además de entrevistas con expertos en la materia, abogados y el testimonio de víctimas.
En el caso de Intersecta se puede conocer con más detalle la ruta que siguió para rastrear los datos, procesarlos y sus conclusiones en los tres informes publicados en su página web y en los vínculos a ellos en este micrositio.
Intersecta y Animal Político siguieron estos pasos de la ruta seguida para la obtención y procesamiento de los datos:
Se enviaron 396 solicitudes de información a diversas autoridades, principalmente poderes judiciales, sistemas penitenciarios y fiscalías.
Se consultaron los censos nacionales del Inegi en materia de sistemas penitenciarios e impartición de justicia de Inegi y se pidió información a poderes judiciales estatales para obtener datos sobre personas que ingresaron a prisión con y sin sentencia.
Para conocer el perfil sociodemográfico de los encarcelados con prisión preventiva se revisaron “En números. Características de la Población Penitenciaria en México” publicado por el Inegi, y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 también de Inegi.
Se revisó el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021 (que por primera vez elabora y publica Inegi) para conocer cuántas personas fueron encarceladas cada día en 2020. Esta información se complementó con datos que proporcionaron 10 entidades sobre ingresos a prisión en 2019 y 2020.
Para el seguimiento de la evolución penitenciaria mensual y anual se utilizaron los cuadernos mensuales de información penitenciaria nacional que elabora el Órgano Administrativo de Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Federal. Dicha estadística permite diferenciar el tamaño de la población sentenciada y procesada. Para la obtención de las tasas de crecimiento se cruzaron los datos con la población de hombres y mujeres en México según los censos de Inegi.
Se compararon los datos obtenidos vía transparencia por 21 poderes judiciales estatales y el Consejo de la Judicatura Federal para conocer el crecimiento de las prisiones preventivas dictadas entre 2017 y 2018 vs las ordenadas en 2019 y 2020. También se obtuvieron el total de vinculaciones a proceso, los casos resueltos por juicio oral u otras salidas.
El resto de las entidades no se incluyeron porque no proporcionaron datos o los remitieron incompletos.
Al comparar el universo de prisiones preventivas dictadas desde enero de 2019 a julio de 2021, contra las sentencias condenatorias dictadas en juicios orales en este mismo periodo se obtuvo el porcentaje de personas en prisión preventiva que han llegado a juicio (18.2% a nivel estatal).
Aunque la cifra técnicamente no es precisa dado que existe la posibilidad de que haya sentencias condenatorias que correspondan a personas presas en años anteriores, se hizo este ejercicio comparativo para proporcionar al lector una referencia respecto a la probabilidad de que personas encarceladas sin juicio lo tengan posteriormente.
Para conocer cuántas personas de las personas que están en prisión preventiva a nivel federal han sido condenadas (3.5%) se trabajó con datos del Consejo de la Judicatura Federal (enero de 2017 a julio de 2021) que permiten ver la evolución de cada persona a la que se le dictó una prisión preventiva.
Se utilizó el caso de la Ciudad de México para conocer los delitos por los que se dicta mayormente prisión preventiva ya que el Poder Judicial local si cuenta con un desglose de los delitos.
Se obtuvieron datos vía solicitudes de información sobre el número de abogados de oficio, sus salarios, sus presupuestos y las sobrecargas de trabajo. Solo se consideraron los informes de 16 entidades que proporcionaron cifras completas o parciales.
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/metodologia.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario