Escrito por Berenice Chavarría Tenorio
Ciudad México.- La filtración de información por parte de fiscalías estatales en casos de violencia de género no es casual, son prácticas institucionales que tienen un fin: desviar la verdad y estigmatizar a las víctimas. Debanhi Escobar Bazaldúa, Lesvy Berlín Rivera Osorio e Ingrid Escamilla, fueron revictimizadas por las autoridades luego de que detalles de sus respectivas investigaciones se filtraran a medios de comunicación y en redes sociales. Imágenes de sus cuerpos sin vida, cuestionamientos sobre sus actividades e incluso críticas por su forma de ser, comenzaron a surgir en redes sociales desviando la atención hacia un tema: la justicia.
Para la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Anayeli Pérez Garrido, estas prácticas constituyen la “ruta de la impunidad”, que va desde el mal tratamiento a la imagen de las víctimas, hasta la indiferencia y violación de sus Derechos Humanos. En entrevista con Cimacnoticias, la abogada feminista destacó que la filtración no busca informar, sino justificar un feminicidio.
“Estas prácticas tienen el propósito de invisibilizar, usar estereotipos -que están bien adheridos a la sociedad mexicana- para atenuar la crítica de la opinión pública hacia las autoridades. La revictimización trasciende el estado emocional y afecta a las víctimas y a sus familias”.
CIMACFoto: Hazel Zamora MendietaServidores públicos estigmatizan a víctimas de feminicidio
Esta práctica por parte de las autoridades no es un tema aislado, de ahí que sea recurrente en casos de violencia de género. En la sentencia “Campo algodonero” de 2009, ya se vislumbraba que el Estado mostraba desprecio hacia las víctimas, realizando declaraciones públicas ofensivas, lo que provocó el desprestigio hacia la imagen de las mujeres asesinadas y sus familias.
El feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, perpetrado el 3 de mayo de 2017, mostró que esta práctica es una constante. Y es que luego del asesinato registrado frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ) difundió que el día de los hechos, Lesvy y su pareja “se reunieron con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose” y que la joven de 22 años de edad no formaba parte de la institución desde 2014 ya que “dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias”.
Para Anayeli Pérez, en este caso se intentó ocultar que en la Ciudad de México y, sobre todo, al interior de la UNAM, existía violencia de género; todo esto a través de una estrategia que responsabilizar a Lesvy por haber sido asesinada.
CIMACFoto: César Martínez LópezLuego de estas violaciones a los derechos de la víctima, la titular de la PGJ, Ernestina Godoy, asumió que el sistema de justicia le falló a Lesvy y a su familia, por lo que ofreció una disculpa teniendo como objetivo dignificar su memoria. Lejos de ser considerado un “error”, esto es un ejercicio ilegal del servicio público y se debe investigar de manera oficiosa, además de haber una sanción a las y los responsables de revictimizar a una mujer, adolescente o niña, destacó Pérez Garrido.
Autoridades siguen sin ser castigadas por filtrar información relacionada a casos de violencia de género
La “Ley Ingrid”, que obtuvo su nombre a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, fue uno de los mecanismos impulsados para sancionar a servidores públicos que difundan información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género.
Es de recordar que Ingrid, asesinada el 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México, fue revictimizada luego de que policías de la capital del país filtraran imágenes de su cuerpo a varios medios de comunicación.
A raíz de esta práctica se reformó el Código Penal federal para frenar la violencia contra las mujeres perpetrada desde plataformas digitales o medios de comunicación. Sin embargo, la aplicación de la “Ley Ingrid” no ha rendido frutos debido a la falta de sensibilización de impartidores de justicia y la necesidad de un cambio en la sociedad mexicana. Ana Yeli Pérez señaló que aún con la existencia de estas modificaciones a la ley, las y los funcionarios públicos han encontrado la forma de “esquivar” las sanciones.
“Tienen los mecanismos para violar la ley. No hay forma de probar que una fiscalía filtró información a medios de comunicación. Aunque las autoridades digan que tienen el compromiso de erradicar la violencia de género, este no existe, hay cinismo y contradicciones al interior de las instituciones”.
CIMACFoto Hazel Zamora MendietaLa práctica en la que incurren las autoridades al filtrar información de casos de feminicidio y revictimizar a las mujeres va contra el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual indica que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”, por lo que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada”.
Incluso viola la recomendación realizada en la sentencia “Campo algodonero”, donde se indica que el Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género para la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos.
Ante las omisiones y violaciones por parte de las autoridades, en diversos momentos mujeres se han unido en campañas que buscan dignificar la memoria de las víctimas. Mensajes como “#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza”, “#SiMeMatan fue porque quise seguir mis sueños y viajar sola” o #SiMeMatan me culparán porque siempre habrá ‘algo’ que hice para merecerlo”, han inundado las redes sociales buscando un cambio sistemático en relación a la violencia de género.
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