La inversión realizada en este sector supera a la de rubros como salud y ciencia, según el estudio “Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas”.
Foto: Cuartoscuro.
En 13 años México gastó más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia,
monto que supera a lo invertido en otras áreas como salud o ciencia. En
ese periodo, apenas una cuarta parte de los delitos federales y uno de
cada 10 ilícitos del fuero común acabaron con castigo y sentencia.
Del 2001 al 2013, el presupuesto anual que a nivel federal se destinó a la seguridad subió 200%, y el de los estados se incrementó 97%. En total, el dinero desembolsado equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del estudio “Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas” elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.
En proporción, los más de dos billones de pesos gastados es lo que
todos los mexicanos pagamos de impuestos en el último año, según las
estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
¿En qué se ha ido todo el dinero? Según el estudio:
*El 17.5% en operativos para perseguir y disuadir delitos.
*El 13.3% en defensa nacional.
*El 11.2% en administrar todas las cárceles.
*El 5.7% en acciones de la Marina para defender la soberanía.
*El 4.6% en gasto administrativo.
*El 3.8 en investigar los delitos.
*El resto en otras acciones.
La fórmula utilizada para medir la inversión es inédita, pues no
solo se tomó en cuenta los presupuestos de las dependencias de
seguridad, sino los recursos destinados a todas las acciones y
programas que tienen que ver con justicia y orden público, tanto de las
dependencias federales, como las de los estados.
Así se estableció, por ejemplo, que solo en 2013 se destinaron 219 mil 930 millones de pesos a acciones de seguridad, lo que representó el 7.7% de todo el gasto público de ese año, cantidad superior al 6.4% del gasto en salud, o al 1.3% que se invirtió en ciencia y tecnología.
Pocas y caras sentencias
El estudio reveló que de todos los delitos federales cometidos entre el 2001 y el 2012, apenas el 24.5% culminó con una sentencia, es decir, uno de cada cuatro casos. A nivel estatal la proporción es aún menor: apenas el 10% de los ilícitos del fuero común denunciados acabaron con una condena.
Esta situación, señala el análisis, podría ser resultado de un efecto de “cuello de botella” en el sistema: muchos detenidos pero poca gente para investigar los delitos. Solo el 3.5% de todo el personal de seguridad en el país se dedica a la procuración de justicia.
Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República (PGR) apenas
había un agente del Ministerio Público por cada siete personas en otros
cargos.
Lo que ha subido es el costo de las investigaciones.
Mientras que en el 2010 se invertía 957 mil pesos por un delito
federal, para el 2013 fueron 2.23 millones de pesos, un incremento del
134%.
Este “encarecimiento” de la investigación también ocurre a nivel
estatal. El costo de una averiguación del fuero común pasó de 26 mil
619 pesos en el 2000, a 41 mil 312 pesos en 2011, un alza del 55%.
Gasto dudoso
En México el 93% de los delitos que se cometen son del fuero común, es decir, robos de diverso tipo, homicidios, violaciones, extorsiones, entre otros. El otro 7% corresponde a los ilícitos del fuero federal como tráfico de drogas o lavado de dinero.
Pero en el gasto la proporción es a la inversa,
pues la Federación ejerce el 77% de todo el presupuesto, mientras que
los estados, responsables de indagar los ilícitos locales, ejercen el
23% de los recursos.
El estudio de Ethos subraya la dudosa eficacia del gasto ejercido.
En el 2013 se cometieron más de 98 mil delitos, incidencia similar a la
del 2005 en que se denunciaron 95 mil ilícitos, pero con la diferencia
de que el gasto fue casi tres veces superior de un año a otro.
A nivel local, del año 2001 al 2011 el gasto subió 97%, pero la
incidencia delictiva también lo hizo en un 23%. Apenas en los últimos
tres años, los delitos del fuero común comenzaron a registrar un
descenso según la estadística oficial.
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