Política Zoom
Ricardo Raphael
Durante el lapso de 2009 a 2013 las universidades públicas recibieron 6 mil 457 millones de pesos por contratos con el gobierno. ¿Cuánto de ese dinero se fue a dar a una trampa? Esa misma pregunta se hace la ASF
Hay lugares donde la simulación y la trampa son más ofensivas.
Que en una casa dedicada a enseñar se cometan actos corruptos es insultante.
Se necesita de mucha cara dura para utilizar a una universidad como fachada detrás de la cual se cometen trapacerías.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) eso fue lo que hizo la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de su fondo dedicado a financiar investigación científica (Fondic).
La historia es así: la SEP contrató a la UAEM por casi 300 millones de pesos para que esa institución digitalizara un número importante de títulos profesionales, así como parte del acervo histórico de la SEP. A su vez, tal universidad subcontrató a una empresa, Corporación Colorado S.A., cuyos socios fundadores son Francisco Guillermo Ricalde Alarcón, el ex esposo de Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo, así como su ex suegro y sus ex cuñados.
Asegura la ASF que la empresa referida no contaba con la capacidad ni la experiencia para desarrollar el trabajo solicitado. También que los precios se inflaron 1,699%, con respecto a lo que la SEP pagó por esa misma tarea en el año 2007. Cabe precisar que la ley federal de adquisiciones establece que las dependencias federales podrán asignar de manera directa, sin necesidad de celebrar concurso o licitación, cuando quien realice el servicio sea una universidad pública. El propósito es fortalecer a los centros de investigación con recursos adicionales provenientes de las dependencias públicas que requieren de sus servicios. Pero en este caso —de acuerdo con la ASF— la UAEM se prestó para eludir la norma y entregarle a una empresa privada, Corporación Colorado S.A., tres contratos millonarios.
Puntualiza la Auditoría que la triada (SEP-UAEM- Corporativo Colorado) participó en una operación simulada donde además no se cumplieron las obligaciones y se erogaron pagos cuya documentación de respaldo no ha sido reportada en su totalidad. Además, las bases de datos que deberían guardar cerca de un millón de cédulas digitalizadas muestran únicamente nueve imágenes.
El asunto más espinoso es el nombre de los aliados subcontratados por la institución académica. Según el acta notarial del 16 de noviembre de 1989 Corporativo Colorado S.A. es una empresa presidida por Pablo Ricalde Alarcón (hermano del ex marido de la secretaria de Turismo) y cuyo secretario es Eduardo Ricalde Medina (ex suegro de la funcionaria). También es socio Francisco Ricalde Alarcón, quien durante 15 años estuvo casado con Claudia Ruiz Massieu.
A otros les tocará explicar si hubo tráfico de influencias en este explosivo expediente. Por lo pronto, no debe perderse de vista que la ley de adquisiciones abre una puerta grande para la trampa, no cuando se promueve el desarrollo de la investigación universitaria, sino cuando se deja entera libertad para que esas instituciones subcontraten a privados que quieren burlar la ley.
Para tener una idea, durante el lapso que va de 2009 a 2013 las universidades públicas recibieron recursos por una vía similar a la aquí descrita por 6 mil 457 millones de pesos. ¿Cuánto de ese dinero se fue a dar a una trampa? A la luz de este caso y otros muchos, esa misma pregunta se hace la Auditoría Superior de la Federación.
ZOOM: Esta información no es parte de una conspiración contra el gobierno. Es trabajo periodístico a secas.
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