BRUSELAS
(apro).- Las autoridades mexicanas “no han sido capaces de contener la
crisis de confianza en el gobierno a todos los niveles: municipal,
estatal y federal”, señala un reporte publicado hoy del prestigiado
centro de estudios sobre conflictos International Crisis Group (ICG).
Ese organismo con sede en la capital belga relaciona la
profundización de tal crisis con el secuestro y “aparente asesinato” de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa “por parte de una banda criminal con
el supuesto apoyo de policías corruptos”, que desencadenó protestas
violentas en Guerrero y marchas masivas en la Ciudad de México.
Sin embargo, el ICG señala que un ejemplo de que el gobierno
mexicano puede ser capaz de revertir la actual situación en el país es
“la vuelta a la normalidad” que ha logrado establecer en Juárez,
Chihuahua, “tras una explosión de violencia sangrienta sin precedentes”
entre 2007 y 2011.
El reporte de 39 páginas, cuya copia obtuvo Apro, muestra un tono elogioso hacia las autoridades mexicanas, si bien se exponen algunas críticas. Su título, Ciudad Juárez: ¿transitando del abismo a la redención?,
se presenta como una afirmación en su contenido al asegurar que Juárez
“está en vías de recuperación” y “normalización” gracias a la inversión
pública en programas sociales y reformas institucionales, así como a un
“modelo de participación ciudadana sin precedentes”.
Bajo el punto de vista del ICG, esas políticas gubernamentales las
comenzó el presidente Felipe Calderón en 2010 con el programa Todos
Somos Juárez, y luego las ha continuado Enrique Peña Nieto a través del
Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia y la Violencia,
cuyo enfoque “de acupuntura sociourbana” le parece “prometedor” al
organismo de Bruselas.
Esos esfuerzos gubernamentales, menciona el reporte, habrían
contribuido “a alejar del abismo a la ciudad que llegó a ser conocida
como ‘la capital mundial del asesinato’”, aunque matiza que “hace falta
más para evitar que Juárez sea víctima de un rebrote de la violencia”.
En el documento se reconoce que “aún persisten gravísimos problemas”
en Juárez, que sigue siendo una “indómita ciudad fronteriza con enormes
desigualdades, en la que los traficantes y otros criminales no tienen
dificultad para encontrar reclutas entre la población mayoritariamente
joven, que no cuentan con buenos empleos ni educación”.
Sin embargo, el think tank internacional insiste en que
“hay motivos para un moderado optimismo”. Esa conjetura está sustentada
en el hecho de que los líderes de la sociedad civil “demandan
explicaciones al gobierno ante cualquier aumento del delito”, y se
reúnen periódicamente con funcionarios municipales, estatales y
federales en la Mesa de Seguridad y Justicia, que el ICG califica como
“un singular organismo independiente integrado por ciudadanos y
autoridades”.
Para el renombrado centro de análisis de conflictos, las autoridades
locales “se enorgullecen, con razón, de los avances logrados en la
reducción de los homicidios y otros delitos de alto impacto como el
secuestro”. Y enfatiza que “los logros de Juárez y del estado de
Chihuahua ofrecen esperanzas para otras ciudades y regiones que aún
sufren de violencia endémica”.
Elaborado con base al trabajo de campo realizado en Juárez por
expertos del ICG, el reporte, precisa ese organismo, se sustenta en
“docenas” de entrevistas con expertos, funcionarios locales,
empresarios y activistas.
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