Mathieu Tourliere
MÉXICO,
D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto solicitó al Senado de la
República modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para
que agentes migratorios y aduanales extranjeros puedan portar sus armas
(no superiores a un calibre .40) en “los puntos de transición
internacional o el despacho conjunto de mercancías” ubicados sobre
territorio mexicano.
En su iniciativa, Peña pide a la Cámara Alta que dé luz verde a la
portación de armas de los “servidores públicos extranjeros” que
acompañen “como agentes de seguridad” a los “jefes de Estado, de
gobierno, ministros o equivalente” en sus visitas oficiales a México.
Lejos de plantear un enfoque de seguridad pública nacional para
justificar las modificaciones a la ley, el Ejecutivo lanzó su
iniciativa en el marco de la vertiente “México Próspero” del Programa
de Desarrollo Nacional 2013-2018, con argumentos exclusivamente
económicos.
Así, en la introducción del documento se subraya la importancia de
establecer un “clima de estabilidad económica mediante la generación de
igualdad de oportunidades” y la instrumentación de “condiciones
favorables para el desarrollo económico a través de una regulación que
propicie la sana competencia entre las empresas”.
Lo anterior, según la lógica presidencial, se logrará mediante la
implementación de “procesos que faciliten el flujo de personas y
productos de una manera segura, ágil, eficiente y a un bajo costo” o,
en otros términos, al “fortalecer la cooperación migratoria y aduanera
de México”.
La introducción queda muy clara en cuanto al objetivo de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos: Estados Unidos, “el principal
socio comercial de México” y receptor de 77% de las exportaciones
mexicanas en 2012.
Peña Nieto propone un esquema de cooperación bilateral con el vecino
del norte, que permitiría “instrumentar la preinspección aduanera de
mercancías por parte de autoridades aduaneras mexicanas en territorios
extranjeros y de autoridades aduaneras de otros países en el territorio
de México, con el objeto de facilitar y agilizar el tránsito de
mercancías entre dichos países”.
Y al final del documento se lee: “Se busca permitir que, sujetos al
principio de reciprocidad, los funcionarios aduaneros ingresen y porten
sus armas de cargo en los puntos de revisión de las aduanas ubicadas en
territorio mexicano que sean seleccionadas para la instrumentación de
estos nuevos esquemas”.
Pero el artículo 28, tal como lo propuso el presidente, habla no
solamente de “servidores públicos extranjeros de aduanas”, sino también
“de migración”, y tampoco restringe su aplicación al “despacho conjunto
de mercancías en las aduanas nacionales”, sino que también se aplicaría
en los “puntos de tránsito internacionales”, aunque no precisa cuáles.
En su texto de 19 hojas, el gobierno federal repite nueve veces la
palabra “reciprocidad” –dos en los artículos modificados y creados– y
subraya la importancia de la “colaboración”, la “cooperación” y su
carácter “bilateral”.
Sin embargo, no precisa si la administración de Barack Obama
permitiría que agentes migratorios mexicanos lleven armas de ese lado
de la frontera… en un marco de “reciprocidad”.
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