CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Mientras
las principales bancadas en el Senado mexicano buscan destrabar las
negociaciones sobre la nueva ley de transparencia, el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pide a los
legisladores cambiar algunos aspectos de la iniciativa que discuten
desde finales de 2014.
En un texto titulado Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
los siete comisionados solicitan a los senadores atender, entre otros,
temas como en qué casos podrán reservarse documentos por razones de
seguridad nacional o estabilidad económica, y qué trato recibirán los
fideicomisos y fondos públicos.
A continuación te presentamos los aspectos que el IFAI pide a la Cámara alta tomar en cuenta para esta ley, que debía haberse aprobado a más tardar los primeros días de este mes y que debe reglamentar la reforma constitucional promulgada en febrero de 2014.
1. Información relacionada con derechos humanos
El primer punto que el IFAI pide considerar es que la ley permita
que los organismos de transparencia publiquen información relacionada
con violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sin que
esta decisión antes tenga que ser avalada por otra autoridad.
Para los comisionados, esto favorecería el derecho de la ciudadanía a conocer casos de interés general.
"El interés público en mantener la reserva de las investigaciones en
aquellos casos extremos sobre violaciones graves a derechos humanos y
delitos o crímenes de lesa humanidad se ve superado por el interés de
la sociedad por conocer la información que consta en una investigación
de esa naturaleza, de modo que el acceso a la información no solo
afecta directamente a las víctimas y ofendidos por los hechos
antijurídicos, sino que ofende a toda la sociedad", señala el texto del
IFAI.
2. Seguridad nacional y estabilidad financiera
Además, los comisionados solicitan que la ley sea clara sobre en qué
casos una información podrá declararse reservada por razones de
seguridad nacional o estabilidad financiera, económica y monetaria.
"Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para
restringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y
acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad
democrática al orientarse a satisfacer un interés público imperativo,
de tal manera que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados",
argumentan.
Organizaciones civiles especializadas en el tema han advertido que
si este aspecto no es detallado en la ley, se da pie a que las
instituciones públicas busquen reservar un universo amplio de documentos, arguyendo que darlos a conocer podría afectar la seguridad nacional o la estabilidad financiera del país.
3. El consejero jurídico del presidente
La reforma constitucional en la materia permite que el consejero
jurídico de la Presidencia de la República impugne resoluciones del
IFAI por razones de seguridad nacional.
Al respecto, los comisionados piden que la ley reglamentaria
establezca un mecanismo claro para que se conduzcan estas
impugnaciones, así como evitar la posibilidad de que este funcionario
federal también pueda impugnar decisiones de los órganos de
transparencia de los estados.
4. Evitar sanciones
Otro punto que el IFAI solicita considerar es evitar que la ley
incluya sanciones para los órganos de transparencia, pues hacerlo
"inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio
de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".
5. Fideicomisos y fondos públicos
En otro apartado, los comisionados piden que la ley precise que
todos los fideicomisos y fondos públicos serán sujetos obligados a
transparentar su información, sin importar si son entidades
paraestatales o no.
Junto con los sindicatos, los partidos políticos y todo ente que
reciba recursos del erario, los fideicomisos y fondos públicos fueron
incluidos en la nueva lista de sujetos obligados que estableció la
reforma constitucional.
6. Reservas razonadas
Además, los comisionados consideran necesario que toda instancia que
decida reservar una información deba hacerlo con una "justificación
razonada", lo que implicaría obligarlas a hacer un análisis de las
consecuencias de difundirla o no.
"Por tanto, se sugiere que los sujetos obligados realicen la prueba
de daño al momento de reservar la información, ya que esta, como
mecanismo argumentativo, sirve para que cumplan con su obligación de
motivar los actos que realizan", dice el documento enviado al Senado.
7. Jerarquía legal
Otro aspecto que el IFAI pide precisar es que cualquier criterio
para la reserva de información parta en primer lugar de lo establecido
en la ley de transparencia, no en otros ordenamientos jurídicos.
8. Sistema Nacional de Transparencia
En otro apartado, los comisionados plantean que el Sistema Nacional
de Transparencia —como se conoce a la red de instituciones que vigilan
la política del país en la materia— esté integrado exclusivamente por
el IFAI y los órganos de los estados, no por otras autoridades.
Además, proponen que se permita la participación con voz de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la
Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
9. Denuncias por incumplimiento
Los comisionados también piden que la ley permita que los ciudadanos
presenten denuncias contra quienes incumplan sus obligaciones en
materia de transparencia, como lo son responder a solicitudes de
información en plazos determinados o acatar la resolución del IFAI o un
órgano estatal.
10. Créditos fiscales
El último punto que el IFAI pide considerar es establecer en la ley
que las autoridades estarán obligadas a difundir el nombre de las
personas a quienes se les ha cancelado o condonado un adeudo o crédito
fiscal, junto con el monto implicado.
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