Zancadilla a la transparencia

Alejandro Enconas Rodríguez 

Tras un largo proceso de discusión en el que participaron servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, junto con un grupo plural de senadores, en diciembre de 2014 se presentó la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reglamenta el derecho establecido en el artículo 6º constitucional para que los ciudadanos puedan solicitar, investigar, difundir y recabar cualquier información que genere la autoridad en el ejercicio de sus funciones; y establecer los principios y procedimientos para que rindan cuentas, todo ente público o privado, persona física o moral, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos que ejerzan o administren recursos públicos.

La iniciativa representa un avance. Adopta los principios propersona, máxima publicidad y promoción de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, así como el de participación ciudadana, atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales del país para alcanzar la mayor protección posible y garantizar el derecho de acceso a la información. 

Regula las competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, homologando los procedimientos y condiciones para el acceso la información pública, así como la facultad de atracción en los casos que por su importancia lo amerite o a solicitud de la persona. 

Crea el Sistema Nacional del Transparencia y obliga a publicar el directorio de servidores públicos, su régimen de contratación y remuneración, así como la versión pública de sus declaraciones patrimoniales. La información de los subsidios, condonaciones, estímulos y apoyos fiscales otorgados a particulares; el padrón de beneficiarios de los programas sociales; la información relativa a deuda pública; el padrón de proveedores y contratistas, los contratos y convenios celebrados, las concesiones, permisos o licencias otorgadas, y los procesos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 

Sin embargo, el proceso tropezó con una inmensa Casa Blanca y con una red de tráfico de influencias y complicidades entre políticos y empresarios, que ha sido puesta al descubierto por diversos medios de comunicación y que ha metido una zancadilla para revertir los avances alcanzados. Desde Los Pinos se impulsa la modificación de 80 artículos de la propuesta que rompe con el consenso alcanzado y que limitarían el derecho a la verdad; por ejemplo, al pretender restringir al IFAI para requerir información sobre violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad hasta que una autoridad competente lo determine. 

Pretenden ampliar los criterios para restringir el acceso a la información y establecer condiciones de excepción a los órganos de seguridad nacional e inteligencia del Estado, a las que se intenta eximir de mecanismos de control en materia de transparencia, fomentando su opacidad y discrecionalidad. Se quiere ampliar el periodo de reserva de información y nuevos supuestos para clasificar documentos, los que podrían permanecer restringidos “hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”, cuando se trate de información que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. 

Se busca eliminar la prueba del daño: la obligación de la autoridad de fundar y motivar la clasificación de la información, las razones o circunstancias especiales que llevaron a concluir que la información se ajusta al supuesto previsto en la ley, sin necesidad de acreditar el perjuicio significativo al interés legítimo de seguridad nacional. 

Una vez más las conquistas logradas en el ámbito constitucional, se intentan demeritar en las leyes secundarias, a causa de intereses ajenos al derecho de los ciudadanos. La opacidad al servicio de un gobierno convertido en negocio.

Senador de la República