CHIHUAHUA,
Chih. (apro).- Un grupo de 250 consejeros locales y distritales del INE
de 29 entidades reprobaron la decisión del Consejo General de posponer
la discusión de normas que frenen la compra y coacción del voto.
En la sesión del miércoles 18 estaba previsto discutir sobre la
imparcialidad en el uso de recursos públicos, así como garantizar que
la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas
sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación, con el objetivo
de evitar su uso con fines electorales.
Esos temas fueron votados en contra por seis consejeros electorales
para posponer la discusión, entre ellos el consejero presidente,
Lorenzo Córdova.
De haber aprobado las normas, solicitarían el apoyo y colaboración
de alcaldes, gobernadores, presidente de la República y jefes
delegacionales para frenar el uso electoral de los programas sociales.
“No compartimos la decisión de posponer la discusión de tales temas,
ya que su retraso no abona a la equidad de la contienda electoral en
curso y pudiera afectar los principios rectores del INE e incidir
negativamente en la percepción en torno al Instituto, lo que a su vez
puede impactar en la participación ciudadana en las urnas y afectar
tanto el sistema de partidos como la opción por la competencia
electoral por las vías pacíficas”, advirtieron los consejeros en un
comunicado de prensa.
Luego llamaron a la voluntad política del Consejo General del INE
para llegar a puntos de encuentro anteponiendo los intereses colectivos
para recuperar la confianza en el órgano electoral.
“En el contexto de los procesos electorales, hemos sido testigos de
que los recursos públicos y programas sociales en ocasiones se utilizan
con el propósito de incidir en la contienda electoral y para la compra
y coacción del voto, siendo este último uno de los problemas torales de
la democracia mexicana y uno de sus principales pendientes”,
argumentaron.
Los consejeros urgieron a que el INE tome una posición clara y
contundente en contra de la manipulación y coacción del voto a partir
del uso indebido de recursos y programas públicos.
“Confiamos en que valorarán a conciencia los proyectos de acuerdo
propuestos para su discusión, ya que es fundamental que el instituto
tenga una posición clara y contundente contra la manipulación y
coacción del voto ciudadano, a partir del uso indebido de los recursos
y programas públicos a favor de candidatos y partidos políticos”.
En la misiva enviada al Consejo General precisan que la decisión
produjo un desencuentro con siete de los 10 partidos, lo que ha
motivado una reacción de protesta por parte de esas fuerzas políticas
contra la decisión de los seis consejeros electorales.
“Nos preocupa que con esa votación de seis a cinco se haya coartado
la libertad de analizar y discutir de quienes propusieron los puntos
mencionados, acorde a la norma vigente. Estamos convencidos de que el
disenso, más que una mera oposición de puntos de vista, es un medio de
llegar al conocimiento más profundo de un tema y que tiene una relación
directa con la libertad de expresión, por lo que defendemos este
derecho fundamental.
“Creemos que la discusión de lo público debe privilegiarse en el que
hoy en día es el máximo órgano de decisiones de la nación en materia
electoral”.
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