Jacqueline Santana lleva 3 meses presa por un presunto robo
En
la ampliación de declaraciones para determinar la inocencia de la joven
Jacqueline Santana López, quien fue acusada de robar junto con su novio
500 pesos a una mujer policía, los abogados de la activista –quien ha
participado en protestas por justicia en el caso Ayotzinapa– hallaron
nuevas inconsistencias en el testimonio de la denunciante y sus dos
testigos.
La defensa legal de Jacqueline Santana –una joven de 23 años de edad
que desde noviembre de 2014 está presa en penal de Santa Martha
Acatitla, en esta capital– informó en rueda de prensa que el Juzgado
Décimo Tercero de Procesos Penales Federales inició desde el pasado 10
de febrero una ampliación de declaraciones para determinar la inocencia
de ella y su novio, Bryan Reyes Rodríguez.
Ambos jóvenes fueron acusados el 15 de noviembre de 2014 de haber
robado con dos cuchillos de cocina a una mujer policía en presencia de
dos de sus compañeros, cerca de las 2 de la tarde.
Los jóvenes, sus familiares y testigos afirman que a esa hora los
estudiantes fueron sometidos al interior de dos vehículos por un grupo
de civiles (que luego se identificaron como policías federales); y en
el trayecto fueron intercedidos fortuitamente por policías del DF, lo
que obligó a los captores a presentar a los detenidos ante el
Ministerio Público (MP) de la delegación Álvaro Obregón y acusarlos del
supuesto robo.
La detención de Jacqueline Santana y Bryan Reyes ocurrió justo cinco
días antes de la gran movilización del 20 de noviembre de 2014 en la
Ciudad de México, en apoyo a las familias de Ayotzinapa por la
desaparición de 43 estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre del
año pasado.
Antes de su arresto, Jacqueline participó en la Jornada de Acción
Global en apoyo a las familias de Ayotzinapa. También era integrante de
un grupo de mujeres en contra de la violencia de género y para
denunciar los casos de feminicidio en el Estado de México.
PROCESO IRREGULAR
De acuerdo con Jorge Miranda, abogado defensor de Jacqueline Santana
(quien también es estudiante de excelencia de Economía en la
Universidad Nacional Autónoma de México), las declaraciones ampliadas
de la denunciante, Lidia Zárate Herrera, y de los testigos, José
Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo, (todos policías
federales) refieren relatos diferentes de los hechos respecto al
momento en que la agente supuestamente fue atacada por los jóvenes; la
ubicación geográfica de los hechos; la posición de los testigos en el
momento del robo; y quién dio la orden para la detención de los
estudiantes.
En su declaración, los policías testigos manifestaron haber presentado
a los jóvenes ante el MP alrededor de las 6 de la tarde, aunque el
presunto robo ocurrió cuatro horas antes y las instalaciones del MP no
quedan a más de 15 minutos de distancia en coche.
Además, los elementos policiales explicaron su presencia en la zona
porque realizaban “labores de prevención del delito” aun cuando esta
actividad no forma parte de sus funciones, y señalaron que el resto de
los policías que llevó al MP a los estudiantes se encontraba en las
inmediaciones porque “estaban comiendo” por el lugar.
En apoyo a Jacqueline, la defensa legal también informó que ya recibió
el dictamen pericial oficial (del 17 de noviembre de 2014), que
acredita que en los cuchillos que fueron puestos a disposición del MP
“no se observaron ni revelaron huellas aparentes” de los estudiantes ni
de los policías.
OPERATIVO DE REPRESIÓN
Los abogados aseguraron que el secuestro de los jóvenes formaba parte
de un operativo implementado por la Coordinación de Operaciones
Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la
Policía Federal, que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad.
Aseguraron que en tal operativo participaron más de 12 elementos
equipados con armas de fuego, radio y vehículos oficiales sin ningún
tipo de identificación.
Con este nuevo desahogo de pruebas –dijo la defensa– “esperamos que
Jacqueline y Bryan queden pronto en libertad”; sin embargo, aún tardará
varios meses para que el Juzgado dicte una nueva sentencia.
Los abogados recordaron que el pasado 13 de enero las familias
presentaron a la subprocuraduría de Control de Procesos Penales
Federales, de la Procuraduría General de la República, una solicitud
para que haga un “desistimiento de la acusación penal”, misma que hasta
ahora no ha sido analizada ni valorada por la dependencia.
María de la Luz López Pérez, mamá de Jacqueline, contó a Cimacnoticias
que está resultando muy costoso, en cuanto a tiempo y economía,
mantenerse a sí misma y a su hija durante este proceso penal en el que
–aseguró– “al final se va a comprobar su inocencia”.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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