Editorial. La Jornada.Energía, deuda y privatización
En los últimos años, de acuerdo con informes oficiales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha endeudado en forma sostenida con empresas privadas, la mayoría extranjeras, mediante Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (Pidiregas), aun cuando esa paraestatal tenía capacidad de invertir en obras de infraestructura. Esta circunstancia abre un amplio margen para los cuestionamientos y las suspicacias en torno a lo que parece ser una medida gubernamental orientada al debilitamiento financiero de las empresas propiedad del Estado mediante el endeudamiento.
El esquema de Pidiregas fue creado durante la presidencia de Ernesto Zedillo como forma de suplir la participación estatal en las tareas de inversión para proyectos de infraestructura del sector energético, particularmente de la CFE y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Al día de hoy, aunque las autoridades energéticas reconocen que ese sistema de financiamiento está rebasado, se empeñan en afirmar que es necesario mantenerlo, dado que son escasas las fuentes de recursos propios de las paraestatales y que el gobierno no puede asumir costos de inversión.
Las más recientes administraciones federales, en concordancia con el ciclo neoliberal, han pretendido minimizar e incluso nulificar la intervención del Estado en sectores estratégicos para el país, como el energético. El endeudamiento de las paraestatales y su sometimiento a una creciente restricción presupuestaria son medidas más que convenientes para desvirtuar su capacidad, afirmar que son poco redituables y que resultan una carga onerosa para los mexicanos, y justificar de esa manera su privatización, total o parcial. Al respecto, resultan ilustrativos los señalamientos que la Auditoría Superior de la Federación realizó en su informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2002, en el sentido de que “desde 1996 –durante el gobierno zedillista–, la CFE ha reducido de manera significativa su inversión en el desarrollo y construcción de la infraestructura básica de generación de energía eléctrica”. Debe recordarse que ya desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se había dado un paso determinante en la llamada “privatización silenciosa” del sector eléctrico, con las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que permitieron otorgar permisos a empresas trasnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola y Electricidad de Francia para que participaran en la industria eléctrica nacional. En la actualidad, esas compañías producen alrededor de 35 por ciento de la energía eléctrica que consume el país.
De manera similar, Pemex ha padecido en los últimos 25 años un sostenido constreñimiento presupuestario y un constante saqueo de sus recursos, tanto por la vía fiscal como por la corrupción. Ante esta circunstancia, la paraestatal también se ha visto en la necesidad de contraer deudas con el sector privado, al grado de que las inversiones realizadas durante la actual administración han sido financiadas, casi en su totalidad, (89.6 por ciento) mediante Pidiregas; asimismo, persisten las intenciones –cada vez más desembozadas– del grupo que detenta el poder por realizar las modificaciones necesarias –ya sea a la Constitución o a las leyes secundarias– que permitan la participación de corporaciones privadas en las tareas de exploración y explotación de crudo, de manera similar a las llevadas a cabo en la industria eléctrica.
En conjunto, se estima que la deuda contraída por CFE y Pemex mediante ese esquema implica compromisos para pagar amortizaciones e intereses por más de dos billones de pesos. Eso significa que el designio privatizador del sector energético, que ha avanzado lenta pero sostenidamente en las últimas dos décadas, ha comprometido la entrega de parte del patrimonio nacional en manos de unos cuantos. Más que nunca, es necesario que la ciudadanía se sume a la tarea de frenar las intenciones privatizadoras, y hacer del sector energético el motor que impulse el desarrollo del país, en beneficio de quienes hoy viven en él y de los que lo habitarán en el futuro.
Un civil ecuatoriano murió en el ataque a las FARC, admite Colombia
■ Fue un acto legítimo de guerra “en defensa de la democracia”, afirma el ministro de Defensa
■ El grupo rebelde no ha confirmado si el insurgente fue abatido en la ofensiva al campamento
■ Fue un acto legítimo de guerra “en defensa de la democracia”, afirma el ministro de Defensa
■ El grupo rebelde no ha confirmado si el insurgente fue abatido en la ofensiva al campamento
Su cadáver fue confundido con el guerrillero Julián Conrado y trasladado a Bogotá
Dpa, Pl, Afp y Reuters
Dpa, Pl, Afp y Reuters
Bogotá, 23 de marzo. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció hoy que un hombre abatido en Ecuador durante el bombardeo que costó la vida al comandante guerrillero Raúl Reyes y cuyo cadáver fue trasladado a Colombia, sí es el de un civil ecuatoriano y no el del insurgente Julián Conrado, como se informó el primero de marzo pasado.
“Que no nos vengan ahora algunos a querer señalar como asesinatos o como masacres lo que son actos legítimos de guerra, actos legítimos de defensa de la democracia”, dijo Santos, un día después que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió que emprendería una “lucha diplomática fuerte”, si se lograba comprobar la denuncia de que el cadáver señalado como el de Conrado era en realidad el de un ecuatoriano de 38 años, de nombre Franklin Guillermo Aizalia.
“Yo le digo al presidente Correa y a las autoridades ecuatorianas que pongan bien el ojo y no se dejen asaltar en su buena fe por unos delincuentes”, dijo Santos después de admitir el reclamo hecho por los familiares de Aizalia el jueves pasado.
El cuerpo de Aizalia fue llevado a Bogotá por militares y policías que se internaron mil 800 metros dentro del territorio ecuatoriano para hurgar en el sitio bombardeado en la madrugada del primero de marzo por aeronaves militares de Colombia que –según versión del ejército ecuatoriano– utilizaron bombas GVU 12 Paveway II, de 500 libras, utilizadas por Estados Unidos en la primera invasión a Irak en 1991. El impacto de estos proyectiles abrió cráteres de 2.40 metros de diámetro y 1.80 metros de profundidad.
Santos no ahondó en detalles sobre la identidad de Aizalia, pero más tarde el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que aseguró que el hombre fue identificado con el seudónimo de Lucho y sostuvo era compañero sentimental de una mujer llamada Nubia Calderón, cuyo nombre de guerra es Esperanza.
Facilitaba documentos falsos a la organización armada
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa colombiano, Lucho y Esperanza se encargaban de facilitar el desplazamiento de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador con documentación falsa.
Esta es la segunda vez en una semana que el gobierno de Colombia se ve obligado a reconocer que es falsa la información que previamente difundió sobre lo ocurrido en el ataque al campamento de las FARC, donde murieron 23 personas, incluidos Reyes y cuatro mexicanos universitarios.
El jueves pasado, el diario El Tiempo de Bogotá difundió una fotografía en la que presentaba al líder del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, como el ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, durante una reunión con Reyes, en un campamento de las FARC en la selva. El rotativo indicó que la información fue suministrada erróneamente por la policía colombiana.
En el comunicado de este domingo, el Ministerio de Defensa indicó que desde 4 de marzo expertos en medicina legal en Bogotá certificaron que “el cadáver traído con el de alias ‘Raúl Reyes’ no pertenecía al particular Guillermo Enrique Torres alias ‘Julián Conrado’ como se había creído inicialmente por su gran parecido físico”.
La dependencia indicó que “las autoridades colombianas continúan dispuestas y atentas a colaborar con las autoridades ecuatorianas para lograr establecer la plena identidad de este presunto integrante de las FARC”.
Las FARC no han confirmado la muerte de Conrado.
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Ecuador no había respondido a la información del Ministerio de Defensa de Colombia.
En la noche del sábado, el gobierno colombiano emitió un comunicado para responder a las declaraciones de Correa hechas por la mañana, en las que advirtió que las relaciones con Bogotá podrían “agravarse” si se confirmaba que el cadáver trasladado a Bogotá era de un ciudadano de Ecuador.
En la respuesta, el gobierno del presidente Álvaro Uribe señaló que en la coyuntura actual acatará totalmente las decisiones de la Organización de Estados Americanos, tomadas el 17 de marzo pasado.
En el comunicado, el gobierno colombiano recordó “al mundo que el campamento de alias ‘Raul Reyes’ era un sitio de terroristas que actuaban contra el pueblo colombiano”.
Aunque Correa y Uribe acordaron el 7 de marzo pasado restablecer las relaciones diplomáticas rotas el 2 de marzo a raíz del bombardeo, Quito no ha realizado las gestiones necesarias para normalizar los nexos entre los gobiernos y ha señalado que no lo hará mientras las autoridades colombianas no detengan la campaña que trata de vincular a funcionarios de Ecuador con las FARC.
“Que no nos vengan ahora algunos a querer señalar como asesinatos o como masacres lo que son actos legítimos de guerra, actos legítimos de defensa de la democracia”, dijo Santos, un día después que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió que emprendería una “lucha diplomática fuerte”, si se lograba comprobar la denuncia de que el cadáver señalado como el de Conrado era en realidad el de un ecuatoriano de 38 años, de nombre Franklin Guillermo Aizalia.
“Yo le digo al presidente Correa y a las autoridades ecuatorianas que pongan bien el ojo y no se dejen asaltar en su buena fe por unos delincuentes”, dijo Santos después de admitir el reclamo hecho por los familiares de Aizalia el jueves pasado.
El cuerpo de Aizalia fue llevado a Bogotá por militares y policías que se internaron mil 800 metros dentro del territorio ecuatoriano para hurgar en el sitio bombardeado en la madrugada del primero de marzo por aeronaves militares de Colombia que –según versión del ejército ecuatoriano– utilizaron bombas GVU 12 Paveway II, de 500 libras, utilizadas por Estados Unidos en la primera invasión a Irak en 1991. El impacto de estos proyectiles abrió cráteres de 2.40 metros de diámetro y 1.80 metros de profundidad.
Santos no ahondó en detalles sobre la identidad de Aizalia, pero más tarde el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que aseguró que el hombre fue identificado con el seudónimo de Lucho y sostuvo era compañero sentimental de una mujer llamada Nubia Calderón, cuyo nombre de guerra es Esperanza.
Facilitaba documentos falsos a la organización armada
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa colombiano, Lucho y Esperanza se encargaban de facilitar el desplazamiento de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador con documentación falsa.
Esta es la segunda vez en una semana que el gobierno de Colombia se ve obligado a reconocer que es falsa la información que previamente difundió sobre lo ocurrido en el ataque al campamento de las FARC, donde murieron 23 personas, incluidos Reyes y cuatro mexicanos universitarios.
El jueves pasado, el diario El Tiempo de Bogotá difundió una fotografía en la que presentaba al líder del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, como el ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, durante una reunión con Reyes, en un campamento de las FARC en la selva. El rotativo indicó que la información fue suministrada erróneamente por la policía colombiana.
En el comunicado de este domingo, el Ministerio de Defensa indicó que desde 4 de marzo expertos en medicina legal en Bogotá certificaron que “el cadáver traído con el de alias ‘Raúl Reyes’ no pertenecía al particular Guillermo Enrique Torres alias ‘Julián Conrado’ como se había creído inicialmente por su gran parecido físico”.
La dependencia indicó que “las autoridades colombianas continúan dispuestas y atentas a colaborar con las autoridades ecuatorianas para lograr establecer la plena identidad de este presunto integrante de las FARC”.
Las FARC no han confirmado la muerte de Conrado.
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Ecuador no había respondido a la información del Ministerio de Defensa de Colombia.
En la noche del sábado, el gobierno colombiano emitió un comunicado para responder a las declaraciones de Correa hechas por la mañana, en las que advirtió que las relaciones con Bogotá podrían “agravarse” si se confirmaba que el cadáver trasladado a Bogotá era de un ciudadano de Ecuador.
En la respuesta, el gobierno del presidente Álvaro Uribe señaló que en la coyuntura actual acatará totalmente las decisiones de la Organización de Estados Americanos, tomadas el 17 de marzo pasado.
En el comunicado, el gobierno colombiano recordó “al mundo que el campamento de alias ‘Raul Reyes’ era un sitio de terroristas que actuaban contra el pueblo colombiano”.
Aunque Correa y Uribe acordaron el 7 de marzo pasado restablecer las relaciones diplomáticas rotas el 2 de marzo a raíz del bombardeo, Quito no ha realizado las gestiones necesarias para normalizar los nexos entre los gobiernos y ha señalado que no lo hará mientras las autoridades colombianas no detengan la campaña que trata de vincular a funcionarios de Ecuador con las FARC.
Cedió México a EU control sobre el tequila
Acuerdo comercial generó gran ventaja a empresas estadunidenses en envasado y ventas
Tania Molina Ramírez
Acuerdo comercial generó gran ventaja a empresas estadunidenses en envasado y ventas
Tania Molina Ramírez
México cedió el control del tequila a empresarios del país que es su mayor mercado de exportación: Estados Unidos, y se ha convertido cada vez más en maquilador de su propia bebida emblemática.
Las elevadas cifras de producción y venta de la industria tequilera no se han reflejado en prosperidad para la región con denominación de origen, que es Jalisco y parte de Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato.
Esto se debe, según los especialistas, a que más de la mitad del mercado mexicano y de exportación está en manos de compañías extranjeras, además de que parte de ganancias se las quedan envasadoras en Estados Unidos.
El año pasado, por primera vez, Estados Unidos rebasó a México en volumen de ventas de tequila, según reportó Euromonitor International Inc.
La historia que desemboca en una pérdida del control mexicano sobre su bebida comenzó en enero de 2006, cuando se firmó un acuerdo en materia de tequila entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de México, el cual sentó las bases para que esa nación maneje el envasado y comercialización del tequila en aquel país. México perdió su derecho a supervisar qué se comercializa en Estados Unidos bajo el nombre de “tequila”. También perdió el derecho a decidir que todo lo que salga del país sea envasado de origen.
A diferencia de otros países, como Francia, que no permiten que una bebida con denominación de origen se envase en el extranjero, el acuerdo establece que se podrá exportar a granel y que las autoridades del país vecino serán las encargadas de supervisar el envasado del tequila.
El acuerdo
Hasta 2003 estaba permitido envasar tequila en el extranjero. Ese año las autoridades mexicanas propusieron que sólo pudiera ser envasado en México. La industria estadunidense reaccionó y dijo que no lo permitiría. Comenzaron casi tres años de negociaciones entre representantes gubernamentales de ambos países.
Finalmente, el 17 de enero de 2006 se firmó el acuerdo entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos sobre el comercio del tequila (www.ustr.gov/assets/World_Regions/Americas/asset_upload_file318_8764.pdf).
El acuerdo suscrito por el entonces titular de Economía, Sergio García de Alba (economista jalisciense y empresario del ramo restaurantero), estipula que esa dependencia se cerciorará de que ninguna medida prohíba o restrinja la exportación o venta para la exportación del tequila destinado a envasarse en Estados Unidos, así como que ninguna medida regule el etiquetado o la comercialización del tequila fuera de México.
México aceptó no tener derecho a realizar inspecciones a las envasadoras. Tampoco puede adoptar ninguna medida correctiva o punitiva contra envasadores en Estados Unidos “con respecto a cualesquiera actividades que ocurran ahí, motivada por una presunción de incumplimiento con la norma oficial mexicana del tequila”.
Según se lee en el anexo 1 del acuerdo, las industrias de bebidas espirituosas destiladas de Canadá (representada por la Asociación de Destiladores Canadienses), Estados Unidos (el Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas, la Asociación del Foro de Presidentes de Comercio y la Alianza de los Importadores de Tequila a Granel) y México (la Cámara Nacional de la Industria Tequilera) estuvieron de acuerdo con los términos del convenio y reconocieron “que el etiquetado y la comercialización del tequila y la formulación, etiquetado y comercialización de los productos que contienen tequila están regidos por las leyes del país de importación y venta, enfatizando que las leyes locales representan la única base para regular el uso del tequila cuando es usado como ingre- diente en los productos especializados de bebidas espirituosas destiladas”.
Las industrias recomiendan que México tenga un representante (en Estados Unidos) que desarrolle un meca- nismo de certificación adecuado para verificar “que las instalaciones sean adecuadas para almacenaje, proceso y envasado del tequila, seguro y efectivo, y de que existen sistemas de control de calidad adecuadas para asegurar que el tequila sea envasado sin riesgo de contaminación o adulteración”.
Como resultado del acuerdo, México no tiene control sobre lo que se consume bajo el nombre de tequila en el exterior. Los productores mexicanos no se benefician de las ganancias y el auge del tequila; en cambio, los envasadores y comercializadores en Estados Unidos sí.
Para el especialista Salvador Gutiérrez, autor de la obra fundamental del tema, Tequila: mitos y realidades, el acuerdo implica que se vendió “la gallina de los huevos de oro y, con ella, parte del alma (de México), de su ser, por tratarse de un producto emblemático de la mexicanidad, un legado inherente a la historia y la cultura de México”.
De hecho, argumentaron diversos especialistas, muchas de las decisiones relacionadas con esta industria, estrechamente vinculada con la identidad mexicana, ahora son tomadas por extranjeros.
Estados Unidos es el principal mercado de exportación: el año pasado, 35 por ciento de la producción total de tequila se destinó a ese país.
Según cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), en total se produjeron 284.2 millones de litros. Se exportaron 135.1 millones, de los cuales 100.9 millones se destinaron a Estados Unidos. Del total exportado, 78 millones fue a granel.
Ana Valenzuela y Alejandro Macías, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y reconocidos especialistas del tema, advierten: “Hoy, salvo Cuervo, Orendain y Corralejo, las grandes empresas de tequila son propiedad total o parcial de grupos extranjeros, que controlan cerca de 70 por ciento del mercado mexicano y más de la mitad del mercado de exportación”.
Criterios extranjeros atentan contra la cutlura
Gutiérrez mencionó una cifra mayor: 82 por ciento de la producción total es realizada por empresas extranjeras. Por ningún motivo es justificable, plantea el investigador, “que extranjeros con criterios estrictamente mercantiles atenten contra la historia y la cultura de un pueblo”. Resulta “más lacerante cuando eso ocurre a cambio de migajas que reciben unos cuantos chacales enajenados que vendieron y siguen vendiendo la gallina de los huevos de oro, patrimonio nacional. En pleno siglo XXI, una nítida metáfora del síndrome insuperado del canje de espejitos por oro”.
En cambio, Ramón González Figueroa, director general del CRT, opinó, en entrevista telefónica con La Jornada, que el mercado, no el acuerdo, marca la pauta, y que hay una tendencia a que se incremente la exportación de tequila envasado de origen, porque cada vez lo pide más el consumidor estadunidense.
De hecho, David Ozgo, economista en jefe del Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas de Estados Unidos, la principal asociación estadunidense de productores y comerciantes de bebidas espirituosas destiladas, dijo a La Jornada, vía telefónica, que se registró un incremento de 4.2 por ciento en el volumen de ventas de tequila en 2007, cuando el promedio fue de 2.4 por ciento para las bebidas espirituosas en Estados Unidos. Confirmó que la tendencia es a consumir tequila de cada vez mejor calidad: los mercados de tequila “alto” y “súper” crecen más rápido que los otros (8.1 por ciento y casi 15 por ciento, respectivamente), informó Ozgo.
González Figueroa también argumentó que el acuerdo “sirvió para que se estén verificando los 78 millones de litros a granel” que se envían a Estados Unidos. Opinó que es favorable que se haya creado un registro de envasadores autorizados y que los envasadores tengan que realizar reportes trimestrales sobre qué hicieron con su producción.
Semestre crucial
González Figueroa destacó que por primera vez el CRT cuenta con laboratorios autorizados en Estados Unidos, y que por lo tanto este semestre (enero-junio 2008) va a ser fundamental en lo que se refiere a la revisión de lo qué llega a los anaqueles. Añadió que el año pasado el CRT denunció tres marcas y ahora está a punto de denunciar un par más (no quiso especificar).
“Tenemos la seguridad de que hay un margen muy estrecho de prácticas desleales y que contamos con mecanismos de detección sólidos”, dijo el director general del CRT.
Por su parte, Fernando González, director general de Tequila 7 Leguas (pequeña empresa familiar de mucho prestigio, que elabora tequila artesanal de alta calidad y tiene 56 años de experiencia), si bien respalda la posición de que se debe envasar de origen, dijo en entrevista que “las dos posiciones son entendibles: mientras el CRT verifique, hay seguridad para el consumidor”.
Distintos nichos
Tequila 7 Leguas es exportado a Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. González opinó que la bebida que se envasa en Estados Unidos y es más barata no afecta al 100 por ciento agave, que es más caro, ya que “son nichos muy distintos”.
La Jornada buscó a la Secretaría de Economía para que opinara respecto del acuerdo, sin que a la fecha de esta edición haya obtenido respuesta.
¿Por qué no conviene la exportación a granel?
Salvador Gutiérrez explicó: no contribuye al erario (la exportación de la bebida a granel está exenta de impuestos) y desde 1982 se envasa más tequila en el extranjero, lo que convierte a México en país maquilador.
Se pierde el valor agregado
Además, México pierde el valor agregado y su derrama económica en las industrias proveedoras del tequila envasado de origen, siguió el especialista.
Por otro lado, el mercado repercute negativamente en el consumo de agave mexicano (la fórmula del tequila que se exporta a granel utiliza la mitad de la materia prima), propicia la adulteración (el tequila a granel sale de México a 55 grados y se rebaja y se reformula en el extranjero) y propicia que se envase con marcas ajenas a la cultura mexicana, “muchas ofensivas a la dignidad del mexicano”.
También explicó que las marcas extranjeras que se reformulan a partir del tequila a granel exportado generan una competencia desleal al auténtico mexicano envasado de origen (ambos productos llamados “tequila” ostentan la misma certificación otorgada por el CRT) y restan utilidades (utilidad promedio por litro de tequila a granel: 10 pesos; utilidad promedio por litro de tequila exportado envasado de origen: 200 pesos).
Las elevadas cifras de producción y venta de la industria tequilera no se han reflejado en prosperidad para la región con denominación de origen, que es Jalisco y parte de Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato.
Esto se debe, según los especialistas, a que más de la mitad del mercado mexicano y de exportación está en manos de compañías extranjeras, además de que parte de ganancias se las quedan envasadoras en Estados Unidos.
El año pasado, por primera vez, Estados Unidos rebasó a México en volumen de ventas de tequila, según reportó Euromonitor International Inc.
La historia que desemboca en una pérdida del control mexicano sobre su bebida comenzó en enero de 2006, cuando se firmó un acuerdo en materia de tequila entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de México, el cual sentó las bases para que esa nación maneje el envasado y comercialización del tequila en aquel país. México perdió su derecho a supervisar qué se comercializa en Estados Unidos bajo el nombre de “tequila”. También perdió el derecho a decidir que todo lo que salga del país sea envasado de origen.
A diferencia de otros países, como Francia, que no permiten que una bebida con denominación de origen se envase en el extranjero, el acuerdo establece que se podrá exportar a granel y que las autoridades del país vecino serán las encargadas de supervisar el envasado del tequila.
El acuerdo
Hasta 2003 estaba permitido envasar tequila en el extranjero. Ese año las autoridades mexicanas propusieron que sólo pudiera ser envasado en México. La industria estadunidense reaccionó y dijo que no lo permitiría. Comenzaron casi tres años de negociaciones entre representantes gubernamentales de ambos países.
Finalmente, el 17 de enero de 2006 se firmó el acuerdo entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos sobre el comercio del tequila (www.ustr.gov/assets/World_Regions/Americas/asset_upload_file318_8764.pdf).
El acuerdo suscrito por el entonces titular de Economía, Sergio García de Alba (economista jalisciense y empresario del ramo restaurantero), estipula que esa dependencia se cerciorará de que ninguna medida prohíba o restrinja la exportación o venta para la exportación del tequila destinado a envasarse en Estados Unidos, así como que ninguna medida regule el etiquetado o la comercialización del tequila fuera de México.
México aceptó no tener derecho a realizar inspecciones a las envasadoras. Tampoco puede adoptar ninguna medida correctiva o punitiva contra envasadores en Estados Unidos “con respecto a cualesquiera actividades que ocurran ahí, motivada por una presunción de incumplimiento con la norma oficial mexicana del tequila”.
Según se lee en el anexo 1 del acuerdo, las industrias de bebidas espirituosas destiladas de Canadá (representada por la Asociación de Destiladores Canadienses), Estados Unidos (el Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas, la Asociación del Foro de Presidentes de Comercio y la Alianza de los Importadores de Tequila a Granel) y México (la Cámara Nacional de la Industria Tequilera) estuvieron de acuerdo con los términos del convenio y reconocieron “que el etiquetado y la comercialización del tequila y la formulación, etiquetado y comercialización de los productos que contienen tequila están regidos por las leyes del país de importación y venta, enfatizando que las leyes locales representan la única base para regular el uso del tequila cuando es usado como ingre- diente en los productos especializados de bebidas espirituosas destiladas”.
Las industrias recomiendan que México tenga un representante (en Estados Unidos) que desarrolle un meca- nismo de certificación adecuado para verificar “que las instalaciones sean adecuadas para almacenaje, proceso y envasado del tequila, seguro y efectivo, y de que existen sistemas de control de calidad adecuadas para asegurar que el tequila sea envasado sin riesgo de contaminación o adulteración”.
Como resultado del acuerdo, México no tiene control sobre lo que se consume bajo el nombre de tequila en el exterior. Los productores mexicanos no se benefician de las ganancias y el auge del tequila; en cambio, los envasadores y comercializadores en Estados Unidos sí.
Para el especialista Salvador Gutiérrez, autor de la obra fundamental del tema, Tequila: mitos y realidades, el acuerdo implica que se vendió “la gallina de los huevos de oro y, con ella, parte del alma (de México), de su ser, por tratarse de un producto emblemático de la mexicanidad, un legado inherente a la historia y la cultura de México”.
De hecho, argumentaron diversos especialistas, muchas de las decisiones relacionadas con esta industria, estrechamente vinculada con la identidad mexicana, ahora son tomadas por extranjeros.
Estados Unidos es el principal mercado de exportación: el año pasado, 35 por ciento de la producción total de tequila se destinó a ese país.
Según cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), en total se produjeron 284.2 millones de litros. Se exportaron 135.1 millones, de los cuales 100.9 millones se destinaron a Estados Unidos. Del total exportado, 78 millones fue a granel.
Ana Valenzuela y Alejandro Macías, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y reconocidos especialistas del tema, advierten: “Hoy, salvo Cuervo, Orendain y Corralejo, las grandes empresas de tequila son propiedad total o parcial de grupos extranjeros, que controlan cerca de 70 por ciento del mercado mexicano y más de la mitad del mercado de exportación”.
Criterios extranjeros atentan contra la cutlura
Gutiérrez mencionó una cifra mayor: 82 por ciento de la producción total es realizada por empresas extranjeras. Por ningún motivo es justificable, plantea el investigador, “que extranjeros con criterios estrictamente mercantiles atenten contra la historia y la cultura de un pueblo”. Resulta “más lacerante cuando eso ocurre a cambio de migajas que reciben unos cuantos chacales enajenados que vendieron y siguen vendiendo la gallina de los huevos de oro, patrimonio nacional. En pleno siglo XXI, una nítida metáfora del síndrome insuperado del canje de espejitos por oro”.
En cambio, Ramón González Figueroa, director general del CRT, opinó, en entrevista telefónica con La Jornada, que el mercado, no el acuerdo, marca la pauta, y que hay una tendencia a que se incremente la exportación de tequila envasado de origen, porque cada vez lo pide más el consumidor estadunidense.
De hecho, David Ozgo, economista en jefe del Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas de Estados Unidos, la principal asociación estadunidense de productores y comerciantes de bebidas espirituosas destiladas, dijo a La Jornada, vía telefónica, que se registró un incremento de 4.2 por ciento en el volumen de ventas de tequila en 2007, cuando el promedio fue de 2.4 por ciento para las bebidas espirituosas en Estados Unidos. Confirmó que la tendencia es a consumir tequila de cada vez mejor calidad: los mercados de tequila “alto” y “súper” crecen más rápido que los otros (8.1 por ciento y casi 15 por ciento, respectivamente), informó Ozgo.
González Figueroa también argumentó que el acuerdo “sirvió para que se estén verificando los 78 millones de litros a granel” que se envían a Estados Unidos. Opinó que es favorable que se haya creado un registro de envasadores autorizados y que los envasadores tengan que realizar reportes trimestrales sobre qué hicieron con su producción.
Semestre crucial
González Figueroa destacó que por primera vez el CRT cuenta con laboratorios autorizados en Estados Unidos, y que por lo tanto este semestre (enero-junio 2008) va a ser fundamental en lo que se refiere a la revisión de lo qué llega a los anaqueles. Añadió que el año pasado el CRT denunció tres marcas y ahora está a punto de denunciar un par más (no quiso especificar).
“Tenemos la seguridad de que hay un margen muy estrecho de prácticas desleales y que contamos con mecanismos de detección sólidos”, dijo el director general del CRT.
Por su parte, Fernando González, director general de Tequila 7 Leguas (pequeña empresa familiar de mucho prestigio, que elabora tequila artesanal de alta calidad y tiene 56 años de experiencia), si bien respalda la posición de que se debe envasar de origen, dijo en entrevista que “las dos posiciones son entendibles: mientras el CRT verifique, hay seguridad para el consumidor”.
Distintos nichos
Tequila 7 Leguas es exportado a Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. González opinó que la bebida que se envasa en Estados Unidos y es más barata no afecta al 100 por ciento agave, que es más caro, ya que “son nichos muy distintos”.
La Jornada buscó a la Secretaría de Economía para que opinara respecto del acuerdo, sin que a la fecha de esta edición haya obtenido respuesta.
¿Por qué no conviene la exportación a granel?
Salvador Gutiérrez explicó: no contribuye al erario (la exportación de la bebida a granel está exenta de impuestos) y desde 1982 se envasa más tequila en el extranjero, lo que convierte a México en país maquilador.
Se pierde el valor agregado
Además, México pierde el valor agregado y su derrama económica en las industrias proveedoras del tequila envasado de origen, siguió el especialista.
Por otro lado, el mercado repercute negativamente en el consumo de agave mexicano (la fórmula del tequila que se exporta a granel utiliza la mitad de la materia prima), propicia la adulteración (el tequila a granel sale de México a 55 grados y se rebaja y se reformula en el extranjero) y propicia que se envase con marcas ajenas a la cultura mexicana, “muchas ofensivas a la dignidad del mexicano”.
También explicó que las marcas extranjeras que se reformulan a partir del tequila a granel exportado generan una competencia desleal al auténtico mexicano envasado de origen (ambos productos llamados “tequila” ostentan la misma certificación otorgada por el CRT) y restan utilidades (utilidad promedio por litro de tequila a granel: 10 pesos; utilidad promedio por litro de tequila exportado envasado de origen: 200 pesos).
En grandes empresas se invierte un tercio de fondos de pensión
■ En renta variable, 5.03% de los ahorros; 16%, en emisiones de deuda privada nacional: Consar
■ Con su ahorro de retiro, los trabajadores de menores ingresos respaldan a corporativos
Juan Antonio Zúñiga
■ En renta variable, 5.03% de los ahorros; 16%, en emisiones de deuda privada nacional: Consar
■ Con su ahorro de retiro, los trabajadores de menores ingresos respaldan a corporativos
Juan Antonio Zúñiga
Los recursos de pensión de los trabajadores han contribuido más al financiamiento de las empresas privadas que el crédito canalizado por la banca comercial durante el último año a la industria, el comercio y los servicios, indican informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y del Banco de México (BdeM).
Más de 278 mil millones de pesos del ahorro para la pensión de los trabajadores se destinan a financiar empresas privadas, señalan los reportes de la Consar; en tanto el banco central documenta que los bancos comerciales canalizaron 181 mil 800 millones de pesos en créditos a las empresas industriales, comerciales y de servicios no financieros entre enero del año pasado y el mismo mes de 2008.
El ahorro para el retiro de los trabajadores ha abierto una fuente creciente de financiamiento para las empresas, de una magnitud tal que el crédito otorgado por la banca comercial a las actividades productivas del sector privado representa menos de dos terceras partes, 65.4 por ciento, del monto de recursos facilitado a las empresas privadas por el ahorro de pensión de los trabajadores, que se ha destinado a la compra de acciones y papeles de deuda emitidos por éstas.
Estos cambios en el sistema financiero mexicano no dejan de ser socialmente paradójicos. Los trabajadores más pobres son quienes en mayor medida financian con sus ahorros de jubilación a las más grandes empresas que operan en el país. Mientras los organismos cúpula del sector privado son los que más propugnan por una reforma laboral que restrinja más los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con los informes de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), 64.5 por ciento de los 14.8 millones de cuentas registradas corresponde a trabajadores que perciben hasta 3.5 salarios mínimos o menos.
Por su lado, la Consar indicó que los recursos de pensión en las administradoras de fondos para el retiro (Afore) ascendieron a 868 mil 33 millones de pesos al término de febrero del año en curso, y de esa cantidad, casi una tercera parte, 278 mil 638 millones de pesos, se canalizó al financiamiento de empresas privadas a través de la compra de acciones e instrumentos de deuda emitidos por esas compañías, de capital nacional y extranjero.
Por el lado de la banca comercial, los informes del Banco de México señalan que entre enero de 2007 y el mismo mes de 2008 se registraron los mayores aumentos en el otorgamiento de créditos a las empresas industriales, comerciales y de servicios.
En conjunto, los bancos comerciales canalizaron 98 mil 182 millones de pesos a empresas mineras, manufactureras y de la construcción, consideradas sector industrial, lo que implicó una tasa de elevación anual de 49 por ciento, la cual representó algo más de una tercera parte, 35 por ciento, del monto de los recursos de ahorro para la pensión de los trabajadores con el que se han financiado las compañías privadas.
El contraste es todavía mayor cuando se observa que el crédito de la banca comercial a las empresas manufactureras aumentó en 45 mil 509 millones de pesos, y esa cantidad es similar a la inversión que por 43 mil 662 millones de pesos se ha realizado en renta variable nacional con los recursos para la pensión de los trabajadores.
Según los informes de la Consar, “al día de hoy las sociedades de inversión especializadas en fondos del ahorro para el retiro (Siefore) financian 25.1 por ciento del total emitido de deuda privada de largo plazo, canalizando recursos a una gran cantidad de sectores productivos”, entre los que menciona los de vivienda, bebidas, cemento, automotriz, grupos industriales, transporte, siderurgia, telecomunicaciones y centros comerciales.
Al término de febrero de 2008 se habían adquirido 138 mil 538 millones de pesos en papeles de deuda emitidos por empresas privadas, como certificados bursátiles, pagarés, bonos quirografarios, entre otros, con dinero del ahorro de pensión de los trabajadores.
Esa cantidad, que representa casi 16 por ciento del total de los recursos administrados por las Afore, e invertidos por las Siefore, fue 191 por ciento superior a los 47 mil 655 millones de pesos en que aumentó el crédito destinado por la banca a las empresas comerciales, restaurantes y hoteles, entre enero de 2007 y el mismo mes de 2008.
De acuerdo con la información oficial, al cierre de febrero de este año 5.03 por ciento del ahorro para la jubilación de los trabajadores se encontraba colocado en títulos de renta variable nacional; 5.14 por ciento en renta variable internacional; 15.96 en emisiones de deuda privada nacional; 5.97 en documentos de deuda internacional y 67.90 por ciento en bonos representativos de la deuda interna del gobierno federal.
Más de 278 mil millones de pesos del ahorro para la pensión de los trabajadores se destinan a financiar empresas privadas, señalan los reportes de la Consar; en tanto el banco central documenta que los bancos comerciales canalizaron 181 mil 800 millones de pesos en créditos a las empresas industriales, comerciales y de servicios no financieros entre enero del año pasado y el mismo mes de 2008.
El ahorro para el retiro de los trabajadores ha abierto una fuente creciente de financiamiento para las empresas, de una magnitud tal que el crédito otorgado por la banca comercial a las actividades productivas del sector privado representa menos de dos terceras partes, 65.4 por ciento, del monto de recursos facilitado a las empresas privadas por el ahorro de pensión de los trabajadores, que se ha destinado a la compra de acciones y papeles de deuda emitidos por éstas.
Estos cambios en el sistema financiero mexicano no dejan de ser socialmente paradójicos. Los trabajadores más pobres son quienes en mayor medida financian con sus ahorros de jubilación a las más grandes empresas que operan en el país. Mientras los organismos cúpula del sector privado son los que más propugnan por una reforma laboral que restrinja más los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con los informes de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), 64.5 por ciento de los 14.8 millones de cuentas registradas corresponde a trabajadores que perciben hasta 3.5 salarios mínimos o menos.
Por su lado, la Consar indicó que los recursos de pensión en las administradoras de fondos para el retiro (Afore) ascendieron a 868 mil 33 millones de pesos al término de febrero del año en curso, y de esa cantidad, casi una tercera parte, 278 mil 638 millones de pesos, se canalizó al financiamiento de empresas privadas a través de la compra de acciones e instrumentos de deuda emitidos por esas compañías, de capital nacional y extranjero.
Por el lado de la banca comercial, los informes del Banco de México señalan que entre enero de 2007 y el mismo mes de 2008 se registraron los mayores aumentos en el otorgamiento de créditos a las empresas industriales, comerciales y de servicios.
En conjunto, los bancos comerciales canalizaron 98 mil 182 millones de pesos a empresas mineras, manufactureras y de la construcción, consideradas sector industrial, lo que implicó una tasa de elevación anual de 49 por ciento, la cual representó algo más de una tercera parte, 35 por ciento, del monto de los recursos de ahorro para la pensión de los trabajadores con el que se han financiado las compañías privadas.
El contraste es todavía mayor cuando se observa que el crédito de la banca comercial a las empresas manufactureras aumentó en 45 mil 509 millones de pesos, y esa cantidad es similar a la inversión que por 43 mil 662 millones de pesos se ha realizado en renta variable nacional con los recursos para la pensión de los trabajadores.
Según los informes de la Consar, “al día de hoy las sociedades de inversión especializadas en fondos del ahorro para el retiro (Siefore) financian 25.1 por ciento del total emitido de deuda privada de largo plazo, canalizando recursos a una gran cantidad de sectores productivos”, entre los que menciona los de vivienda, bebidas, cemento, automotriz, grupos industriales, transporte, siderurgia, telecomunicaciones y centros comerciales.
Al término de febrero de 2008 se habían adquirido 138 mil 538 millones de pesos en papeles de deuda emitidos por empresas privadas, como certificados bursátiles, pagarés, bonos quirografarios, entre otros, con dinero del ahorro de pensión de los trabajadores.
Esa cantidad, que representa casi 16 por ciento del total de los recursos administrados por las Afore, e invertidos por las Siefore, fue 191 por ciento superior a los 47 mil 655 millones de pesos en que aumentó el crédito destinado por la banca a las empresas comerciales, restaurantes y hoteles, entre enero de 2007 y el mismo mes de 2008.
De acuerdo con la información oficial, al cierre de febrero de este año 5.03 por ciento del ahorro para la jubilación de los trabajadores se encontraba colocado en títulos de renta variable nacional; 5.14 por ciento en renta variable internacional; 15.96 en emisiones de deuda privada nacional; 5.97 en documentos de deuda internacional y 67.90 por ciento en bonos representativos de la deuda interna del gobierno federal.
Dilación del gobierno en la entrega del programa integral para la frontera sur
■ Además se desconoce estrategia ante el endurecimiento de las medidas de seguridad en el norte
Fabiola Martínez
■ Además se desconoce estrategia ante el endurecimiento de las medidas de seguridad en el norte
Fabiola Martínez
La Secretaría de Gobernación (SG) no ha dado a conocer el programa integral para la frontera sur y, en los 16 meses de la administración calderonista, sólo presenta programas y acciones aisladas para hacer frente al fenómeno migratorio que causa impacto en nuestro país.
El programa integral supone, de acuerdo con el plan original, delineado en 2007, una estrategia conjunta entre las autoridades de migración, policiales, de inteligencia civil y militar, entre otras, para resguardar la línea fronteriza con Guatemala y Belice.
Tampoco se conocen las acciones del gobierno mexicano ante el endurecimiento de medidas de seguridad impuestas por el gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir el paso de indocumentados.
Al respecto, Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, indicó que “muy pronto” se dará a conocer la estrategia integral.
–¿Para cuando? –se preguntó a la funcionaria (impulsada para ese puesto por el titular de la SG, Juan Camilo Mouriño).
–Todavía no hay fecha, pero les estaremos avisando con toda oportunidad –respondió quien fue secretaria de Desarrollo Social en el sexenio foxista.
Plan “desde antes”
–Cuál es la estrategia del gobierno mexicano para la defensa de los migrantes, ante el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el territorio estadunidense, especialmente en la zona de Arizona.
–Hay una estrategia que está elaborada mucho antes de que empezaran a recrudecerse las medidas en contra de nuestros hermanos que están como migrantes de manera ilegal. Toda esa estrategia muy pronto será presentada por el señor secretario (Mouriño). Tiene que ver con la frontera norte y con la frontera sur. Esperen noticias.
–¿Para cuándo? ¿En seis meses, un año?
–Muy pronto, antes que eso –respondió Aranda en una breve entrevista, momentos después de acompañar al secretario Mouriño en la presentación pública de los contratos que firmó con Pemex, en calidad de apoderado legal de una empresa propiedad de su familia, al tiempo en que se desempeñaba como legislador y, más tarde, como funcionario público.
Mientras los funcionarios mexicanos dilatan la presentación del proyecto integral, en Estados Unidos ya han sido desplegados (de acuerdo con datos difundidos por agencias informativas) seis mil guardias nacionales de diversos estados a lo largo de la frontera con México, en apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza, sin involucrarse en el control migratorio.
El programa comenzó por orden del presidente George W. Bush en agosto de 2006 y está previsto que concluya en diciembre de este año.
A ello se agrega la construcción del llamado “muro virtual”, ratificado el mes pasado, en su reciente visita a México, por el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, el cual consiste en el despliegue de recursos tecnológicos para detectar e impedir el paso de indocumentados.
Mientras tanto, en México sólo se han dado a conocer algunos cambios administrativos para la frontera sur, como la emisión de formas migratorias para trabajadores visitantes guatemaltecos y un texto acerca de “una propuesta de política migratoria para la frontera sur”.
A ese contexto se añade –como se ha difundido– la dilación en las nuevas reglas para la operación de las estaciones migratorias, proyecto –delineado desde el arranque del sexenio– que no ha recibido aún el visto bueno de la Comisión de Mejora Regulatoria (paso previo fundamental en la publicación de cualquier norma nueva).
Además, tampoco hay avance –al menos se carece de información pública al respecto– del proyecto de reforma a la Ley General de Población, cuyo reglamento (vigente desde abril de 2000) establece en su capítulo quinto la política de migración y su puesta en práctica por las autoridades mexicanas.
Nuestro país se ha convertido en territorio de tránsito o destino de miles de indocumentados que cruzan la frontera sur a diario.
Los enunciados acerca de una política migratoria para esa franja territorial aparecen en la página electrónica del Instituto Nacional de Migración (INM), pero hasta el momento no ha sido detallada por el titular de la dependencia.
En el texto se asegura que el objetivo es reducir “la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados en general” y la “discrecionalidad y abuso de autoridades a la población migrante”.
Las “cuatro líneas estratégicas” para una mejor gestión en la materia son: facilitación de la documentación de los flujos migratorios; mayor protección de los derechos de los migrantes; mayor seguridad fronteriza, y “todo con base en una mayor y mejor infraestructura material y tecnológica.
“Este programa permitirá lograr que la frontera sur de México sea una zona digna, ordenada, segura y moderna, donde se facilita la vida transfronteriza y la gestión de los flujos migratorios, con respeto de los derechos humanos de los migrantes, en favor del desarrollo de la región”, señala el INM.
En los enunciados acerca de la “mejora sustantiva” en la gestión migratoria ante los flujos locales de visitantes temporales, el Diario Oficial de la Federación publicó el 12 de marzo pasado la forma migratoria de trabajadores fronterizos (con vigencia de un año) y la forma migratoria de visitante local, que traerán beneficios para algunos trabajadores guatemaltecos y beliceños, siempre que exista una oferta de trabajo de un empleador en las entidades federativas de la frontera sur de México.
Se anunció, además, un plan piloto para dar atención especial a grupos vulnerables, como mujeres y menores migrantes, pero todo en el contexto de un plan de reordenamiento, respecto de las atribuciones del INM, aunque falta conocer la estrategia en materia de seguridad, especialmente ante hechos recientes, como el asesinato de un agente de los grupos Beta, protectores de migrantes.
El programa integral supone, de acuerdo con el plan original, delineado en 2007, una estrategia conjunta entre las autoridades de migración, policiales, de inteligencia civil y militar, entre otras, para resguardar la línea fronteriza con Guatemala y Belice.
Tampoco se conocen las acciones del gobierno mexicano ante el endurecimiento de medidas de seguridad impuestas por el gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir el paso de indocumentados.
Al respecto, Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, indicó que “muy pronto” se dará a conocer la estrategia integral.
–¿Para cuando? –se preguntó a la funcionaria (impulsada para ese puesto por el titular de la SG, Juan Camilo Mouriño).
–Todavía no hay fecha, pero les estaremos avisando con toda oportunidad –respondió quien fue secretaria de Desarrollo Social en el sexenio foxista.
Plan “desde antes”
–Cuál es la estrategia del gobierno mexicano para la defensa de los migrantes, ante el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el territorio estadunidense, especialmente en la zona de Arizona.
–Hay una estrategia que está elaborada mucho antes de que empezaran a recrudecerse las medidas en contra de nuestros hermanos que están como migrantes de manera ilegal. Toda esa estrategia muy pronto será presentada por el señor secretario (Mouriño). Tiene que ver con la frontera norte y con la frontera sur. Esperen noticias.
–¿Para cuándo? ¿En seis meses, un año?
–Muy pronto, antes que eso –respondió Aranda en una breve entrevista, momentos después de acompañar al secretario Mouriño en la presentación pública de los contratos que firmó con Pemex, en calidad de apoderado legal de una empresa propiedad de su familia, al tiempo en que se desempeñaba como legislador y, más tarde, como funcionario público.
Mientras los funcionarios mexicanos dilatan la presentación del proyecto integral, en Estados Unidos ya han sido desplegados (de acuerdo con datos difundidos por agencias informativas) seis mil guardias nacionales de diversos estados a lo largo de la frontera con México, en apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza, sin involucrarse en el control migratorio.
El programa comenzó por orden del presidente George W. Bush en agosto de 2006 y está previsto que concluya en diciembre de este año.
A ello se agrega la construcción del llamado “muro virtual”, ratificado el mes pasado, en su reciente visita a México, por el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, el cual consiste en el despliegue de recursos tecnológicos para detectar e impedir el paso de indocumentados.
Mientras tanto, en México sólo se han dado a conocer algunos cambios administrativos para la frontera sur, como la emisión de formas migratorias para trabajadores visitantes guatemaltecos y un texto acerca de “una propuesta de política migratoria para la frontera sur”.
A ese contexto se añade –como se ha difundido– la dilación en las nuevas reglas para la operación de las estaciones migratorias, proyecto –delineado desde el arranque del sexenio– que no ha recibido aún el visto bueno de la Comisión de Mejora Regulatoria (paso previo fundamental en la publicación de cualquier norma nueva).
Además, tampoco hay avance –al menos se carece de información pública al respecto– del proyecto de reforma a la Ley General de Población, cuyo reglamento (vigente desde abril de 2000) establece en su capítulo quinto la política de migración y su puesta en práctica por las autoridades mexicanas.
Nuestro país se ha convertido en territorio de tránsito o destino de miles de indocumentados que cruzan la frontera sur a diario.
Los enunciados acerca de una política migratoria para esa franja territorial aparecen en la página electrónica del Instituto Nacional de Migración (INM), pero hasta el momento no ha sido detallada por el titular de la dependencia.
En el texto se asegura que el objetivo es reducir “la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados en general” y la “discrecionalidad y abuso de autoridades a la población migrante”.
Las “cuatro líneas estratégicas” para una mejor gestión en la materia son: facilitación de la documentación de los flujos migratorios; mayor protección de los derechos de los migrantes; mayor seguridad fronteriza, y “todo con base en una mayor y mejor infraestructura material y tecnológica.
“Este programa permitirá lograr que la frontera sur de México sea una zona digna, ordenada, segura y moderna, donde se facilita la vida transfronteriza y la gestión de los flujos migratorios, con respeto de los derechos humanos de los migrantes, en favor del desarrollo de la región”, señala el INM.
En los enunciados acerca de la “mejora sustantiva” en la gestión migratoria ante los flujos locales de visitantes temporales, el Diario Oficial de la Federación publicó el 12 de marzo pasado la forma migratoria de trabajadores fronterizos (con vigencia de un año) y la forma migratoria de visitante local, que traerán beneficios para algunos trabajadores guatemaltecos y beliceños, siempre que exista una oferta de trabajo de un empleador en las entidades federativas de la frontera sur de México.
Se anunció, además, un plan piloto para dar atención especial a grupos vulnerables, como mujeres y menores migrantes, pero todo en el contexto de un plan de reordenamiento, respecto de las atribuciones del INM, aunque falta conocer la estrategia en materia de seguridad, especialmente ante hechos recientes, como el asesinato de un agente de los grupos Beta, protectores de migrantes.
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Cercar (informativamente) los cercos (cívicos)
■ Uso tramposo de problemas del PRD
■ Cuauhtémoc recupera de súbito la vista
■ Colosio: los priístas y sus apagadas rutinas
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Cercar (informativamente) los cercos (cívicos)
■ Uso tramposo de problemas del PRD
■ Cuauhtémoc recupera de súbito la vista
■ Colosio: los priístas y sus apagadas rutinas
A los medios de comunicación alineados al calderonismo no les preocupa de verdad lo que suceda dentro del PRD (ni la limpieza electoral, ni la democracia partidista, ni la modernidad y fortalecimiento de esa opción: si tanto les escocieran los fraudes electorales lo habrían demostrado de 2006 a la fecha). Lo que les mantiene en pie de guerra es la posibilidad de que a partir de mañana se desate un movimiento masivo de rechazo a la privatización petrolera que signifique la primera reactivación firme del segmento de centro izquierda que, contra los cálculos de sus adversarios, ha sobrellevado el golpe conjunto dado en la pasada elección presidencial por los poderes fácticos para imponer a un funcionario ilegítimo, y la posterior campaña intensiva de polarización y ridiculización con la que se ha querido exterminar la resistencia moral, política y social a esa imposición sucia.
Hasta ahora ese movimiento social encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha desarrollado una agenda política de sobrevivencia y organización que ha sido ignorada, calumniada y deformada por los medios de comunicación aliados al calderonismo. Pero a partir de mañana, con el inicio de los cercos cívicos en instituciones demeritadas, como las cámaras legislativas, ese mismo movimiento tendrá un horizonte informativo más amplio, al que corresponderá el acrecentamiento de las pautas propagandísticas adversas. A esa necesidad, impuesta por las circunstancias, de dar noticia de lo que suceda con una resistencia civil pacífica que estará dando pasos más allá de la línea legalista, las pantallas, la radio y las planas felipizadas agregarán los aderezos televisivos coleccionados a lo largo de la semana reciente: los vicios de la elección interna del PRD trata- rán de ser trasladados a los resistentes civiles, y la descalificación hipócrita, selectiva y manipulada de lo sucedido en los comicios del sol azteca será transferida en automático a la movilización por comenzar.
Una pieza importante en esas maniobras en busca de tesoritos en aguas profundas es Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha creído oportuno asomarse al conflicto perredista con la demanda de que los comicios sean anulados. Mucha autoridad moral tendría para hacer esas propuestas si hubiera mostrado la misma enjundia declarativa y el mismo asco ante las suciedades electorales en 2006, cuando su partido, y el candidato de ese instituto (más allá de sus preferencias o sus fobias personales), fueron víctimas de un fraude electoral que el rencoroso y planeador Cárdenas no quiso ver, puestos sus interesados ojos más en el futuro de su hijo gobernador, al que ya había salvado de la quemazón producida por los escándalos videográficos de Carlos Ahumada, quien financió parte de la campaña electoral de Lazarito, impuso funcionarios-cobradores en cargos del gabinete de Batel y sostuvo prolongada relación política y económica por conducto de la trianguladora Rosario Robles. El fundador del PRD, y tres veces candidato presidencial, prefirió frente al fraude electoral felipista el silencio y la ceguera y, desde entonces, ha mantenido una actitud de colaboración con el ocupante de Los Pinos.
En el ring perredista las cosas siguen más o menos igual, a una semana del ríspido golpe de encuestadoras con el que se frenó la tendencia fraudulenta que daría el triunfo estructural a los chuchos, que ya estaban listos para zafarse de las propuestas de resistencia a la privatización de los energéticos. A fin de cuentas, la corriente denominada Ni izquierda puede entregar cuentas medianamente satisfactorias a sus aliados de Los Pinos, pues el espectáculo de marrullerías ofrecido a los medios, sobre todo a las televisoras, habrá de tener un impacto importante en el ánimo electoral y, desde luego, en el segmento de ciudadanos despolitizados, para los que los noticiarios de Televisa y Televisión Azteca son la biblia política. Alejandro Encinas, mientras tanto, apenas ha atinado a sugerir que las sesiones de cómputo sean abiertas al conocimiento de los medios de comunicación, aferrados unos y otros a mantener la vigencia de un proceso tan estancado que el mismo árbitro oficial, Arturo Núñez, ha anunciado que no habrá resultados oficiales hasta que se “destrabe” el conflicto político entre los contendientes. De hecho, con esas consideraciones, Núñez ha dictaminado inválido el proceso electoral, al sustraerlo del cauce institucional que le correspondería e instalarlo en la mesa de negociación política de los competidores.
Los priístas ni siquiera han tenido en estos días el aliciente de las emociones fuertes. Ayer, por ejemplo, apenas se permitieron algunas declaraciones insípidas y recurrentes a cargo de personajes menores (“que se reabran las investigaciones”, “que haya justicia”, “que se conozca la verdad”, dicen año tras año, y a veces ya ni eso) para recordar que catorce años atrás fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Dominados por el futurismo coaligado de la dupla MaGa (Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa) y con una lideresa formal convertida en fantasma (Beatriz, parece) los priístas, como colectividad, son simples testigos de la manera en que los mismos intereses que participaron en crear el ambiente propicio para el asesinato de Colosio, y en el encubrimiento de los responsables reales de ese crimen, preparan nuevas etapas políticas, en coordinación con el felipismo caído en esas mismas garras. ¡Está pelón el asunto!
Y, mientras se alistan quienes participarán en las acciones de defensa del petróleo mexicano (y también quienes estarán a la distancia, pero solidarios, ayudando en la medida de sus posibilidades), ¡hasta mañana, en esta columna que ve cómo el jefe de la ultraderecha mexicana, Juan Sandoval Íñiguez, se aferra a su cargo cardenalicio (al que deberá renunciar el próximo 28, al cumplir 75 años) aduciendo que el Papa “con sabiduría y delicadeza ha permitido” a otros prelados dimitentes “continuar ejerciendo su potestad de gobierno diocesano por un tiempo prudente” más!
Hasta ahora ese movimiento social encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha desarrollado una agenda política de sobrevivencia y organización que ha sido ignorada, calumniada y deformada por los medios de comunicación aliados al calderonismo. Pero a partir de mañana, con el inicio de los cercos cívicos en instituciones demeritadas, como las cámaras legislativas, ese mismo movimiento tendrá un horizonte informativo más amplio, al que corresponderá el acrecentamiento de las pautas propagandísticas adversas. A esa necesidad, impuesta por las circunstancias, de dar noticia de lo que suceda con una resistencia civil pacífica que estará dando pasos más allá de la línea legalista, las pantallas, la radio y las planas felipizadas agregarán los aderezos televisivos coleccionados a lo largo de la semana reciente: los vicios de la elección interna del PRD trata- rán de ser trasladados a los resistentes civiles, y la descalificación hipócrita, selectiva y manipulada de lo sucedido en los comicios del sol azteca será transferida en automático a la movilización por comenzar.
Una pieza importante en esas maniobras en busca de tesoritos en aguas profundas es Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha creído oportuno asomarse al conflicto perredista con la demanda de que los comicios sean anulados. Mucha autoridad moral tendría para hacer esas propuestas si hubiera mostrado la misma enjundia declarativa y el mismo asco ante las suciedades electorales en 2006, cuando su partido, y el candidato de ese instituto (más allá de sus preferencias o sus fobias personales), fueron víctimas de un fraude electoral que el rencoroso y planeador Cárdenas no quiso ver, puestos sus interesados ojos más en el futuro de su hijo gobernador, al que ya había salvado de la quemazón producida por los escándalos videográficos de Carlos Ahumada, quien financió parte de la campaña electoral de Lazarito, impuso funcionarios-cobradores en cargos del gabinete de Batel y sostuvo prolongada relación política y económica por conducto de la trianguladora Rosario Robles. El fundador del PRD, y tres veces candidato presidencial, prefirió frente al fraude electoral felipista el silencio y la ceguera y, desde entonces, ha mantenido una actitud de colaboración con el ocupante de Los Pinos.
En el ring perredista las cosas siguen más o menos igual, a una semana del ríspido golpe de encuestadoras con el que se frenó la tendencia fraudulenta que daría el triunfo estructural a los chuchos, que ya estaban listos para zafarse de las propuestas de resistencia a la privatización de los energéticos. A fin de cuentas, la corriente denominada Ni izquierda puede entregar cuentas medianamente satisfactorias a sus aliados de Los Pinos, pues el espectáculo de marrullerías ofrecido a los medios, sobre todo a las televisoras, habrá de tener un impacto importante en el ánimo electoral y, desde luego, en el segmento de ciudadanos despolitizados, para los que los noticiarios de Televisa y Televisión Azteca son la biblia política. Alejandro Encinas, mientras tanto, apenas ha atinado a sugerir que las sesiones de cómputo sean abiertas al conocimiento de los medios de comunicación, aferrados unos y otros a mantener la vigencia de un proceso tan estancado que el mismo árbitro oficial, Arturo Núñez, ha anunciado que no habrá resultados oficiales hasta que se “destrabe” el conflicto político entre los contendientes. De hecho, con esas consideraciones, Núñez ha dictaminado inválido el proceso electoral, al sustraerlo del cauce institucional que le correspondería e instalarlo en la mesa de negociación política de los competidores.
Los priístas ni siquiera han tenido en estos días el aliciente de las emociones fuertes. Ayer, por ejemplo, apenas se permitieron algunas declaraciones insípidas y recurrentes a cargo de personajes menores (“que se reabran las investigaciones”, “que haya justicia”, “que se conozca la verdad”, dicen año tras año, y a veces ya ni eso) para recordar que catorce años atrás fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Dominados por el futurismo coaligado de la dupla MaGa (Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa) y con una lideresa formal convertida en fantasma (Beatriz, parece) los priístas, como colectividad, son simples testigos de la manera en que los mismos intereses que participaron en crear el ambiente propicio para el asesinato de Colosio, y en el encubrimiento de los responsables reales de ese crimen, preparan nuevas etapas políticas, en coordinación con el felipismo caído en esas mismas garras. ¡Está pelón el asunto!
Y, mientras se alistan quienes participarán en las acciones de defensa del petróleo mexicano (y también quienes estarán a la distancia, pero solidarios, ayudando en la medida de sus posibilidades), ¡hasta mañana, en esta columna que ve cómo el jefe de la ultraderecha mexicana, Juan Sandoval Íñiguez, se aferra a su cargo cardenalicio (al que deberá renunciar el próximo 28, al cumplir 75 años) aduciendo que el Papa “con sabiduría y delicadeza ha permitido” a otros prelados dimitentes “continuar ejerciendo su potestad de gobierno diocesano por un tiempo prudente” más!
Gustavo Esteva gustavoesteva@gmail.com
¿Y la APPO?
Miedo, frustración y rabia, eso es Oaxaca hoy. Hace un año, al visitar Oaxaca, Carmen Aristegui señaló que “no se puede hablar de desterrar el odio y la violencia cuando los abusos documentados por un organismo internacional no han sido aclarados ni castigados… ¿Cómo se va a expresar la inconformidad social, que no fue resuelta, sino únicamente acallada?”
Desde entonces, comisiones locales, nacionales e internacionales de derechos humanos siguieron acudiendo a Oaxaca. Desde grupos independientes hasta los más altos niveles de Naciones Unidas exhibieron públicamente la documentación abrumadora del horror. Sin resultados.
Para los padres de Brad Will es incomprensible que tanto las autoridades locales como las federales sigan entretenidas en hipótesis descabelladas sobre el asesinato de su hijo. Ante su incapacidad y falta de voluntad pidieron a la APPO la aportación de nuevas pruebas. Esclarecer ese crimen, señaló su abogado el 28 de febrero, “puede ayudar a resolver los otros 23 asesinatos que permanecen en la impunidad”.
“Me desaparecieron a uno de mis hijos”, me dice una señora. “Si lo digo públicamente me desaparecen al otro.” Como ella, muchas personas están paralizadas de miedo. La estrategia de intimidación afecta a mucha gente, cuyo temor aumenta por la continua represión y la presencia constante de toda suerte de policías. En sitios claves de la ciudad de Oaxaca, durante la Semana Santa, hubo por momentos más policías que turistas.
Sin una transformación política profunda, señaló el 14 de febrero Marcos Leyva, ex consejero electoral y director de EDUCA, habrá “estallidos sociales muy graves”. La actitud de las autoridades, advirtió, implica “echarle más gasolina a la lumbre”. Se trata de una “simulación” para que “se mantenga el sistema autoritario y esta manera perversa y vertical de hacer política” –la que lleva, por ejemplo, a que las elecciones de dirigentes del PRD queden en manos del gobierno local.
“La inseguridad pública”, advirtió Francisco Toledo el 15 de marzo, “tiene en vilo a la ciudadanía…” Desde 2006, agregó, “los sueños de la mayoría de los oaxaqueños se convirtieron en una pesadilla. Sigue latente el miedo a que el odio y la violencia, con su secuela de destrucción y miseria, se apoderen de nuevo de Oaxaca y nos hundan en la barbarie”.
Los ciudadanos están en vilo por la inseguridad, como dice Toledo, pero también por la perspectiva. Se informa todos los días de muertos, desaparecidos, golpeados, heridos… En cualquier momento las confrontaciones violentas pueden alcanzar dimensiones que escapen a todo control. No hay exageración en quienes anticipan formas de guerra civil.
Lo asombroso, en estas condiciones, es que la esperanza siga viva. La estrategia de intimidación no ha logrado liquidarla. “Por encima de estas visiones inquietantes”, señala Toledo en una carta, “está nuestro sueño pleno de amor y de esperanza”. La misiva recoge todos los días firmas de oaxaqueños que desean sumarse a ese sueño.
La esperanza, que es esencia y motor de los movimientos populares y se redescubre cada día como fuerza social, se mantiene en Oaxaca y define al estado como territorio en rebeldía, entregado a la imaginación sociológica y la creatividad política. Desde abajo y a la izquierda se tejen continuamente nuevas iniciativas para recomponer el tejido social desgarrado por la polarización exacerbada que dejaron los hechos de 2006 y para impulsar la reorganización de la sociedad.
Algunos sectores se han acostumbrado a la idea de que nada cambiará en los próximos años, que Ulises Ruiz seguirá ocupando la oficina del gobernador hasta el fin de su periodo y Felipe Calderón lo seguirá sosteniendo, así sea con alfileres. Pero nada puede contener la esperanza de cambio y la decisión de convertirla en realidad que cunden por todas partes.
¿Y la APPO? ¿Cuánto pesa la APPO en este panorama? ¿Dónde está la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que en 2006 asombró al mundo con su comuna? Está donde ha estado siempre: entre la gente, a ras del suelo, en hombres y mujeres concretos que hace dos años sacaron fuerzas de flaqueza para articular sus empeños de transformación. Apenas se le ve en las reuniones ocasionales de algunos consejeros estatales de la APPO, por lo general dedicados a desahogar sus conflictos internos y a impulsar las agendas de sus organizaciones. La APPO está en los pueblos y en los barrios, en su fiebre de transformación.
Junto al miedo, la frustración y la rabia, en Oaxaca se intensifican los ejercicios de acción y reflexión que preparan lo que sigue. Mayo será un mes caliente. Los sedimentos de la experiencia de 2006 se harán valer.
¿Y la APPO?
Miedo, frustración y rabia, eso es Oaxaca hoy. Hace un año, al visitar Oaxaca, Carmen Aristegui señaló que “no se puede hablar de desterrar el odio y la violencia cuando los abusos documentados por un organismo internacional no han sido aclarados ni castigados… ¿Cómo se va a expresar la inconformidad social, que no fue resuelta, sino únicamente acallada?”
Desde entonces, comisiones locales, nacionales e internacionales de derechos humanos siguieron acudiendo a Oaxaca. Desde grupos independientes hasta los más altos niveles de Naciones Unidas exhibieron públicamente la documentación abrumadora del horror. Sin resultados.
Para los padres de Brad Will es incomprensible que tanto las autoridades locales como las federales sigan entretenidas en hipótesis descabelladas sobre el asesinato de su hijo. Ante su incapacidad y falta de voluntad pidieron a la APPO la aportación de nuevas pruebas. Esclarecer ese crimen, señaló su abogado el 28 de febrero, “puede ayudar a resolver los otros 23 asesinatos que permanecen en la impunidad”.
“Me desaparecieron a uno de mis hijos”, me dice una señora. “Si lo digo públicamente me desaparecen al otro.” Como ella, muchas personas están paralizadas de miedo. La estrategia de intimidación afecta a mucha gente, cuyo temor aumenta por la continua represión y la presencia constante de toda suerte de policías. En sitios claves de la ciudad de Oaxaca, durante la Semana Santa, hubo por momentos más policías que turistas.
Sin una transformación política profunda, señaló el 14 de febrero Marcos Leyva, ex consejero electoral y director de EDUCA, habrá “estallidos sociales muy graves”. La actitud de las autoridades, advirtió, implica “echarle más gasolina a la lumbre”. Se trata de una “simulación” para que “se mantenga el sistema autoritario y esta manera perversa y vertical de hacer política” –la que lleva, por ejemplo, a que las elecciones de dirigentes del PRD queden en manos del gobierno local.
“La inseguridad pública”, advirtió Francisco Toledo el 15 de marzo, “tiene en vilo a la ciudadanía…” Desde 2006, agregó, “los sueños de la mayoría de los oaxaqueños se convirtieron en una pesadilla. Sigue latente el miedo a que el odio y la violencia, con su secuela de destrucción y miseria, se apoderen de nuevo de Oaxaca y nos hundan en la barbarie”.
Los ciudadanos están en vilo por la inseguridad, como dice Toledo, pero también por la perspectiva. Se informa todos los días de muertos, desaparecidos, golpeados, heridos… En cualquier momento las confrontaciones violentas pueden alcanzar dimensiones que escapen a todo control. No hay exageración en quienes anticipan formas de guerra civil.
Lo asombroso, en estas condiciones, es que la esperanza siga viva. La estrategia de intimidación no ha logrado liquidarla. “Por encima de estas visiones inquietantes”, señala Toledo en una carta, “está nuestro sueño pleno de amor y de esperanza”. La misiva recoge todos los días firmas de oaxaqueños que desean sumarse a ese sueño.
La esperanza, que es esencia y motor de los movimientos populares y se redescubre cada día como fuerza social, se mantiene en Oaxaca y define al estado como territorio en rebeldía, entregado a la imaginación sociológica y la creatividad política. Desde abajo y a la izquierda se tejen continuamente nuevas iniciativas para recomponer el tejido social desgarrado por la polarización exacerbada que dejaron los hechos de 2006 y para impulsar la reorganización de la sociedad.
Algunos sectores se han acostumbrado a la idea de que nada cambiará en los próximos años, que Ulises Ruiz seguirá ocupando la oficina del gobernador hasta el fin de su periodo y Felipe Calderón lo seguirá sosteniendo, así sea con alfileres. Pero nada puede contener la esperanza de cambio y la decisión de convertirla en realidad que cunden por todas partes.
¿Y la APPO? ¿Cuánto pesa la APPO en este panorama? ¿Dónde está la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que en 2006 asombró al mundo con su comuna? Está donde ha estado siempre: entre la gente, a ras del suelo, en hombres y mujeres concretos que hace dos años sacaron fuerzas de flaqueza para articular sus empeños de transformación. Apenas se le ve en las reuniones ocasionales de algunos consejeros estatales de la APPO, por lo general dedicados a desahogar sus conflictos internos y a impulsar las agendas de sus organizaciones. La APPO está en los pueblos y en los barrios, en su fiebre de transformación.
Junto al miedo, la frustración y la rabia, en Oaxaca se intensifican los ejercicios de acción y reflexión que preparan lo que sigue. Mayo será un mes caliente. Los sedimentos de la experiencia de 2006 se harán valer.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR
Transmisión: 32 aniversario del Golpe en Argentina
Argentina: 1976 - 24 de marzo – 2008
La Red Nacional de Medios Alternativos realizará una transmisión especial este 24 de marzo a partir de las 9.00 y hasta las 20 hs. (hora argentina -03GMT)
La transmisión se realizará desde la provincia de Córdoba, en los Estudios de la FM UTN 94.3 de Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, para todo el país.
Contará con móviles desde distintos puntos del país y saldrá en directo desde el acto en la Plaza de Mayo.
Podrán escucharse informes, entrevistas y producciones especiales.
Sintoniza la transmisión
También encontrarás una cobertura gráfica de las distintas instancias de la emisión especial en RNMA.
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