Hablar de políticas públicas

Se puso de moda hablar de políticas públicas sin que en ocasiones se llegue a profundizar en el sentido que guardan enlazados tanto lo político como lo público.

Escuchamos incluso a quienes pretenden que algunas decisiones que tienen claramente el estatus de pago de favores sean vistas como políticas públicas, por ejemplo los millonarios regalos en efectivo o en especie que se hacen del erario a los religiosos para construir una faraónica basílica.

Quien funge como secretario de gobernación en Jalisco evidentemente confunde el significado de este concepto. Afirma que los donativos de fondos públicos que su gobierno hace para empresas o asociaciones como Televisa, Cáritas u otras que se dedican a hacer labor social emparejadas al Santuario de los Mártires, son políticas públicas.

Siguiendo su razonamiento, las peregrinaciones y demás ritos son de alguna forma públicos y por ende él deduce que apoyar con fondos públicos ese tipo de actividades que desde su perspectiva son de beneficio al prójimo, pudiera interpretarse como política pública.

Esta es, entre otras, una penosa imitante que tienen aquellos que se incorporan al gobierno sin comprender cabalmente la teoría del Estado. En su mayoría se basan en ideas sobrenaturales, citas bíblicas y algunas guías de superación personal. Eso no les alcanza para entender las dimensiones de lo que está en juego en el ejercicio de la función pública.
Quienes sean los que manejen las asociaciones beneficiadas con dinero de los contribuyentes jaliscienses, no mantienen una visión imparcial e incluyente de la sociedad. El sesgo religioso les ubica como cercanas al clero católico y por lo tanto copartícipes de una doctrina, una más dentro de la sociedad que se desenvuelve en un marco de laicismo y pluralidad que propician nuestras leyes, lo cual significa que todos los ciudadanos, al margen de sus credos, son considerados en igualdad y esto solamente lo puede garantizar el Estado, no los grupos, por muy piadosos y humanistas que se muestren.

La falta de políticas públicas adecuadas a las circunstancias y la proliferación de políticas adulteradas con interés privado o sectario que pretenden hacerse pasar como interés social de mayor espectro, nos acarrean conflictos que es necesario atajar, aunque esto rara vez se logra y por lo regular las cosas se vuelven críticas, surgen las respuestas violentas.
¿A qué intereses, a quién benefician las políticas públicas en todos los órdenes? ¿De dónde surgen, quién las proyecta y dictamina?

Toda acción con carácter oficial o de gobierno deriva de una o varias políticas, aunque ello no garantiza que sean las correctas o adecuadas en términos de la viabilidad democrática.

Las políticas públicas parten de un esquema de medidas que teóricamente buscan privilegiar el beneficio común, de ahí su carácter público y de ahí también se desprende el hecho de que éstas entren en tensión con las fuerzas que representan intereses privados o particulares de cualquier origen.
El Estado es la instancia que media en esta controversia dialéctica y ha de garantizar el equilibrio, de lo contrario sobreviene la ruptura y el colapso de la estabilidad social.

La Constitución Mexicana aún vigente pese al acoso privatizador que impera desde hace décadas, señala políticas públicas que nos han permitido conservar de manera relativa la soberanía sobre los bienes y recursos, sin que esto quiera decir que hallamos palpado los beneficios correspondientes, esto en razón de la descomunal corrupción que envuelve los distintos niveles de gobierno, algunos sectores de la iniciativa privada, organismos y gran parte de la sociedad.

Por ejemplo, decir que tenemos el petróleo suena a mal chiste, porque más de la mitad de los mexicanos no tienen prácticamente otra cosa aparte de necesidades, enfermedades o hambre.

Las políticas públicas en materia de energéticos se pueden resumir en un sólo razonamiento que se trazó constitucionalmente y dice que los recursos naturales de la superficie y del subsuelo son propiedad de la nación, esto es; no tienen otro dueño que la sociedad mexicana. El problema es que éstas fueron diseñadas hace casi un siglo, tiempo en el que los usos y derivados de los recursos se han multiplicado a la vez que el mundo ha sufrido transformaciones insospechadas y nadie resolvió adecuarse con la finalidad de sacar ventaja para el país.

Es bastante contradictorio contar con las estadísticas tan bajas en la población, los estragos más crueles de la pobreza, junto a una producción petrolera de las más potentes en el mundo. ¿Qué sucede? Las respuestas nos las han dado algunos expertos que nos demuestran el desgaste financiero de la paraestatal. Por incapacidad, malversación o ambas causales, las cifras van a la baja y nos recuerdan la situación de los ferrocarriles antes de que llegaran a privatizarse y beneficiaran a los dueños de la empresa norteamericana que los adquirió a precio de chatarra y al presidente que se prestó para la maniobra a cambio de su tajada de acciones: el chicano Ernesto Zedillo.

México es quizá uno de los pocos si no el único país en el mundo donde los ciudadanos no tienen posibilidad de viajar en ferrocarril gracias al proceso de privatizar los bienes de la nación como éste tan esencial que es el transporte.
¿Por qué pese a la política de mantener el petróleo como un bien social que administra el Estado, los rendimientos no representan algo más para la población, no mejora su calidad de vida?

Aparte de que casi nada ha funcionado en cuestión de administración pública desde veinte años antes de que terminara el siglo veinte, PEMEX se ha rezagado tecnológicamente porque se vacía de recursos. Con su rendimiento se costea el gasto corriente y los excedentes se esfuman entre las manos de los políticos que manejan el país y la empresa. No hace crecer Petróleos Mexicanos a México porque no le han dejado crecer al tamaño en que pudiera como empresa exitosa soportarlo y hasta enriquecerlo, si la mentalidad y la intencionalidad al aplicar las políticas fuera distinta.

¿Por qué la insistencia de un gobierno en tergiversar la ley para convertirla en reglamento que autorice el ingreso de capital privado en calidad de sociedad a la empresa que es de la nación? Las respuestas son históricas, abundan los acuerdos onerosos, indignos, que tantas veces signaron los políticos mexicanos con los gobiernos yanquis; desde Santa Ana y Ocampo, hasta Carranza y Álvaro Obregón. Estos personajes y otros más pretendieron reconocimiento de sus tambaleantes gobiernos, así como recursos para sostenerlos. No les importó comprometer por generaciones pedazos de patria que costaron grandes sacrificios, en medio de despojos, destierros y crímenes de toda laya, a cambio de sentarse en la famosa “silla presidencial”. Una historia cruel que ignoran o soslayan quienes controlan el gobierno mexicano a través de terceros que también se encuentran en la misma circunstancia.

Por su parte las políticas públicas sobre el medio ambiente padecen de cierta zozobra; son insuficientes y los políticos, nuevamente, son los encargados de incumplirlas o modificarlas bajo la presión de los intereses de quienes tienen los recursos económicos.

Se pierden miles de hectáreas de bosques y manglares, en tanto los permisos de cacería han vuelto a surgir con toda clase de pretextos. El campo sucumbe en medio de incendios, desmontes y contaminación. ¿Dónde están y qué dicen las políticas públicas en esta materia? ¿Qué pueden responder los encargados de aplicarlas? ¿Cómo las catalogan los expertos?
Lo mismo podemos reflexionar y cuestionar acerca del agua, un recurso que sigue la misma ruta del petróleo en cuanto a la forma en que se le disputará en el futuro no tan lejano. ¿Guerras por agua? ¿Nadie va a garantizar este recurso a la población vulnerable? Todo es posible en este mundo donde prevalece la ley de la selva.

Es necesario inventar, fortalecer, abundar información y trabajar para diseñar y construir como si fueran estructuras, las políticas que hagan transitable el trayecto a través del nuevo mapa social, hasta en sus últimos e ínfimos bordes y relieves.

carlos antonio villa guzmán