Condena CNDH operativo militar en JuárezVíctor Ballinas
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, denunció ayer que en Ciudad Juárez, Chihuahua, “se vive una situación preocupante por la actuación de militares en tareas de seguridad pública, que han impedido a los visitadores de esa comisión ingresar a instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde tienen detenidos a varios agentes. Ni a la procuradora general de Justicia de esa entidad la han dejado pasar”.
Lo que está ocurriendo en esa ciudad fronteriza “es muy preocupante, porque por instrucciones superiores militares han negado el acceso a la CNDH a los centros de reclusión, a los lugares públicos, donde existe la posibilidad de que se cometan violaciones; y si nos impiden el paso, están incurriendo en un delito federal, porque somos el órgano depositario del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, y de acuerdo con nuestra ley, debe permitírsenos el acceso. Esto lo denunciaré ante la Procuraduría General de la República”.
Entrevistado al término de la presentación del Informe especial sobre las pandillas delictivas trasnacionales, conocidas como maras, el ombudsman nacional destacó que “desde hace meses he hecho un llamado al presidente Felipe Calderón para que ponga orden en los militares. No sé qué necesita: ahora ya hay más muertos y heridos, y las denuncias y quejas contra los militares crecen cotidianamente, y más en estos días del operativo que realizan en esa ciudad del norte del país”.
Dijo que para dar solución a las graves violaciones a los derechos humanos que cometen los soldados contra la población, “homicidios, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, malos tratos, entre otras, podría acudir al Congreso de la Unión para denunciar esta situación y que llamen a cuentas al gobierno”.
–En concreto, ¿un llamado al presidente Calderón como jefe supremo de las fuerzas armadas?
–Sí, claro. Yo tengo el mandato del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, aparte de las facultades de ley de la CNDH para entrar a las prisiones. ¿Qué necesita Calderón para llamar al orden a los militares? Ya hay muertos y heridos, y vienen seis nuevas recomendaciones que presentaré en los próximos días contra la Sedena por tortura, asesinatos y detenciones arbitrarias, en Sinaloa y Michoacán, y se sigue incrementando el número de quejas cotidianas contra los militares por sus acciones contra la población.
El ombudsman insistió: “Lo que está sucediendo, ayer y hoy, en Ciudad Juárez, es muy preocupante, porque no nos están permitiendo hacer nuestra labor, y cada vez se está caldeando más el clima ante las graves violaciones a los derechos humanos”.
Anunció que la próxima semana realizará una gira a esa ciudad, y por lo pronto, demandó que “al delegado de la CNDH en Ciudad Juárez se le permita el paso para supervisar la situación de las personas detenidas en instalaciones militares”.
–¿Los militares actuaron como secuestradores al impedir el paso a la CNDH?
–Pues claro.
–Pues claro.
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Víctor Ballinas
La Red Todos los Derechos para Todos denunció ayer que en el operativo militar que se realiza desde hace días en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro mujeres policías ministeriales fueron detenidas y trasladadas a instalaciones castrenses, donde dos de ellas “fueron desnudadas delante de soldados y fueron vendadas de los ojos”.
Además, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, abundó: “Se han recibido denuncias de la población civil por cateos, detenciones ilegales, malos tratos; con ello se corrobora lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos señalamos desde un principio, que sacar a los militares a la calle de manera numerosa e intensiva llevaría a que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos”.
El presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los derechos Humanos (Limeddh), destacó por su parte que la población en esa ciudad fronteriza reclama el “estado de sitio en que se encuentran” y las constantes y cotidianas violaciones a sus derechos que cometen militares en los retenes y en los puestos de supervisión que han colocado.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en conjunto con el Frente Cívico Sinaloense, realizan labores de observación en Sinaloa para documentar el caso de cuatros personas asesinadas por militares el 28 de marzo pasado, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos citadas demandaron que el Ejército se “abstenga de seguir investigando los crímenes que cometieron sus elementos destinados a esa región y ponga a los responsables –de los asesinatos– a disposición de la autoridad civil”.
En sus primeras investigaciones, las organizaciones de derechos humanos sostienen que “el 28 de marzo pasado, militares dispararon contra el vehículo en que viajaban Édgar Geovany Araujo Alarcón, de 25 años, Héctor Zenón Medina López, de 28 años, Manuel Medina Araujo, de 25 años, e Irineo Medina Díaz de 50 años, junto con otras dos personas que resultaron heridas. Los indicios apuntan a que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita”.
Por su parte, Cortez consideró “gravísimo que el Ejército se niegue a abrir sus espacios donde tiene detenidos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el órgano depositario del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, y el organismo encargado de vigilar que no se violen los derechos humanos.
Eso dice que el Ejército genera condiciones para que se violen los derechos humanos”.
Dijo el secretario ejecutivo de la red que “es momento de que el ombudsman nacional exija al presidente Calderón que modifique su política en materia de seguridad, que tiene alto costo en materia de derechos humanos. Si Soberanes piensa recurrir al Senado para denunciar al Ejecutivo, que lo haga, pero tiene que romper esa prohibición. Es inaceptable que al órgano encargado de la defensa de los derechos humanos se le restrinja la entrada a los lugares que debe supervisar”.
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