Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: PAN Y PRI: PEMEX NO SE PRIVATIZALos coordinadores de PAN y PRI en el Senado, Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, dijeron que en la construcción de la iniciativa del gobierno federal sobre la reforma energética no habrá engaños y tampoco existe la intención de privatizar Pemex. Creel negó que vaya a haber sorpresas, sino, por el contrario, indicó que lo que se buscará es que sea una reforma técnicamente viable y operable en lo político. Beltrones aseguró que en las reuniones con el presidente Felipe Calderón nunca le ha escuchado que tenga la intención de privatizar la paraestatal. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: EL PRD CUMPLE 15 DÍAS ENTRAMPADO Jesús Ortega, candidato a la presidencia del PRD, denunció que en ese partido ha habido intentos por alcanzar acuerdos, fuera de las vías institucionales, para el resultado final de la contienda interna, en tanto que Alejandro Encinas sostuvo que no avalará resultado alguno que no sea producto de la votación de los militantes. Al reunirse con más de un centenar de consejeros de Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional, advirtió: “No voy a ceder mi triunfo”. Ahí mismo pidió a sus correligionarios prudencia para destrabar el cómputo. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: OLVIDÓ HACIENDA ENVIAR 12 MDP A FONDO PETROLERO En 2006, último año del gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada entonces por Francisco Gil Díaz, no transfirió 12 mil 826.2 millones de pesos al Fideicomiso del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP), creado en noviembre de 2000 para hacer frente ante abruptas caídas en los precios internacionales del crudo, incumpliendo con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: NOTABLES DEL PRD DESTRABAN RECUENTO… SÓLO POR SEIS HORASEn una junta de notables perredistas, a la que asistieron Leonel Cota Montaño, Marcelo Ebrard, Leonel Godoy, Guadalupe Acosta Naranjo, Arturo Núñez, Jesús Ortega y Alejandro Encinas, se acordó que los dos aspirantes a la dirigencia nacional darán todas las facilidades para destrabar el cómputo de las casillas electorales. Se concretó evitar más señalamientos públicos y se acordó que de ahora en adelante —como ya habían asegurado antes del proceso electoral— reconocerán el resultado del cómputo aun cuando no les sea favorable. VER NOTA COMPLETA
Francia prepara un avión para la liberación de Betancourt
Francia envió un avión Falcon 900 a la base militar de Cayenne, en Guayana Francesa, en espera de la posible liberación de la ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt. La aeronave, que lleva equipo médico, llegó a Guayana Francesa la noche del viernes pasado y se encuentra lista para prestar asistencia a Betancourt en caso de que sea liberada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informa el diario JOURNAOL DU DIMANCHE. Según el rotativo, el Falcon 990 está listo para evacuar a la ex candidata presidencial en caso de que fructifique la propuesta del gobierno colombiano de suspender las sentencias de rebeldes presos a cambio de la liberación de Betancourt y otros rehenes. Colombia indicó la víspera que Francia estaría dispuesta a recibir a guerrilleros excarcelados como parte de un posible acuerdo de liberación de rehenes. “No tenemos información sobre un desenlace inmediato pero queremos poner todas las posibilidades a nuestro alcance”. Las negociaciones continúan desde la propuesta hecha el viernes pasado por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, de liberar a rebeldes de las FARC a cambio de la liberación de Betancourt, publica JOURNAOL DU DIMANCHE.
LEA: FRANCIA RECIBIRÁ GUERRILLEROS ENCARCELADOS A CAMBIO DE REHENES ASEGURA URIBE COLOMBIA HACE CAMPAÑA CONTRA LUCIA MORETT ASEGURA SU PADRE URIBE SACA UN AS DE LA MANGA CORREA VISITARÁ MÉXICO ANÁLISAN RELACIONES DE LAS FARC CON VENEZUELA Y ECUADOR EN SIP
Editorial La Jornada.
Sudamérica y la ofensiva de la reacción
Las muestras de descontento que tienen lugar en Argentina y Bolivia, encabezadas por grupos tradicionalmente privilegiados en ambas naciones, se incrustan en una cadena de acciones en contra de gobiernos considerados progresistas en distintos países del Cono Sur, detrás de las cuales puede entreverse un mismo objetivo: la desestabilización política.
En el caso de Argentina, la presidencia de Cristina Fernández enfrenta el descontento de los empresarios agrícolas por el incremento en los impuestos a las exportaciones de soya y girasol. La crispación ha sido capitalizada por la derecha de esa nación austral, que en su momento constituyó el sostén de la dictadura militar que gobernó esa nación entre 1976 y 1983, y que actualmente es adversa a las políticas seguidas por el gobierno de Fernández y de su antecesor, Néstor Kirchner.
Por lo que hace a Bolivia, el presidente Evo Morales ha hecho frente, desde su llegada al poder, a una ofensiva oligárquica que, para mermar la labor del gobierno, anteriormente había aprovechado los conflictos regionalistas, y que ahora es apuntalada por el descontento empresarial ante la decisión gubernamental de prohibir las exportaciones de aceite comestible. En protesta por esa medida, que a decir de Evo Morales tiene el fin de “garantizar a la población su derecho a la alimentación”, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) instó al mandatario a “recuperar la cordura” y frenar sus supuestos ataques “contra el aparato productivo y las libertades económicas”, en tanto que los líderes transportistas amenazaron con iniciar un bloqueo de las fronteras con Chile, Argentina, Perú y Brasil, como medida de presión al presidente boliviano para que dé una tregua de 60 días en la prohibición de exportar el producto.
En forma similar, otros gobiernos de la región han sufrido, respectivamente, las embestidas de las fuerzas oligárquicas al interior de sus naciones. Tal es el caso de Ecuador, donde el presidente Rafael Correa ha denunciado ser objeto de una campaña de desestabilización, en la que participan los “medios de comunicación de la derecha”, que busca deponerlo para colocar en su lugar a un “títere de Washington”. Por su parte, los grupos oligárquicos de Venezuela han mantenido un acoso sistemático en contra del presidente Hugo Chávez, que incluso logró separarlo del cargo durante unas horas, por vía de una intentona de golpe de Estado en 2001.
Significativamente, el denominador común de los gobiernos referidos es que se han distanciado, de una forma o de otra, de las políticas económicas propias de la doctrina capitalista y, por el contrario, han insertado medidas orientadas a atender las necesidades de las clases populares en sus respectivos países y reducir en alguna medida la insultante brecha de desigualdad y los regímenes de privilegios que propiciaron la concentración de riqueza en unas cuantas manos.
Finalmente, es de destacarse que, como lo han denunciado en su momento los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela, los conflictos referidos hayan sido alentados por Estados Unidos. El hecho de que Washington asuma un nuevo rol protagónico en apoyo a una ofensiva generalizada de la reacción contra los gobiernos progresistas de Sudamérica vendría a confirmar que su pretendido papel de defensor y promotor mundial de la democracia y los derechos humanos continúa siendo una mera simulación o, cuando mucho, una postura que asume a conveniencia.
Los Pinos y Beltrones pactaron presentar la iniciativa energética la próxima semana, advierte
Castigo a autores del quebranto detectado a Pemex, exige AMLO
■ En Veracruz insiste en movilizarse “con disciplina, responsabilidad y de forma pacífica”
■ Al privatizar la paraestatal, Calderón se convertiría “en un empleado de las trasnacionales”
La Jornada de Oriente, Andrés Timoteo y Carlos Camacho (Corresponsales)
Castigo a autores del quebranto detectado a Pemex, exige AMLO
■ En Veracruz insiste en movilizarse “con disciplina, responsabilidad y de forma pacífica”
■ Al privatizar la paraestatal, Calderón se convertiría “en un empleado de las trasnacionales”
La Jornada de Oriente, Andrés Timoteo y Carlos Camacho (Corresponsales)
Andrés Manuel López Obrador exigió ayer al Congreso fincar cargos contra los responsables del presunto quebranto financiero por más de 655 millones de dólares que generó la transacción que hizo Petróleos Mexicanos (Pemex) para adquirir acciones del capital social de la trasnacional española Repsol YPF.
Al continuar su gira con los comités de defensa del petróleo en los estados de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y Puebla, el “presidente legítimo” reveló que Felipe Calderón Hinojosa y Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los priístas en el Senado, acordaron presentar la próxima semana en esa cámara la iniciativa de reforma energética. “Ya pactaron, ya transaron, pero impediremos que se dé un madruguete a los mexicanos”, expuso en Veracruz.
Más tarde, en San Manuel, Tlaxcala, sostuvo que el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dio cuenta de la pérdida patrimonial de al menos 655 millones de dólares, que es la diferencia entre el precio de contratación de 2003 y 2004 –cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del consejo de administración de Pemex– y en los títulos registrados en 2006, confirma que “la empresa favorita extranjera para la privatización de Pemex es Repsol”.
Este dictamen demuestra que “detrás del afán privatizador del petróleo está la ambición de un grupo encabezado por Calderón, (el secretario de Gobernación, Juan Camilo) Mouriño, Elías Ayub (director de la Comisión Federal de Electricidad) y otros que tienen vínculos con compañías extranjeras y quieren hacer negocio con lo ajeno, con lo que pertenece al pueblo de México”.
Horas antes, en Puebla, López Obrador criticó las supuestas alianzas de Mouriño Terrazo con petroleras extranjeras y las intenciones de Calderón de privatizar Pemex. En la reunión participaron representantes de la Convención Nacional Democrática, principalmente de la capital poblana, quienes abarrotaron el recinto del Sindicato Mexicano de Telefonistas, sitio del encuentro.
En Veracruz advirtió a sus simpatizantes que los gobiernos federal y estatales, tanto panistas como priístas, además de la derecha, intentarán infiltrar al movimiento en defensa del petróleo y conducirlo a acciones de violencia para descalificarlo, por lo que pidió a todos los mexicanos estar atentos e impedirlo y a movilizarse “con disciplina, responsabilidad y de forma pacífica”.
El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal dijo que a diferencia de lo que tenían acordado hace días, ahora tras el pacto Beltrones-Calderón, el Senado será la cámara de origen y desde allí los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán también acciones de resistencia. La movilización civil en defensa del petróleo, agregó, rechazará toda simulación legaloide para privatizar la riqueza energética.
Explicó que al privatizar Pemex, el Presidente se convertiría “en un empleado de las trasnacionales”.
En Pachuca, Hidalgo, López Obrador se reunió con mil brigadistas ante quienes expuso cinco razones para oponerse a la privatización de Pemex, entre ellas, “porque privatizar es igual a corrupción”, porque ese energético en manos de la nación servirá para sacar adelante al país y porque esto significaría estabilidad social.
Hizo un llamado a los asistentes a sumarse a la resistencia civil pacífica, organizada y disciplinada para impedir que el grupo en el poder entregue una de las riquezas de México a empresas extranjeras.
Al continuar su gira con los comités de defensa del petróleo en los estados de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y Puebla, el “presidente legítimo” reveló que Felipe Calderón Hinojosa y Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los priístas en el Senado, acordaron presentar la próxima semana en esa cámara la iniciativa de reforma energética. “Ya pactaron, ya transaron, pero impediremos que se dé un madruguete a los mexicanos”, expuso en Veracruz.
Más tarde, en San Manuel, Tlaxcala, sostuvo que el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dio cuenta de la pérdida patrimonial de al menos 655 millones de dólares, que es la diferencia entre el precio de contratación de 2003 y 2004 –cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del consejo de administración de Pemex– y en los títulos registrados en 2006, confirma que “la empresa favorita extranjera para la privatización de Pemex es Repsol”.
Este dictamen demuestra que “detrás del afán privatizador del petróleo está la ambición de un grupo encabezado por Calderón, (el secretario de Gobernación, Juan Camilo) Mouriño, Elías Ayub (director de la Comisión Federal de Electricidad) y otros que tienen vínculos con compañías extranjeras y quieren hacer negocio con lo ajeno, con lo que pertenece al pueblo de México”.
Horas antes, en Puebla, López Obrador criticó las supuestas alianzas de Mouriño Terrazo con petroleras extranjeras y las intenciones de Calderón de privatizar Pemex. En la reunión participaron representantes de la Convención Nacional Democrática, principalmente de la capital poblana, quienes abarrotaron el recinto del Sindicato Mexicano de Telefonistas, sitio del encuentro.
En Veracruz advirtió a sus simpatizantes que los gobiernos federal y estatales, tanto panistas como priístas, además de la derecha, intentarán infiltrar al movimiento en defensa del petróleo y conducirlo a acciones de violencia para descalificarlo, por lo que pidió a todos los mexicanos estar atentos e impedirlo y a movilizarse “con disciplina, responsabilidad y de forma pacífica”.
El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal dijo que a diferencia de lo que tenían acordado hace días, ahora tras el pacto Beltrones-Calderón, el Senado será la cámara de origen y desde allí los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán también acciones de resistencia. La movilización civil en defensa del petróleo, agregó, rechazará toda simulación legaloide para privatizar la riqueza energética.
Explicó que al privatizar Pemex, el Presidente se convertiría “en un empleado de las trasnacionales”.
En Pachuca, Hidalgo, López Obrador se reunió con mil brigadistas ante quienes expuso cinco razones para oponerse a la privatización de Pemex, entre ellas, “porque privatizar es igual a corrupción”, porque ese energético en manos de la nación servirá para sacar adelante al país y porque esto significaría estabilidad social.
Hizo un llamado a los asistentes a sumarse a la resistencia civil pacífica, organizada y disciplinada para impedir que el grupo en el poder entregue una de las riquezas de México a empresas extranjeras.
ASF: omitió Fox en 2006 transferir $12,826.2 millones al fondo petrolero
■ Resalta que se hayan negociado garantías cuando el precio del petróleo se ha mantenido alto
■ Resalta que se hayan negociado garantías cuando el precio del petróleo se ha mantenido alto
Reporta también que se contrataron coberturas en dólares sin considerar otros instrumentos
En 2006, último año del gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada entonces por Francisco Gil Díaz, no transfirió 12 mil 826.2 millones de pesos al Fideicomiso del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP), creado en noviembre de 2000 para hacer frente ante abruptas caídas en los precios internacionales del crudo, incumpliendo con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Adicionalmente, se compraron coberturas petroleras en dólares sin considerar otros instrumentos financieros que pudieran haber otorgado mayores y mejores condiciones de rentabilidad para el país. La dolarización del FEIP en lugar de utilizar otras divisas con mayor fortaleza, como el euro, ocasionó que se dejaran de percibir mil 595.7 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, la ASF advirtió que los recursos del FEIP se “identifican como área de riesgo”, debido a que las reglas de operación del fideicomiso, permiten la dolarización y compra de coberturas petroleras sin establecer limitaciones o restricciones, “dejando al Comité Técnico las decisiones discrecionales para operar bajo este esquema”.
También los depósitos trimestrales que se deberían de haber entregado en tiempo y forma, registraron retrasos de hasta 85 días, por lo que no se cumplieron con los plazos de transferencia en infracción a las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.
Por ejemplo, la ASF documentó que el 25 de abril de 2006 se aportaron al fondo 71 millones 300 mil pesos por concepto del ajuste anual del ejercicio de 2005, con 85 días de atraso.
El 28 de diciembre de 2006 se depositaron en el FEIP, 22 mil 715 millones 200 mil pesos de los ingresos excedentes correspondientes al tercer trimestre de 2006, con 58 días de atraso.
En tanto, que el 13 de febrero de 2007, con un desfase de 13 días, se realizó el traspaso del ajuste anual del ejercicio de 2006 por 91 millones 100 mil pesos.
En la revisión al registro de operaciones efectuadas por Nacional Financiera (Nafin) al FEIP, la ASF detectó errores, omisiones e información incorrecta en operaciones por 3 mil 61.9 millones de pesos de intereses, gastos fiduciarios, compra de coberturas petroleras, comisiones e impuesto al valor agregado (IVA).
En el ejercicio de 2006, Nafin, institución que administra el FEIP registró 5 mil 687.8 millones de pesos que fueron aplicados para adquirir coberturas petroleras, operación que generó comisiones, que fueron pagadas al Banco de México y IVA, respectivamente, sin embargo estas comisiones no fueron contabilizadas en sus cuentas.
Se determinó que por coberturas petroleras se pagaron 5 mil 690.8 millones de pesos, lo que generó una diferencia de 3 mil 19.4 millones de pesos contra los registrado, debido a que se aplicó un tipo de cambio diferente al publicado por el Banco de México para ese periodo. Así, la ASF constató “la recurrencia de errores y omisiones en los registros contables”.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados precisó que se contrataron 59 opciones de cobertura petrolera, para asegurar los precios de una proporción de la plataforma de exportación, por las que se pagaron 520 millones 488 mil 500 dólares, equivalentes a 5 mil 690.8 millones de pesos, es decir, 25 por ciento del monto total transferido al FEIP por el gobierno federal en 2006 por 22 mil 786.5 millones de pesos.
Las coberturas contra eventuales bajas en el precio del crudo fueron adquiridas a través del Banco de México, quien a su vez las contrató con integrantes de la Asociación Internacional de Swap y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés). Estas opciones se ejercerán siempre y cuando el precio promedio del petróleo en el periodo de vigencia sea igual o menor que el precio del ejercicio en el que se adquirió.
La ASF subraya que desde la creación del FEIP se han contratado coberturas petroleras al amparo de las reglas de operación, erogando en conjunto 22 mil 235.2 millones de pesos, equivalente a 40.4 por ciento de los 55 mil 84.9 millones de pesos de las transferencias del gobierno al fondo.
Por lo anterior, la ASF reitera la observación de que las decisiones y acuerdos del Comité Técnico del FEIP han estado orientados sólo a la compra de coberturas petroleras y no se han considerado otros instrumentos análogos, en incumplimiento de las reglas de operación del FEIP, y en infracción del artículo 134 de la Constitución, buscando siempre las mejores condiciones disponibles para el país.
No se contemplaron otros mecanismos, como pudiera ser el que se maneja en el Fondo de Estabilización Noruego, que busca soportar eventualidades por la caída del precio del petróleo y genera una rentabilidad atractiva a ese fondo.
Esta estrategia, indica la ASF, debe de revisarse ya que de acuerdo a la historia del mercado del precio del petróleo, éste no ha disminuido en los últimos 5 años y del total del patrimonio se ha gastado 40.4 por ciento en coberturas petroleras, por lo que se ha disminuido su valor en lugar de incrementarse.
La ASF consideró que la política de dolarizar el capital del FEIP debe revisarse, “ya que es evidente que el dólar ha perdido fortaleza y hay otras monedas que pudieran dar mejores rendimiento y efectos cambiarios, como sería el euro, por ser uno de los más rentables en este segmento”.
En resumen se emitieron cinco observaciones que generaron siete acciones, de las cuales cuatro corresponden a recomendación y tres a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. La SHCP cuenta con 45 días naturales para solventar estas observaciones.
Adicionalmente, se compraron coberturas petroleras en dólares sin considerar otros instrumentos financieros que pudieran haber otorgado mayores y mejores condiciones de rentabilidad para el país. La dolarización del FEIP en lugar de utilizar otras divisas con mayor fortaleza, como el euro, ocasionó que se dejaran de percibir mil 595.7 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, la ASF advirtió que los recursos del FEIP se “identifican como área de riesgo”, debido a que las reglas de operación del fideicomiso, permiten la dolarización y compra de coberturas petroleras sin establecer limitaciones o restricciones, “dejando al Comité Técnico las decisiones discrecionales para operar bajo este esquema”.
También los depósitos trimestrales que se deberían de haber entregado en tiempo y forma, registraron retrasos de hasta 85 días, por lo que no se cumplieron con los plazos de transferencia en infracción a las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.
Por ejemplo, la ASF documentó que el 25 de abril de 2006 se aportaron al fondo 71 millones 300 mil pesos por concepto del ajuste anual del ejercicio de 2005, con 85 días de atraso.
El 28 de diciembre de 2006 se depositaron en el FEIP, 22 mil 715 millones 200 mil pesos de los ingresos excedentes correspondientes al tercer trimestre de 2006, con 58 días de atraso.
En tanto, que el 13 de febrero de 2007, con un desfase de 13 días, se realizó el traspaso del ajuste anual del ejercicio de 2006 por 91 millones 100 mil pesos.
En la revisión al registro de operaciones efectuadas por Nacional Financiera (Nafin) al FEIP, la ASF detectó errores, omisiones e información incorrecta en operaciones por 3 mil 61.9 millones de pesos de intereses, gastos fiduciarios, compra de coberturas petroleras, comisiones e impuesto al valor agregado (IVA).
En el ejercicio de 2006, Nafin, institución que administra el FEIP registró 5 mil 687.8 millones de pesos que fueron aplicados para adquirir coberturas petroleras, operación que generó comisiones, que fueron pagadas al Banco de México y IVA, respectivamente, sin embargo estas comisiones no fueron contabilizadas en sus cuentas.
Se determinó que por coberturas petroleras se pagaron 5 mil 690.8 millones de pesos, lo que generó una diferencia de 3 mil 19.4 millones de pesos contra los registrado, debido a que se aplicó un tipo de cambio diferente al publicado por el Banco de México para ese periodo. Así, la ASF constató “la recurrencia de errores y omisiones en los registros contables”.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados precisó que se contrataron 59 opciones de cobertura petrolera, para asegurar los precios de una proporción de la plataforma de exportación, por las que se pagaron 520 millones 488 mil 500 dólares, equivalentes a 5 mil 690.8 millones de pesos, es decir, 25 por ciento del monto total transferido al FEIP por el gobierno federal en 2006 por 22 mil 786.5 millones de pesos.
Las coberturas contra eventuales bajas en el precio del crudo fueron adquiridas a través del Banco de México, quien a su vez las contrató con integrantes de la Asociación Internacional de Swap y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés). Estas opciones se ejercerán siempre y cuando el precio promedio del petróleo en el periodo de vigencia sea igual o menor que el precio del ejercicio en el que se adquirió.
La ASF subraya que desde la creación del FEIP se han contratado coberturas petroleras al amparo de las reglas de operación, erogando en conjunto 22 mil 235.2 millones de pesos, equivalente a 40.4 por ciento de los 55 mil 84.9 millones de pesos de las transferencias del gobierno al fondo.
Por lo anterior, la ASF reitera la observación de que las decisiones y acuerdos del Comité Técnico del FEIP han estado orientados sólo a la compra de coberturas petroleras y no se han considerado otros instrumentos análogos, en incumplimiento de las reglas de operación del FEIP, y en infracción del artículo 134 de la Constitución, buscando siempre las mejores condiciones disponibles para el país.
No se contemplaron otros mecanismos, como pudiera ser el que se maneja en el Fondo de Estabilización Noruego, que busca soportar eventualidades por la caída del precio del petróleo y genera una rentabilidad atractiva a ese fondo.
Esta estrategia, indica la ASF, debe de revisarse ya que de acuerdo a la historia del mercado del precio del petróleo, éste no ha disminuido en los últimos 5 años y del total del patrimonio se ha gastado 40.4 por ciento en coberturas petroleras, por lo que se ha disminuido su valor en lugar de incrementarse.
La ASF consideró que la política de dolarizar el capital del FEIP debe revisarse, “ya que es evidente que el dólar ha perdido fortaleza y hay otras monedas que pudieran dar mejores rendimiento y efectos cambiarios, como sería el euro, por ser uno de los más rentables en este segmento”.
En resumen se emitieron cinco observaciones que generaron siete acciones, de las cuales cuatro corresponden a recomendación y tres a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. La SHCP cuenta con 45 días naturales para solventar estas observaciones.
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■ Familiares exigen una condena de México al gobierno de Colombia
Georgina Saldierna
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La dependencia envía carta a padres de los estudiantes atacados
¿Qué es el “costo político”?
Carlos Monsiváis
30 de marzo de 2008
Al hablar de la reforma energética que es más bien privatización, Santiago Creel, el senador y dirigente histórico de Acción Nacional, afirma: “Estamos dispuestos a pagar el costo político de nuestra acción”. ¿De qué está hablando? ¿De la decisión arriesgada, y tanto que implica necesariamente un pago abundante, y que se traduce, también de modo necesario, en la pérdida de votos porque nunca se logrará convencer de la justicia del proyecto a un sector hasta ese momento adicto? ¿De algo que si resulta una maniobra equivocada probará hasta qué punto mejor lo hubieran pensado un ratito?
Lo más probable es que, como de costumbre, el senador Creel, al que en su propio partido han tildado de hombrecito, se esté refiriendo a nada, ese concepto que proviene del limbo una vez que los medios concluyeron la entrevista.
* * *
¿Costo político? ¿En qué estaban pensando los perredistas al embarcar a su partido en un desastre de diversas maneras irreparables? Ya se sabe: la ausencia de autoridad moral no despoja de sentido o de precisión a críticas y pronunciamientos, pero sí de alcances auditivos. ¿Qué dijo el de los autogolpes?
El sector víctima de fraudes colosales en 1988 y, ya como partido, de la operación fraudulenta de 2006, ¿cómo explica, digamos, ese “cochinero” (la palabra de moda) de los cien mil votos mágicos en Chiapas, o de la irrupción del “maná electoral” en Veracruz y Oaxaca de Ruiz y el estado de México? (información coladera: Oaxaca llevará lo “de Ruiz” a partir de una encuesta histórica entre priístas y panistas).
* * *
¿Cuál es el costo político que paga el PRI por, elijo algunos ejemplos, Acteal, Aguas Blancas en Guerrero, Fobaproa, la serie infinita de caciques y presidentes municipales caciquiles, los ecocidios (la tala de bosques, verbigracia), y los enriquecimientos de sus gobernadores?
¿Y quién asume el pago del 2 de octubre de 1968 (con aplausos el 1 de septiembre de 1969 de toda la clase política y el Poder Judicial al jactarse Gustavo Díaz Ordaz de su responsabilidad en 1968), la matanza de henriquistas el 7 de julio de 1952 en la Alameda Central, los miles de presos políticos, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari… y la lista amplísima queda a cargo de la memoria colectiva, que en este caso opera por fragmentos y por regiones sin llegar sino por zonas restringidas a convertirse en memoria histórica?
* * *
¿Qué es, insisto, “el costo político”? Algo que está seguro de no pagar jamás el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al que, como aval moral, Felipe Calderón llevó a su lado al pronunciar su discurso del 21 de marzo.
¿Qué “costo político” pagan el Partido Acción Nacional y la administración de Calderón por los ataques furibundos al Estado laico, tan constantes en —cito cumbres de la ignorancia de la historia y el desconocimiento de las leyes— los gobernadores de Jalisco, Guanajuato y Querétaro, por los alcaldes de las prohibiciones del moralista más cerrado, por la subsecretaria de Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, que apoya, con suave hipocresía pero con disciplina, la donación de 90 millones de pesos del gobierno de Jalisco a la catedral de Juan Sandoval?
* * *
¿Qué “costo político” se entrega en las ventanillas electorales por la consagración de la “eterna primavera” de la impunidad? Los gobiernos del PRI y del PAN han absuelto sucesiva y simultáneamente a los grandes empresarios culpables de saqueos documentados, han festejado los enriquecimientos monstruosos como pruebas de patriotismo, han exculpado y vitoreado al inefable Vicente Fox, a Marta Sahagún y sus hijos Bribiesca, han visto con beneplácito la intensidad del ecocidio (que el medio ambiente se rasque con sus uñas, y si ya no las tiene, que hagan allí un fraccionamiento como ocurre en la Sonora de Bours).
Fíjate, pueblo, malcomes y te vas, vives y te resignas, te duele y rezongas. Entonces, ¿a ti qué más te da las pirámides del dinero ajeno?, mira cómo los obispos lo bendicen y, luego, te vas.
* * *
Al cabo de “las indagatorias” a propósito del “costo político”, no alcanzo a percibir cómo funciona tan portentosa institución. ¿Cuántas elecciones no ha ganado el PRI en estos años y cuántas no ganará en los tiempos próximos? Y las pruebas de corrupción y represión de los panistas, ¿le impiden su dominio en el Cinturón del Rosario?
En última instancia, el costo político, sin comillas, lo pagan quienes no pueden enfrentar con mínimo éxito las campañas de odio, los que viven atados a su ideal: “Divídete y perderás, pero tampoco ganarán tus contendientes en tu partido”, los que pertenecen a la izquierda, un término más confuso y nebuloso que el inequívoco de la derecha.
El costo político, de nuevo sin comillas, lo pagan los que, en lo relativo a la razón de sus causas, tienen algo que perder. Esto no ha sido ni será el caso del PRI, atado amorosamente a su desprestigio, a su renuncia a la mínima expresión de ideas, a su mala fama. Va pa’trás papá y por supuesto que va; éste ya no afecta al PAN, belicosamente derechista, y, también, beatíficamente convencido de la grandeza del neoliberalismo.
En materia de partidos políticos, el costo político corre a cuenta del recipiente de las campañas de odio que no consigue enfrentarlas con la mínima unidad requirible.
Los movimientos sociales tienen fuerza, o a veces prenden, como diría Manlio Fabio Beltrones, pero no pueden prescindir de los partidos que les den voz en el Congreso, y si allí en esos ámbitos, lo que priva es el gozo de la desunión, el costo político se intensifica, de nuevo sin comillas.
Escritor. El universal.
Al hablar de la reforma energética que es más bien privatización, Santiago Creel, el senador y dirigente histórico de Acción Nacional, afirma: “Estamos dispuestos a pagar el costo político de nuestra acción”. ¿De qué está hablando? ¿De la decisión arriesgada, y tanto que implica necesariamente un pago abundante, y que se traduce, también de modo necesario, en la pérdida de votos porque nunca se logrará convencer de la justicia del proyecto a un sector hasta ese momento adicto? ¿De algo que si resulta una maniobra equivocada probará hasta qué punto mejor lo hubieran pensado un ratito?
Lo más probable es que, como de costumbre, el senador Creel, al que en su propio partido han tildado de hombrecito, se esté refiriendo a nada, ese concepto que proviene del limbo una vez que los medios concluyeron la entrevista.
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¿Costo político? ¿En qué estaban pensando los perredistas al embarcar a su partido en un desastre de diversas maneras irreparables? Ya se sabe: la ausencia de autoridad moral no despoja de sentido o de precisión a críticas y pronunciamientos, pero sí de alcances auditivos. ¿Qué dijo el de los autogolpes?
El sector víctima de fraudes colosales en 1988 y, ya como partido, de la operación fraudulenta de 2006, ¿cómo explica, digamos, ese “cochinero” (la palabra de moda) de los cien mil votos mágicos en Chiapas, o de la irrupción del “maná electoral” en Veracruz y Oaxaca de Ruiz y el estado de México? (información coladera: Oaxaca llevará lo “de Ruiz” a partir de una encuesta histórica entre priístas y panistas).
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¿Cuál es el costo político que paga el PRI por, elijo algunos ejemplos, Acteal, Aguas Blancas en Guerrero, Fobaproa, la serie infinita de caciques y presidentes municipales caciquiles, los ecocidios (la tala de bosques, verbigracia), y los enriquecimientos de sus gobernadores?
¿Y quién asume el pago del 2 de octubre de 1968 (con aplausos el 1 de septiembre de 1969 de toda la clase política y el Poder Judicial al jactarse Gustavo Díaz Ordaz de su responsabilidad en 1968), la matanza de henriquistas el 7 de julio de 1952 en la Alameda Central, los miles de presos políticos, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari… y la lista amplísima queda a cargo de la memoria colectiva, que en este caso opera por fragmentos y por regiones sin llegar sino por zonas restringidas a convertirse en memoria histórica?
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¿Qué es, insisto, “el costo político”? Algo que está seguro de no pagar jamás el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al que, como aval moral, Felipe Calderón llevó a su lado al pronunciar su discurso del 21 de marzo.
¿Qué “costo político” pagan el Partido Acción Nacional y la administración de Calderón por los ataques furibundos al Estado laico, tan constantes en —cito cumbres de la ignorancia de la historia y el desconocimiento de las leyes— los gobernadores de Jalisco, Guanajuato y Querétaro, por los alcaldes de las prohibiciones del moralista más cerrado, por la subsecretaria de Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, que apoya, con suave hipocresía pero con disciplina, la donación de 90 millones de pesos del gobierno de Jalisco a la catedral de Juan Sandoval?
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¿Qué “costo político” se entrega en las ventanillas electorales por la consagración de la “eterna primavera” de la impunidad? Los gobiernos del PRI y del PAN han absuelto sucesiva y simultáneamente a los grandes empresarios culpables de saqueos documentados, han festejado los enriquecimientos monstruosos como pruebas de patriotismo, han exculpado y vitoreado al inefable Vicente Fox, a Marta Sahagún y sus hijos Bribiesca, han visto con beneplácito la intensidad del ecocidio (que el medio ambiente se rasque con sus uñas, y si ya no las tiene, que hagan allí un fraccionamiento como ocurre en la Sonora de Bours).
Fíjate, pueblo, malcomes y te vas, vives y te resignas, te duele y rezongas. Entonces, ¿a ti qué más te da las pirámides del dinero ajeno?, mira cómo los obispos lo bendicen y, luego, te vas.
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Al cabo de “las indagatorias” a propósito del “costo político”, no alcanzo a percibir cómo funciona tan portentosa institución. ¿Cuántas elecciones no ha ganado el PRI en estos años y cuántas no ganará en los tiempos próximos? Y las pruebas de corrupción y represión de los panistas, ¿le impiden su dominio en el Cinturón del Rosario?
En última instancia, el costo político, sin comillas, lo pagan quienes no pueden enfrentar con mínimo éxito las campañas de odio, los que viven atados a su ideal: “Divídete y perderás, pero tampoco ganarán tus contendientes en tu partido”, los que pertenecen a la izquierda, un término más confuso y nebuloso que el inequívoco de la derecha.
El costo político, de nuevo sin comillas, lo pagan los que, en lo relativo a la razón de sus causas, tienen algo que perder. Esto no ha sido ni será el caso del PRI, atado amorosamente a su desprestigio, a su renuncia a la mínima expresión de ideas, a su mala fama. Va pa’trás papá y por supuesto que va; éste ya no afecta al PAN, belicosamente derechista, y, también, beatíficamente convencido de la grandeza del neoliberalismo.
En materia de partidos políticos, el costo político corre a cuenta del recipiente de las campañas de odio que no consigue enfrentarlas con la mínima unidad requirible.
Los movimientos sociales tienen fuerza, o a veces prenden, como diría Manlio Fabio Beltrones, pero no pueden prescindir de los partidos que les den voz en el Congreso, y si allí en esos ámbitos, lo que priva es el gozo de la desunión, el costo político se intensifica, de nuevo sin comillas.
Escritor. El universal.
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