FRENTE GUERRERENSE CONTRA LA REPRESION Y LA IMPUNIDAD

Para su conocimiento y difusion:
FRENTE GUERRERENSE
CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD

(FGRI)

Los movimientos sociales y las organizaciones firmantes, nos hemos convocado para integrar un Frente estatal que unifique los movimientos, las luchas y la respuesta de las organizaciones democráticas y de todos los guerrerenses en torno a un incluyente y

UNICO OBJETIVO:

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD

LA MILITARIZACIÓN, LA POBREZA Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL

El gobierno federal encabezado por Felipe Calderón ha militarizado el país –con pretexto del combate a la delincuencia organizada- para imponer en México los planes del capitalismo mundial y para cubrirse las espaldas como gobierno ilegítimo. Con esta escalada el gobierno ha violado sistemáticamente las libertades democráticas y los derechos humanos de los mexicanos, hombres y mujeres.

La militarización tiene como fin último reprimir las luchas que se están dando en todo el país, por mejores condiciones de vida y de trabajo; por la soberanía nacional y la defensa de los energéticos, en contra de la privatización de PEMEX y de la industria eléctrica; por la soberanía alimentaria, la defensa del campo y en contra de la carestía ocasionada por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN); luchas por el pleno respeto a los derechos laborales, la sindicalización, el derecho de huelga y en contra de la Ley del ISSSTE; por la defensa de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; por la defensa de los pueblos indios y su reconocimiento como sujetos de derecho; por la defensa del territorio, de la tierra y del agua y contra la entrega al extranjero de la riqueza y los bienes que son de la Nación, o sea, que son de todos los mexicanos.

La pobreza constituye una violación generalizada y permanente de los derechos humanos, en particular de los derechos sociales básicos. Según el Banco Mundial la pobreza en México alcanza a la mitad de la población. Más de 10 millones de los mexicanos viven en la miseria y el 60% de los mexicanos considerados como los más pobres, perciben la cuarta parte de la riqueza del país. No existe una política para hacer efectivos los derechos humanos fundamentales que tienen que ver con las condiciones de vida de la población.
El imperialismo norteamericano impuso al gobierno de México el pacto, casi secreto, de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) acuerdo por el cual se obliga a entregar los energéticos de nuestro país para asegurar el abasto energético del gobierno y las empresas estadounidenses; y con la Iniciativa Mérida (Plan México), que es parte de ese acuerdo, se obliga al ejército mexicano a entrar en el esquema militar de seguridad de los Estados Unidos. Estos acuerdos reprobables del gobierno panista atentan gravemente contra la soberanía nacional.

Para acallar al pueblo, el gobierno lanzó la iniciativa de reforma penal constitucional en materia judicial que lleva a la Constitución la represión institucionalizada. Esta iniciativa es una copia de la Ley Patriótica de Estados Unidos, pero más grave, porque se trata de una reforma constitucional. Habrá que obligar al rechazo y cancelación de esta reforma criminal que se usará para hacer legal la injusticia. La lucha de los mexicanos y particularmente del FNCR, echó abajo el intento de avalar el allanamiento domiciliario sin orden judicial alguna, sin embargo, esta reforma impone un proceso de enjuiciamiento penal acusatorio, eleva el arraigo a nivel constitucional y viola flagrantemente los derechos humanos fundamentales al descartar la presunción de inocencia y el debido proceso en tanto crea un régimen de excepción al distinguir entre dos sistemas de justicia, uno para los "ciudadanos" y otro para los "enemigos" del Estado. Es una iniciativa dirigida a reprimir al pueblo de México.

Con el avance hacia un estado policíaco, se han endurecido las prácticas autoritarias e ilegales utilizadas por el ejército y los cuerpos represivos contra los ciudadanos. Se han multiplicado las detenciones ilegales, el uso sistemático de la tortura, la desaparición forzada, la persecución a defensores de derechos humanos y luchadores sociales, y se han ejecutado acciones reprobables de represión sobre todo en Oaxaca, Atenco, Guerrero y Chiapas.

EL GOBIERNO DE GUERRERO, LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL ANTIPOPULAR Y LA REPRESIÓN A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

La pobreza y la marginación en Guerrero constituyen la principal violación a los derechos humanos. En la actualidad 44.57% de los hogares guerrerenses tienen tan bajos ingresos que no pueden cubrir sus necesidades de alimentación; el 67% de los hogares no pueden cubrir sus necesidades de vestido, calzado, vivienda y transporte. Guerrero es una entidad con muy alto grado de marginación, situación que se agudizó entre los años 2002 y 2005, en los que se pasa del segundo al primer lugar a nivel nacional en cuanto al grado de marginación por entidad federativa, superando a Chiapas y Oaxaca. Un 90% del territorio guerrerense se encuentra con problemas asociados con la pobreza.

El gobierno de Zeferino Torreblanca ha optado por la represión como forma de gobernar. Canceló definitivamente el diálogo con los guerrerenses que luchamos por el respeto de los derechos humanos, sociales y políticos más elementales así como la defensa de nuestros derechos al trabajo, a la educación, la salud, a una vivienda digna y a un ambiente sano. Por la violación sistemática de los derechos humanos se ha iniciado un proceso de ingobernabilidad en el estado.
Se han multiplicado y recrudecido los actos de represión: Los estudiantes y maestros egresados de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron golpeados por los cuerpos represivos y posteriormente fueron encarcelados. Los campesinos de la Sierra de Atoyac sufrieron cateos ilegales por las policías federales que cercaron pueblos enteros. En la Montaña las comunidades indígenas enfrentan a diario la intromisión y agresiones del ejército. Los comuneros y ejidatarios de La Parota siguen enfrentando las acciones ilegales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno del estado, a pesar de que se han ganado todos los juicios contra la CFE y los comisariados corruptos. La CFE y el gobierno estatal han roto la legalidad ya que han pasado sobre amparos y medidas precautorias que prohíben el acceso de la CFE a su territorio.

En Guerrero existen severos problemas de acceso a la justicia. La impunidad prevalece sin que el gobierno haya tomado medidas efectivas para sancionar a los responsables por las violaciones masivas de los derechos humanos de la década de los 70's y 80's y de las masacres de Aguas Blancas y El Charco ocurridas en los años 90,s.

Los casos de los ciudadanos asesinados, desaparecidos y secuestrados en los últimos dos años como resultado del incremento desmedido de la inseguridad y la violencia, también han quedado en la impunidad. No existen mecanismos reales de protección contra las desapariciones forzadas de personas ni existe un organismo capaz y confiable que sirva como medio para encontrar justicia, lo que ha generado un clima de incertidumbre e inseguridad en la sociedad. La impunidad es el escudo de los agentes responsables de violaciones de los derechos humanos. La impunidad está claramente vinculada a la corrupción y unida a la discrecionalidad y las redes de relaciones con las que funcionan grupos de poder desde el ámbito oficial.

El Estado de Derecho se encuentra sumamente debilitado. La ley se aplica a discreción y en beneficio de grupos de poder; los procesos judiciales padecen de graves irregularidades; las víctimas carecen de recursos sencillos, adecuados y efectivos para remediar dichos abusos, favoreciendo la corrupción, el tráfico de influencias y la impericia de las autoridades, lo cual repercute directamente en el problema social de la inseguridad pública y la delincuencia. El derecho a la manifestación se ha convertido en Guerrero en un derecho vulnerado y es motivo de conflicto social y la exigencia a su respeto forma parte de la demanda social, especialmente por las reformas hechas al Código Penal a través de la llamada "Ley Dimayuga" que penalizan la protesta social y que justifica la existencia de una gran cantidad de órdenes de aprehensión contra líderes sociales.

El derecho de petición también se ha debilitado dado que los espacios de interlocución del gobierno con la sociedad civil se encuentran prácticamente cerrados por la negativa del gobierno a dialogar con las organizaciones sociales. La participación ciudadana se obstaculiza y la falta de transparencia en el manejo de la información pública gubernamental encubre la corrupción y limita el derecho a "saber", necesario para la acción ciudadana en materia de contraloría social.

El derecho a la libertad de expresión no se encuentra garantizado y se ejerce con un alto grado de vulnerabilidad que no permite las condiciones para su ejercicio a nivel individual y colectivo. El derecho a informar y a disentir de la autoridad desde el ejercicio periodístico, se combate desde el mismo gobierno del estado mediante el "estrangulamiento económico" a medios y la demanda penal contra periodistas. La impunidad frente a los asesinatos y desaparición de periodistas alienta las agresiones contra éstos.

Los derechos de los grupos vulnerables se mantienen rezagados y su atención en ocasiones se confunde con la entrega de paliativos y acciones asistencialistas. Los derechos de las mujeres, de la infancia, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas, de las personas con capacidades diferentes, de los grupos lésbico gays, así como los derechos de los migrantes y los refugiadas, siguen necesitando los mecanismo adecuados que garanticen su integración y reconocimiento pleno.


El gobierno de Guerrero es un gobierno antidemocrático que gobierna solamente para los empresarios. Hay un pacto entre el poder económico y el poder político. El único el diálogo que acepta Torreblanca es entre empresarios, o sea, sus socios. Son reuniones para hacer negocios. Los grandes ricos exigen al gobierno que proteja sus propiedades y sus corruptelas; que expulse a campesinos para arrebatarles sus tierras y reprima a quien se oponga al despojo por parte de las empresas depredadoras, nacionales y extranjeras. Se empeñan en expulsarnos de nuestros territorios para llevarse los minerales, la energía, la biodiversidad y el agua para hacer negocios millonarios. El gobierno de Guerrero no es un gobierno para todos los guerrerenses. Es un gobierno de exclusión de los más pobres y de concesiones para la concentración de la riqueza.

Dio inicio la apertura indiscriminada al capital trasnacional. Se han abierto las puertas del estado para que se adueñen de nuestros recursos. Las empresas canadienses se están llevando el oro. Las trasnacionales hoteleras se están adueñando de nuestras playas. Las empresas privadas de la energía, quieren construir La Parota como parte del Plan Puebla Panamá. Torreblanca, siguiendo la política de Calderón decidió entregar el estado a los empresarios que dicen que vienen a invertir para crear empleos. Si eso fuera cierto, hace mucho que no habría pobres en Guerrero. Las supuestas inversiones no son sino negocios personales o de grupo cuyas ganancias las comparten con los gobernantes que les entregan concesiones, sin beneficio alguno para el estado, menos para el pueblo guerrerense. Para sostener tanta agresión contra los guerrerenses, el estado utiliza la represión contra quienes se oponen a sus planes. En Guerrero, como en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Atenco, la represión se instaló como la forma más descarada de violencia institucional.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Estado de Guerrero ocupa los últimos lugares en cuanto a bienestar social y desarrollo económico, mientras que ocupa los primeros lugares en marginación, pobreza y analfabetismo, lo que determina una gran desigualdad económica, social y cultural, así como graves condiciones de exclusión de amplios sectores de la sociedad. Esta situación es resultado de un modelo económico que privilegia los intereses y el desarrollo del capital sobre la consecución y cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que implica una violación generalizada de los derechos humanos.

De ahí nace la permanente lucha del pueblo guerrerense por alcanzar un mejor nivel de vida. Atrás de las movilizaciones sociales que ahora se criminalizan, de la persecución de los luchadores sociales, de los presos y perseguidos políticos e incluso asesinados, se encuentra siempre una lucha y una legítima aspiración por el trabajo, la defensa de la tierra y los recursos naturales, la vivienda, la salud, la educación, los servicios públicos, el alimento, la seguridad social.

El estado de Guerrero ha sido cuna de los más grandes defensores de las libertades democráticas, por la justicia y la defensa de los derechos del pueblo. En estas luchas participaron miles de guerrerenses desde la Independencia, la Reforma, y la Revolución hasta las luchas encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Toca a las actuales generaciones defender las conquistas históricas e imponer un verdadero estado de derecho en el que se respeten la justicia y la dignidad de los pueblos.

El Frente Guerrerense contra la Represión y la Impunidad deberá encabezar unitariamente las demandas por la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de cientos de desaparecidos, la exigencia por la cancelación de cientos de órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, el esclarecimiento de asesinatos y sobre todo el fin de la impunidad con que se mueven los cuerpos represores, los funcionarios gubernamentales y aquellos depredadores que han matado campesinos para quedarse con terrenos ejidales y comunales y desarrollar sus proyectos, sobre todo mineros e inmobiliarios. Acapulco Diamante es el ejemplo más reprobable de esta rapiña. Deberemos acabar con la impunidad que les da el poder y el dinero.

CARÁCTER DEL FRENTE

Un Frente democrático, independiente del gobierno y de los partidos políticos.

Un Frente en el que participen todas las fuerzas sociales bajo el total respeto a la independencia, la autonomía y los métodos de lucha de cada uno de los movimientos y organizaciones que lo conforman.

Un Frente que anteponga la movilización como método fundamental de lucha.

Un Frente que trabaje en una estrategia general de respuesta social.

Un Frente que brinde solidaridad a cada uno de los casos de represión contra movimientos y luchadores sociales.

EJES DE LUCHA

Responder unitariamente a la represión desplegada por el gobierno del estado de Guerrero.

Detener la militarización que está imponiendo el gobierno calderonista en todo el país.
Rechazar tajantemente la reforma judicial de Calderón.
Impulsar la Ley de Amnistía a nivel federal y estatal.
Denunciar y castigar la desaparición, la tortura, el despojo, la esterilización forzada y la violación a mujeres, particularmente la violación de militares a mujeres indígenas.
Exigir castigo para quienes impunemente masacraron campesinos en El Charco y en Aguas Blancas.
Luchar por la libertad de todas y todos los presos políticos.
Exigir la presentación con vida de las y los desaparecidos.
Abolir la tortura y castigar a quien la ejerce.
Frenar el proceso de criminalización de la protesta social.
Desterrar la impunidad.

Impulsar la lucha por los derechos fundamentales: los derechos a la alimentación, la salud, la educación, la cultura, la seguridad social, y a una vivienda digna.
Promover la lucha consecuente por los derechos
de las mujeres, de la infancia, de los jóvenes, de los adultos mayores, de grupos lésbico gays y de todos los grupos marginados y excluidos.

Acabar con la violencia institucional y el terrorismo de Estado.
Exigir seguridad jurídica y respeto a las garantías individuales.
Exigir pleno respeto a los derechos laborales.
Defender los derechos de los campesinos y detener el despojo de sus tierras.
Luchar por la defensa de los derechos, la cultura y la libre determinación de los pueblos indios.
Impulsar la defensa de los derechos de jornaleros y migrantes.
Obligar al gobierno a respetar el mandato constitucional de Educación laica, gratuita y escolarizada para Todas y Todos los mexicanos.
Frenar el proceso de pauperización y miseria de millones de mexicanos.
Defender los recursos naturales y promover el uso comunitario de los mismos.
Emprender la defensa del país. Frenar la entrega a las empresas trasnacionales de los recursos naturales, los energéticos y el agua.
Participar en la lucha nacional contra la privatización del petróleo.

ESTRATEGIAS

Unir fuerzas en la lucha por la defensa de los derechos humanos, contra la represión y la impunidad.

Estructurar un programa de lucha estatal por la defensa de los Derechos Humanos que arranque con una gran movilización a nivel estatal.

Confrontar al gobierno ante sus propias leyes. Demandar penalmente al gobierno por sus actos represivos. Acabar con la impunidad.

Responder unitariamente ante todo acto de represión del gobierno y ante la tortura institucionalizada.

Hacer frente común contra los actos intimidatorios del gobierno, la provocación, amenazas de muerte y órdenes de aprehensión contra los luchadores sociales.

Respaldar las luchas por derechos colectivos. Impulsar formas comunitarias de organización y desarrollo.

Promover el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Hacer valer el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos guerrerenses.

Hacer de la solidaridad el eje de unidad de los movimientos y de la lucha social.

Avanzar en la consolidación de la gran respuesta social de masas.

PLAN DE ACCIÓN

Conformar un equipo de monitoreo y denuncia oportuna de las violaciones de derechos humanos y que promueva la solidaridad.
Elaborar una estrategia para la liberación de todos los presos políticos.
Reclamar la aparición con vida de los desaparecidos durante la guerra sucia y de los desaparecidos en los años subsecuentes hasta el momento actual.
Implementar la policía comunitaria en las comunidades rurales.
Denunciar los casos de violación a niños y niñas. Exigir castigo a los violadores.
Integrar un equipo jurídico que responda a las necesidades de las organizaciones y atienda los casos de indígenas presos.
Denunciar y desterrar el método de la tortura.
Crear una radio comunitaria autónoma.
Elaborar un boletín informativo.
Programar jornadas por la defensa de los Derechos Humanos.
Defender la Normal de Ayotzinapa y su carácter rural, popular y humanista.
Exigir el pago de salarios no cubiertos a maestros de la CERP-CETEG.
Convocar a una convención estatal para analizar los problemas del agro.
Dar la más amplia solidaridad a los ejidatarios y comuneros del CECOP.
Promover la solidaridad con los movimientos populares en lucha en todo el país y en especial con las comunidades zapatistas que están siendo hostigadas y reprimidas.

ACCIONES INMEDIATAS

Impulsar la Ley de Amnistía a nivel federal y estatal.

Obligar al Congreso del Estado de Guerrero a rechazar la Reforma Judicial.

Organizar una gran movilización estatal el 1º de Mayo.

ORGANIZACIONES CONVOCANTES

Consejo de Ejidos y Comuniadades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Comisariado Ejidal de Llano Largo
Comisariado Ejidal de El Cayaco
Consejo Ciudadano del Municipio de Chilapa
Consejo Regional de la variante Bathaa
Mujeres de El Rincón de Chautla
Comité de Hijos de Ejidatarios y Avecindados del Ejido de Icacos
Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón"
Comité de familiares de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero
Asociación Nacional de Luchadores Sociales
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
Comité Eureka de Guerrero
Organización de Derechos Humanos "Liberación"
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG)
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XVII, Gro. (SNTSS)
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección XXI, Gro. (STRM)
Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Delegación XVII
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG)
Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG)
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH)
Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del DIF-GRO (SETSDIFGRO)
Sindicato de Trabajadores Académicos del CONALEP (STACONALEP)
Sindicato Independiente del Conjunto Turístico Jacarandas (SICTJ)
Sindicato Único de Trabajadores del CAPECE (SUTCAPECE)
Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI, Sección Guerrero (CNTINEGI-GRO)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, Sección Guerrero
(SNTEA-GRO)
Consejo Estatal de Jubilados y Pensionados
Taller de Desarrollo Comunitario TADECO
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)
Corriente Crítica de México
Colectivo Estatal Pedagógico José Martí
Colectivo Libertario Acá También Resistimos (KLATR)
Colectivo Rebelión
Unión Estudiantil Popular
Frente Femenil de Lucha por la Democracia
Comunidad Indígena Popular "Emperador Cuauhtémoc"
CIOAC-Roja
Movimiento Popular Vicente Guerrero
Universidad Campesina del Sur (Unicam-Sur)
Alianza por la dignidad de los Guerrerenses
Mujeres Solidarias
Frente de Defensa Popular
Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG)
Coalición de Mercados y Parianes Turísticos de Acapulco
Movimiento Ciudadano de Defensa Popular
Colonia Ampliación de Puerto Marqués, Parte alta
Aguacaliente, Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mpio. de Acapulco, Gro.
9 de Marzo de 2008

¡ LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO,

LA REPRESIÓN ES UN DELITO !

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM

FEDEFAM 1981-2007: 26 años de lucha contra la impunidad
AFADEM 1978-2007: 29 años de lucha contra la impunidad
DESAPARECIDOS PRESENTACION
¡NO AL PROYECTO HIDROELECTRICO LA PAROTA!

Julio Mata Montiel
Secretario Ejecutivo de AFADEM
Vocal de FEDEFAM Acapulco: 045 74 4118 5044 Cd Mex: 045 55 2893 6354