Los primeros ataques del ala dura del priísmo a Felipe Calderón, mediante Internet, fueron opacados por una pedagógica exhibición de fuerza en Michoacán: te lo digo, domesticado PRD, para que lo entiendas, dizque rebelde PRI. Redada de burocracia de medio pelo para advertir a los opositores que la mano armada no temblará a la hora de cobrar cuentas políticas. Un golpe más de desaliento cívico, en el contexto amplio de la estrategia de desmovilización y desesperanza que según los comandantes del país les permitirá seguir ejerciendo el poder desde el miedo y el acoso (vaya ironías con La Familia: en aquella entidad, la hermana Luisa María ejerce la función de rijosa jefa política real del panismo, por encima de las estructuras formales, ostentosamente vigilada por miembros del Estado Mayor Presidencial y servida por patrullas y agentes de la policía federal). Plan electoral de choque: primero, tapabocas y aislamiento; luego, uso selectivo de la fuerza militar para amedrentar y ahuyentar. Ensayos en busca de precisar si en México la política y las elecciones deben ser sustituidas por alguna fórmula dura de dictar.
Exhibición descarnada del desamparo de un civil presuntamente gobernante, el federalmente ignorado Leonel que se fue enterando de los hechos cual marido engañado, entre el rumor de que uno de los matutinamente detenidos, y vespertinamente liberado, habría sido uno de sus hermanos. Descontón selectivo a un mandatario tocado desde los bombazos de la noche del Grito (uno de los detenidos de ayer, Mario Bautista, era jefe policiaco supuestamente confundido con uno de los detonadores), como si sólo fuera él, o sólo Michoacán, donde pudieran encontrarse similares o peores redes de complicidad gubernamental con el narcotráfico.
Godoy que es Batel, que han sido los responsables de la mayor consolidación de los negocios oscuros en la entidad cuyos grupos de narcotráfico pelean en las ligas mayores y han sido contribuyentes distinguidos de campañas y elecciones. Allí empezó, unos días después de la toma felipista del poder, la “guerra” contra el narcotráfico que hasta ahora no había alcanzado abierta y masivamente a personal político de mando, y habrá de verse si allí también se habrá dado el banderazo de salida a una nueva fase de esa sesgada campaña bélica, ahora atacando figuras políticas menores para alertar a adversarios mayores del alcance de las investigaciones y las órdenes de aprehensión que pueden allegarse. Durante largo tiempo ha corrido la versión de que el calderonismo prepara un golpe espectacular por narcotráfico contra el priísmo según eso electoralmente insurrecto, en la persona de un gobernante o dirigente de primer nivel. Ayer les avisaron (aunque, en realidad, no sólo a ellos) que deben poner sus tricolores barbas (o sonorenses bigotes) a remojar.
En la Comarca Lagunera, mientras tanto, se vive una diaria situación de terror social, con secuestros y asesinatos sin castigo. Un lector narra: “La semana pasada secuestraron a un primo mío. Duró casi 24 horas privado de su libertad y fue golpeado al punto de dejarlo ‘roto’ por dentro, su espíritu deshecho, asustado. Algo que a él le llamó mucho la atención fue el escuchar anuncios de candidatos a diputados hablando de ‘mano dura contra el secuestro’; y él ahí secuestrado, golpeado, amedrentado, como toda La Laguna, donde transitar por las calles es un peligro y desarrollar actividad económica es una invitación a la extorsión”. En esa región fue levantado un periodista de la fuente policiaca, Eliseo Barrón Hernández, que trabajaba para La Opinión Milenio. Unas ocho personas llegaron a su casa, en Gómez Palacio, Durango, y lo sacaron a golpes, frente a su esposa e hijas. Al otro día apareció, asesinado, en un canal de riego. Como es de rutina, diversas voces declarativas expresaron preocupación y solidaridad desde sus sitiales blindados: la inutilidad consumidora de altísimo presupuesto, conocida como CNDH, tomó cartas en el asunto, faltaba más, y la PGR atrajo el caso para investigarlo, desde luego, hasta sus últimas consecuencias. Circunspectos funcionarios y políticos coincidieron en clasificar al periodismo como “profesión de alto riesgo”. Y el expediente de Barrón se sumará a la larga lista de crímenes (no sólo de periodistas) sin castigo.
Exhibición descarnada del desamparo de un civil presuntamente gobernante, el federalmente ignorado Leonel que se fue enterando de los hechos cual marido engañado, entre el rumor de que uno de los matutinamente detenidos, y vespertinamente liberado, habría sido uno de sus hermanos. Descontón selectivo a un mandatario tocado desde los bombazos de la noche del Grito (uno de los detenidos de ayer, Mario Bautista, era jefe policiaco supuestamente confundido con uno de los detonadores), como si sólo fuera él, o sólo Michoacán, donde pudieran encontrarse similares o peores redes de complicidad gubernamental con el narcotráfico.
Godoy que es Batel, que han sido los responsables de la mayor consolidación de los negocios oscuros en la entidad cuyos grupos de narcotráfico pelean en las ligas mayores y han sido contribuyentes distinguidos de campañas y elecciones. Allí empezó, unos días después de la toma felipista del poder, la “guerra” contra el narcotráfico que hasta ahora no había alcanzado abierta y masivamente a personal político de mando, y habrá de verse si allí también se habrá dado el banderazo de salida a una nueva fase de esa sesgada campaña bélica, ahora atacando figuras políticas menores para alertar a adversarios mayores del alcance de las investigaciones y las órdenes de aprehensión que pueden allegarse. Durante largo tiempo ha corrido la versión de que el calderonismo prepara un golpe espectacular por narcotráfico contra el priísmo según eso electoralmente insurrecto, en la persona de un gobernante o dirigente de primer nivel. Ayer les avisaron (aunque, en realidad, no sólo a ellos) que deben poner sus tricolores barbas (o sonorenses bigotes) a remojar.
En la Comarca Lagunera, mientras tanto, se vive una diaria situación de terror social, con secuestros y asesinatos sin castigo. Un lector narra: “La semana pasada secuestraron a un primo mío. Duró casi 24 horas privado de su libertad y fue golpeado al punto de dejarlo ‘roto’ por dentro, su espíritu deshecho, asustado. Algo que a él le llamó mucho la atención fue el escuchar anuncios de candidatos a diputados hablando de ‘mano dura contra el secuestro’; y él ahí secuestrado, golpeado, amedrentado, como toda La Laguna, donde transitar por las calles es un peligro y desarrollar actividad económica es una invitación a la extorsión”. En esa región fue levantado un periodista de la fuente policiaca, Eliseo Barrón Hernández, que trabajaba para La Opinión Milenio. Unas ocho personas llegaron a su casa, en Gómez Palacio, Durango, y lo sacaron a golpes, frente a su esposa e hijas. Al otro día apareció, asesinado, en un canal de riego. Como es de rutina, diversas voces declarativas expresaron preocupación y solidaridad desde sus sitiales blindados: la inutilidad consumidora de altísimo presupuesto, conocida como CNDH, tomó cartas en el asunto, faltaba más, y la PGR atrajo el caso para investigarlo, desde luego, hasta sus últimas consecuencias. Circunspectos funcionarios y políticos coincidieron en clasificar al periodismo como “profesión de alto riesgo”. Y el expediente de Barrón se sumará a la larga lista de crímenes (no sólo de periodistas) sin castigo.
Aunque Echeverría, López Portillo, Zedillo y ahora Calderón cargan con la mala fama de presidentes devaluadores, fue en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando la depreciación de la moneda llegó a su máximo. Su gobierno está marcado por éste y otros graves sucesos: 1) El 30 de mayo de 1984 fue asesinado el columnista del viejo Excélsior, Manuel Buendía, se sabía amenazado, había tocado el tema de la conexión de funcionarios y narcotraficantes. 2) Dos semanas antes, el 15 de mayo, el columnista político de moda en Estados Unidos, Jack Anderson, publicó en su columna del diario The Washington Post que De la Madrid había depositado 162 millones de dólares en bancos extranjeros. Citó como fuente a “la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad”. De la Madrid cumplía una visita de Estado a Washington, se reuniría con el presidente Reagan y personas de su comitiva revelarían después que lo atacó una diarrea imparable y tuvo que retacarse de medicinas para asistir a la entrevista. 3) Puso en marcha un mecanismo fraudulento llamado Ficorca para rescatar a los principales grupos empresariales del país. Se esfumó mucho dinero. El ejecutor fue un joven tecnócrata, Ernesto Zedillo. 4) Tramó la “caída del sistema” de cómputo en el fraude electoral que arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. Había un personaje que era como su sombra: el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, a quien heredaría la Presidencia. Uno sabía bien lo que hacía el otro.
La omertá
Tiene, pues, información abundante Salinas de Gortari para ponerle un tapabocas a su padrino, el presidente que prometió “la renovación moral de la sociedad” –y ni necesita una receta del doctor Córdova. No debe sorprender que De la Madrid haya entrado en contacto nuevamente con Carmen Aristegui mediante una carta en que ahora se deshace en elogios: “Para ponderar el gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari, es necesario tomar en cuenta la importante modernización que promovió en distintas áreas de la vida del país”. Dejó atrás los asuntos de corrupción, el robo de la mitad de la partida secreta y los contactos con el narcotráfico del hermano Raúl. Había cometido una grave violación a la omertá –el pacto de silencio de los mafiosos– en su primera entrevista y está tratando, se infiere, de apagar el fuego. De la Madrid es un hombre más cerca del fin de su vida que del principio. Tiene hijos, ya estará más tranquilo, aunque no completamente, porque la violación a la omertá suele pagarse con todo.
50 periodistas asesinados
En plena campaña los partidos están empeñados en demostrarnos cuáles gobiernos, si los del PRI o los del PAN, han cometido mayores atrocidades. ¿Cabría el empate? El lunes fue asesinado otro periodista y ya suman ¡50! en los años de Fox y Calderón. Se trata de Eliseo Barrón Hernández, quien se desempeñaba como reportero de la fuente policiaca del diario La Opinión Milenio de Coahuila. La PGR atrajo el caso y sabemos desde ahora cuál será el resultado de su investigación: el crimen no tuvo nada que ver con el trabajo profesional del colega. Lo cierto es que el panismo es responsable, por comisión u omisión, de la más sangrienta represión de la actividad periodística a lo largo de toda la historia de México.
La omertá
Tiene, pues, información abundante Salinas de Gortari para ponerle un tapabocas a su padrino, el presidente que prometió “la renovación moral de la sociedad” –y ni necesita una receta del doctor Córdova. No debe sorprender que De la Madrid haya entrado en contacto nuevamente con Carmen Aristegui mediante una carta en que ahora se deshace en elogios: “Para ponderar el gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari, es necesario tomar en cuenta la importante modernización que promovió en distintas áreas de la vida del país”. Dejó atrás los asuntos de corrupción, el robo de la mitad de la partida secreta y los contactos con el narcotráfico del hermano Raúl. Había cometido una grave violación a la omertá –el pacto de silencio de los mafiosos– en su primera entrevista y está tratando, se infiere, de apagar el fuego. De la Madrid es un hombre más cerca del fin de su vida que del principio. Tiene hijos, ya estará más tranquilo, aunque no completamente, porque la violación a la omertá suele pagarse con todo.
50 periodistas asesinados
En plena campaña los partidos están empeñados en demostrarnos cuáles gobiernos, si los del PRI o los del PAN, han cometido mayores atrocidades. ¿Cabría el empate? El lunes fue asesinado otro periodista y ya suman ¡50! en los años de Fox y Calderón. Se trata de Eliseo Barrón Hernández, quien se desempeñaba como reportero de la fuente policiaca del diario La Opinión Milenio de Coahuila. La PGR atrajo el caso y sabemos desde ahora cuál será el resultado de su investigación: el crimen no tuvo nada que ver con el trabajo profesional del colega. Lo cierto es que el panismo es responsable, por comisión u omisión, de la más sangrienta represión de la actividad periodística a lo largo de toda la historia de México.
Dos días después del suicidio del ex presidente de Corea del Sur Roh Moo-hyun, Corea del Norte entró de lleno al club nuclear con la prueba exitosa de una bomba similar a la que lanzó Estados Unidos contra la población civil de Nagasaki.
Una cosa es poseer la bomba atómica, otra es probarla y otra es tener los sistemas de lanzamiento (“delivery system”).
Norcorea posee más de seis bombas y ya probó dos: una fallida y la más reciente exitosa, pero se ignora su capacidad misilística de lanzamiento, que requiere de la miniaturización de su arsenal.
Mas allá de la farisaica alharaca publicitaria, a juicio del experto Douglas H. Paal, Nocorea desea ser reconocida como potencia nuclear por Estados Unidos, con quien busca normalizar sus relaciones, en imitación al tratamiento excepcionalmente procurado a India, un país proliferativo (Ria Novosti, 25/5/09).
Douglas H. Paal, anterior analista de la CIA y funcionario en el Consejo de Seguridad Nacional con Reagan y Daddy Bush, funge como vicepresidente de estudios del influyente Carnegie Endowment for International Peace y considera que detrás de la segunda prueba de Norcorea se encuentra una poderosa (sic) motivación doméstica, que apunta a la sucesión del Kim Jong-il en Pyongyang.
Paal desecha el temor de que Norcorea constituya un peligro para sus vecinos, con excepción de Corea del Sur, a la que puede atacar aun sin bombas nucleares, pero lo cual cavaría su propia tumba (nota: se infiere que las represalias de Estados Unidos serían demencial y nuclearmente demoledoras): “Norcorea carece de la capacidad industrial para construir un amplio número de misiles de largo alcance (…) Su amenaza es muy (¡súper-sic!) pequeña (…) No se encuentra realmente en una posición de representar una amenaza de gran escala para sus vecinos”.
Ria Novosti (26/5/09), la agencia noticiosa rusa que hay que consultar para contrastar la vulgar desinformación de los multimedia israelí-anglosajones, expone las sabias declaraciones de dos expertos de Rusia –recordemos: una superpotencia nuclear a la par de Estados Unidos y frontera con Norcorea–, quienes se pronuncian a favor de una salida diplomática.
Vladimir Yevseyev, becario de alto rango del Centro de Seguridad Internacional en el Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, razona que la existencia de armas nucleares, aun fuese una sola, obliga a la moderación, y la reciente prueba nuclear de Pyongyang cerró completamente la puerta a resolver el problema por la vía militar.
La agencia rusa exhibe la serie de sanciones de la ONU en contra de Norcorea que no han fructificado, por lo que Georgy Toloraya, director de los Programas Coreanos en el Instituto de Economía, aconseja buscar una solución política, ya que Norcorea nunca (sic) detendrá su programa nuclear hasta que se normalicen las relaciones con Estados Unidos, que es a lo que, a nuestro juicio, Obama se debe abocar de inmediato.
Georgy Toloraya aduce que el problema subyace en que el “establishment estadunidense no aceptará un compromiso de Obama con el presente régimen de Norcorea” por razones ideológicas. Le faltó agregar: por las insolentes presiones del omnipotente “lobby israelí” de Estados Unidos, que busca con el lanzamiento de la piedra norcoreana golpear a sus otros tres enemigos: tanto a Irán como a Venezuela y Bolivia (a quienes acusa perversamente de abastecer con uranio a la teocracia chiíta persa).
Una cosa es poseer la bomba atómica, otra es probarla y otra es tener los sistemas de lanzamiento (“delivery system”).
Norcorea posee más de seis bombas y ya probó dos: una fallida y la más reciente exitosa, pero se ignora su capacidad misilística de lanzamiento, que requiere de la miniaturización de su arsenal.
Mas allá de la farisaica alharaca publicitaria, a juicio del experto Douglas H. Paal, Nocorea desea ser reconocida como potencia nuclear por Estados Unidos, con quien busca normalizar sus relaciones, en imitación al tratamiento excepcionalmente procurado a India, un país proliferativo (Ria Novosti, 25/5/09).
Douglas H. Paal, anterior analista de la CIA y funcionario en el Consejo de Seguridad Nacional con Reagan y Daddy Bush, funge como vicepresidente de estudios del influyente Carnegie Endowment for International Peace y considera que detrás de la segunda prueba de Norcorea se encuentra una poderosa (sic) motivación doméstica, que apunta a la sucesión del Kim Jong-il en Pyongyang.
Paal desecha el temor de que Norcorea constituya un peligro para sus vecinos, con excepción de Corea del Sur, a la que puede atacar aun sin bombas nucleares, pero lo cual cavaría su propia tumba (nota: se infiere que las represalias de Estados Unidos serían demencial y nuclearmente demoledoras): “Norcorea carece de la capacidad industrial para construir un amplio número de misiles de largo alcance (…) Su amenaza es muy (¡súper-sic!) pequeña (…) No se encuentra realmente en una posición de representar una amenaza de gran escala para sus vecinos”.
Ria Novosti (26/5/09), la agencia noticiosa rusa que hay que consultar para contrastar la vulgar desinformación de los multimedia israelí-anglosajones, expone las sabias declaraciones de dos expertos de Rusia –recordemos: una superpotencia nuclear a la par de Estados Unidos y frontera con Norcorea–, quienes se pronuncian a favor de una salida diplomática.
Vladimir Yevseyev, becario de alto rango del Centro de Seguridad Internacional en el Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, razona que la existencia de armas nucleares, aun fuese una sola, obliga a la moderación, y la reciente prueba nuclear de Pyongyang cerró completamente la puerta a resolver el problema por la vía militar.
La agencia rusa exhibe la serie de sanciones de la ONU en contra de Norcorea que no han fructificado, por lo que Georgy Toloraya, director de los Programas Coreanos en el Instituto de Economía, aconseja buscar una solución política, ya que Norcorea nunca (sic) detendrá su programa nuclear hasta que se normalicen las relaciones con Estados Unidos, que es a lo que, a nuestro juicio, Obama se debe abocar de inmediato.
Georgy Toloraya aduce que el problema subyace en que el “establishment estadunidense no aceptará un compromiso de Obama con el presente régimen de Norcorea” por razones ideológicas. Le faltó agregar: por las insolentes presiones del omnipotente “lobby israelí” de Estados Unidos, que busca con el lanzamiento de la piedra norcoreana golpear a sus otros tres enemigos: tanto a Irán como a Venezuela y Bolivia (a quienes acusa perversamente de abastecer con uranio a la teocracia chiíta persa).
Carlos Fernández-Vega: México SA
Cada día con mayor severidad la desocupación abierta sacude al país, un lacerante problema que el autodenominado presidente del empleo” pretende “resolver” a golpe de discursos igual de optimistas que de fatuos. Si es correcta la cifra que ayer divulgó el Inegi, entonces tan sólo en abril pasado casi 222 mil mexicanos pasaron a formar parte del enorme ejército de reserva –a razón promedio de 7 mil 400 cada 24 horas–, en el entendido que los indicadores del cuarto mes de 2009 no reflejan el verdadero costo laboral resultante de la emergencia sanitaria, pues ésta fue declarada en la última semana de abril (el día 23 para ser preciso), de tal suerte que en mayo, para como van las cosas, la tasa oficial de desempleo abierto fácilmente se incrementará a 6 por ciento.
En el balance de tal “presidente”, que contrasta con el discurso oficial, en 30 meses de estadía calderonista en Los Pinos, sólo en seis de ellos –salteados– la tasa oficial de desocupación abierta en el país ha sido ligeramente inferior a la que el propio Inegi reconoció el primer día de diciembre de 2006; en los otros 24, el indicador ha estado sustancialmente por arriba. Así, en ese periodo 870 mil mexicanos han sido obligados a incorporarse al desempleo abierto, en un país en el que –según compromiso público del michoacano– “nunca más” habría una crisis.
El primer día de diciembre de 2006, con una población económicamente activa estimada por el Inegi en 44.5 millones de mexicanos, la tasa oficial de desempleo abierto en el país fue de 3.58 por ciento, equivalente a un millón 593 mil personas. En abril de 2009, con una PEA cercana a 45.5 millones, esa misma tasa creció a 5.25 por ciento, con lo que el número de desocupados llegó a 2 millones 373 mil, un aumento en el periodo de 780 mil personas, jefes de familia la mayoría de ellas.
Cada día con mayor severidad la desocupación abierta sacude al país, un lacerante problema que el autodenominado presidente del empleo” pretende “resolver” a golpe de discursos igual de optimistas que de fatuos. Si es correcta la cifra que ayer divulgó el Inegi, entonces tan sólo en abril pasado casi 222 mil mexicanos pasaron a formar parte del enorme ejército de reserva –a razón promedio de 7 mil 400 cada 24 horas–, en el entendido que los indicadores del cuarto mes de 2009 no reflejan el verdadero costo laboral resultante de la emergencia sanitaria, pues ésta fue declarada en la última semana de abril (el día 23 para ser preciso), de tal suerte que en mayo, para como van las cosas, la tasa oficial de desempleo abierto fácilmente se incrementará a 6 por ciento.
En el balance de tal “presidente”, que contrasta con el discurso oficial, en 30 meses de estadía calderonista en Los Pinos, sólo en seis de ellos –salteados– la tasa oficial de desocupación abierta en el país ha sido ligeramente inferior a la que el propio Inegi reconoció el primer día de diciembre de 2006; en los otros 24, el indicador ha estado sustancialmente por arriba. Así, en ese periodo 870 mil mexicanos han sido obligados a incorporarse al desempleo abierto, en un país en el que –según compromiso público del michoacano– “nunca más” habría una crisis.
El primer día de diciembre de 2006, con una población económicamente activa estimada por el Inegi en 44.5 millones de mexicanos, la tasa oficial de desempleo abierto en el país fue de 3.58 por ciento, equivalente a un millón 593 mil personas. En abril de 2009, con una PEA cercana a 45.5 millones, esa misma tasa creció a 5.25 por ciento, con lo que el número de desocupados llegó a 2 millones 373 mil, un aumento en el periodo de 780 mil personas, jefes de familia la mayoría de ellas.
Nombramiento plausible
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó ayer a la juez neoyorquina Sonia Sotomayor como aspirante para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, en sustitución del magistrado David Souter, quien desempeñaba el cargo desde 1990. De tal forma, y en caso de ser avalada por el Senado –algo que en principio no parece complicado, dada la integración mayoritariamente demócrata de esa instancia legislativa–, Sotomayor podría convertirse en la primera magistrada de origen latino en asumir un asiento en el máximo órgano judicial del vecino país.
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó ayer a la juez neoyorquina Sonia Sotomayor como aspirante para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, en sustitución del magistrado David Souter, quien desempeñaba el cargo desde 1990. De tal forma, y en caso de ser avalada por el Senado –algo que en principio no parece complicado, dada la integración mayoritariamente demócrata de esa instancia legislativa–, Sotomayor podría convertirse en la primera magistrada de origen latino en asumir un asiento en el máximo órgano judicial del vecino país.
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Leo en una revista de medicina, The Lancet, publicada en marzo de 2009, “los doctores del siglo XIX afirmaban que era mejor tener cáncer que gripa. Existían docenas de remedios para tratar el cáncer pero ninguno para la gripa”. Aunque hoy esa afirmación es insostenible, las epidemias de influenza siguen siendo una especie de demonio para los sistemas de salud (o de cáncer para quienes gustan de las metáforas). Baste recordar la epidemia en Europa que entre 1918 y 1919 acabó con la vida de 50 millones de personas y las de 1957 y 1968 que mataron, cada una, a un millón. El nuevo virus 2009 A/H1N1 ha cobrado pocas víctimas mortales, pero ha evidenciado muchas facetas de la condición humana. Continúo la discusión iniciada hace dos semanas.
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Repantigados en poltronas made in China y tecleando en ordenadores maquilados en Malasia, los “analistas” occidentales del big brother global dieron cuenta del genocidio del mes: la derrota de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE, en adelante, por sus siglas en inglés) de Sri Lanka, país de cultura milenaria que, cuanto mucho, asociábamos con el “té de Ceilán”.
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No satisfechos con la reproducción de la añeja formación de partido hegemónico que caracterizó al priísmo en los inicios de su época decadente, el panismo se aferra a ese modus operandi y lo trata de usar para prolongarse en el poder federal. Los panistas llegaron en 2000 con la promesa de consolidar la democracia, arraigada pulsión de los mexicanos durante más de un siglo de vigencia. Lejos de ese cometido inocularon, dentro del ya muy deteriorado sistema presidencial, las propias y pequeñas visiones. Sus ambiciones, desmedidas para sus cortos tamaños, van terminando en cerrados feudos de poder con tufos de sacristía.
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Hace 30 años el entonces arzobispo Ernesto Corripio Ahumada publicaba un exhorto durante la campaña electoral de 1979, en la que prohibía a su feligresía votar por el Partido Comunista Mexicano, que recién había logrado su registro condicionado. Desde entonces, los obispos con celo apostólico se sienten en la obligación de orientar e influir en la grey electoral, considerada menor de edad, susceptible de ser manipulada y manoseada. En realidad, es precisamente durante los procesos electorales, momentos de debilidad y redefinición de correlación de fuerzas del sistema político donde los obispos insertan sus demandas e intereses inmediatos y mundanos. Siempre han obtenido beneficios y reivindicaciones gracias a la oportuna intervención del alto clero que, ante el relevo de la clase política, logra sacar provecho de la circunstancia. Recordemos cómo en 1988 pactan con el entonces candidato Carlos Salinas de Gortari cambios constitucionales que se materializarían en 1991; ese año, durante el proceso electoral intermedio y crucial para Salinas, el episcopado surge a la opinión pública con su famosa proclama: Es pecado no votar”. Otro ejemplo encontramos en el famoso e incumplido “decálogo de Fox” en 2000. También se debe reconocer la complicidad de los candidatos y los partidos que se convierten en entusiastas participantes en el juego quimérico del llamado “voto católico”. Se abandona el kulturkampf para entrar en el terreno del pragmatismo y el intercambio de supuestas legitimidades. Históricamente, la Iglesia católica, como pocas instituciones, tiene la experiencia y la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y culturales; su actuación no se juega ni se agota en coyunturas de corto plazo, sino por el contrario, mira y diseña con su compás de largo alcance.
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La economía mexicana viene arrastrando la cobija desde la crisis de 1982. Si juzgamos su desempeño por el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el veredicto es terrible: el crecimiento promedio anual es de 2.2 por ciento. O sea que si trazamos una gráfica para la evolución del PIB, observamos que después de la caída de 1982 la economía mexicana nunca se recuperó.
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Javier Aranda Luna: El oxígeno explosivo de Aimé Césaire
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Javier Aranda Luna: El oxígeno explosivo de Aimé Césaire
Uno de las grandes calamidades que habrán de enfrentar los e-book y sus modernos lectores será que en sus acervos digitales, pletóricos de bestsellers y de algunos clásicos universales, no tendrán cabida autores como Benjamin Péret y mucho menos ciertos poetas que provocaron su entusiasmo, como fue el caso de Aimé Césaire.
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Lorenzo Córdova Vianello
Oprobio judicial
La semana pasada se hizo pública una sentencia mediante la cual una jueza de distrito concedió un amparo a la Coparmex de Morelos contra la reforma constitucional en materia electoral de noviembre de 2007.
El amparo en cuestión forma parte de una serie de juicios promovidos por asociaciones empresariales, consorcios mediáticos y un pequeño grupo de intelectuales cercanos a los grupos interés que se opusieron a la reforma electoral.
Más allá de la trascendencia por sus implicaciones (de causar estado la sentencia, la Coparmex de Morelos podría comprar publicidad para incidir en los procesos electorales) y de las delicadas consecuencias para el sistema democrático si se concedieran otros amparos, el fallo de la jueza Florida López Hernández es muy grave, en sí, por las insostenibles razones por las que concedió el amparo en cuestión. Se trata de un oprobio para la justicia federal.
Y no me refiero a la inexplicable decisión de conceder el amparo por “irregularidades” en el procedimiento de reforma constitucional, a propósito de la reforma al artículo 41 de la Carta Magna y no al resto de los artículos que formaron parte del paquete de reforma (cuando todos los artículos se modificaron en el mismo acto legislativo), sino a cuáles fueron esas presuntas irregularidades.
Según la licenciada López dichas violaciones procedimentales, son las siguientes:
1. Que la sesión en la que el Senado votó la reforma el 12 de septiembre de 2007 inició a las 18:30 horas, siendo que había sido convocada a las 12:00 horas, y que, además, se hizo constar que la sesión terminó a las 12 horas sin especificar si era de ese mismo día o del siguiente. ¡Ridículo! Si esa fuera una buena razón para declarar inconstitucional una reforma, la jueza también habría tenido que decir que en el acta de la sesión tampoco se hizo constar si en su transcurso algún senador salió al baño.
2. Que en la discusión y aprobación por las cámaras de Senadores y Diputados no se hizo constar que la reforma se había aprobado por las dos terceras partes de los presentes, como pide el artículo 135 constitucional, lo cual es absurdo, porque como la misma sentencia señala, la reforma se aprobó por 110 votos a favor y 11 en contra en el Senado (p. 88) y por 361 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones en la Cámara de Diputados (p. 90), lo que supone en ambos casos una holgada mayoría calificada. Que la jueza no se haya preocupado por hacer una sencilla operación matemática no es causal para determinar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional.
3. Que en la declaratoria que el Senado hizo el 6 de noviembre de 2007, en la que dio cuenta de la votación aprobatoria de la mayoría de las legislaturas de los estados, enumeró uno a uno los 30 estados que habían aprobado la reforma y señaló también el voto negativo de Coahuila, mientras que en la declaratoria equivalente que hizo la Cámara de Diputados unos días antes, el 31 de octubre, se enumeró sólo a los 30 estados que la habían aprobado y no la negativa de Coahuila. Se trata de un argumento insostenible, pues el artículo 135 exige que una reforma constitucional sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, cosa que ocurrió, no que deba reportarse el voto de los estados que no aprobaron la reforma.
4. Que en la remisión que el Senado hizo del decreto de reforma al Presidente de la República, para su promulgación y publicación, aparece sólo el nombre del presidente del Senado, mientras que en la publicación en el Diario Oficial de la Federación aparece que quien envió el decreto era el Congreso de la Unión, es decir, las dos cámaras y no sólo una. Esto es un formalismo nimio, porque como consta en el texto de la misma sentencia, la presidenta de la Cámara de Diputados aprobó el decreto, lo remitió al Senado y éste a su vez, luego de aprobarlo, lo turnó al Presidente de la República, con lo cual en estricto sentido sí fueron las dos cámaras las que aprobaron el decreto y lo entregaron al Ejecutivo federal, cumpliendo con lo que requiere el artículo 135.
Ahora no queda más que el Congreso impugne esa oprobiosa resolución; que cuanto antes la Suprema Corte atraiga el caso y resuelva conforme a derecho enderezando el entuerto de la juez López y, además, que el Consejo de la Judicatura Federal tome cartas en el asunto y evalúe la ineptitud y el descuido de la jueza en el ejercicio de sus funciones para lo que jurídicamente corresponda. Sólo así el Estado mexicano dará el mensaje de que con la justicia no se juega.
Investigador y profesor de la UNAM
El amparo en cuestión forma parte de una serie de juicios promovidos por asociaciones empresariales, consorcios mediáticos y un pequeño grupo de intelectuales cercanos a los grupos interés que se opusieron a la reforma electoral.
Más allá de la trascendencia por sus implicaciones (de causar estado la sentencia, la Coparmex de Morelos podría comprar publicidad para incidir en los procesos electorales) y de las delicadas consecuencias para el sistema democrático si se concedieran otros amparos, el fallo de la jueza Florida López Hernández es muy grave, en sí, por las insostenibles razones por las que concedió el amparo en cuestión. Se trata de un oprobio para la justicia federal.
Y no me refiero a la inexplicable decisión de conceder el amparo por “irregularidades” en el procedimiento de reforma constitucional, a propósito de la reforma al artículo 41 de la Carta Magna y no al resto de los artículos que formaron parte del paquete de reforma (cuando todos los artículos se modificaron en el mismo acto legislativo), sino a cuáles fueron esas presuntas irregularidades.
Según la licenciada López dichas violaciones procedimentales, son las siguientes:
1. Que la sesión en la que el Senado votó la reforma el 12 de septiembre de 2007 inició a las 18:30 horas, siendo que había sido convocada a las 12:00 horas, y que, además, se hizo constar que la sesión terminó a las 12 horas sin especificar si era de ese mismo día o del siguiente. ¡Ridículo! Si esa fuera una buena razón para declarar inconstitucional una reforma, la jueza también habría tenido que decir que en el acta de la sesión tampoco se hizo constar si en su transcurso algún senador salió al baño.
2. Que en la discusión y aprobación por las cámaras de Senadores y Diputados no se hizo constar que la reforma se había aprobado por las dos terceras partes de los presentes, como pide el artículo 135 constitucional, lo cual es absurdo, porque como la misma sentencia señala, la reforma se aprobó por 110 votos a favor y 11 en contra en el Senado (p. 88) y por 361 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones en la Cámara de Diputados (p. 90), lo que supone en ambos casos una holgada mayoría calificada. Que la jueza no se haya preocupado por hacer una sencilla operación matemática no es causal para determinar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional.
3. Que en la declaratoria que el Senado hizo el 6 de noviembre de 2007, en la que dio cuenta de la votación aprobatoria de la mayoría de las legislaturas de los estados, enumeró uno a uno los 30 estados que habían aprobado la reforma y señaló también el voto negativo de Coahuila, mientras que en la declaratoria equivalente que hizo la Cámara de Diputados unos días antes, el 31 de octubre, se enumeró sólo a los 30 estados que la habían aprobado y no la negativa de Coahuila. Se trata de un argumento insostenible, pues el artículo 135 exige que una reforma constitucional sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, cosa que ocurrió, no que deba reportarse el voto de los estados que no aprobaron la reforma.
4. Que en la remisión que el Senado hizo del decreto de reforma al Presidente de la República, para su promulgación y publicación, aparece sólo el nombre del presidente del Senado, mientras que en la publicación en el Diario Oficial de la Federación aparece que quien envió el decreto era el Congreso de la Unión, es decir, las dos cámaras y no sólo una. Esto es un formalismo nimio, porque como consta en el texto de la misma sentencia, la presidenta de la Cámara de Diputados aprobó el decreto, lo remitió al Senado y éste a su vez, luego de aprobarlo, lo turnó al Presidente de la República, con lo cual en estricto sentido sí fueron las dos cámaras las que aprobaron el decreto y lo entregaron al Ejecutivo federal, cumpliendo con lo que requiere el artículo 135.
Ahora no queda más que el Congreso impugne esa oprobiosa resolución; que cuanto antes la Suprema Corte atraiga el caso y resuelva conforme a derecho enderezando el entuerto de la juez López y, además, que el Consejo de la Judicatura Federal tome cartas en el asunto y evalúe la ineptitud y el descuido de la jueza en el ejercicio de sus funciones para lo que jurídicamente corresponda. Sólo así el Estado mexicano dará el mensaje de que con la justicia no se juega.
Investigador y profesor de la UNAM
Mauricio Merino
Las televisoras van ganando
Primero parecía una idea plausible, digna de consideración. Después se volvió parte del diagnóstico crítico sobre los problemas que complicaron la elección pasada y, más tarde, el núcleo principal de la reforma electoral de 2007. Desde entonces no han pasado ni dos años, y aquella idea ya se perdió. Se ha ido diluyendo entre el exceso de la norma, los malos cálculos presupuestales, los arreglos estratégicos a modo, los despropósitos operativos y, sobre todo, la infidelidad de las instituciones responsables de garantizarla. Las televisoras están ganando la partida y las campañas seguirán fluyendo por los viejos cauces del dinero redimido.
Al aprobar la reforma de 2007, los partidos parecían francamente convencidos del nuevo modelo de competencia electoral. Hablaron del predominio del interés público sobre los intereses de los concesionarios y debatieron con tanta convicción los argumentos de las dos televisoras, que lograron convencernos de la sinceridad de sus propósitos. Se trataba de impedir que los negocios determinaran o, al menos, que influyeran de manera decisiva en la conducta de los medios masivos de comunicación, mediante la asignación de tiempos, simpatías y apoyos públicos. Se dijo que el dinero otorgado a los partidos ya no se entregaría por carretadas a las empresas de televisión ni podría comprar sus voluntades. Se dijo que había nacido un nuevo modelo de competencia electoral, basado en la distribución equitativa de tiempos oficiales, y ajeno por completo a los intercambios de favores entre empresarios y políticos.
La reforma sirvió para observar, de paso, que los tiempos oficiales que los medios ya tenían que respetar eran más bien laxos. Cuando el IFE quiso retomar las herramientas de monitoreo de medios descubrió que Gobernación no las tenía. No existía la tecnología para saber si las estaciones de radio y televisión estaban cumpliendo con su obligación legal de transmitir la publicidad ordenada por el gobierno, ni mucho menos para verificar los horarios en los que se transmitía. Gracias al esfuerzo que hubo de llevar a cabo el IFE para montar un sistema de monitoreo eficaz, supimos que las estaciones de radio y de televisión jamás habían sido vigiladas puntualmente; que el gobierno seguía sus trasmisiones por muestreo, de manera más o menos caprichosa, y que nunca tuvo datos suficientes para afirmar con total certeza si las estaciones estaban cumpliendo sus obligaciones a cabalidad.
Pero tras la reforma, nació un nuevo interés político de los partidos para cuidar la asignación de tiempos y verificar el cumplimiento de las pautas. El IFE no sólo tiene que distribuir los spots de los partidos, sino que está obligado a informarles con detalle sobre la forma en que se publican en cada una de las estaciones, pues de lo contrario se rompería el principio de equidad en la contienda y no habría modo de reparar del daño. De modo que la autoridad electoral debe ser tan eficaz en la distribución, como precisa en el monitoreo y firme en las sanciones a los concesionarios incumplidos.
No obstante, los partidos y los medios ya han encontrado otras formas de hacer negocios con los dineros de campaña y volver a la lógica política anterior. No sólo mediante los favores mutuos, políticos o financieros, que se expresan en el uso más o menos obvio de la programación abierta y, en particular de los noticiarios, para favorecer a unos e ignorar a otros, sino a través de la compra directa de publicidad siete días antes y cinco después de los informes que deben rendir todas las autoridades públicas, incluyendo a los legisladores (según el criterio establecido por el Tribunal Electoral), y de modo más reciente, mediante la llamada publicidad estática que se vende como telón de fondo de algunos espectáculos masivos, como en las finales del futbol, y que más tarde veremos también, estoy seguro, en los conciertos de las estrellas rutilantes de la televisión. Con esos dos pretextos, avalados por las autoridades electorales del país, las televisoras no sólo pueden recuperar el mercado que perdieron tras la reforma de 2007, sino que además pueden jugar abiertamente con el poder que han demostrado en el ánimo de nuestra frágil y titubeante clase política.
Al finalizar esta campaña, habrá cerca de 32 millones de spots transmitidos a través de tiempos oficiales; pero también miles de minutos comprados, como antes, con el argumento de los informes oficiales y de la publicidad estática. Y muchos más, inconfesables pero evidentes, transmitidos a través de abundantes comentarios, editoriales y notas a lo largo de la programación normal de las televisoras. Y todo eso será pagado peso a peso, como antes. De modo que hoy tenemos el peor de los dos mundos y una reforma fracasada, cuando todavía no acababa de nacer.
Profesor investigador del CIDE
Al aprobar la reforma de 2007, los partidos parecían francamente convencidos del nuevo modelo de competencia electoral. Hablaron del predominio del interés público sobre los intereses de los concesionarios y debatieron con tanta convicción los argumentos de las dos televisoras, que lograron convencernos de la sinceridad de sus propósitos. Se trataba de impedir que los negocios determinaran o, al menos, que influyeran de manera decisiva en la conducta de los medios masivos de comunicación, mediante la asignación de tiempos, simpatías y apoyos públicos. Se dijo que el dinero otorgado a los partidos ya no se entregaría por carretadas a las empresas de televisión ni podría comprar sus voluntades. Se dijo que había nacido un nuevo modelo de competencia electoral, basado en la distribución equitativa de tiempos oficiales, y ajeno por completo a los intercambios de favores entre empresarios y políticos.
La reforma sirvió para observar, de paso, que los tiempos oficiales que los medios ya tenían que respetar eran más bien laxos. Cuando el IFE quiso retomar las herramientas de monitoreo de medios descubrió que Gobernación no las tenía. No existía la tecnología para saber si las estaciones de radio y televisión estaban cumpliendo con su obligación legal de transmitir la publicidad ordenada por el gobierno, ni mucho menos para verificar los horarios en los que se transmitía. Gracias al esfuerzo que hubo de llevar a cabo el IFE para montar un sistema de monitoreo eficaz, supimos que las estaciones de radio y de televisión jamás habían sido vigiladas puntualmente; que el gobierno seguía sus trasmisiones por muestreo, de manera más o menos caprichosa, y que nunca tuvo datos suficientes para afirmar con total certeza si las estaciones estaban cumpliendo sus obligaciones a cabalidad.
Pero tras la reforma, nació un nuevo interés político de los partidos para cuidar la asignación de tiempos y verificar el cumplimiento de las pautas. El IFE no sólo tiene que distribuir los spots de los partidos, sino que está obligado a informarles con detalle sobre la forma en que se publican en cada una de las estaciones, pues de lo contrario se rompería el principio de equidad en la contienda y no habría modo de reparar del daño. De modo que la autoridad electoral debe ser tan eficaz en la distribución, como precisa en el monitoreo y firme en las sanciones a los concesionarios incumplidos.
No obstante, los partidos y los medios ya han encontrado otras formas de hacer negocios con los dineros de campaña y volver a la lógica política anterior. No sólo mediante los favores mutuos, políticos o financieros, que se expresan en el uso más o menos obvio de la programación abierta y, en particular de los noticiarios, para favorecer a unos e ignorar a otros, sino a través de la compra directa de publicidad siete días antes y cinco después de los informes que deben rendir todas las autoridades públicas, incluyendo a los legisladores (según el criterio establecido por el Tribunal Electoral), y de modo más reciente, mediante la llamada publicidad estática que se vende como telón de fondo de algunos espectáculos masivos, como en las finales del futbol, y que más tarde veremos también, estoy seguro, en los conciertos de las estrellas rutilantes de la televisión. Con esos dos pretextos, avalados por las autoridades electorales del país, las televisoras no sólo pueden recuperar el mercado que perdieron tras la reforma de 2007, sino que además pueden jugar abiertamente con el poder que han demostrado en el ánimo de nuestra frágil y titubeante clase política.
Al finalizar esta campaña, habrá cerca de 32 millones de spots transmitidos a través de tiempos oficiales; pero también miles de minutos comprados, como antes, con el argumento de los informes oficiales y de la publicidad estática. Y muchos más, inconfesables pero evidentes, transmitidos a través de abundantes comentarios, editoriales y notas a lo largo de la programación normal de las televisoras. Y todo eso será pagado peso a peso, como antes. De modo que hoy tenemos el peor de los dos mundos y una reforma fracasada, cuando todavía no acababa de nacer.
Profesor investigador del CIDE
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