Espinosa y Medina Mora deben comparecer por caso Sucumbíos

Extradición de sociólogo, ¿preámbulo para Morett?

México DF, 26 mayo 09 (CIMAC).- Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, y Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, deben comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar sus omisiones en el caso de Verónica Velázquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés, asesinados durante un ataque del Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en Ecuador, donde se encontraban de visita de estudios junto con Lucía Morett, la única sobreviviente.

Afirmó lo anterior Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limddh), durante el Foro: “Extradición: El caso de la estudiante Lucía Morett”, realizado hoy en San Lázaro, quien agregó que la ilegal detención en el Instituto Mexicano de Migración (INM) y posterior expulsión del país del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, a quien se acusa de tener “fuertes” vínculos con las FARC, es “preámbulo de lo que puede suceder en el caso de Lucía”.

Morett, ahora candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), fue testiga y víctima de la masacre perpetrada por el gobierno de Colombia el 1 de marzo de 2008, a partir de lo cual se siente perseguida, declaró: “hay una campaña mediática en mi contra señalándome como si fuera una criminal, soy una estudiante, soy testiga y víctima del ataque ocurrido en Sucumbíos, no soy terrorista, ni tampoco mis cuatro compañeros asesinados en el ataque”.

Ramírez agregó que el 3 de noviembre del año pasado se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra Álvaro Uribe, presidente de Colombia y en contra también de quien ejecutó el operativo donde murieron tres mexicanos y sobrevivió Lucía Morett, pero hasta hoy no se ha iniciado ninguna protección.

EJECUTORES DE MASACRE DEBEN SER DETENIDOS

Solicitó Ramírez, “en apego del Artículo 4 del Código Federal Penal”, que la PGR vigile la aplicación de dicha norma y que en el momento de que alguno de los ejecutores de la masacre en el Ecuador pise territorio mexicano dé inició la orden de detención inmediata, por delitos cometidos contra mexicanos en el exterior.

“La sociedad civil deberá estar atenta para cuando esto suceda y exigir que esta acción se realice”, dijo. “Estamos viviendo en México un clima de represión política, en contra de la movilización social. El hecho de estar en un lugar, no te hace responsable de los hechos y de los delitos”.

Y explicó que con las acciones de Uribe, como la extradición del estudiante colombiano, lo que se busca por todos los medios posibles es la legitimación de su estancia en el poder, sin que le importe el costo, mucho menos las consecuencias, apoyado por el Gobierno mexicano y el de los Estados Unidos.

“Uribe se quiere reelegir por tercera vez, contraviniendo su propia constitución y lo que necesita son cartas para que “muestre” que su gobierno está funcionando, a pesar de que 25 legisladores de su congreso son investigados por temas referentes al narco y guerrilla, subrayó Adrián Ramírez.

EXTRADICIÓN IMPROCEDENTE

En el foro estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Padres y familiares de las Víctimas de Sucumbíos; Jorge Morett, padre de Lucía; integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos; el Catedrático y candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diputado Juventino Castro y Castro, así como legisladores de éste instituto político.

Todas y todos coincidieron en señalar que la extradición contra Morett es improcedente, ya que en el expediente no existe ninguna prueba que acredite algún delito de los que se le acusa a la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Son “pruebas ineptas“, en un documento de mil 500 hojas no existe ni siquiera indicio para responsabilizarla.

“Es improcedente por la debilidad misma de la acusación, se le esta acusando de un delito político—mismo que no existe—y las extradiciones que se piden por estos tipos de delitos proscriben, por lo que la SRE, esta obligada a negar la extradición, señalaron.

Los especialistas subrayaron que se está tratando a la mexicana como delincuente, cuando ella es víctima, condenándola a vivir en un estado de incertidumbre. Y se le ha acusado de terrorista, sin que hasta el momento se le haya citado a declarar, negándole la oportunidad de defenderse.

DEBEMOS IMPEDIR LA EXTRADICIÓN

“Ante un gobierno que no respeta los derechos humanos, afirmó Enrique González Ruiz, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, tenemos que impedir que el Estado entregue a Lucía, situación que se tronará difícil, ya que la decisión de que sea extraditada o no está en manos del Ejecutivo”.

Es realmente preocupante que la extradición quede en manos de Felipe Calderón, quien ha extraditado “fast track”, sin que se compruebe la culpabilidad, incluso sin que los gobiernos se lo pidan. “El entreguismo que ha mostrado nos da señales de alerta, tenemos serios motivos para estar preocupados”, dijo el académico.

La expulsión de Beltrán Villegas del territorio mexicano y su envió a las manos de un violador de los derechos humanos llamado Älvaro Uribe nos muestra claramente el panorama de colaboración que existe entre dos regimenes que sólo buscan legitimar su permanencia en el poder al costo que sea necesario, coincidieron los participantes del Foro.

LUCIA, SOBREVIVIENTE Y PERSEGUIDA

Desde sus primeras declaraciones, Morett ha señalado que ella fue testiga y víctima de una masacre perpetrada por el gobierno de Colombia. “Hay, dijo el 3 de marzo del año pasado, una campaña mediática en mi contra señalándome como si fuera una criminal, soy una estudiante, soy testiga y víctima del ataque ocurrido en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008, no soy terrorista, ni tampoco mis cuatro compañeros asesinados en el ataque”.

Las y los asistentes al foro agregaron que es urgente detener la criminalización de la única sobreviviente mexicana de la masacre.

Pretenden extraditar a Lucía, explicaron las y los asistentes al foro, porque ella es víctima de una acción ilegítima e ilegal del Estado colombiano en territorio ecuatoriano y este acto violó la soberanía de Ecuador, propició el rompimiento de relaciones diplomáticas y dejó impunes a los perpetradores.