Exige Presidenta de la Comisión de Equidad y Género
De la redacción
México DF, 26 mayo 09 (CIMAC).- Beatriz Paredes, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Germán Martínez, de Acción Nacional (PAN), y Jesús Ortega del Partido de la Revolución Democrática (PRD) deben de pronunciarse “de cara a la sociedad” si están a favor o en contra de los derechos de las mujeres, pues sus bancadas o integrantes de sus bancadas en los congresos locales han aprobado reformas constitucionales que criminalizan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aún en caso de violación o incesto, y el uso de métodos como el dispositivo intrauterino (DIU).
Así lo exigió la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, quien aseguró que dichas reformas obedecen a que “nuestro país es víctima de un complot de la extrema de derecha del PAN y PRI para negar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y no permitirnos acceder al servicio de ILE.
Señaló la legisladora perredista que diversos grupos relacionados con la jerarquía eclesiástica han diseñado una estrategia “perversa”, que “atenta contra las mujeres al menoscabar nuestros derechos a la libertad de decidir, a la no discriminación, a la libertad sexual y reproductiva, a la intimidad y a la salud; lo que buscan en el fondo es ver en la mujer un mero instrumento reproductivo”, acusó.
Cuestionó asimismo el papel del PRI en los congresos locales, pues “sus diputados se han mostrado como paladín de Acción Nacional votando a favor de las iniciativas que han presentado para interrumpir un embarazo no deseado. Han llegado al extremo de apoyar reformas que incluso niegan a una víctima de violación poder abortar, eso es inaceptable”, precisó.
A raíz de las reformas en el Distrito Federal que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación, diversas entidades federativas han promovido reformas a su Constitución o Códigos Penales que se les han denominado antiabortistas, pues establecen que la vida comienza desde el momento de la concepción.
En este supuesto, informó la legisladora, se encuentran 18 entidades federativas, de las cuales 12 ya las han aprobado (Baja California, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Campeche, Colima y San Luis Potosí) y sólo cuatro son vigentes (Baja California, Sonora, Morelos y Colima), mientras que en seis estados están a la espera de ser dictaminadas (Estado de México, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Veracruz y Oaxaca).
Ante esa situación, Contreras Julián exigió a lideresas y líderes de los tres principales partidos políticos a manifestar su postura, ya que “hasta el momento ningún dirigente de los partidos políticos nacionales se ha atrevido a señalar que es un retroceso para las mujeres mexicanas, que en doce entidades federativas se nos esté negando nuestro derecho a decidir”, por lo que urgió a Germán Martínez, Jesús Ortega y a Beatriz Paredes para que se pronuncien al respecto.
SIGNIFICADO DE LAS REFORMAS
Para Contreras Julián, el hecho de que los estados establezcan el derecho a la vida desde el momento de la concepción, “automáticamente es criminalizar a la mujer por decidir sobre nuestro cuerpo, se nos desconoce como titulares de derechos, aumentan los riegos de la salud de las mujeres al orillar a la práctica de abortos clandestinos, además de que va en contra de lo que establece la propia Constitución y diversos instrumentos internacionales”.
En ese contexto, destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de las reformas en el Distrito Federal, pues “para el máximo Tribunal de nuestro país, la no penalización de la interrupción del embarazo es para salvaguardar los derechos de las mujeres y tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida, pues no se puede negar los altos índices de mortandad materna”, sentenció.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario