Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres
Por Gladis Torres Ruiz y Guadalupe Gómez Q.
México DF, 28 mayo 09 (CIMAC).- En este Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, mientras el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsan cambios en las constituciones de los estados que limitan y criminalizan la interrupción legal del embarazo (ILE), con lo cual se incrementará, afirman estudios internacionales, la práctica de abortos clandestinos, tercera causa de muerte materna en el país, Felipe Calderón anunció su estrategia para disminuir la mortalidad materna.
El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue instituido el 28 de mayo de 1987 en el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, con el fin de exigir a los Estados que garanticen la salud sexual y reproductiva como un derecho humano y de ciudadanía, que pueda ser accesible para todas las mujeres, a través de la aplicación de recursos, normas y leyes.
Aborto legal para no morir, consignaron desde entonces las mujeres y es este año el tema de la campaña impulsada a favor de la salud de la población femenina, en respuesta a la escalada conservadora que vive la región latinoamericana en contra de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.
Sin embargo hoy, a 13 años de iniciada la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Gobierno del PAN decidió utilizar esta fecha --tradicionalmente elegida por organizaciones feministas en demanda de aborto legal para no morir-- para realizar un acto en la explanada de la Secretaría de Salud donde anunció su “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de Mortalidad Materna en México”.
Al acto no tuvo acceso Cimacnoticias, pues el encargado de Presidencia para vigilar la entrada de la prensa argumentó que esta agencia “no estaba invitada”, que seguramente “era invitada de Patricia”, refiriéndose a la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.
TARDÍA RESPUESTA
La “estrategia”, que promete atención universal gratuita en instituciones federales de salud a mujeres embarazadas que “presenten alguna complicación”, fue presentada por Calderón a 20 años de iniciadas las denuncias públicas por la falta de atención al problema de la muerte materna, cuyas causas son las mismas que hace 30 años: preclampsia, eclampsia, hemorragias, puerperio.
También con retraso de décadas, el Gobierno federal, a través de Calderón, se “pronunció” por cerrar o desaparecer las brechas que representan el tiempo que tarda una mujer embarazada en atenderse, el que dura en acceder a una clínica y el que no se le preste atención con oportunidad, demandas que año con año se hacen desde la academia, desde los organismos civiles, nacionales e internacionales, sin que los gobiernos lo hayan remediado.
Se sabe desde hace tiempo, incluso con datos oficiales, que las entidades donde se presentan las tasas más elevadas de muerte materna (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) tienen zonas de difícil acceso y sus habitantes tienen bajos niveles de desarrollo humano, por lo cual las mujeres mueren antes de llegar a la clínica u hospital más cercano, en caso de que éste exista, y que en incontables ocasiones queda a horas de camino.
La organización Kinal Antzetik describe así esta situación: el número de mujeres indígenas que fallecen por muerte materna (muerte ocasionada por padecimientos relacionados con el embarazo, parto y puerperio) triplica a la media nacional y son los estados con mayor población indígena donde se concentran las tasas más altas, ya que no existen clínicas cercanas a sus comunidades donde puedan ser atendidas de manera eficiente, la mayoría de las ocasiones fallecen en el trayecto a los hospitales, mismos que se ubican a varias horas de sus comunidades.
LEJANOS OBJETIVOS
Desde 1990, como parte de lo Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Estado mexicano se comprometió a abatir la mortalidad materna, junto con países miembros de las Naciones Unidas, en tres cuartas entre 1990 y el 2015, pero esta cifra parece no haberse modificado de manera considerable en más de una década, como ha reportado esta agencia.
Sin embargo, pese a la existencia de algunos avances demandados e impulsados por las organizaciones de mujeres, los diferentes gobiernos que ha tenido México, tanto a nivel federal como estatal, no han podido proteger la salud de las mujeres y garantizarles el acceso a servicios públicos y seguros de salud, por ejemplo en caso de que decidan interrumpir sus embarazos, afirma la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser) en su pronunciamiento emitido para conmemorar este día.
Y aunque diversas instancias internacionales, como de salud y de derechos humanos afirman que la atención del aborto y la reducción de su incidencia deben darse desde un enfoque diferente al penal, en los últimos meses, tanto el PAN como el PRI se han aliado para cancelar el derecho a esta atención médica a las mujeres, dice ddeser, incluso en los casos de violación o riesgo para la salud y vida de las embarazadas.
Es decir, afirman las organizaciones que integran ddser, que la falta de información, educación, apoyos sociales y frente a la crisis económica mundial, los grupos de poder que se oponen al avance y reconocimiento de la autonomía plena de las mujeres han sumado ahora la criminalización de la interrupción legal del embarazo (ILE).
Miles de mexicanas pondrán en riesgo su salud, debido a que esos partidos decidieron eliminarles ese derecho en más de 10 estados de la República y, en contra del Artículo 4º de la Constitución General, atentan contra el derechos de las mujeres a proteger su salud, pues les cancela el derecho a la atención médica para los casos en los que el aborto estaba permitido.
ABORTO NO DISMINUYE CON PROHIBICIÓN
En México, señala por su parte el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población (FNMPP) en su página Web, ocurren anualmente alrededor de 4 millones 200 mil embarazos, de los cuales sólo llega a término el 60 por ciento, es decir, aproximadamente 2.5 millones de nacimientos al año.
Y el restante 40 por ciento --1 millón 680 mil embarazos-- terminan por abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada.
No se conocen las cifras reales respecto a los abortos realizados en condiciones no seguras, como afirman la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y la Academia Morelense de Derechos Humanos, pero algunos organismos calculan que cada año unas 120 mil mujeres en México buscan tratamiento en los hospitales públicos por complicaciones causadas por el aborto, ante la penalización
Es más baja la tasa de aborto en los países donde está despenalizado y mucho más alta en países donde hay restricciones, consideran la organización Mundial de la Salud (OMS) y otros centros de investigación como El Colegio de México, el Instituto Guttmatcher y Population Council.
La cifra para América Latina, en países donde no está despenalizado, es de 4 millones de abortos inducidos en condiciones clandestinas, señalan dichos organismos.
En México, tan sólo en 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.
LO QUE VIENE
Ante las legislaciones que prohíben o limitan el derecho a decidir de las mujeres sobre su vida reproductiva, Galileo Vargas Guadarrama, especialista en salud sexual y reproductiva, señala que “la incertidumbre legal genera espacios clandestinos donde médicos practican abortos inducidos en condiciones no ideales”.
Sin embargo, a partir de octubre de 2008, las modificaciones realizadas a las leyes locales por el PAN y el PRI, ayudados por integrantes de otros partidos, para otorgar personalidad jurídica al producto de la gestación, dejan de lado los derechos y decisiones de las mujeres en cuanto a su reproducción, en contra del Artículo 4º de la Constitución federal.
A la fecha, suman ya 13 las entidades en las que se han realizado tales modificaciones: Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato, Chihuahua y San Luis Potosí. Y están en camino de intentarlas en al menos cuatro entidades más, para poder hacer la propuesta de modificación a la Ley General de Salud.
Se trata de reformas, señala la Coalición por la Salud de las Mujeres, en las que el planteamiento de los derechos de un embrión prevalece en un primer plano en comparación con derechos de las mujeres, lo cual significa que están obligadas, so pena, a continuar embarazos no deseados, incluso producto de la violación o el incesto, abriendo la brecha para el aborto clandestino, pese a lo prometido hoy por Felipe Calderón.
Por Gladis Torres Ruiz y Guadalupe Gómez Q.
México DF, 28 mayo 09 (CIMAC).- En este Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, mientras el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsan cambios en las constituciones de los estados que limitan y criminalizan la interrupción legal del embarazo (ILE), con lo cual se incrementará, afirman estudios internacionales, la práctica de abortos clandestinos, tercera causa de muerte materna en el país, Felipe Calderón anunció su estrategia para disminuir la mortalidad materna.
El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue instituido el 28 de mayo de 1987 en el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, con el fin de exigir a los Estados que garanticen la salud sexual y reproductiva como un derecho humano y de ciudadanía, que pueda ser accesible para todas las mujeres, a través de la aplicación de recursos, normas y leyes.
Aborto legal para no morir, consignaron desde entonces las mujeres y es este año el tema de la campaña impulsada a favor de la salud de la población femenina, en respuesta a la escalada conservadora que vive la región latinoamericana en contra de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.
Sin embargo hoy, a 13 años de iniciada la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Gobierno del PAN decidió utilizar esta fecha --tradicionalmente elegida por organizaciones feministas en demanda de aborto legal para no morir-- para realizar un acto en la explanada de la Secretaría de Salud donde anunció su “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de Mortalidad Materna en México”.
Al acto no tuvo acceso Cimacnoticias, pues el encargado de Presidencia para vigilar la entrada de la prensa argumentó que esta agencia “no estaba invitada”, que seguramente “era invitada de Patricia”, refiriéndose a la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.
TARDÍA RESPUESTA
La “estrategia”, que promete atención universal gratuita en instituciones federales de salud a mujeres embarazadas que “presenten alguna complicación”, fue presentada por Calderón a 20 años de iniciadas las denuncias públicas por la falta de atención al problema de la muerte materna, cuyas causas son las mismas que hace 30 años: preclampsia, eclampsia, hemorragias, puerperio.
También con retraso de décadas, el Gobierno federal, a través de Calderón, se “pronunció” por cerrar o desaparecer las brechas que representan el tiempo que tarda una mujer embarazada en atenderse, el que dura en acceder a una clínica y el que no se le preste atención con oportunidad, demandas que año con año se hacen desde la academia, desde los organismos civiles, nacionales e internacionales, sin que los gobiernos lo hayan remediado.
Se sabe desde hace tiempo, incluso con datos oficiales, que las entidades donde se presentan las tasas más elevadas de muerte materna (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) tienen zonas de difícil acceso y sus habitantes tienen bajos niveles de desarrollo humano, por lo cual las mujeres mueren antes de llegar a la clínica u hospital más cercano, en caso de que éste exista, y que en incontables ocasiones queda a horas de camino.
La organización Kinal Antzetik describe así esta situación: el número de mujeres indígenas que fallecen por muerte materna (muerte ocasionada por padecimientos relacionados con el embarazo, parto y puerperio) triplica a la media nacional y son los estados con mayor población indígena donde se concentran las tasas más altas, ya que no existen clínicas cercanas a sus comunidades donde puedan ser atendidas de manera eficiente, la mayoría de las ocasiones fallecen en el trayecto a los hospitales, mismos que se ubican a varias horas de sus comunidades.
LEJANOS OBJETIVOS
Desde 1990, como parte de lo Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Estado mexicano se comprometió a abatir la mortalidad materna, junto con países miembros de las Naciones Unidas, en tres cuartas entre 1990 y el 2015, pero esta cifra parece no haberse modificado de manera considerable en más de una década, como ha reportado esta agencia.
Sin embargo, pese a la existencia de algunos avances demandados e impulsados por las organizaciones de mujeres, los diferentes gobiernos que ha tenido México, tanto a nivel federal como estatal, no han podido proteger la salud de las mujeres y garantizarles el acceso a servicios públicos y seguros de salud, por ejemplo en caso de que decidan interrumpir sus embarazos, afirma la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser) en su pronunciamiento emitido para conmemorar este día.
Y aunque diversas instancias internacionales, como de salud y de derechos humanos afirman que la atención del aborto y la reducción de su incidencia deben darse desde un enfoque diferente al penal, en los últimos meses, tanto el PAN como el PRI se han aliado para cancelar el derecho a esta atención médica a las mujeres, dice ddeser, incluso en los casos de violación o riesgo para la salud y vida de las embarazadas.
Es decir, afirman las organizaciones que integran ddser, que la falta de información, educación, apoyos sociales y frente a la crisis económica mundial, los grupos de poder que se oponen al avance y reconocimiento de la autonomía plena de las mujeres han sumado ahora la criminalización de la interrupción legal del embarazo (ILE).
Miles de mexicanas pondrán en riesgo su salud, debido a que esos partidos decidieron eliminarles ese derecho en más de 10 estados de la República y, en contra del Artículo 4º de la Constitución General, atentan contra el derechos de las mujeres a proteger su salud, pues les cancela el derecho a la atención médica para los casos en los que el aborto estaba permitido.
ABORTO NO DISMINUYE CON PROHIBICIÓN
En México, señala por su parte el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población (FNMPP) en su página Web, ocurren anualmente alrededor de 4 millones 200 mil embarazos, de los cuales sólo llega a término el 60 por ciento, es decir, aproximadamente 2.5 millones de nacimientos al año.
Y el restante 40 por ciento --1 millón 680 mil embarazos-- terminan por abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos…) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada.
No se conocen las cifras reales respecto a los abortos realizados en condiciones no seguras, como afirman la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y la Academia Morelense de Derechos Humanos, pero algunos organismos calculan que cada año unas 120 mil mujeres en México buscan tratamiento en los hospitales públicos por complicaciones causadas por el aborto, ante la penalización
Es más baja la tasa de aborto en los países donde está despenalizado y mucho más alta en países donde hay restricciones, consideran la organización Mundial de la Salud (OMS) y otros centros de investigación como El Colegio de México, el Instituto Guttmatcher y Population Council.
La cifra para América Latina, en países donde no está despenalizado, es de 4 millones de abortos inducidos en condiciones clandestinas, señalan dichos organismos.
En México, tan sólo en 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos producto de complicaciones de un aborto clandestino y por tanto inseguro, según datos de la Secretaría de Salud.
LO QUE VIENE
Ante las legislaciones que prohíben o limitan el derecho a decidir de las mujeres sobre su vida reproductiva, Galileo Vargas Guadarrama, especialista en salud sexual y reproductiva, señala que “la incertidumbre legal genera espacios clandestinos donde médicos practican abortos inducidos en condiciones no ideales”.
Sin embargo, a partir de octubre de 2008, las modificaciones realizadas a las leyes locales por el PAN y el PRI, ayudados por integrantes de otros partidos, para otorgar personalidad jurídica al producto de la gestación, dejan de lado los derechos y decisiones de las mujeres en cuanto a su reproducción, en contra del Artículo 4º de la Constitución federal.
A la fecha, suman ya 13 las entidades en las que se han realizado tales modificaciones: Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato, Chihuahua y San Luis Potosí. Y están en camino de intentarlas en al menos cuatro entidades más, para poder hacer la propuesta de modificación a la Ley General de Salud.
Se trata de reformas, señala la Coalición por la Salud de las Mujeres, en las que el planteamiento de los derechos de un embrión prevalece en un primer plano en comparación con derechos de las mujeres, lo cual significa que están obligadas, so pena, a continuar embarazos no deseados, incluso producto de la violación o el incesto, abriendo la brecha para el aborto clandestino, pese a lo prometido hoy por Felipe Calderón.
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