Ricardo Raphael
En periodismo el contexto lo es prácticamente todo. Una declaración o entrevista, un documento, una interrogante, en fin, cualquier pieza de información obtiene valor en tanto que corresponde a una situación pública relevante. No hay acto periodístico que pueda producirse en el vacío contextual.
Y el contexto es el siguiente: este oficio se halla amenazado en nuestro país. Contrario a lo que algunos necios prefieren negar, la libertad de expresión padece evidente vulnerabilidad. Los síntomas de la regresión autoritaria se miran en distintas extremidades del cuerpo social y su ejercicio va sufriendo crecientemente limitaciones.
Según todos los informes serios disponibles, nuestro país está a punto de convertirse en aquél donde se registran más denuncias por extorsión, secuestro y asesinato contra periodistas. Reportar lo que está ocurriendo en las zonas donde se celebra la guerra por las drogas es cada vez más peligroso. El valle de Culiacán, la región de la Laguna, Ciudad Juárez, Tampico o Apatzingán son sólo algunas de las varias decenas de coordenadas donde la libertad de prensa ya se extinguió.
Según la organización internacional Artículo XIX, en México la mayoría de los actos violentos contra periodistas proviene de autoridades gubernamentales. Policías, presidentes municipales o militares, que fueron señalados por estar involucrados en el narcotráfico, aparecen como los responsables sistemáticos de tales delitos.
El poder local gana sin duda en arbitrariedad. Los funcionarios regionales son los más intolerantes a la crítica. Mientras el periodista obsecuente con los gobernadores suele crecer en riqueza y privilegios, quien asume una voz discordante, cuando no tiene que irse a vivir fuera de su entidad, suele terminar dedicado a otro oficio.
Si estas circunstancias ya son graves, cabe decir que no son las únicas que coartan la libertad de prensa en el país. La excesiva concentración de medios audiovisuales mexicanos, y la multiplicada asociación de medios escritos con la televisión y la radio, son dos fenómenos que, juntos, tienden a reducir el arco del ejercicio periodístico.
Es una máxima antigua que la libertad en este oficio depende de la diversidad de opciones para hacer uso de la voz o de la pluma. Si el número de medios se restringe, la libertad lo hace en la misma cantidad y proporción.
¿Cuántos extraordinarios periodistas han tenido que reinventarse profesionalmente porque las opciones de empleo son injustificadamente pocas para un país que tiene más de 112 millones de habitantes?
El muy rijoso campo de batalla en que se convirtieron las telecomunicaciones mexicanas, se suma también como impedimento para hacer un periodismo que conecte con intereses y preocupaciones de la gente común.
Al mismo tiempo que las necesidades de inversión en tal industria se anuncian para el futuro muy cuantiosas, los derechos de propiedad atraviesan hoy por fiera disputa. Luego, la incertidumbre hace que la presión de las empresas económicamente más poderosas sea bestial contra el Estado, sobre todo porque éste no ha logrado una política estable, consistente y firmemente dispuesta para velar por el mayor número de intereses.
En resumen, crimen organizado y penetración del Estado por agentes nefastos, gobiernos locales en franco retroceso autoritario, poca diversificación en el número de empresas mediáticas e incertidumbre en las telecomunicaciones confabulan en nuestro país como argumentos corrosivos para el ejercicio de la libertad de expresión.
Precisamente es en tal contexto que sucedió el despido de una de las periodistas más afamadas de la radio mexicana. Hecho ocurrido un día después de que articuló una pregunta que —así es el oficio periodístico— a más de uno pareció impertinente.
Es en el escenario de pulsiones regresivas y autoritarias, descrito antes, que se leyó el disruptivo episodio de Carmen Aristegui. Se trató de una terrible señal porque, justificada o injustificadamente, se atribuyó a una intervención del poder presidencial.
Como la misma periodista lo señalara el miércoles pasado: su despido trasciende a la persona. Se presenta como síntoma de un texto que, antes suyo, era ya preocupante. Este expediente no puede ser tratado superficialmente. Dejar su caso tal cual hoy está, va a acelerar una tendencia lamentable. Su caso se convertirá en prueba irrefutable, en emblema, de una situación cada día más grave.
Analista político
Y el contexto es el siguiente: este oficio se halla amenazado en nuestro país. Contrario a lo que algunos necios prefieren negar, la libertad de expresión padece evidente vulnerabilidad. Los síntomas de la regresión autoritaria se miran en distintas extremidades del cuerpo social y su ejercicio va sufriendo crecientemente limitaciones.
Según todos los informes serios disponibles, nuestro país está a punto de convertirse en aquél donde se registran más denuncias por extorsión, secuestro y asesinato contra periodistas. Reportar lo que está ocurriendo en las zonas donde se celebra la guerra por las drogas es cada vez más peligroso. El valle de Culiacán, la región de la Laguna, Ciudad Juárez, Tampico o Apatzingán son sólo algunas de las varias decenas de coordenadas donde la libertad de prensa ya se extinguió.
Según la organización internacional Artículo XIX, en México la mayoría de los actos violentos contra periodistas proviene de autoridades gubernamentales. Policías, presidentes municipales o militares, que fueron señalados por estar involucrados en el narcotráfico, aparecen como los responsables sistemáticos de tales delitos.
El poder local gana sin duda en arbitrariedad. Los funcionarios regionales son los más intolerantes a la crítica. Mientras el periodista obsecuente con los gobernadores suele crecer en riqueza y privilegios, quien asume una voz discordante, cuando no tiene que irse a vivir fuera de su entidad, suele terminar dedicado a otro oficio.
Si estas circunstancias ya son graves, cabe decir que no son las únicas que coartan la libertad de prensa en el país. La excesiva concentración de medios audiovisuales mexicanos, y la multiplicada asociación de medios escritos con la televisión y la radio, son dos fenómenos que, juntos, tienden a reducir el arco del ejercicio periodístico.
Es una máxima antigua que la libertad en este oficio depende de la diversidad de opciones para hacer uso de la voz o de la pluma. Si el número de medios se restringe, la libertad lo hace en la misma cantidad y proporción.
¿Cuántos extraordinarios periodistas han tenido que reinventarse profesionalmente porque las opciones de empleo son injustificadamente pocas para un país que tiene más de 112 millones de habitantes?
El muy rijoso campo de batalla en que se convirtieron las telecomunicaciones mexicanas, se suma también como impedimento para hacer un periodismo que conecte con intereses y preocupaciones de la gente común.
Al mismo tiempo que las necesidades de inversión en tal industria se anuncian para el futuro muy cuantiosas, los derechos de propiedad atraviesan hoy por fiera disputa. Luego, la incertidumbre hace que la presión de las empresas económicamente más poderosas sea bestial contra el Estado, sobre todo porque éste no ha logrado una política estable, consistente y firmemente dispuesta para velar por el mayor número de intereses.
En resumen, crimen organizado y penetración del Estado por agentes nefastos, gobiernos locales en franco retroceso autoritario, poca diversificación en el número de empresas mediáticas e incertidumbre en las telecomunicaciones confabulan en nuestro país como argumentos corrosivos para el ejercicio de la libertad de expresión.
Precisamente es en tal contexto que sucedió el despido de una de las periodistas más afamadas de la radio mexicana. Hecho ocurrido un día después de que articuló una pregunta que —así es el oficio periodístico— a más de uno pareció impertinente.
Es en el escenario de pulsiones regresivas y autoritarias, descrito antes, que se leyó el disruptivo episodio de Carmen Aristegui. Se trató de una terrible señal porque, justificada o injustificadamente, se atribuyó a una intervención del poder presidencial.
Como la misma periodista lo señalara el miércoles pasado: su despido trasciende a la persona. Se presenta como síntoma de un texto que, antes suyo, era ya preocupante. Este expediente no puede ser tratado superficialmente. Dejar su caso tal cual hoy está, va a acelerar una tendencia lamentable. Su caso se convertirá en prueba irrefutable, en emblema, de una situación cada día más grave.
Analista político
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