El asunto inició en 2005 como resultado de una investigación que, si se hubiera consolidado mediante una serie de actuaciones equilibradas y transparentes, seguramente habría sido un caso encomiable que le hubiera dado prestigio al gobierno del país. Pero la necesidad apremiante de ese obscuro burócrata de violentar los hechos para exaltar su personalidad evidenció su abuso de autoridad y manipulación, que convirtió en actores de televisión a los presuntos responsables y a sus víctimas, manipulando así a la opinión pública, lo cual propició una confrontación que se ha dado en todos los niveles y que, finalmente, ha llegado a enfrentar a los gobiernos de México y Francia, llevando a nuestro país a una etapa más de descalificación internacional, que nunca debió de haber existido y que nos ha hecho un daño irreparable a nivel mundial; mientras, el delito del secuestro ha aumentado en México de 2005 a la fecha de 1,692 a 4,214 anualmente, demostrando así el fracaso de esa burocracia policiaca inepta y manipuladora.
En el caso que nos ocupa, el atractivo publicitario de una bella mujer, joven, extranjera y vinculada amorosamente con un brutal secuestrador era un tema que el protagonismo del referido burócrata no pudo resistir y así, sin medir consecuencias, hizo explotar su montaje publicitario. Éste involucró a todo el gobierno, obligándolo a defender a su abusivo subordinado para también proteger a todo el sistema y a sus instituciones, exaltando a la recién creada AFI, la cual años después tuvo que ser disuelta por corrupta, a pesar de que la pretendían calificar como la “mejor policía del mundo”, como se atrevió a hacerlo un procurador poco tiempo antes de que la tuvieran que desmantelar.
El haber “ensuciado” el procedimiento con tantos abusos de autoridad que obligaron a los presuntos responsables y a las víctimas a actuar frente a los medios provocó que la verdad sobre ese montaje saliera a la luz ganando una descalificación tan grave que el gobierno tuvo que comprometerse en una defensa a ultranza de las instituciones para demostrar que, por encima de los abusos cometidos, prevalecía la responsabilidad penal de quienes estaban involucrados en esos delitos.
Todo lo anterior complicó el procedimiento, ya que en las declaraciones iniciales las víctimas no reconocieron a Cassez, para que después sus dichos cambiaran, convirtiéndose en “testigos protegidos”. Así se fueron acumulando elementos de duda frente a presunciones de gran peso que también involucraban a Cassez, como que vivía en la misma propiedad donde se hallaban los secuestrados y tenía una relación de intimidad con el secuestrador Israel Vallarta, poseedor del inmueble donde estaban las víctimas, razón por la cual era muy difícil que Cassez fuera ajena a lo que pasaba.
El presidente de Francia convirtió el asunto en una cruzada con tintes políticos cada más evidentes y, ante esa situación, tal parece que hubo un acuerdo entre gobiernos para aplicar la Convención de Estrasburgo, con objeto de que Cassez purgara su sentencia en Francia, lo que también fracasó cuando la opinión pública mexicana se enteró de ello, en razón de los espectáculos mediáticos promovidos por el gobierno mexicano, que volvió a ser víctima de su irrefrenable protagonismo.
Esa dinámica escandalosa también surtió sus efectos en el ámbito judicial, ya que en este caso no hay ninguna autoridad que quiera ir a contracorriente de la sentencia que ya ha emitido una parte importante de la opinión pública, que si bien está provocada por los espectáculos de referencia, también se sustenta en todos los elementos y presunciones que involucran a Cassez en este delito.
Es muy probable que el asunto vaya a las cortes internacionales y ahí, independientemente de que se pueda ratificar o no la culpabilidad de Cassez, lo cierto es que nuestro sistema de seguridad y justicia saldrá muy lesionado por sus evidentes abusos y manipulaciones, y sólo podríamos recuperar algo de la confianza y respeto perdidos si nos adelantáramos a sus dictámenes y, en forma extraordinaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —que ha demostrado recientemente su eficacia e independencia— investigara y dictaminara el asunto, aun cuando ello no tuviera efectos de recomendación, ya que los temas judiciales no son su materia, pero en un caso tan grave como éste nadie se habría de oponer a que actuara como una institución de respeto y credibilidad bien ganada.
Si esto se lograra, sería también el camino para obtener una reforma a la ley de dicha comisión, para que ésta pueda intervenir sin excepción en cualquier caso —sea judicial o no— en que haya violaciones a los derechos humanos.
editorial2003@terra.com.mx
Doctor en Derecho
de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de cárcel por los delitos de secuestro y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, ha desembocado en una crisis diplomática de gran envergadura entre los gobiernos de París y de nuestro país, hasta el punto de arruinar el Año de México en Francia. Hace un par de días, el presidente Nicolas Sarkozy anunció que su gobierno dedicaría los actos de ese programa cultural a Cassez y, en respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió poner fin a la participación del gobierno mexicano en las 350 actividades programadas.Es pertinente recordar que en diciembre de 2005 Cassez fue capturada, junto con su entonces novio, Israel Vallarta, por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), y usada para un montaje televisivo que se presentó al público como si hubiese sido una detención en tiempo real. Posteriormente la acusada fue sometida a un juicio en el que se le declaró culpable y se le sentenció a 96 años de cárcel; el fallo fue posteriormente revisado por un tribunal de segunda instancia, el cual ratificó el veredicto, pero redujo la sentencia a 60 años. Hace unos días, el pasado 10 de febrero, el séptimo tribunal colegiado negó el recurso de amparo solicitado por los abogados de Cassez contra esa pena.
Conforme se desarrollaban los procesos penales en México, en Francia se ha ido generando un clima de opinión que ve en Cassez a la víctima inocente de una aberración policial y militar, cuando no como una heroína. En la generación del clamor por la exculpación o, cuando menos, la expatriación de la convicta para que cumpla su sentencia en Francia, tanto la presidencia de Sarkozy como el conjunto de los medios informativos han desempeñado –cada uno en función de sus intereses– un papel protagónico.
El gobierno mexicano, por su parte, se ha visto atrapado en un callejón sin salida: por un lado, su lamentable desempeño en materia de derechos humanos da verosimilitud al retrato de Cassez en papel de víctima inocente de la arbitrariedad policial que, en efecto, impera en el país, y de la corrupción de los sistemas de procuración e impartición de justicia; por el otro, el empecinamiento de la administración calderonista en presentarse como adalid de la seguridad pública y la cruzada contra la delincuencia no deja mucho margen para revisar y corregir las aberraciones en la actuación de las autoridades en este caso. La mano firme
ha de ser, por necesidad, una mano rígida.
Por lo demás, no puede borrarse de un plumazo el fallo de tres instancias jurisdiccionales que coinciden en encontrar fundadas las acusaciones contra Cassez; hacerlo, así fuera sólo para atajar las presiones francesas, significaría vulnerar el orden legal del país. Tampoco es procedente expatriar a la secuestradora en los términos del Tratado de Estrasburgo –los cuales, por lo demás, no son de cumplimiento obligatorio–, pues si así se hiciera habría margen para que la convicta se acogiera a la legislación de su país y cumpliera sólo una pequeña fracción de su pena.
En este episodio es inocultable la arrogancia, la demagogia y el oportunismo con que ha actuado Sarkozy, deseoso de congraciarse con la opinión pública de su país, pero es también patente la impunidad de los funcionarios mexicanos que ensuciaron, desde el momento de la captura, el proceso legal contra Cassez y que dieron pie a los reclamos franceses. En efecto, hasta la fecha el gobierno que preside Calderón ha sido remiso en el esclarecimiento de la desaseada actuación de la AFI –encabezada entonces por Genaro García Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal–, la cual obligó a los secuestradores capturados a participar en un montaje escénico para la empresa Televisa, con lo cual violó los derechos humanos de los detenidos, convalidó una farsa ante la opinión pública y dejó sembrada la semilla de la sospecha en torno a los procesos que habrían de venir.
Si las autoridades hubiesen sancionado en su momento a los responsables del atropello, y si mostraran en general una mínima voluntad política en el combate a la impunidad y en la preservación de los derechos humanos, posiblemente no habría margen para las campañas mediáticas francesas que demandan la expatriación de la convicta. La moraleja, si hay alguna, es que el escrupuloso respeto del poder público a las garantías individuales no sólo constituye una obligación legal y ética, sino también un elemento fundamental en la preservación de la soberanía nacional.
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