La perniciosa existencia de sólo dos empresas que ofrecen televisión abierta y una notoriamente dominante en la tv de paga tiene consecuencias graves sobre el derecho a la información y las ha tenido también en la lucha electoral. La concentración de los medios electrónicos afecta derechos ciudadanos al ignorar la necesidad de que existan diferentes fuentes de información. Las televisoras han impedido que se incorporen nuevas opciones televisivas, al tiempo que han apoyado abiertamente a un candidato presidencial y su partido y vetado a otro, convirtiéndose en los grandes electores.
La reforma electoral de 2007 centró su atención en que las televisoras perdieran su capacidad de influencia a través de los precios y tarifas cobrados por la transmisión de los espots de los partidos. La campaña electoral de 2009 evidenció que las televisoras tienen a su alcance medios para seguir influyendo en partidos dispuestos a ceder lo que les soliciten a cambio del apoyo televisivo. Para 2012 no sólo piensan influir, tienen candidato propio. Controlarles no es tarea fácil. Competir con ellos tampoco lo es, pero probablemente sea menos complicado.
Por eso Televisa ha hecho una eficaz campaña para que Telmex no participe ofreciendo televisión de paga, en la que fija precios de monopolio para usuarios y anunciantes, mucho menos que participe en tv abierta. Tiene su propia bancada y ha colocado en la CFC a personas proclives a esa empresa. El título de concesión que se ha negado a MVS desde hace tiempo se explica porque temen que MVS pueda venderlo a Telmex y entonces el duopolio televisivo tendría que competir con una empresa poderosa.
El gobierno panista, surgido de una alianza política con las televisoras y otros grupos empresariales, comprometió su capacidad de decisión para mantener ese duopolio. Lo ha hecho cumplidamente, pese a que Televisa ha ido construyendo abiertamente una candidatura presidencial en el PRI. La alianza política para Televisa terminó, pero el gobierno sigue permitiendo que se decida políticamente la concesión a MVS. De eso se ha aprovechado para golpear a una profesional crítica, cuya opinión tiene clara importancia.
El regreso de Carmen Aristegui a MVS no resuelve las cosas de fondo. Granados Chapa ha propuesto que se aproveche la oportunidad que abrió su injustificado despido para crear una empresa que produzca programas de radio y televisión. Al estilo de la propiedad accionaria de La Jornada y de emequis, podría constituirse una sociedad de pares, tanto porque aporten montos similares como porque tengan la misma capacidad decisoria, que forme una empresa social que tenga una clara propuesta informativa.
El camino de una empresa de este tipo no es fácil, pero es posible. Su posibilidad de sobrevivencia descansa en la vitalidad social, como la que permitió la existencia y persistencia de La Jornada en una labor periodística después de 25 años y la reinstalación de Aristegui. El propósito sería aportar a la vida nacional un esfuerzo empresarial independiente y crítico que pueda crear un medio electrónico independiente capaz de competir. Internacionalmente hay casos exitosos de asociaciones que reúnen particulares con empresas, en las que las partes aportan sus capacidades y competencias a favor de un proyecto comunicativo progresista.
El episodio no se cierra con el regreso a MVS de la periodista. El fondo sigue intacto: la concesión sigue pendiente, Televisa ataca la pretendida sociedad Telmex-Dish, el gobierno mantiene los privilegios monopólicos de las televisoras. La llamada a la participación de un sector de la sociedad sigue viva.
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