Porfirio Muñoz Ledo
Volví a Guatemala para inaugurar un diplomado de la Universidad de San Carlos y el Congreso de la República. El propósito es repensar las relaciones entre la profesión del político y la realidad de nuestros países, prueba de que esa ecuación se halla en entredicho. Ante la devaluación estatal respecto a los poderes fácticos es menester recuperar la autonomía de la política a fin de insertarnos de modo creativo en el escenario multipolar. Ello señalaría, en verdad, la superación del ciclo neoliberal.
El estamento político está obligado a replantear su función en el entorno social. Las transiciones a la democracia que hemos vivido ocurrieron precisamente en tiempos de debilitamiento de las potestades estatales y de subordinación de la autoridad pública a los intereses de la acumulación global. De ahí, la percepción negativa de los ciudadanos hacia los partidos, los parlamentos y los políticos, así como su creciente insatisfacción con la democracia.
Me valí de una iniciativa del ex presidente Vinicio Cerezo, Esquipulas III, para trazar un plan somero de recuperación regional en tres direcciones: la institucionalización política de manera a establecer la primacía y suficiencia de los poderes públicos; el pago de la deuda social mediante una estrategia incluyente de desarrollo, y la armonización de los procesos de integración mermados por el hegemonismo externo.
Los acuerdos de paz en este país contienen un catálogo prolijo de políticas económicas y sociales que están lejos de haberse cumplido en ausencia de mayorías claras —14 partidos políticos satélites de un presidencialismo precario— y un Estado zozobrante por carencia de recursos fiscales —9.6% respecto del producto interno— que lo vuelven en extremo dependiente de la ayuda foránea y la inversión transnacional.
Me referí a la urgencia de una “constitucionalidad real” que establezca nuevas relaciones de poder y otorgue sentido al andamiaje formal de los poderes públicos. Es indispensable repensar la forma de gobierno, el sistema representativo y la participación ciudadana en las decisiones políticas, implantar programas sociales igualitarios, elevar el salario, sanear los procesos electorales, emprender una reforma hacendaria e invertir en educación y justicia.
Padecen, como nosotros, el secuestro de la autoridad y la influencia avasallante del imperio mediático. La tarea política por excelencia es la reinvención del Estado a una escala multinacional. Subrayé la disociación de los caminos entre los bloques latinoamericanos. En Mesoamérica nos hemos plegado a la doctrina de la “seguridad doméstica” de Estados Unidos y crecemos a una tasa promedio del 2%, mientras en el sur han optado por la “autonomía periférica”, crecen al 6% y se erigen en un polo del desarrollo mundial.
En los estratos a los que he accedido, la Presidencia de la República, parlamentarios, comunicadores, académicos, líderes partidarios y sociales, abogo por una reversión del curso seguido hasta ahora. La matriz contemporánea de nuestras tragedias es el TLCAN, que dejó sin regulación variables abrumadoras como la migración, el narcotráfico y la venta de armas y nos lanzó por la pendiente de la desigualdad, el estancamiento y la violencia. El ASPAN y la Iniciativa Mérida se prolongaron en estas latitudes a través del “Plan Jaguar”; acuerdos particulares de comercio, asistencia militar y entrenamiento policíaco y adecuación de las instituciones nacionales al proyecto estadounidense: una suerte de plan Potomac-Panamá.
Expuse mi iniciativa constitucional de política exterior de Estado, en la que se reconoce el derecho humano a la migración y se establecen previsiones para la creación de una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, concebida como una zona de asociación económica, concertación política, libre movilidad de las personas e identidad pluricultural. Plantea la erección de organismos supranacionales y la instauración de una ciudadanía común.
Después de tantos años en que la brújula internacional del país apunta hacia el norte, es menester remar sin desmayo en dirección al sur, como tabla de salvación, destino viable y dignidad humana.
Diputado federal del PT
El estamento político está obligado a replantear su función en el entorno social. Las transiciones a la democracia que hemos vivido ocurrieron precisamente en tiempos de debilitamiento de las potestades estatales y de subordinación de la autoridad pública a los intereses de la acumulación global. De ahí, la percepción negativa de los ciudadanos hacia los partidos, los parlamentos y los políticos, así como su creciente insatisfacción con la democracia.
Me valí de una iniciativa del ex presidente Vinicio Cerezo, Esquipulas III, para trazar un plan somero de recuperación regional en tres direcciones: la institucionalización política de manera a establecer la primacía y suficiencia de los poderes públicos; el pago de la deuda social mediante una estrategia incluyente de desarrollo, y la armonización de los procesos de integración mermados por el hegemonismo externo.
Los acuerdos de paz en este país contienen un catálogo prolijo de políticas económicas y sociales que están lejos de haberse cumplido en ausencia de mayorías claras —14 partidos políticos satélites de un presidencialismo precario— y un Estado zozobrante por carencia de recursos fiscales —9.6% respecto del producto interno— que lo vuelven en extremo dependiente de la ayuda foránea y la inversión transnacional.
Me referí a la urgencia de una “constitucionalidad real” que establezca nuevas relaciones de poder y otorgue sentido al andamiaje formal de los poderes públicos. Es indispensable repensar la forma de gobierno, el sistema representativo y la participación ciudadana en las decisiones políticas, implantar programas sociales igualitarios, elevar el salario, sanear los procesos electorales, emprender una reforma hacendaria e invertir en educación y justicia.
Padecen, como nosotros, el secuestro de la autoridad y la influencia avasallante del imperio mediático. La tarea política por excelencia es la reinvención del Estado a una escala multinacional. Subrayé la disociación de los caminos entre los bloques latinoamericanos. En Mesoamérica nos hemos plegado a la doctrina de la “seguridad doméstica” de Estados Unidos y crecemos a una tasa promedio del 2%, mientras en el sur han optado por la “autonomía periférica”, crecen al 6% y se erigen en un polo del desarrollo mundial.
En los estratos a los que he accedido, la Presidencia de la República, parlamentarios, comunicadores, académicos, líderes partidarios y sociales, abogo por una reversión del curso seguido hasta ahora. La matriz contemporánea de nuestras tragedias es el TLCAN, que dejó sin regulación variables abrumadoras como la migración, el narcotráfico y la venta de armas y nos lanzó por la pendiente de la desigualdad, el estancamiento y la violencia. El ASPAN y la Iniciativa Mérida se prolongaron en estas latitudes a través del “Plan Jaguar”; acuerdos particulares de comercio, asistencia militar y entrenamiento policíaco y adecuación de las instituciones nacionales al proyecto estadounidense: una suerte de plan Potomac-Panamá.
Expuse mi iniciativa constitucional de política exterior de Estado, en la que se reconoce el derecho humano a la migración y se establecen previsiones para la creación de una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, concebida como una zona de asociación económica, concertación política, libre movilidad de las personas e identidad pluricultural. Plantea la erección de organismos supranacionales y la instauración de una ciudadanía común.
Después de tantos años en que la brújula internacional del país apunta hacia el norte, es menester remar sin desmayo en dirección al sur, como tabla de salvación, destino viable y dignidad humana.
Diputado federal del PT
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