Alarga Estado mexicano revisión del caso Pasta de Conchos en CIDH

A cinco años de la tragedia continúa negándose a esclarecer hechos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 16 feb 11 (CIMAC).- A cinco años del siniestro ocurrido en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, el Estado mexicano muestra una vez más su falta de voluntad para esclarecer la tragedia, al “alargar” la revisión del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo anterior, lo denunció Luis Arriaga Valenzuela, durante la presentación del Quinto Informe Pasta de Conchos, titulado “Dime desde allá abajo”.

En el acto, al que asistieron viudas y familiares de mineros fallecidos en la región carbonífera coahuilense, Arriaga Valenzuela informó que el pasado 10 de enero venció el plazo para que el Estado mexicano respondiera a la solicitud de información de la CIDH respecto a las violaciones a los derechos humanos de los mineros y sus familias.

Hace un año, el Centro Prodh y la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), presentaron la petición de admisibilidad del caso ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos de los 65 trabajadores del carbón y sus familiares.

En la petición, las organizaciones denunciaron que las autoridades del país violaron los derechos a la vida, la integridad personal, así como a las garantías y protección judicial, debido a que el siniestro “no fue un evento imprevisible e inevitable”.

Por el contrario, indicó Arriaga Valenzuela, el Estado mexicano tenía conocimiento de que las condiciones de trabajo en las minas del carbón eran de “alto riesgo”, por lo que peligraba la vida e integridad física de los mineros de Pasta de Conchos y no adoptó las “acciones adecuadas” para hacer cumplir las normas de seguridad e higiene y la ley laboral a la empresa concesionaria de la mina, Industrial Minera México.

Ante este panorama, el 24 de septiembre del año pasado, la CIDH “corrió traslado” de la petición al Estado mexicano, es decir, le pidió que le explicara los hechos denunciados por las organizaciones que representan a alrededor de trescientas viudas y familiares.

Luis Arriaga criticó que durante los últimos cinco años, las autoridades mexicanas negaron la impartición de justicia que incluye la petición de rescate de los restos de los mineros, y la reparación del daño para las y los deudos, como son pensiones dignas para las viudas y becas escolares para sus hijas e hijos.

A la fecha, reprochó Arriaga Valenzuela, estas peticiones han sido ignoradas por las autoridades del país, quienes ahora “alargan” la revisión del caso en el sistema interamericano cuando “la dilación impide avances en el resarcimiento por las violaciones de los derechos de las víctimas de este caso”. Y agregó que “es paradójico que un gobierno que pretende combatir la impunidad criminal, la alimente al desdeñar plazos establecidos por instancias ante las cuales tiene obligaciones definidas”. Por todo lo anterior, informó que pedirán a la CIDH que “tenga por contestada la petición en nuestros términos y siga adelante con el proceso”, es decir, que admita el caso.