Sólo arresto de 24 a 36 horas”: Comisión de Justicia
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 17 feb 11 (CIMAC).- El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que tipifica las agresiones contra las mujeres como una “simple falta administrativa”, atenta contra la legislación vigente que castiga la violencia de género, alertaron expertas.
El pasado martes 15 de febrero, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Julio César Moreno, aprobó una iniciativa que reduce las agresiones contra las mujeres a una “falta que podrá ser pagada con un arresto de 24 a 36 horas a quien ocasione lesiones a su esposa, concubina o pareja”.
El dictamen modifica el Código Penal y la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en materia de violencia contra las mujeres.
La abogada especialista en violencia de género Karla Michel Salas Ramírez advirtió que con esta aprobación se entra en una “contradicción de normas”, toda vez que es inversa a lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a su ley homóloga en el DF y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), signada y ratificada por el Estado mexicano.
Actualmente el artículo 23 de la Ley de Cultura Cívica permite a quien maltrate, golpee, o lesione a una persona, incluidas las mujeres y para los casos concretos de lesiones que tarden en sanar menos de 15 días, el pago de una fianza y eludir el arresto.
Con el dictamen aprobado, que subiría al pleno el próximo 24 de febrero para su discusión y eventual aval legislativo, la sanción para quien lesione a una mujer quedaría en un arresto inconmutable de 25 a 36 horas.
A decir de Salas Ramírez, con la modificación del artículo 23 de la Ley de Cultura Cívica las mujeres que acudan a denunciar ante el Ministerio Público serán remitidas al juez cívico.
Las capitalinas tendrán que llegar a los juzgados cívicos, cuyas autoridades al mismo tiempo que las atienden, “si es que lo hacen”, verán también los casos de hombres que orinan en la calle, a las personas que manejan en estado de ebriedad, o a la gente que acaba de tener un accidente automovilístico. “Ése es el nivel que le van a dar a una violación a los Derechos Humanos”, criticó.
La abogada señaló como ejemplo el caso de una mujer cuyo esposo le apunta en la cabeza y le dice que la matará. No lo hace, pero la patea en el cuerpo.
Esta mujer, “cuya vida esta en riesgo”, si acude al MP la van a remitir al juez cívico, que en todo caso encerrará al sujeto 36 horas por una “falta administrativa”, toda vez que se consideran lesiones los golpes si tardan en sanar menos de 15 días. “¿Que pasará cuando salga libre? La asesinará y entonces las cifras de feminicidio aumentarán en el DF”, alertó.
Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), Martha Lucía Micher Camarena, afirmó que con dicha iniciativa se contravienen las recomendaciones de las instancias que dan seguimiento a la Convención de Belém Do Pará, referentes a derogar las disposiciones que permiten los métodos de mediación o conciliación.
Advirtió que con esa iniciativa se “desjudicializa” la violencia contra las mujeres y se manda a las víctimas con un juez ordinario.
En un oficio enviado por Micher al diputado Julio César Moreno, la funcionaria indicó que la iniciativa también es contraria a lo que se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establece que debe evitarse que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar.
Además, aclaró, los procedimientos de mediación y conciliación son inviables en una relación de sometimiento entre agresor y víctima.
Asimismo, abundó la titular del Inmujeres DF, el dictamen aprobado transgrede la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el DF, que en su artículo 55 contempla directrices para el acceso de las mujeres a la justicia, tales como medidas de protección y evitar la violencia institucional.
Malú Micher consideró que las modificaciones planteadas a la Ley de Cultura Cívica merman el avance que en materia de Derechos Humanos y protección a las mujeres víctimas de violencia se ha logrado, por lo que, convocó, “deben ser analizadas cuidadosamente antes de su aprobación”.
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