El fenómeno se reproduce desde las “mordidas” que piden los agentes de tránsito, hasta los contratos de licitaciones para grandes obras públicas que un funcionario entrega a su amigo o familiar.
la silla rota
“México
pisó una mina y esa mina explotó, provocando una corrupción
generalizada y desorganizada que ni el Estado puede controlar”.
Ésta
es una frase de Edgardo Buscaglia, con la que certeramente ha descrito
la situación actual de México, en donde hoy sabemos que la corrupción
ha penetrado la estructura del Estado hasta niveles inimaginables.
La
corrupción es parte de la crisis nacional económica, política, social,
moral y de seguridad. No es tampoco, como lo ha querido decir el
titular del Poder Ejecutivo, un problema de orden cultural, pues asumir
que las mexicanas y mexicanos estamos hechos para la corrupción, sería
caer en el cinismo y liberar de responsabilidades a las autoridades.
La
corrupción que padece la sociedad mexicana es consecuencia de la
colusión de los poderes económicos y políticos. De acuerdo a criterios
internacionales evaluadores de este fenómeno, en Latinoamérica, México
sólo es superado por Haití y se encuentra lejos de países como
Argentina, Brasil o Chile, y aún de República Dominicana, cuyas
disposiciones en la materia son más vigorosas.
En 2013, según el Índice de percepción de la Corrupción que
publica la organización para la Transparencia Internacional, México
ocupó el lugar 106 de los 175 países evaluados en función de la
percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes;
por lo que es notorio que las y los mexicanos creen que existe mucha
corrupción en el sector público.
Estas condiciones han logrado
que el gobierno experimente, en todos los niveles, el fenómeno de la
“corrupción desorganizada”, mismo que se da cuando las instituciones
comienzan a ser controladas por grupos criminales o por poderes
fácticos legalizados, incluidos los medios de comunicación.
El
problema ante ello es que el Estado pierde su capacidad de control del
comportamiento de sus funcionarios, quienes van formando pequeños
feudos en cada estado y municipio, dando como resultado que ya no
respondan a nada ni a nadie.
Por ello, la corrupción desorganizada del Estado alimenta a la delincuencia organizada.
Todos
esos pedazos de Estado que terminan quedando bajo el control de
gobernadores feudalizados, a través de empresarios locales corruptos o
a través de los mismos grupos de delincuencia organizada, se ven
pisoteados por policías municipales que le responden a un grupo
criminal, la policía estatal del mismo lugar le responde a otro grupo
criminal y ambas policías dejan de proteger a la población; generando
así un estado de descontrol y caos para la ciudadanía.
Las
reacciones hasta ahora no han sido suficientes. En México se castiga
políticamente a algunos corruptos porque son enemigos políticos del
gobierno de turno, pero no se pone en marcha un programa integral
masivo y generalizado de prevención y castigo a la corrupción que es lo
que tanta falta hace en nuestro país. Sin eso, no se puede contener a
los grupos criminales que integran al gobierno o los que se encuentran
fuera de él.
Un caso particular en el que se han logrado
comprobar graves casos de corrupción es el del sector minero, y un
ejemplo específico es el que ocurrió en Sonora que tiene que ver con el
Grupo México en la mina de Cananea.
Como legisladores hemos
planteado que se revise particularmente el tema de la minería en el
país, es un área de la Secretaría de Economía, la Coordinación General
de Minas que si bien en el organigrama está escondida, tiene grandes
facultades ya que otorga concesiones mineras, certifica reservas de
minerales, brinda apoyos económicos a empresarios y particulares para
la exploración y explotación de minas, es decir que tiene toda la
cadena del sector minero del país; otorga a discreción permisos y
concesiones, certifica reservas sin -a veces- ni siquiera acudir a los
lugares, por lo que es un tema en el que debemos profundizar; nos
parece inadmisible la conducta de los funcionarios de la Secretaría de
Economía quienes han otorgado, por amistad y compadrazgo, concesiones
mineras, han certificado yacimientos mineros inexistentes o que no
corresponden con la realidad y que no obstante estos hechos, han
otorgado apoyos económicos sin apego a la normatividad correspondiente.
Otro
ejemplo reciente de corrupción es la licitación, ahora cancelada, del
tren de alta velocidad México-Querétaro, en donde el consorcio a quien
le habían entregado el contrato estaba conformado por las empresas
China Railway Construction, CSR, GIA+A, Prodemex, GHP y Constructora
Teya, ésta última y otras pertenecen a un grupo empresarial relacionado
a la campaña presidencial y al Gobierno en el Estado de México del
presidente Enrique Peña Nieto ya que se sabe el dueño de ésta, Juan
Armando Hinojosa, fue favorecido con cuantiosos contratos de obra
durante las administración mexiquense 2005–2011, además de que prestó
los aviones de su empresa al presidente Enrique Peña Nieto durante la
campaña 2012.
No obstante esto, se sabe también que Grupo GIA
pertenece al empresario Hipólito Gerard cuñado del ex presidente Carlos
Salinas de Gortari.
Este consorcio misteriosamente fue el único
que presentó una propuesta de las 14 empresas que en un inició habían
adquirido las bases de licitación, ya que todas a excepción de ésta,
habían pedido a la SCT una prorroga en algunos casos de hasta ocho
meses para poder presentar un proyecto serio dado la complejidad de las
especificaciones técnicas del mismo, ya que según lo dicho por la
dependencia, este sistema compartirá infraestructura de riel con el
tren suburbano que actualmente está en operación de Cuautitlán a la
estación Buenavista.
La corrupción afecta lo mismo a las
instituciones de procuración de justicia que a los municipios, los
órganos electorales o a los funcionarios encargados de ordenar la
recolección de basura o cualquier otro servicio público.
Es
parte de la descomposición que viven las instituciones. El fenómeno se
reproduce desde las “mordidas” que piden los agentes de tránsito, hasta
los contratos de licitaciones para grandes obras públicas que un
funcionario entrega a su amigo o familiar.
El reto no es menor:
hay que pasar de las palabras a los hechos. El discurso político contra
la corrupción está muy desgastado, pues viene desde la "renovación
moral" de Miguel de la Madrid en 1982, sin que a la fecha –treinta años
después- se aprecien grandes avances sino todo lo contrario.
Una
política efectiva anticorrupción debe partir de cuatro elementos: La
prevención para que no se cometan estos actos, la disuasión para tratar
de inhibirla; la detección para poder ubicar claramente dónde está el
cáncer y la sanción para que no vuelvan a repetirse este tipo de hechos.
Hasta ahora no vemos voluntad del régimen para combatir la corrupción, sólo simulaciones y discursos.
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