Lo que nos debe quedar como lección de tantos y tantos horrores es que no hay una ruta alternativa distinta al Estado de derecho.
lasillarota
Los
hechos terribles de Iguala y Tlatlaya, no son los únicos y ni siquiera
los peores que hemos visto en los años recientes. Las desapariciones
forzadas en México suman centenares o acaso miles, lo mismo que los
homicidios sin esclarecer. Hay casos tremendos que siguen sin ser
resueltos, como la masacre de migrantes de San Fernando, los 300
desaparecidos en el municipio de Allende, Coahuila, las fosas
clandestinas con centenares de cadáveres halladas en Durango (se
contabilizaron más de 310 cuerpos), las miles de mujeres desaparecidas
en Ciudad Juárez, Chihuahua (llegaron a las 4,500 mujeres
desaparecidas, según algunas estimaciones), los feminicidios en varios
municipios del Estado de México a partir del 2010 (hay más de 170
reportes de desapariciones solamente en lo que va del 2014), y un largo
etcétera.
De hecho, México ni siquiera ha dado cumplimiento
cabal a la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, dictada desde
2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El precedente es
relevante porque Radilla fue víctima de una desaparición forzada
precisamente en el Estado de Guerrero, pero en 1974. Y siguen sin
aparecer sus restos. Y sigue la sentencia sin ser cumplida, pese a que
podía haber constituido una magnífica oportunidad para mejorar a
nuestras instituciones encargadas de investigar desapariciones forzadas.
Tampoco
se han instrumentado las medidas que la Corte Interamericana dictó en
el caso del feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como “Caso Campo
Algodonero”, en cuya sentencia se pedía desde hace más de cinco años
crear una base de datos con muestras de ADN de los familiares de
personas desaparecidas para poder contrastarlas con los cuerpos que
eventualmente aparecieran en fosas clandestinas. Si México hubiera
cumplido con ese punto nos hubiéramos evitado el bochorno de no saber a
quiénes corresponden los cuerpos hallados en las más de 10 fosas
halladas recientemente cerca de Iguala, en las que habían cadáveres que
no son los de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lo que nos debe
quedar como lección de tantos y tantos horrores es que no hay una ruta
alternativa distinta al Estado de derecho. Necesitamos construir
instituciones fuertes, que tengan los recursos humanos y tecnológicos
para hacer buenas investigaciones y ofrecer explicaciones creíbles a la
ciudadanía. Necesitamos una política efectiva de prevención social del
delito (y no la vacilada gubernamental que se limita a entregar
anteojos a estudiantes de primaria o secundaria).
Necesitamos
una justicia penal que no se agote en la discusión de cuestiones
formales, sino que indague a fondo para llegar a la verdad jurídica y
asegure el respeto de los derechos fundamentales de procesados y
víctimas. Necesitamos cárceles y reclusorios que cumplan con su tarea
en vez de ser universidades del crimen, como lo son actualmente en
algunos casos. Es decir, necesitamos trabajar de forma más decidida
para que no se vuelvan a repetir tantas tragedias y para que podamos
dejar atrás del espanto de estos años.
México merece un futuro
mejor y un porvenir más seguro. Ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Falta ahora que nos pongamos todos a trabajar para lograrlo.
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