La
organización internacional Front Line Defenders pidió al gobierno de
Guatemala retirar los cargos y liberar de manera inmediata e
incondicional a la líder indígena Bárbara Díaz Surín, detenida cuando
realizaba su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los Derechos
Humanos (DH).
En un comunicado, la agrupación con sede en Dublín, Irlanda, señaló que la defensora y líder comunitaria Bárbara Díaz Surín se encuentra en prisión preventiva, acusada falsamente de homicidio, y quien seguirá presa hasta su primera audiencia, programada para febrero de 2015.
El pasado 29 de octubre, a las 07:30 horas, Díaz Surín fue detenida en la comunidad de Cruz Blanca, municipio de San Juan Sacatepéquez, por 40 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al día siguiente, 30 de octubre, durante la audiencia para su primera declaración, en el municipio de Mixco, el juez determinó que la defensora de DH estaría en prisión preventiva mientras durase la investigación, pese al requerimiento de su abogado defensor para que se le otorgara arresto domiciliario, para que Díaz Surín cuidara de sus siete hijos.
El trámite procesal ocurrió sin presencia de un intérprete de la lengua kaqchiquel, y luego fue confinada una noche en una celda rodeada de hombres que la acosaron verbalmente.
Front Line Defenders consideró que Díaz Surín fue detenida por su trabajo pacífico y legítimo, en particular por su oposición a la construcción de la planta cementera “San Gabriel”.
El pasado 24 de octubre, unos días antes de su detención, Bárbara participó con miles de mujeres de la etnia maya kaqchiquel, de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, en una protesta para denunciar más de mil casos de violaciones a los DH, incluyendo acoso sexual y violencia, desde que el Estado de Prevención fue declarado en septiembre pasado tras hechos violentos por la construcción de la cementera.
Díaz Surín fue electa dos veces presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), de la comunidad de Cruz Blanca, y es dirigente del movimiento que se opone a la construcción de la planta “San Gabriel”, de la empresa Cementos Progreso.
Desde 2006, las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez se han opuesto a la construcción de la planta cementera y a la expropiación de sus tierras ancestrales.
Las comunidades afirman que el trabajo de la cementera llevaría a desalojos, contaminación por polvo, escasez de agua y la tala masiva del bosque. Las manifestaciones dieron lugar a intimidaciones y hostigamientos en su contra, dijo Front Line Defenders.
La organización humanitaria pidió retirar los cargos de manera inmediata e incondicional, y en consecuencia, liberar a Bárbara Díaz Surín sin dilación; tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de la líder y su familia, y asegurar la labor de todas las y los defensores de DH en Guatemala.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala.-
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