Los videos presentados en dicha conferencia de prensa nos muestran un México de horror y de terror que debemos condenar y exigir su esclarecimiento y castigo.
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Más
dudas que respuestas. Más incertidumbre que certeza. Contradicciones y
vacíos en la información. Así puede resumirse la conferencia de prensa
que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam,
ofreciera más en el ánimo de crear una falsa condición para justificar
la gira de Enrique Peña Nieto a China, así como para iniciar el
carpetazo en la investigación en torno a los hechos de terror
perpetrados contra estudiantes normalistas inermes el pasado 26 y 27 de
septiembre en Iguala, Guerrero.
Basta formular algunas
preguntas. Entre otras, la fundamental. Más allá de las 74 detenciones
de policías municipales, delincuentes y del ex presidente municipal y
su esposa; de la declaración de los presuntos autores materiales; la
reconstrucción de hechos y demás datos que se han hecho públicos, falta
esclarecer dos temas centrales: el móvil del crimen y la red de
corrupción y complicidades en torno a la operación de los grupos
delictivos en esta región del país.
Cuáles fueron las causas,
cuáles los motivos y objetivos que este grupo criminal perseguía para
asesinar a estos jóvenes. A ello no han dado respuesta.
El
gobierno federal debe aclarar además, por qué da por válidas las
declaraciones y reconstrucción de los hechos de los tres presuntos
autores materiales que llevaron a la barranca de Cocula a encontrar
bolsas con restos humanos calcinados y por qué éstas son concluyentes,
cuando otros detenidos en su declaraciones y reconstrucción de hechos,
coinciden en el modus operandi del homicidio y calcinación de
los normalistas y condujeron a las fosas de Pueblo Viejo, donde se
encontraron al menos 28 cadáveres, cuya identidad no ha sido aclarada,
y en torno a las cuales existen dudas fundadas respecto a la presunta
alteración de las muestras para el análisis del ADN de las víctimas y,
por tanto, la calidad de los análisis periciales.
Pero también
deben explicar cómo fue posible no haber detectado oportunamente la
presunta incineración de 43 cadáveres. Cuántas personas participaron
para someter, asesinar, incinerar en un basurero de Cocula a 43
jóvenes, para después trasladar sus restos y arrojarlos en una barranca
inescrutable en el río San Juan, donde ahora caminan peritos y
detenidos sin mayor problema.
Cuánto combustible se utilizó para
una incineración de esta magnitud, que seguramente constituyó una tea
humana ardiendo al menos durante 24 horas, sin ser detectada cuando
estaba puesto en marcha un operativo frente a estos hechos.
Cuáles
fueron las omisiones y cuál es la red de complicidades con autoridades
federales y locales que favorecieron la operación de estos grupos
delictivos, así como de estos hechos. En particular, y tras la
declaración del procurador General al justificar la no intervención del
Ejército, cuando señaló que éste actúa únicamente bajo órdenes, nos
lleva a preguntarnos necesariamente quién dio la orden para llevar a
cabo las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, Estado de
México.
Los videos presentados en dicha conferencia de prensa
nos muestran un México de horror y de terror que debemos condenar y
exigir su esclarecimiento y castigo. Que no prevalezca la corrupción e
impunidad que en estos casos ha prevalecido a lo largo de la historia
del país. Como tampoco podemos aceptar ni permitir, que la quema de
leña, gasolina, diesel y llantas que pudieron utilizarse en la
incineración de seres humanos, se convierta en una cortina de humo de
las responsabilidades del Estado en este crimen de lesa humanidad.
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