Sin duda el ataque que perpetró un estudiante de
secundaria contra tres de sus compañeros y su maestra en un colegio
particular en Monterrey, Nuevo León, para posteriormente suicidarse, sí
es un caso inédito en México, pero había eventos y señales previos que
indicaban que era un riesgo inminente y nadie los atendió. Los sitios en
la red que incitaban a este tipo de violencia no son nuevos; el
comercio y manejo permisivo de las armas de fuego también ya era muy
conocido, e incluso ya había habido atentados y homicidios en las aulas,
aunque no con las mismas características.
El 6 de mayo de 2014,
un alumno de 15 años de edad de la Escuela Secundaria Oficial 574
Gustavo Baz Prada asesinó frente a la maestra a un compañero de 13 años
de edad, supuestamente en venganza por una pelea que habían tenido un
mes antes. La diferencia con lo ocurrido en Monterrey es que únicamente
hubo una víctima y el victimario no intentó suicidarse, pero la acción
fue prácticamente idéntica.
El sábado 5 de enero de 2015, en una
casa de una colonia residencial de Monterrey, Nuevo León, un adolescente
de 13 años de edad recibió (o se propinó) un balazo en la cabeza con el
arma que le mostraba un compañero de su colegio. Se supo que este
último, de 14 años, había adquirido el arma por 6 mil 500 pesos unos
días antes frente a un centro comercial de San Pedro Garza García. El
hecho evidenciaba la facilidad con la que cualquier persona, incluso un
menor de edad, podía hacerse de un arma de fuego. Sin embargo, se optó
por guardar silencio en vez de atender una situación que seguramente más
temprano que tarde podría desembocar en una tragedia, como ya sucedió
desgraciadamente.
Tras los lamentables hechos que segaron la vida
del menor que accionó el arma de fuego y mantiene en estado grave a
otras tres personas (la maestra y dos compañeros adolescentes), se sabe
que la llamada policía cibernética ubicó y canceló al menos 44 cuentas
de redes sociales que promueven la violencia. Los sitios en Facebook,
YouTube y Twitter se hicieron más visibles porque pretendieron
atribuirse vínculos con el agresor, incluso creando cuentas apócrifas
para ello; es absolutamente inconcebible que funcionaran con toda
normalidad sin que ninguna autoridad lo advirtiera.
Ninguno de
estos hechos sacudieron al país como la tragedia del pasado miércoles
18, pero evidenciaban que en cualquier momento podía suscitarse un
incidente que cobrara más de una vida humana. Sin embargo, la idea que
prevalecía era que en México no sucedería jamás una tragedia como las
que repetidamente han sucedido, particularmente en los últimos años, en
el vecino país del norte.
Nadie volteó a ver la publicación del
documento “Iniciativa Escuela Segura”, que reportaba los resultados de
un estudio realizado por el Servicio Secreto y el Departamento de
Educación de los Estados Unidos tras la matanza en la Escuela Secundaria
de Columbine, Colorado, en 1999.
La investigación, difundida en
2002 de acuerdo con una nota publicada en el periódico El Norte en su
edición del jueves 19, arrojaba hallazgos muy interesantes. Aun cuando
fue imposible la formación de un perfil muy definido, sí se encontró que
muchos de los atacantes eran víctimas de bullying, se sentían
perseguidos, habían sufrido alguna pérdida que no podían superar y
habían considerado el suicidio. Pero, sobre todo, hacía énfasis en que
todos estos eventos fueron planeados y antes de ellos el agresor había
mostrado un comportamiento que preocupó a otras personas e indicó la
necesidad de ayuda.
Las primeras investigaciones del caso indican
que varios de estos signos también estaban presentes en el menor: había
sido recurrentemente cambiado de colegio, apenas en agosto había
ingresado al centro educativo donde ocurrió la tragedia, y a su anterior
escuela había ingresado uno o dos años antes tras haberlo tenido que
cambiar del plantel al que asistían sus hermanos. El muchacho estaba en
terapia psicológica y había considerado el suicido, y batallaba para
relacionarse con sus nuevos compañeros, entre los signos más notorios.
También
ahora se sabe que pocos minutos antes le envió un mensaje a un
compañero de su anterior escuela, que decía: “Hoy voy a estar muerto”.
Incluso les había anunciado a sus actuales compañeros que llevaría un
arma al colegio, aunque no les dijo para qué.
Como se deriva de
los párrafos precedentes, concurrían condiciones y señales de que la
tragedia podría ocurrir, aunque algunas de éstas se conocieron después
de los acontecimientos.
Los sitios de la red que convocan a la
violencia estaban presentes desde antes y nada se hizo para retirarlos, y
es imposible saber si ejercieron algún tipo de influencia para que
desencadenara la tragedia. La facilidad para acceder a las armas de
fuego es una realidad muy presente en el país, y a pesar de los casos de
violencia que ya se habían vivido, no se habían reforzado las medidas
preventivas en las escuelas.
Respecto al último punto es
conveniente recordar que en 2007 el anterior gobierno federal implementó
el programa Escuela Segura, cuyos principales objetivos eran combatir
el narcomenudeo, así como el consumo de alcohol y la violencia al
interior y exterior de los planteles escolares y, por lo mismo,
contribuía a disminuir los riesgos de estos incidentes, puesto que
incluía dentro de sus acciones la llamada “mochila segura”.
Sin
embargo, de acuerdo con información publicada en El Norte, el actual
gobierno federal decidió sustituirlo en el 2016 por el Programa Nacional
de Convivencia Escolar, y aunque ese año le canalizaron 350 millones de
pesos, para este 2017 le redujeron el presupuesto a 260 millones. Tan
pequeña parecía la probabilidad de que en México ocurriera una tragedia
de esta naturaleza en las escuelas que el gobierno no la consideraba
dentro de sus prioridades, o al menos eso parece cuando le recorta los
recursos.
Lo cierto es que estaban presentes las condiciones
institucionales y de contexto para que algo así sucediera, en lo cual
existe una importante responsabilidad de las autoridades mexicanas; pero
también había claras señales de que el agresor reunía varias de las
características del perfil de quienes han perpetrado este tipo de
ataques, además de dejar evidencias en su entorno cercano de que
planeaba el atentado, y aquí los que no se percataron de ello fueron sus
familiares, amigos y maestros.
No hay forma de reparar el daño,
pero lo importante es que no se vuelva a repetir un hecho semejante.
Para ello es importante superar el estupor, tomar decisiones y actuar en
consecuencia. Es uno de los ámbitos en los que el gobierno debe ejercer
el liderazgo, pero requiere del compromiso de muchos otros actores de
la sociedad civil (padres de familia, maestros, alumnos…) para poder
atajar el problema e impedir que se extienda.
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