Ciudad de México. En México, al menos durante los últimos 16 años, ha habido una tendencia a medir y estudiar la violencia contra las mujeres con base en la ineficacia del sistema de justicia penal, lo que deja fuera el hecho de que las mujeres enfrentan obstáculos para denunciar las violencias e invisibiliza la que ocurre en otros contextos, como la militarización, de acuerdo con la organización “Equis Justicia para las Mujeres”.
El informe “Violencia contra las mujeres e impunidad: ¿más allá del punitivismo?”, que elaboró la organización “Equis Justicia para las Mujeres”, revisa y analiza encuestas oficiales que miden la violencia, la seguridad y la impunidad en México.
Con base en esas encuestas, la organización concluyó que en México se mide la impunidad sólo en términos de la ausencia de castigo por la ineficacia del sistema de justicia penal, es decir, con base en el número de denuncias y sentencias que se abren por cada delito.
No obstante, esto tiene consecuencia negativas en el ámbito de la violencia hacia las mujeres, ya que por un lado se invisibilizan el resto de agresiones que no son percibidas por el sistema de justicia penal, ya sea porque no son delitos o porque son delitos no denunciados; y por otro, se ocultan los obstáculos estructurales —en función del género— que enfrentan las mujeres al denunciar.
En concreto, explicó el informe, algunas violencias que han quedado fuera de esta medición son por ejemplo, la que cometen las fuerzas del Estado; la violencia institucional, estigma y revictimización contra las denunciantes; la violencia letal en transporte público y en transporte privado; violencia en servicios de salud y en el sistema de justicia; acoso y hostigamiento en escuelas y centros de trabajo; represión de mujeres migrantes y otras.
Por ejemplo, aunque la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) contribuye a identificar que ciertos tipos de violencia, como la sexual, no es eficaz para explicar la violencia letal (que concluye en asesinato) contra las mujeres.
“En el caso de la violencia letal es necesario preguntarse por ejemplo, por qué los porcentajes de muertes por asfixia, en la vivienda y con antecedentes de violencia familiar, varían tanto en función de si las víctimas eran hombres o mujeres. Las preguntas planteadas son más difíciles de responder porque a diferencia de la violencia en los hogares y en el contexto de relación de pareja —medida por la Endireh—, no hay un instrumento de medición especializado en violencia letal contra las mujeres, ya sea en el espacio público o en el espacio privado”, explicó la organización en el informe.
Otro de los instrumentos consultados fue la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2019), cuyo objetivo general es obtener información que permita observar la prevalencia delictiva que afectó los hogares durante 2018, “cifra negra”, percepción de seguridad pública, desempeño de las instituciones a cargo de la seguridad pública y justicia, características de delito y victimización e impactos económicos y sociales . Sin embargo, a pesar de incluir algunos delitos sexuales, los cuestionarios están enfocados, principalmente, en delitos patrimoniales como robo, asalto, fraude y extorsión, y se incluyen pocas preguntas acerca de delitos que podrían estar relacionados con violaciones a Derechos Humanos, que también son relevantes en cuanto a la percepción de seguridad pública.
Por ejemplo, de 2006 a 2011 se implementaron en México 340 operaciones para el combate al narcotráfico por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 132 mil 916 por la Secretaría de Marina (Semar). Luego de esto no sólo incrementó la tasa de asesinatos de mujeres, de 1.9 por cada 100 mil en 2007 a 4.4 en 2016, sino que también cambiaron algunas características de los homicidios. Del total de asesinatos de mujeres entre 2004 y 2016, 41 por ciento fueron con arma de fuego y, aunque desde 1997 hasta 2009 la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurrían en la vivienda, a partir de 2009 la mayor parte de estos asesinatos suceden en el espacio público. Sin embargo, las encuestas oficiales no incluyen más información que permita analizar estas cifras desde una perspectiva de género.
Equis Justicia explicó que medir la impunidad con base en la ineficacia para sancionar del sistema penal y la falta de sanciones deja fuera el hecho de que las mujeres en México enfrentan obstáculos adicionales para denunciar violencia en su contra; y presupone —de forma errónea— que todas las mujeres tienen las mismas posibilidades para denunciar violencia en su contra, que una resolución judicial es el único indicador de acceso a la justicia, que todas las mujeres prefieren buscar respuestas punitivas y que todas las mujeres tienen las mismas probabilidades de exigir y encontrar justicia por la vía penal.
La organización observó que uno de los principales problema de medir así la impunidad en temas de violencias contra las mujeres es que las políticas públicas que se generen para prevenir la violencia contra las mujeres basadas en este modelo, apoyarán la creación de nuevos delitos que no serán denunciados e impondrán penas más altas para delitos que no suelen ser procesados, investigados ni resueltos por el sistema de justicia penal.
Por ello, observó la organización, las políticas públicas que pretendan disminuir la impunidad que afecta a las mujeres en México deben incluir estrategias que involucren otros sistemas e instituciones de justicia más allá de las penales.
En Perú, por ejemplo, se creó observatorios de criminalidad para la producción de datos estadísticos de feminicido y trata de personas a nivel nacional, con datos desagregados según las características de las víctimas y de los feminicidas, entre otros.
Para modificar este modelo de medir la violencia en México, Equis Justicia recomendó, entre otras cosas, no sólo desagregar información por sexo sino también incluir un análisis profundo de contextos y circunstancias de violencia que afectan a mujeres y hombres de manera diferenciada; y ampliar las mediciones institucionales y análisis de violencia para estudiar todas las manifestaciones en espacios públicos y que son ejercidas tanto por particulares como por autoridades del Estado.
Equis Justicia también recomendó que al aplicar los cuestionarios de cualquier instrumento institucional se prevean los medios lingüísticos y logísticos necesarios para que puedan ser contestados por cualquier persona, incluyendo mujeres indígenas y con discapacidad, además de no suspender encuestas como la Encuesta Nacional de Población Privada, y construir definiciones e indicadores de impunidad que incluyan métricas que prioricen otros procesos de acceso a la justicia que van desde la disponibilidad de instituciones y su eficacia para obtener soluciones, hasta el proceso de reparación del daño.
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