En México no hay un registro oficial de cuántos menores de edad han quedado en orfandad a causa del feminicidio, por eso la reforma aprobada este 2 de diciembre, también obliga a crear un padrón permanente y actualizado de niñas, niños y adolescentes que están en esta condición, en el Registro Nacional de Víctimas.
La iniciativa propuesta en marzo pasado por la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Olga Patricia Sosa Ruiz, busca reconocer a esta población como víctima indirecta de violaciones a Derechos Humanos y obliga a los Congresos locales a armonizar sus leyes en la materia.
En la sesión de este miércoles, la diputada Rocío Barrera Badillo, expuso que el objetivo de la reforma es garantizar y anteponer el interés superior de la niñez en aquellos casos en que adquieren la calidad de víctima, debido al homicidio de su padre o el feminicidio de su madre.
“Al considerarles como víctimas indirectas estaríamos, por consecuencia, reconociendo y poniendo a su alcance mecanismos para hacer efectivo su derecho a la salud, a la educación, a la ayuda psicológica y al acceso a los recursos de ayuda federal y estatal, así como a la asistencia de protección, reparación integral y en su caso a la compensación”, dijo.
Con esta adecuación se evitó hacer referencia a un fondo que dejará
de existir. El pasado 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el decreto por el que se extinguieron 109 fondos y
fideicomisos, entre éstos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral (FAARI), destinado a las víctimas.
Al respecto, la diputada por Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle Martínez, señaló ante el pleno que aunque la ley dice que habrá recursos para atender a esta población, no especifica cuáles y sólo menciona los fondos estatales. “Es decir, incluso sí le genera una responsabilidad a los estados y municipios, quitándose la responsabilidad que hay a nivel federal”, advirtió la legisladora.
Un artículo transitorio de la reforma menciona que los gastos por la reparación del daño de la niñez en orfandad recaerá en el presupuesto autorizado para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Sin embargo, el 13 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, una disminución de 5 por ciento para la CEAV, con respecto a este año, con una asignación de 843.7 millones de pesos.
Es por eso que la diputada Tagle Martínez criticó que en la Cámara de diputados se pronuncien buenos discursos, pero sin garantizar derechos. “Para garantizar derechos, en este caso los derechos de las víctimas, tiene que haber recursos para que haya una política pública. Y los fondos que iban dirigidos para la atención de víctimas tienen que ver con la reparación del daño, con las medidas de no repetición y con poder realmente garantizar que superen la situación de víctima en la que el Estado mexicano es corresponsable”, dijo.
La reforma aún debe ser avalada por el Senado para entrar en vigor.
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