Ciudad de México. A 3 años de que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de la
indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, violada por militares hace
13 años en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, este viernes 4 se
llevará a cabo la primera audiencia virtual en la que estarán presentes
las organizaciones peticionarias ante el Sistema Interamericano y
representantes del Estado mexicano.En un comunicado, las organizaciones peticionarias como la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, Abogadas y
Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Centro Heriberto
Jara y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas, informaron
que la audiencia de mañana permitirá conocer más detalles que permitan a
la CIDH determinar la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de
la señora Ascencio Rosario, quien no tuvo acceso a la justicia y a la
verdad por el actuar del entonces presidente de México, Felipe Calderón
Hinojosa, y otros funcionarios federales que ocultaron las pruebas.
Se espera que cada una de las partes aporte información que permita esclarecer todas las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido durante estos 13 años, tras los cuales sigue impune la violación sexual contra la indígena Ernestina Ascencio Rosario, y se ha negado el acceso a la verdad y la justicia para su familia y las organizaciones civiles que las acompañan.
Los hechos
En el comunicado, las organizaciones recuerdan que el 25 de febrero de 2007, la hija de Ernestina Ascencio encontró a su madre tirada en el monte. La indígena, quien era una adulta mayor, llevó a pastar a sus ovejas cerca de un campamento del ejército mexicano, en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Al preguntarle lo que le había sucedido, Ernestina respondió a su hija en su lengua náhuatl: “los soldados se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”.
Ernestina no recibió atención médica oportuna. Falleció en la madrugada del día siguiente. Los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo que motivó el inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la familia en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJ).
En sus primeras declaraciones, representantes del gobierno de Veracruz, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenaron el crimen, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encabezada entonces por Guillermo Galván, manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al ejército. Por esta versión no hubo militares detenidos, únicamente 93 elementos acuartelados sometidos a interrogatorios.
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Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, adelantó la conclusión del caso y aseguró que Ernestina murió de “gastritis crónica”. Esta versión fue secundada por la CNDH, la SEDENA y la PGJ de Veracruz, quienes en lugar de continuar la investigación decidieron archivarla.
En 2010, tres años después de los hechos, la PGJ de Veracruz inhabilitó al médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien realizó la primera necrocirugía al cadáver de la Ernestina Ascensión y ha defendido desde 2008 que la indígena sufrió muerte traumática y un ataque sexual.
Ante la indignación por los hechos, la contradicción de las versiones públicas de las autoridades, y el archivo de la investigación, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron acceso a las constancias del expediente de investigación. Sin embargo, la “versión pública” entregada por la PGJ de Veracruz ocultó las principales pruebas.
Las organizaciones interpusieron los recursos legales procedentes contra dicho ocultamiento; no obstante, todos resultaron ineficaces para obtener la información de lo sucedido en la investigación.
El Estado mexicano se ha negado desde entonces a la solicitud de las organizaciones y la familia de Ernestina de poner la investigación a disposición del público bajo el argumento de “proteger el derecho a la honra e intimidad de los involucrados en el proceso penal”.
En 2012, las organizaciones presentaron el caso ante la CIDH para denunciar al Estado mexicano por las causas que provocaron la muerte de Ernestina, por la falta de esclarecimiento de los hechos y por la impunidad de los responsables, así como por no adoptar medidas progresivas para garantizarle el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la salud que le hubiera salvado la vida. Violaciones que se produjeron como resultado de violencias y discriminación múltiple sin que se le brindara protección judicial ante tales hechos.
Asimismo, la petición fue presentada por la violación al derecho a la verdad, protección judicial y garantías judiciales, de las integrantes de las organizaciones que formularon las solicitudes de información pública, así como de la sociedad en su conjunto.
A finales del 2017, la CIDH admitió el caso, el cual se encuentra ahora en la etapa de análisis sobre el fondo de los hechos denunciados que le llevará a determinar la responsabilidad del Estado mexicano.
La audiencia será virtual y se llevará a cabo a la una de la tarde (horario de México) por esta vía.
20/AJSE/LGL
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