Este 1 de diciembre se cumplieron dos años desde que Andrés Manuel López Obrador asumió sus funciones al frente de la presidencia del país y prometió una “transformación social”. No obstante, la oposición más grande a su gestión la ha mostrado el movimiento feminista, quien asegura que la violencia contra las mujeres, que va en aumento, no es una prioridad en la agenda del mandatario.
De cara a este segundo aniversario, López Obrador ofreció un informe en el que señaló: “en los 11 meses de este año, en comparación con el mismo periodo del 2018, los delitos del fuero federal se han reducido en 30 por ciento, excepto el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión, que han aumentado”.
Ésta sería la primera vez que el mandatario admite en un informe oficial el aumento de la violencia letal contra las mujeres. En su primer informe oficial, ofrecido en septiembre de 2019 y luego en el de diciembre de 2019, el mandatario no habló al respecto de este tema.
En septiembre de este 2020, luego de la protesta masiva del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres, López Obrador se refirió por primera vez al feminicidio pero para negar su aumento. “Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casa habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio”, señaló.
De enero a octubre de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 801 víctimas de feminicidio; para el mismo periodo pero de 2019, el Secretariado registró 789 víctimas.
Niega violaciones a Derechos Humanos de migrantes
Si bien el mandatario reconoció el feminicidio, insistió en negar la violencia que viven las y los migrantes. López Obrador dijo que durante su gobierno “no se han violado los Derechos Humanos de los migrantes”.
No obstante, este mismo día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas de migrantes, emitieron un comunicado “enérgico” en contra de las decisiones para militarizar el Instituto Nacional de Migración, toda vez que en 18 entidades federativas han sido nombradas como titulares personas con perfil militar.
En el Informe Especial sobre la situación de las Estaciones Migratorias, que elaboró la CNDH en 2019, informó que 33 por ciento de la población detenida en estos centros dijo que no le informaron sobre los motivos de su detención; 58.4 por ciento no estaba informada sobre la posibilidad de obtener el reconocimiento de la condición de refugiada; 62 por ciento refirió que no le informaron la dirección de la estación migratoria en la que se encontraba, y sólo 35.4 por ciento expresó que recibió por escrito las reglas de operación del recinto migratorio.
La militarización del INM ha derivado en mayor detención y violaciones a los Derechos Humanos de personas migrantes, de acuerdo con las organizaciones civiles que las acompañan.
Por ejemplo, el no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración denunció que entre enero y septiembre de 2020 se registraron 12 mil 901 eventos de detención de migrantes mujeres.
De acuerdo con el informe de hallazgos de la “Misión de Observación de Derechos Humanos” en la frontera sur de México –en la que participaron redes de organizaciones civiles como la “Alianza Américas”– ante el incremento de la vigilancia y el control policial en la frontera sur de México durante la pandemia, las mujeres y niñas migrantes que solicitan protección internacional están cambiando sus rutas y hábitos de tránsito y no están recibiendo servicios adecuados de salud y de acceso a la justicia.
Por ejemplo, las mujeres migrantes y con necesidades de protección internacional enfrentan obstáculos particulares cuando están en situación de detención, ya que viven más expuestas a posibles actos de acoso y violencia sexual por las autoridades, no tienen condiciones para la privacidad e higiene femenina, no reciben atención médica adecuada e, incluso, en centros como el de CAITF de Huixtla no se respetan los espacios separados por género; también se documentaron situaciones de acoso sexual de agentes de la Guardia Nacional.
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