En un país con una alta tasa de feminicidios, violencia sexual y tra-ta de personas, tener una mujer como representante del Ejecutivo federal y muchas más en puestos estatales, representa mucho.
Es necesario reflexionar que el hecho de que las mujeres hayan llegado a lugares históricamente ocupados por hombres, no significa que se gobernará y se legislará para que se transformen las condiciones estructurales de las niñas, mujeres jóvenes y adultas en el país. Empero, ¿cuáles son de fondo los cambios que implica tener a gobernadoras y a una presidenta? ¿De qué manera esto implica un avance para los derechos humanos de las mujeres en el sentido más amplio? ¿Cuáles podrían ser los riesgos y las áreas de oportunidad para el progreso hacia la equidad de género?
En primer lugar, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, garantizar y protegerlos derechos humanos de todas las personas, principalmente de aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad y/o consideradas de atención prioritarias. En ese sentido, el gobierno debe fomentar acciones positivas y sustantivas para combatir las desigualdades estructurales desde la perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos. Por ende, esto supone cambiar a visiones más integrales y humanas desde, por ejemplo, la concepción de políticas públicas, hasta los discursos que se emiten desde quienes gobiernan hacia las mujeres en sus diversos ámbitos de desarrollo. En segundo lugar, desde las experiencias organizativas de los movimientos sociales, primordialmente de las luchas de mujeres y feministas, se han brindado diversas herramientas sobre cómo transformar las dinámicas para hacer política y cómo construir condiciones para que lo político no sea ajeno a las vidas de las mujeres. En tercer lugar, la presencia de mujeres en la política puede abonar a generar referentes para que las niñas y mujeres puedan continuar teniendo incidencia en la toma de decisiones, así como seguir resignificando los espacios públicos, políticos y cívicos.
Sin embargo, uno de los riesgos existentes, cuyos ejemplos hay varios en la historia del mundo, es que dichas personas gobiernen desde miradas patriarcales y capitalistas a la población, donde los derechos para todas sigan siendo sólo para unos cuantos. Esto conlleva a que se limiten a comprender y atender las necesidades de las mujeres víctimas, considerando que son quienes tienen una mayor repercusión de la violencia, ya sea porque son madres buscadoras, defensoras, periodistas o cualquier mujer que intente cambiar su realidad por una más justa y digna.
Y por último, como sociedad civil necesitamos aperturarnos a pensar, imaginar y crear nuevas formas de hacer política desde los saberes que las mujeres en resistencia hemos aprendido durante nuestras luchas.
Es cierto que no sólo llega una mujer a la Presidencia, sino todas aquellas que lucharon y continúan impulsando procesos en los distintos territorios para que los derechos humanos sean una realidad de todas. Por tanto, hay una gran responsabilidad social y política para aquellas que gobernarán en el país y sus estados, en donde habrá posibilidad de cometer errores, pero también de repararlos y convertirlos en aprendizajes. Asimismo, permanecer como entes observantes sobre las decisiones que se toman, procurando impulsar acciones que combatan las injusticias y las desigualdades. Y, sobretodo, mantener la esperanza crítica y constructiva hacia otras formas de edificar realidades más equitativas para todas las personas.
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