“Durante 25 largos años ese ecosistema se mantuvo ajeno e ignorante de las exigencias de la mayoría. ¿Cómo logró mantenerse aislado del resto de los procesos de cambio que sufrió el país? No lo sabemos”.
El sábado primero de junio, un día antes de la elección presidencial, en uno de sus siempre sugerentes ensayos, Jorge Zepeda Patterson se preguntaba si la llamada “Cuarta Transformación será un parteaguas en la historia de México […] o simplemente un movimiento pendular tras los excesos de la globalización y el agotamiento de los partidos políticos tradicionales”. El periodista situaba el debate en términos algo más metafóricos: “¿un desplazamiento de las capas telúricas o un mero ajuste para paliar el riesgo de una explosión social?”.
No han pasado ni dos semanas desde que Zepeda Patterson publicara su ensayo en EL PAIS[1], pero lo acontecido desde entonces parece indicar que, en efecto, estamos ante algo más que un simple balance oscilatorio. Estamos, en palabras de Ariel Rodríguez Kuri, ante un “nuevo equilibrio entre la representación política, el gobierno y las estructuras abocadas a la impartición de justicia y protección de derechos”.[2] Esto es, un cambio de régimen.
Está, por supuesto, el elemento de la contundencia del triunfo electoral. Ni los más optimistas esperaban se ganara por un margen tan amplio. El mensaje de las urnas fue uno e inequívoco: ni gatopardismo ni zigzagueo. Profundización.
Pero no se trata solo del triunfo, por más grande que éste haya sido. Lo más relevante es cómo, a menos de dos semanas de la elección, existe consenso en torno a los fundamentos del discurso obradorista, incluyendo la convocatoria a reformar el sistema judicial.
La mejor señal de que estamos ante un cambio de régimen es la anuencia (así sea implícita) por parte de los sectores de la oposición de que las premisas básicas que llevaron a Claudia Sheinbaum a ganar la elección son, sino correctas, al menos las únicas capaces de generar consensos. En otras palabras: la matriz del obradorismo ya solo está a discusión en los márgenes de la esfera pública; su correlato hoy no tiene representación política significativa.
Tardó treinta años, pero hoy nadie que tenga futuro político por delante puede revirar la máxima más elemental del presidente saliente: “por el bien de todos, primero los pobres”. Con el tema de justicia comienza a suceder algo similar: tiros y troyanos empiezan a reconocer la urgencia por reformar el sistema judicial. No es casual que la oposición haya aceptado (a regañadientes) preparar una propuesta alternativa de reforma de justicia. Su silencio e inmovilismo los iba a llevar todavía más rápido a la tumba. Fuera del nuevo equilibro político solo está el abismo. Insisto: lo sabe cualquiera que quiera hacer política los siguientes años.
El logro no es menor: por primera vez, desde la transición, en México se discute públicamente el funcionamiento del aparato de justicia. Durante 25 largos años ese ecosistema se mantuvo ajeno e ignorante de las exigencias de la mayoría. ¿Cómo logró mantenerse aislado del resto de los procesos de cambio que sufrió el país? No lo sabemos. El caso es que hoy está en el centro de la discusión pública nacional. Es una buena noticia.
Falta mucho para conocer los términos finales en que será aprobada la reforma judicial. El reto del gobierno será convencernos de que, en efecto, su reforma logrará, como reza la iniciativa: “romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde las y los ministros, magistrados y jueces no son responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de los intereses personales y de grupos e intereses fácticos”.
En la discusión de los próximos meses conoceremos los alcances y deficiencias de la reforma. Ojalá haya apertura desde el gobierno por rectificar allá donde sea prudente hacerlo. La flexibilidad y la apertura no son enemigos de la profundización; al contrario, son su condición de posibilidad.
López Obrador dejará Palacio Nacional en menos de tres meses. Su mayor legado estará, sin embargo, en haber logrado que las premisas de su pensamiento político se volvieran sentido común en nuestra conversación pública. Podrán regatearle muchas cosas; eso no.
[1] Véase: Jorge Zepeda Patterson, López Obrador, el presidente predicador, estadista y agotador, EL PAÍS, 1 de junio de 2024. Disponible en: https://elpais.com/mexico/opinion/2024-06-02/lopez-obrador-el-presidente-predicador-estadista-y-agitador.html
[2] Ariel Rodríguez Kuri, “Mi cambio de régimen (o el optimismo como recurso político), Nexos, 18 de enero de 2024. Disponible en: https://redaccion.nexos.com.mx/mi-cambio-de-regimen-o-el-optimismo-como-recurso-politico/
Carlos A. Pérez Ricart
Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.
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