Más
de 100 recursos por inconstitucionalidad en contra del Reglamento
42-2014 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres
(conocida como Ley 779), fueron presentados por grupos civiles y
personas en lo individual ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de
Nicaragua.
Luz Marina Torres, integrante del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, dijo que de todos los departamentos (estados) del país centroamericano llegaron las mujeres a título individual a interponer estos recursos en contra del reglamento, al considerar que es un retroceso a los avances en Derechos Humanos de las mujeres.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, firmó el pasado 31 de julio el Decreto 42-2014 que reglamenta la Ley 779, violando los plazos que establece la norma y cambiando de fondo el contenido de la misma, denunció Torres.
El Reglamento, que ya está aplicando el gobierno, establece cambios en el delito de feminicidio, porque sólo lo reconoce cuando se da el asesinato de una mujer en el ámbito privado y producto de una relación de pareja, cuando en la Ley 779 este tipo penal es mucho más amplio.
Otro de los aspectos controversiales del Decreto es que se ordena la creación de las Consejerías Familiares (grupos comunitarios ligados al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional), que serían las primeras instancias en conocer los casos de violencia en la pareja, cuando la ley estipula que esta función le corresponde a las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional.
Estos grupos comunitarios se encargan de problemas locales como la falta de agua potable, electricidad y mantenimiento de calles, y no son especializados en conocer y resolver casos de violencia de género, por lo que estarían revictimizando a las mujeres, acusó Luz Marina Torres.
El secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, dijo que la institución tiene un plazo de cinco días para revisar los documentos recibidos y si cumplen con los requisitos se le pide un informe al presidente Daniel Ortega, para que responda a las inquietudes manifestadas por las y los recurrentes, y luego la Corte dicta la resolución.
Normalmente estas resoluciones tardan unos seis meses en resolverse, pero no siempre es así; hay otros recursos como los presentados en 2007 en contra de la penalización del aborto terapéutico y la CSJ sigue sin pronunciarse, apuntó la activista del Colectivo 8 de Marzo.
Ortega se extralimitó en sus funciones al cambiar la tipificación del delito de feminicidio y reducirlo al ámbito privado; “como mujeres no sentimos lesionadas en nuestros derechos, porque la idea es prevenir y sancionar los delitos en perjuicio de las mujeres”, dijo en tanto la diputada del opositor PLI, Corina Leyva.
La legisladora recordó que el monitoreo de la Red de Mujeres Contra la Violencia registra 61 mujeres asesinadas en lo que va del año, pero el gobierno quiere esconder las cifras al cambiar el delito de feminicidio y reducirlo sólo al ámbito privado.
Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres –instancia que también presentó un recurso de inconstitucionalidad–, dijo que el Reglamento constituye un acto “fraudulento e ilegal”, y reduce el ámbito de la aplicación de la ley a las relaciones de pareja, desconociendo que la violencia machista trasciende el ámbito privado.
La violencia contra las mujeres tiene sus raíces socioculturales, motivadas por la discriminación, la misoginia y la desigualdad, por ende las mujeres viven en su entorno social diferentes tipos de violencia perpetradas por agresores en la comunidad, el trabajo y de parte de las propias autoridades, reiteró Rodríguez en la presentación del recurso.
Hoy lunes 29 de septiembre vence el plazo para la presentación de recursos y se espera que se presenten más de 50 personas y organizaciones civiles.
Foto: Red de Mujeres Contra la Violencia
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.-
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