Gloria Leticia Díaz
MÉXICO,
D.F. (apro).- Una comisión de padres de los jóvenes desaparecidos y sus
representantes legales, se reunieron este viernes con el subsecretario
de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Durante hora y media, nueve de los 18 padres de familia hablaron con
Miranda Nava y le exigieron la intervención del gobierno federal en la
búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, que oscilan entre los 15
y los 25 años de edad.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, dijo en entrevista que después de escuchar los
reclamos de los padres de familia por la falta de una estrategia clara
para localizar a las víctimas, el subsecretario se comprometió a
“coadyuvar con un equipo multidisciplinario de búsqueda”.
Descartó que se haya comprometido la intervención de la Unidad
Especializada en Búsqueda de Personas de la Procuraduría General de la
República (PGR), porque de antemano “se sabe que tiene muchas
limitaciones”.
Contó que la búsqueda emprendida en últimos días fue una propuesta
de los mismos familiares guiados por indagatorias propias, “hasta ahora
no hay una investigación del parte de las autoridades locales
encaminada a la localización de los jóvenes, todo ha salido por
iniciativa de los padres”.
Rosales destacó que, si bien en la reunión con Miranda Nava no se
fijó una fecha para que el gobierno federal de respuesta a su pliego
petitorio, advirtió que la intervención de la CIDH a través de la
emisión de medidas cautelares, da garantías a los familiares de que el
gobierno de Peña Nieto está obligado a actuar.
“Las medidas cautelares de la CIDH son ahora de carácter
obligatorio, por la reforma constitucional en derechos humanos, por lo
que los tres niveles de gobierno no pueden eludir su responsabilidad
internacional para localizar a los muchachos, y ya dejar de dar palos
de ciego”, concluyó.
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