No se pueden ignorar las serias violaciones a los derechos humanos frente a las que la CNDH, presidida por Raúl Plascencia ha sido omisa.
lasillarota.com
Un
grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad
civil se constituyeron en un Comité Ciudadano para el rescate de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas y
presentaron, el pasado miércoles 24 de septiembre, una solicitud de
juicio político en contra del titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
Esta solicitud fue
sustentada por las organizaciones con dos argumentos principales, el
primero consistente en las graves omisiones de la CNDH frente a
innumerables violaciones de los derechos humanos en México; el segundo
basado en la utilización de la institución a “modo” y para fines
distintos a la defensa de los derechos humanos.
El ombudsman, el defensor del pueblo,
es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de las
y los habitantes de un país, ante los abusos que puedan cometer en su
contra los poderes del mismo Estado.
Sin embargo, no podemos
considerar que México cuenta con esta figura activa, por lo menos no en
los hombros del actual presidente de dicha Comisión, pues no se pueden
ignorar las serias violaciones a los derechos humanos frente a las que
la CNDH, presidida por Raúl Plascencia ha sido omisa, contraviniendo a
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Las miles de personas asesinadas (70 mil) en el
periodo del 1º de diciembre del 2006 y el 1º de diciembre del 2012; los
miles de migrantes calificados como secuestrados, desaparecidos,
extorsionados, reclutados para trata, para el crimen organizado o
asesinados; las 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado a
consecuencia de la violencia del crimen organizado; los cientos de
miles de personas detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como
delincuentes y que no lo eran, en el período del 2006 – 2012; las 25
mil 276 personas desaparecidas en el período 2006- 2012 y las 23 mil
322 del 1 de diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014 son la brutal
expresión de la incapacidad de contar con un órgano constitucional
protector de los derechos humanos que sea un dique a tantos excesos.
Otros
elementos configuran en la realidad la carencia de un verdadero
Ombudsman nacional: la creciente tortura en México y el desamparo de
sus víctimas; el caso de la masacre de San Fernando; los hechos del 1º
de diciembre del 2012 en la Ciudad de México; las reformas a las
Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los
derechos reproductivos de las mujeres; las restricciones a la libertad
de expresión en la reglamentación de la protesta social; la nueva ley
de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos; la
resolución adoptada por la SCJN en la contradicción de criterios
293/2011 y el incumplimiento a los estándares internacionales de
derechos humanos para la emisión de recomendaciones son tan sólo
algunos casos.
Pero no sólo encontramos falta de atención a los
casos, también hemos sido testigos del manejo a “modo” que se ha hecho
de algunos casos, para fines particulares y no para el cumplimiento
real de la misión de la CNDH.
El caso del General Tomás Ángeles
Duahare y otros generales del Ejército mexicano, acusados “de oídas”
por “testigos protegidos”; el caso de la detención ilegal y arbitraría,
violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López
Vargas; el caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California,
detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no
cometieron; los casos de los presuntos secuestradores Florence Cassez
Crepín e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido
proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia; la
emisión de recomendaciones para desacreditar a personas e instituciones
como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la
Comisión Nacional del Agua; del Dr. Luis Raúl González Pérez, abogado
general de la UNAM, al Dr. Luis González Placencia, expresidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Todos estos
casos están detalladamente documentados en la denuncia presentada por
las organizaciones, expediente que consta de 107 cuartillas y que
evidencia que el presidente de la CNDH ha omitido actuar de manera
oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era
imperativo que lo hiciera de acuerdo al mandato constitucional que
recibió al ser nombrado presidente de la CNDH.
Raúl Plascencia
no sólo ha dañado y violado derechos humanos de miles de víctimas y las
ha dejado en la indefensión, incluyendo a sus familiares; sino que ha
utilizado recomendaciones para dañar personas e instituciones; ha
utilizado a la misma CNDH para la satisfacción de intereses personales
y ha generado un desprestigio, desconfianza y grave incertidumbre hacia
una de las instituciones más importantes en la promoción y defensa de
los derechos humanos de las víctimas y en general, de todos los que
habitamos en este país.
Puede percibirse un consenso
generalizado entre diversos sectores de la sociedad, como las
organizaciones no gubernamentales, académicos, líderes de opinión,
entre otros; en el sentido de que Raúl Plascencia no representa el
perfil idóneo para presidir la CNDH, está desacreditado moralmente para
seguir y encabezar esa institución, su cercanía y complicidades con el
poder lo hacen inviable para ello.
Su más reciente sumisión al
poder fue haber dado por válida la versión oficial de que la masacre de
Tlatlaya fue un enfrentamiento y no una ejecución, como lo han
expresado medios internacionales. Ni siquiera había una investigación y
ya Plascencia había validado la tesis inicial de la SEDENA.
Es
indispensable alejar el control político a que ha sometido el poder
presidencial y los poderes fácticos a la CNDH, a través de su actual
presidente, para lograr que una persona verdaderamente interesada en la
defensa y promoción de los derechos humanos ocupe un cargo tan vital
para un país en el que la violencia no cesa, y que es ocultada desde el
gobierno para silenciara, no para resolverla.
Miente Raúl
Plascencia cuando dice que esta ciudadanía organizada emprende esta
lucha rumbo a un juicio político para desprestigiarlo. Miente cuando
afirma que la CNDH cumple de manera absoluta y de forma imparcial con
el objeto de su creación, miente cuando se llama víctima de críticas infundadas,
cuando en todos estos años lo único que ha sido constante en la CNDH y
en su trabajo, es la forma cruel de ignorar a las verdaderas víctimas,
a las que sufren día a día por no recibir justicia o incluso son
perseguidas y amenazadas para dejar de luchar.
Esperemos que
este esfuerzo ciudadano permita la elección de una persona que
verdaderamente cumpla con el perfil necesario para la Presidencia de la
CNDH, con capacidad de dirección, con experiencia previa, con un
trabajo reconocido por gobierno, sociedad y víctimas, que no tema
incomodar al gobierno. Después de estos largos cinco años, queda claro
que se debe generar un cambio, y que debemos decir no más ComPlascencia.
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